El gobierno de Kirchner legisló la represión
El miércoles 13 fue aprobada por la Cámara de Diputados la ley sobre «asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo». La nueva normativa recibió las críticas de los organismos de Derechos Humanos por considerar que éste será un nuevo instrumento legal para reprimir las luchas sociales.
Con el apoyo del peronismo disidente y los radicales «críticos», el oficialismo logró cumplir con la tarea: Sancionó antes del 23 de junio la ley sobre «Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo», encargada muy especialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al presidente Néstor Kirchner.
Si bien la normativa fue aprobada en tiempo record no constituye ninguna novedad en la materia. Desde 1995, en pleno auge de las «relaciones carnales» con los Estados Unidos, la Argentina había estado colaborando activamente con la poítica norteamericana de «lucha contra el terrorismo». Como sostiene el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los pueblos (MOPASSOL), desde ese año con la asunción de Carlos Corach se comenzó a alertar sobre la presencia de grupos ligados a Al Qaeda en la Triple Frontera. «Se dijo entonces y se sigue repitiendo hasta hoy, sin prueba alguna, que existen allí grupos vinculados a Osama Bin Laden que darían apoyatura y financiamiento al terrorismo. Todo lo cual viene sirviendo de justificativo para favorecer el ingreso de tropas de Estados Unidos y militarizar la zona».
Un tiempo después la Argentina adhirió a resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la materia. En sintonía con la «cruzada internacional contra el terrorismo» lanzada en 2001 desde Washington, en 2005- bajo la presidencia de Kirchner- se votaron dos leyes «antiterroristas». Junto a la que se sancionó el 13 de este mes, estas tres leyes «antiterroristas» de la administración kirchnerista, significan una cooperación entre Estados para- por ejemplo- extraditar a presuntos terroristas.
Con la fundamentación -difundida desde medios como Clarín y Página/12-de evitar sanciones económicas, la nueva ley que fue aprobada a pedido del GAFI, organismo creado en 1989 y al que la Argentina ingresó en 2000, prevé una modificación en el artículo 213 ter del Código Penal. Según la nueva norma una asociación terrorista será aquella «cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo». Dada la descripción de las células terroristas formulada por la ley, parece obvio que muchas organizaciones podrían contar con las características necesarias para recibir las penas previstas.
La prisión por ser parte de lo que algún juez pueda definir como asociación ilícita terrorista va desde los cinco hasta los veinte años. Quienes sean identificados como los fundadores o líderes de la organización recibirán 10 años de reclusión, como mínimo. También, queda previsto que aunque no sea empleado el dinero recolectado para la financiación de una supuesta acción terrorista sea llevada a cabo, también recibirán la pena quienes sean sindicados como los responsables de este aporte.
Si bien la nueva normativa no contó con el apoyo de los organismos de Derechos Humanos, la bancada oficialista no dudó en votar a favor de la iniciativa. Se negaron a respaldarla el PRO, por considerarla demasiado liviana; el Socialismo y los diputados Miguel Bonasso y Carlos Tinnirello afirmando que servirá para reprimir y penalizar las luchas populares.
» Aquí se ha dicho que se garantiza que las luchas sociales no van a ser reprimidas, porque no figuran dentro de este proyecto. ¿Quién lo garantiza? ¿Los mismos que hoy se niegan a derogar las leyes de indulto? ¿Ellos garantizan que no se va a perseguir la protesta social? No lo pueden hacer, del mismo modo que no garantizaron que no se militarizara la provincia de Santa Cruz con la Gendarmería -esto no es legal- cuando había luchas sociales. Tampoco lo garantizaron al no sancionar al ministro Ginés González García, cuando dijo que los trabajadores del Garrahan eran terroristas sanitarios o cuando no se sancionó a algunos gobernadores de provincia y a algunos intendentes, como el de Andalgalá, que cuando la gente salió a luchar contra la invasión de las mineras los denunció de fundamentalistas, a pesar de que sabía que por la influencia de Estados Unidos esa palabra se relaciona directamente con el terrorismo», sostuvo el legislador de Red de Encuentro Social (REDES).
Desde las organizaciones de Derechos Humanos presentes ese día en el recinto se recalcó el doble discurso de un Gobierno que se dice defensor de los Derechos Humanos y promulga una ley a pedido de Estados Unidos, país que ha invadido Afganistán e Irak, torturado, asesinado y detenido ilegalmente en nombre de la paz frente al terror. Al respecto, desde HIJOS sostuvieron: «Lo que el Kirchnerismo armó, con los poderes del Estado, es, efectivamente, un Frente para la Victoria de la Impunidad».
Reproducimos documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia sobre la denominada ley antiterrorista:
El Gobierno de Kirchner hizo aprobar su proyecto de Ley Antiterrorista en tiempo record.
Urge unir a todo el campo popular contra esta avanzada.
El pasado miércoles 6 de junio de 2007 la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación dio media sanción al proyecto de ley antiterrorista, enviado el 20 de diciembre de 2006 por el Poder Ejecutivo Nacional, con 51 votos a favor, correspondiendo a Vilma Ibarra la defensa pública del proyecto en consonancia directa con Cristina Kirchner impulsora del mismo en la cámara alta y 1 en contra, del senador del Partido Socialista Rubén Giustiniani.
El proyecto aprobado por el Senado fue girado el mismo 6 de junio a la Cámara de Diputados. Al día siguiente, con mucha celeridad, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados empezó a juntar firmas para un dictamen favorable al proyecto que crea la figura penal de «asociación ilícita terrorista» y penaliza la financiación del terrorismo, con la intención de sancionar la ley lo antes posible.
En la sesión de este miércoles 13 de junio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por mayoría y lo convirtió en ley, con la oposición del ARI, el PS, más los diputados Carlos Tinnirello y Miguel Bonasso, pasando ahora el proyecto manos del propio Kirchner para su promulgación, la cual se descuenta ya que él mismo la ha redactado y promovido.
Con este proyecto de ley, el Gobierno de Kirchner responde a una exigencia del gobierno de los Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que habían adelantado que considerarían a la Argentina como «país no confiable para las inversiones» si no sancionaba una norma que castigue al terrorismo antes del 23 de junio.
Ante las presiones internacionales de parte de los Estados Unidos, Israel y distintos organismos internacionales (ONU, GAFI, FMI, entre otros), y por la necesidad de contar con una herramienta represiva legal contundente frente a cualquier tipo de protesta popular que atente contra sus objetivos, Kirchner ha manifestado en innumerables oportunidades su compromiso en la lucha contra el llamado «terrorismo», siendo por su iniciativa que, la República Argentina aprobara el 30 de marzo de 2005 la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, así como ha ampliado la capacidad operativa del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la Policía Federal Argentina, organismo creado durante la presidencia de Menem, el cual cuenta con un centro de detención especial -una cárcel al margen de la ley- para «terroristas» ubicada en la calle Cavia al 3300 de esta Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno de Kirchner manipula el atentado a la AMIA para justificar la sanción de la Ley Antiterrorista, cuando es el propio Ejecutivo Nacional quien garantiza la impunidad de los responsables negando la apertura de los archivos secretos de inteligencia existentes sobre el atentado y desviando la investigación según los intereses de los Estados Unidos e Israel.
Ni el atentado a la AMIA, ni ningún otro de los crímenes cometidos contra el pueblo argentino se resuelven con esta Ley Antiterrorista, la cual esta al servicio de la impunidad de ayer y de hoy.
La sanción de esta ley tiene como objetivo extender el poder de represión a través de una herramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia, jueces y fiscales y que es lo suficientemente severa para con los que luchan y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como «terroristas».
Esta Ley Antiterrorista se enmarca dentro de la doctrina jurídica más retrograda y fascista, reproduciendo la doctrina del «Derecho Penal del Enemigo», y el «Derecho Penal de Autor», creando delitos que no penan hechos, sino a sus autores por el sólo hecho de ser un luchador, trabajador, o por pertenecer a una organización política, social, gremial o de derechos humanos.
Es en este marco que se utiliza la figura de la asociación ilícita, declarada inconstitucional por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta legislación viola todos los principios constitucionales (defensa en juicio, privacidad, legalidad, huelga, petición a las autoridades) y todas las conquistas logradas por el hombre a lo largo de su historia en pos del reconocimiento de su dignidad humana y del respeto por los derechos humanos.
Esta herramienta represiva trata como un «terrorista» a todo aquel que forme parte (por el sólo hecho de ser parte) de una organización (estudiantil, barrial, política, social, gremial) que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta es un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (ej. FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que la organización (llamada en el proyecto: asociación ilícita terrorista), tenga un plan de acción destinado a la propagación del odio político (no podemos saber como se interpretará este requisito, pero la existencia de más de 5.000 personas procesadas penalmente por luchar, nos da un indicio), que este organizada en redes internacionales (las organizaciones políticas y sociales suelen tener contactos y relaciones con otras organizaciones internacionales) y dispongan de cualquier medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas, agravándose la pena para los jefes de la organización.
Se aprecia claramente la vaguedad de los términos utilizados, los cuales permiten una gran amplitud por parte del intérprete sobre que es una organización terrorista, lo cual plantea el serio y fundado peligro de que esta herramienta represiva sea utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones populares y a ellas mismas.
Reprime con prisión de 5 a 15 años, a todo aquel que colabore de manera alguna con cualquier integrante de esta organización «terrorista», independientemente que esa persona u la organización efectúe acto o hecho alguno.
Esta legislación asimismo es sumamente retrógrada en materia de refugio y asilo político.
La ley amplía las facultades ya de por sí amplísimas de la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, para investigar y atacar las fuentes de ingresos de las organizaciones sociales, y políticas populares disponiendo (arts. 4 a 8 de la ley) que se las debe investigar, pudiendo disponer de los servicios de todas las agencias de inteligencia del Estado, teniendo acceso a cualquier tipo de información sobre cualquier persona sin importar el carácter de los datos, solicitar la suspensión de cualquier operación o acto aún antes de su realización cuando existan a su criterio indicios de que se trata de dinero proveniente o con destino a un «integrante» u «organización terrorista», solicitar la confiscación preventiva de fondos a organizaciones populares.
Por medio de esta ley, (la cual se complementa entre otras con la 25.241, 25.246 y los diferentes tratados internacional sobre terrorismo), se profundiza con la institucionalización de los infiltrados, y provocadores en las organizaciones populares, así como en la incorporación de la figura del arrepentido (art. 9 que hace aplicable la ley 25.241), etc.
Cuando aún se encuentran pendientes la solución de los grandes problemas del pueblo argentino, el Gobierno de Kirchner promueve la aprobación de legislación que desarrolla y legitima el poder de represión en manos de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, a pesar de que el propio Presidente ha reconocido que dentro de los mismos aún trabajan sectores importantes relacionados con la represión de la dictadura.
Mientras tanto sigue sin aparecer el compañero Jorge Julio Lopéz, secuestrado hace más de 9 meses, siguen las amenazas y secuestros a testigos, querellantes de hechos perpetrados durante el genocidio de la dictadura, se mantiene el indulto y la impunidad para los genocidas y se profundiza la represión a los que luchan sigue intacta, como lo demuestra el fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba en Neuquén y la militarización de la provincia de Santa Cruz, donde la ciudad de Las Heras fue ocupada por la Gendarmería y desde hace 1 año y cuatro meses mantiene como rehenes a 6 presos políticos.
Este gobierno, que se dice defensor de los derechos humanos, se ha sacado la careta.
No sólo sostiene la impunidad que dice combatir, sino que avanza día a día en la represión a las luchas del movimiento obrero y popular.
NUESTRA RESPUESTA NO SE PUEDE HACER ESPERAR!
Es por esto que llamamos a unir todos los esfuerzos de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, intelectuales, estudiantes, trabajadores ocupados y desocupados para repudiar e impedir la aplicación de la Ley Anti-Terrorista, así como para luchar por su derogación y la de los tratados internacionales que le sirven de base, coordinando actividades, movilizaciones y todo tipo de acciones políticas.