«A Chasqui lo mataron asesinos sociales»
El sábado 21 de abril de 2007, Eduardo Chasqui Córdoba salió de casa para realizar un ensayo con el grupo sikuri Sartañani en la conocida oficialmente como Plaza de los Virreyes. Después del ensayo, en el que no sólo participaba artísticamente sino también como forma de reivindicar la ascendencia quechua-aymara, en la madrugada del domingo 22 de abril tomó un colectivo de la línea 76 para volver a su casa en el barrio de Zavaleta, pero nunca llegó. Fue asesinado por un disparo policial en la puerta de la Comisaría 36º. El próximo sábado 23 de junio se realizará una marcha desde Camilo Torres y Riestra, en Bajo Flores, para escrachar a la comisaría.
Una ejecución policial no tiene que ver con un accionar individual. Es una institución que refleja las desigualdades sociales y su práctica tiene que ver con esta naturaleza. El asesinato de Eduardo Chasqui Córdoba, vinculado con la realidad angustiante de la víctima condenada Fernando Carrera, muestran un accionar que compromete distintos niveles policiales y complicidades judiciales. De ahí la búsqueda de una respuesta que se llama condena social.
Eduardo Chasqui Córdoba fue asesinado en la madrugada del 22 de Abril por un disparo policial que le entró por la espalda en la puerta de la Comisaría 36º. Fue ejecutado por el Subinspector César Javier Pereyra cuando estaba forcejeando con un colectivero, el cual lo había llevado hasta el lugar a raíz de prejuicios, atribuidos a la «portación de rostro».
Después de su asesinato, el personal policial de la comisaría armó una causa que planteaba una muerte en enfrentamiento, un robo a mano armada, resistencia a la autoridad, lesiones y privación ilegítima de la libertad, según el parte que dieron desde la dependencia policial a la justicia. A Eduardo le plantaron un arma, que no pudieron hacer disparar. Entonces comenzaron a plantear, desde la declaración del Subinspector Pereyra, que Chasqui no disparó, que apuntaba con su arma al colectivero y luego apuntó a Pereyra. Pero el colectivero asegura en declaraciones ante la Jueza a cargo de la instrucción del caso, Guillermina Martínez, «no recordar» si había sido apuntado, y sí recuerda haber estado tirando del pelo a Eduardo en el momento en que el proyectil disparado por Pereyra le atravesó el cuerpo de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba (porque el disparo fue realizado desde la puerta del colectivo) y de izquierda a derecha. Es decir, a través de todo el torso de Eduardo, un tiro letal. La posibilidad de que alguien pueda tirar del pelo a quien le apunta con un arma es débil, la idea de que alguien que está forcejeando y tirado del pelo pueda apuntar a un tercero es absurda. Y todos los testigos en sede judicial aseguran que sólo vieron el arma cuando los llamaron, después de haberse alejado del colectivo por orden policial, para atestiguar lo secuestrado, que nadie tiene la certeza de que ése arma hubiese estado en manos de Chasqui en algún momento. El robo fue desmentido por el colectivero, quien asegura que sospechó del aspecto de Chasqui y por eso lo llevó a la comisaría. Lesiones… sí, Chasqui golpeó al chofer cuando éste lo privó de su libertad, no dejándolo descender del colectivo, por sospechar de su apariencia. El fiscal del caso, Alejandro Molina Pico, contando con todas estas pruebas, se hizo eco del planteo policial para pedir la excarcelación de Pereyra y su sobreseimiento.
Eduardo Chasqui Córdoba tenía ascendencia Aymara, tenía pelo largo, tocaba en un grupo Sikuri, Sartañani, donde además de hacer música se reivindica la ascendencia y la herencia cultural. Chasqui vivía en Zavaleta, era músico, vendedor de Hecho en Buenos Aires y artesano. La persecución de la diferencia, la idea de que el indio es criminal y la criminalización de la pobreza, todo junto estuvo contra Chasqui ése día. Y una fuerza policial dispuesta a ejercer la pena de muerte selectiva y paralegal sobre los que no ejercen el poder al que la policía obedece. La policía obedece ante todo al poder de los beneficiados por un sistema injusto y desigual, obedece al mantenimiento de este orden de cosas, a la idea enfermiza de que hay vidas que valen y vidas que no.
En estos días se condenó a 30 años a Fernando Carrera por otro caso armado por la policía, por la misma Comisaría 36º y su vecina Comisaría 34. A Carrera le dispararon 18 balazos, lo alcanzaron 8. Uno le partió el maxilar, perdió el conocimiento, su auto sin control atropelló a varias personas, de las cuales tres perdieron la vida. Una brigada conjunta de las dos comisarías mencionadas lo había confundido con el autor de un robo al que habían perdido en la persecución. Lo único en común era el tipo y color del auto. Fernando fue condenado por ése robo y por el asesinato de las tres personas que arrolló su auto con él inconsciente y baleado a bordo. El presidente del tribunal que lo condenó, Hugo Cataldi, es profesor de derecho en la escuela de la Policía.
En el Bajo Flores son cotidianas estas prácticas. El mismo día en que policías tiraban a Demonty al riachuelo, donde moriría ahogado, otro policía ejecutaba en el corazón del barrio a un pibe que se llamaba Roque «El Vita» Villagra.
Son algunos casos, la lista es larga y el problema grande. Es intencional, por esta parte, hacer que estos casos no queden expuestos como casos policiales, que la práctica del gatillo fácil, la ejecución de desprotegidos, es un asunto social, práctica reflejo de una estructura social que margina con hambre, con exclusión y con las balas policiales, entre otras cosas.
Además de los casos Carrera y el de Chasqui hay cientos que son anónimos. Hay también una desaprobación desarticulada de ése accionar y de otras prácticas ilegales e ilegítimas, de abusos y de tareas policiales. Hay un espacio que va creciendo, que parte de estos dos casos y de trabajos territoriales que los anteceden, que plantea el aporte a la construcción de la condena social a esa policía que es inseguridad en los barrios, que es amenaza a la libertad y a la vida. Desde este espacio no solamente se trabaja la denuncia, también se manifiesta que la voluntad es la de vivir, que no se quiere la limitación policial, que no es delito traer la ascendencia originaria, ni ser pobre, ni ser luchador; que en muchos casos la policía no reprime delitos, que reprime manifestaciones de libertad.
Para el sábado 23 de Junio se promueve una manifestación que va a salir de Camilo Torres y Riestra, en Bajo Flores, va a escrachar a la Comisaría 36º y terminará en Varela y Roca. Ahí los manifestantes, entre los que estarán los grupos sikuris, grupos de percusión de los que Chasqui también participaba, artistas plásticos, murgas y demás, den muestra de sus contenidos, de algunas de sus expresiones, de todo lo que se está persiguiendo, lo que se pretende negar. En definitiva, no solamente se pretende una denuncia, una queja, también se muestra la identidad, la felicidad propia aún con los dolores de la historia y el presente.
Y esta actividad se enmarca en un trabajo que se viene realizando desde distintos espacios, con distintos antecedentes y orígenes, siempre enfrentando la injusticia y reivindicando la existencia propia, la diversa. Y la decisión es proyectar la construcción, ampliando los vínculos, la denuncia y la reivindicación, aportando a la condena social, que es la una manera de enfrentar injusticias sociales.
Porque, en el caso de Eduardo Chasqui Córdoba, se exige la condena judicial, la prisión perpetua y efectiva del autor material y la condena de sus encubridores y cómplices. Pero se conoce que por fuera de la sociedad no habrá condena que alcance, porque hay una práctica que es institucional, porque atrás del asesino de Chasqui, Oficial César Javier Pereyra, había un Suboficial con su mano sobre el arma y los ojos puestos en Chasqui.
Por Germán Duschatzky
Nota publicada en la última edición del Periódico de las Madres de Plaza de Mayo