Abogados del MTR fundamentan reacusación de Stornelli

Reproducimos comunicado de prensa del Movimiento Teresa Rodríguez.

En el marco de las actividades por la libertad de los presos políticos y por el cese de persecuciones a los luchadores populares, los abogados de Clarisa Redín y Rolando Flores, dos militantes del Movimiento Teresa Rodríguez que integran la larga lista de procesados del gobierno actual, se presentaron hoy ante el juez Galeano para fundamentar la recusación al fiscal Stornelli por enemistad manifiesta. Además, exigieron la eximición de prisión para nuestros compañeros.

La semana pasada Stornelli, quien acostumbra a utilizar el Código Penal para perseguir a los militantes políticos y sociales, pidió al juez del caso AMIA que ordene la captura de Redín, Flores y de Ricardo Peralta por la megacausa abierta contra varios sectores del campo popular. Sin embargo, tanto los compañeros como sus abogados tomaron noticia de los acontecimientos a través de la prensa, lo que deja a las claras la intencionalidad política del fiscal y su campaña abierta y directa a favor de la criminalización de la protesta.

Recordemos que tanto Redín como Flores fueron detenidos varias horas después del escrache realizado por el MTR a las oficinas centrales de Repsol-YPF en mayo pasado. Los compañeros fueron prácticamente secuestrados por una patota de civil en el hall de las estación de subte Bolívar, método represivo que en seguida se generalizó en la Legislatura, en la Plaza de Mayo y en Caleta Olivia.

Según la prensa, para Stornelli (un fiscal que jamás mueve un pelo para pedir la detención de los que saquean el país y extorsionan a millones de argentinos, y en cambio se dedica a perseguir a quienes reclamamos soberanía, independencia, trabajo y alimentos), existen «extensas filmaciones» y «vistas fotográficas» que comprometen a los compañeros, aunque se contradice él mismo señalando que «actuaron con el rostro cubierto». En efecto, no existe ningún elemento que avale esta postura. Sobre todo porque, por caso, Redín se sumó a la manifestación recién en la Plaza de Mayo, cuando el Movimiento era atendido por funcionarios de la Casa Rosada y bastante después del escrache.

El fiscal les imputa la figura del artículo 213 bis del Código Penal, que reprime con prisión de tres a ocho años al que «organizare o tomare parte de agrupaciones permanentes o transitorias, sin ser asociación ilícita, y que tuvieran por objeto imponer sus ideas o combatir la ajenas por la fuerza o temor». Con esto queda claro que se trata de una maniobra política destinada a criminalizar la protesta, maniobra que se repite una y otra vez: allí están los compañeros de la Legislatura que, sin prueba alguna, hace ya meses que son mantenidos como rehenes en las cárceles del sistema; los compañeros presos por repudiar al FMI, Castells y los compañeros de Caleta Olivia.

 BASTA DE PERSECUCIONES

 NO A LAS DETENCIONES

 NO A LA ESCALADA REPRESIVA

 LIBERTAD A LOS PRESOS DE LA LEGISLATURA, CASTELLS, CALETA OLIVIA Y PLAZA DE MAYO

 LA PROTESTA SOCIAL NO ES DELITO

MOVIMIENTO TERESA RODRÍGUEZ

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