Ocho meses sin Julio López

Se cumplió otro mes más de la desaparición del testigo clave en el juicio al genocida Miguel Etchecolatz. Denunciaron nuevas amenazas a Nilda Eloy y al juez Rozanski. «El gobierno tiene la fuerza que otorga el Estado para encontrar y castigar a los reponsables de la desaparición de López y de Luis Gerez, para parar la mano a las amenazas, pero no lo hace porque la represión y la impunidad son las manos que acompañan indefectiblemente una política que defiende los intereses de las clases dominantes», denunciaron desde Memoria, Verdad y Justicia.

Ocho meses pasaron desde que se conoció la denuncia de que Julio López había vuelto desaparecer. Su primera desaparición se produjo en octubre de 1976, cuando una patota comandada por el represor Miguel Etchecolatz lo «chupó» e hizo comenzar a López su calvario que incluyó el Destacamento policial de Arana, tristemente conocido como el «Campo de Arana» y la comisaría 5º de La Plata.

La segunda desaparición se produjo el lunes 18 de septiembre de 2006, cuando debía presentarse a escuchar los alegatos de la querella contra el ex comisario general de Policía de la provincia de Buenos Aires y mano derecha del general Ramón Camps. Al no asistir al edificio de la Municipalidad de La Plata, se descubrió su ausencia e inmediatamente se presentó un hábeas corpus. Desde ese mismo día se comenzó con la búsqueda que sólo para las autoridades cuenta con «pistas firmes», tal como se vanaglorió el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo en Estados Unidos. Sobre estos dichos Nilda Eloy explicó: «Vino a declarar y dijo que había hablado por lo que le había dicho León Arslanián. A eso se limitó su declaración. En la causa no hay absolutamente nada para que diga semejante barbaridad.»

Lo que sí hay en la investigación judicial por el secuestro del albañil de 77 años son innumerables irregularidades, tal como vienen denunciando los organismos de Derechos Humanos desde un comienzo y, como han dejado plasmado el mes pasado, en el informe presentado por Justicia YA!.

Desde la presentación del documento de Justicia YA, se han producido novedades. Nuevas amenazas. Más intimidaciones. En esta oportunidad, como en otras diez, le tocó al juez federal Carlos Rozanski, presidente del tribunal que el año pasado condenó a prisión perpetua en cárcel común a Etchecolatz y que tendrá a su cargo juzgar al sacerdote Christian Von Wernich.

Al día siguiente, las amenazas volvieron a repetirse. En este caso, a Nilda Eloy, ex detenida- desaparecida. Nilda había estado justamente hablando con un periodista de Radio Nacional sobre las intimidaciones al magistrado. A los pocos minutos de concluida la entrevista, volvió a sonar el teléfono, cuando atendió escuchó la conversación que había mantenido con el periodista. El hecho, una vez más, fue denunciado ante el titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata , Arnaldo Corazza.

«Mientras que no se tomen otro tipo de medidas, que realmente sean la contestación que pedimos- de no más impunidad, de juzgamiento efectivo o que pasemos de las palabras a los hechos- esto va a seguir existiendo», sostuvo Nilda Eloy.

Asimismo, Eloy no dudó en vincular la oleada de intimidaciones con la proximidad del inicio del juicio al capellán de la policía bonaerense acusado de numerosos homicidios, secuestros y torturas. Vuelve a repetirse la situación que se dio con el comienzo del proceso judicial contra Etchecolatz y cuyo saldo es la desaparición hace ya ocho meses de Jorge Julio López. «Con las condiciones de seguridad no se ha modificado nada. Lo que sí tenemos es que, al acercarse el juicio- empiezan las campañas de amenazas. Veamos qué actitud van a tomar esta vez aquellos a quienes les corresponde garantizar la seguridad de toda la población y, en este caso, de los testigos».

«Ofrecerle a los testigos custodia policial no soluciona nada. La custodia no deja de ser una medida de amedrentamiento y no, de protección. Porque se les ofrece ser custodiados por la misma fuerza que en algún momento de sus vidas los secuestró, dejó bien en claro.

Al respecto, la integrante de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD) agregó: «Aquello que daría más protección y seguridad a cualquiera de los testigos es aquello que no se hace». Lo lógico sería que quienes brinden su testimonio en juicios vinculados al genocidio en la Argentina recibieran la custodia de una fuerza policial «mientras en ella no existieran efectivos que deberían estar en la cárcel».

Tanto desde el Gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires, se denunció la presencia de «vestigios» de la dictadura dentro de las fuerzas de seguridad; sin embargo, solo ha quedado en denuncias. «Tienen los nombres, los lugares donde están ubicados. No solamente pretendemos que esta gente no esté más en actividad sino que sean pasados a la justicia. No ha habido ninguna medida del Gobierno de la Provincia en ese aspecto». Días atrás, en un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, el gobernador Felipé Solá había manifestado su necesidad de saber qué pasó con López, aunque se había reconocido no optimista. «Hablar por hablar no sirve. Muy bien, decir en un acto que quieren la aparición de Jorge o que quieren saber qué pasó, pero esas cosas en efectivo no las hacen», denunció Eloy a ANRed.

Tal como vienen manifestando las organizaciones de Derechos Humanos y como dejaron en evidencia con la presentación el mes pasado del informe de Justicia YA, muchas son las irregularidades que llenan la causa y poco, el interés político. «Ellos plantean la falta de medios, que nosotros reconocemos. Ni siquiera tienen personal para leer la causa», explica Eloy. «Una de las cosas que denunciamos es que se habla de esta causa como una de las más importantes del país pero no se puede dotar al juzgado de dos o tres personas para controlar la investigación».

A continuación, reproducimos el documento consensuado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia:

A 8 meses de la desaparición del compañero Julio López, desde el Encuentro Memoria , Verdad y Justicia reafirmamos nuestra decisión de continuar la lucha por su aparición con vida y por el castigo de los responsables políticos y materiales de sus secuestro. Pasan los meses y el gobierno de Kirchner mantiene su política de encubrimiento, garantizando la impunidad de los culpables.

Afirmamos , con toda firmeza, que este gobierno, que se dice defensor de los derechos humanos, se ha sacado la careta.
No solo sostiene la impunidad que dice combatir sino que avanza día a día
en la represión a las luchas del movimiento popular.
Nuestro país está conmovido de norte a sur, de este a oeste, por luchas obreras, estudiantiles, de derechos humanos, que exigen aumentos salariales, políticas que atiendan a las necesidades populares en educación y salud, y terminar con la impunidad.

El gobierno responde a estas demandas y a las movilizaciones con represión.
Carlos Fuentealba, que participaba en el movimiento docente de Neuquén, fue fusilado por el gobierno de Sobish, por la policía neuquina en la mano del Sargento Darío Poblete, involucrado en el asesinato de Teresa Rodríguez y en torturas. Hoy el «preso» Poblete ayuda en las requisas en la penitenciaría.
El asesinato Carlos Fuentealba fue la expresión más dolorosa de esta escalada represiva del mismo modo que Julio López lo es de la impunidad.

Pero ellos son también el símbolo de un pueblo que no acepta ser silenciado. Porque a pesar de la militarización, de los gases, golpes, balas de goma y de plomo, la lucha se profundiza. Los docentes son un ejemplo de ello.
En este último mes se sucedieron hechos, casi imposible de enumerar todos, que marcan la respuesta que el gobierno da a las demandas obreras y populares.

El gobierno nacional ha sido socio y cómplice de la represión en Salta y en Neuquén, y sostiene al gobernador Sobish.
La situación en Santa Cruz, provincia ocupada por la Gendarmería, a la que Kirchner considera su feudo, terminó de desenmascarar su falsedad e hipocresía.
La reiterada represión de los últimos días es responsabilidad directa del gobierno nacional. Así, la respuesta a los docentes, municipales, petroleros de su provincia, que luchan en defensa de sus derechos ha sido represión y más represión. Aun hoy están en prisión 6 presos políticos, producto de la lucha de los petroleros de Las Heras.

Mientras reprimen y mantienen a la Gendarmería en las escuelas, el presidente y sus ministros llaman patoteros a los luchadores populares y los acusan de autoherirse.
No solo se escandalizan por el repudio a la presencia de Alicia Kirchner, ministra y hermana del Presidente, en Río Gallegos, sino que pretenden castigar a quienes participaron del escrache.

Reivindicamos como método de lucha, el derecho popular al escrache, inaugurado por los hijos de desaparecidos, frente a la impunidad de los genocidas.

Raúl Lescano fue secuestrado en Buenos Aires en oportunidad de participar de una movilización de repudio al asesinato del compañero Fuentealba, por fuerzas especiales de la Policía. Posteriormente fue blanqueado y permanece detenido. Esta metodología del secuestro, tan cara a nuestra historia, parece haberse instalado como método intimidatorio y represivo.

El último miércoles ante una reacción espontánea en la Estación Constitución a raíz de las injustificadas demoras en el transporte, producto también de los negociados y la corrupción, la policía reprimió con saña a los manifestantes.

Represión e impunidad no son una anomalía, un exceso. Son ambos instrumentos necesarios de la política antiobrera y antipopular de este gobierno. El presidente Kirchner vocifera sobre su supuesto carácter de demócrata. Cristina Fernández de presenta ante sus interlocutores en EEUU como inclaudicable defensora de los DDHH.

El gobierno tiene la fuerza que otorga el Estado para encontrar y castigar a los reponsables de la desaparición de Lopez y de Gerez, para parar la mano a las amenazas, pero no lo hace porque la represión y la impunidad son la mano que acompaña indefectiblemente una política que defiende los intereses de las clases dominantes y que necesita asegurar sus negocios. Cada vez queda más al desnudo la falacia de su espíritu democrático y la realidad de la corrupción que lo atraviesa, como lo ha demostrado palmariamente el caso Skanka.

Exigimos al gobierno:

 Aparición con vida ya de Jorge Julio López! Basta de complicidad y silencio oficial! Que Kirchner y el gobierno informen todo lo que saben!

 Castigo a los responsables políticos y materiales de la represión y del asesinato del compañero Carlos Fuentealba! ¡Fuera Sobisch!

 Basta de represión en Santa Cruz. Retiro de la gendarmería de las escuelas y de toda la provincia.

 Libertad inmediata de los presos políticos. Amnistía y desprocesamiento de los luchadores populares.

 Castigo a los responsables materiales y políticos del secuestro de Luis Gerez.

 Separación e investigación de todos los actuales integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, inteligencia y policiales vinculados a la dictadura.

 Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas.

 Juicio y castigo a todos los culpables, por todos los compañeros.

 Defendemos el derecho de los trabajadores y el pueblo a luchar.

 Expresamos nuestro apoyo incondicional a los reclamos de los docentes y de todos los trabajadores en todo el país.