Comunicar no es intimidar y salir a la calle no es delito
Ayer por la mañana se realizó una radio abierta frente a los tribunales porteños de Comodoro Py, en respaldo de la apelación presentada por las 22 personas procesadas tras la brutal represión policial de la Policía de la Ciudad el 1 de septiembre, tras la multitudinaria marcha al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Entre las personas – acusadas de «intimidación pública» y «resistencia a la autoridad», en base a las actas irregulares confeccionadas por personal policial – hay dos comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) e independientes, que estaban cubriendo periodísticamente la represión, y gente que se manifestó aquel día. De la jornada participaron trabajadores/as de prensa, organizaciones sindicales, antirrepresivas, estudiantiles y de personas migrantes, pidiendo la absolución de los y las procesadas, y dejando en claro que comunicar no es intimidar y salir a la calle no es delito, y que, en todo caso, quien genera «intimidación pública» es el Estado Nacional. Por RNMA.
La radio abierta comenzó a las 10, bajo un fuerte sol y con la presencia de un centenar de personas, frente a la entrada de los tribunales de Comodoro Py (ubicados en la Avenida Comorodo Py al 2002), que se concentraron en el lugar para acompañar la presentación de la apelación (que se realizó a las 11.15) por parte de los abogados y abogadas de las personas procesadas tras la brutal represión policial llevada a cabo por la Policía de la Ciudad el 1 de septiembre, luego de la multitudinaria marcha al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.
Entre las personas – acusadas de «intimidación pública» y «resistencia a la autoridad», en base a las actas irregulares confeccionadas por personal policial – hay dos comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y seis independientes, que estaban cubriendo periodísticamente la represión, y gente que se manifestó aquel día. Como hay muchísimas irregularidades en las actas labradas por el personal policial, con diferencias de horario, lugar y circunstancias en las que se dieron las detenciones aquella noche, es que se solicita al juez a cargo de la causa, Martínez Di Giorgi, que sean absueltas de culpa y cargo.
De la radio abierta participaron y acercaron su solidaridad trabajadores de prensa nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), algunas de las personas procesadas, integrantes de la RNMA, una integrante de la Red de Personas Migrantes y Refugiadas en Argentina, la FUBA y la abogada y militante María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y patrocinante de los dos comunicadores procesados de la RNMA.
Desde la RNMA se realizó, simultáneamente, una transmisión en vivo por Facebook de la radio abierta, se tomaron algunos pasajes de la misma por el «Enredando las Mañanas» – programa periodístico matutino de la RNMA – y se lanzó una campaña de difusión por Twitter de 11 a 12, con las consignas #ComunicarNoEsIntimidar, #SalirALaCalleNoEsDelito e #IntimidaciónPúblicaSerásVos (ésta última como mensaje claro al Estado Nacional, el mismo que, al tener una de sus fuerzas represivas – la Gendarmería Nacional – involucrada en la desaparición forzada de un joven en el marco de una represión, brindó una cobertura corporativa a la fuerza y se valió de cualquier versión para desviar la investigación de la responsabilidad de la fuerza).
De las tres consignas, la de #SalirALaCalleNoEsDelito fue tendencia del día, ubicándose en el puesto 6 durante el, para luego ubicarse en el puesto 20 de los temas más hablados del día.
La coordinadora de redes de medios «Interredes» (integrada por las redes FARCO, AMARC Argentina, RNMA, RedCom, Red Colmena, Red PAC, AReCIA, Barricada TV y Pares TV) lanzó un comunicado en repudio al procesamiento de comunicadores y comunicadores de medios comunitarios, alternativos y populares donde sostiene que «el accionar policial se ve agravado por la decisión del juez de considerar que ese registro constituye el delito de intimidación pública, lo cual muestra que se está poniendo el Estado al servicio de criminalizar a periodistas y comunicadores«. Asimismo, Interredes denunció que en éste marco de ataques y persecusión a comunicadores «el día sábado 18 de noviembre la Justicia neuquina allanó las casas de compañeros de la Radio Zona Libre, luego de que participaran en una actividad por la libertad de Facundo Jones Huala«. Finalmente, la coordinadora manifestó «preocupación de que los comunicadores nos convirtamos en blanco de la represión policial, porque entendemos que constituye un ataque a la libertad de expresión y de prensa y a la posibilidad de denunciar el accionar de las fuerzas represivas«.
En la brutal cacería represiva que desató aquella noche la Policía de la Ciudad hubo:
Actas con causas armadas de forma irregular (no coinciden ni la hora, ni lugar ni circunstancias de las mismas con las filmaciones de medios y de la propia policía). Por ejemplo, en las actas policiales figura que los dos comunicadores de la RNMA fueron detenidos en las inmediaciones de Plaza de Mayo por derurmbar un vallado de seguridad y agredir a personal policial, cuando uno de los detenidos filmó su propia detención en una transmisión en vivo en Facebook donde se ve que fue detenido en el cruce de la Avenida de Mayo y San José (inmediaciones del Congreso Nacional).
Uso de la violencia excesiva de parte del personal policial con aplicación de golpes, manoseos, uso de gas pimienta en los ojos y muñecas de personas detenidas lastimadas por los precintos utilizados.
También, dentro de los celulares policiales hubo amenazas a algunos detenidos con la frase «van a ser los próximos Santiago Maldonado» y personas que fueron obligadas a desvestirse sin motivo alguno.
La presentación de la apelación ya fue hecha y argumenta que «no hay correlación alguna entre los tipos penales y las conductas que se describen. Se verifica la total incongruencia entre los elementos de cargo con las conclusiones que el magistrado extrae discrecionalmente y arbitrariamente. Es necesario señalar que en el acto de las indagatorias ha quedado palmariamente desmostrada la falsedad de las actas de detención, como el propio magistrado lo admite».
Resta saber, ante las pruebas que dejó la brutal represión y detenciones arbitrarias, si el juez Martínez Di Giorgi considera que comunicar y registrar periodísticamente el accionar represivo de una fuerza policial es «intimidación pública» – con lo cual atentaría contra el derecho de la libre expresión y de prensa – y si salir a la calle a protestar es delito, uno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.