Trabajadoras sociales perseguidas por defender a una campesina del MOCASE
Usual en la dictadura y derogada hace cuatro años, en la mayoría de los hospitales se sigue apelando al «alta social» para retener a las personas por la fuerza. La medida fue padecida por una integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) en el Hospital Fernández. Tres amigas, trabajadoras sociales, intentaron defenderla. Hoy corren el riesgo de ser sancionadas. Santiago del Estero y Buenos Aires, mucho más parecidas de lo que se muestra.
(Nota realizada por la Revista Proyectos 19/20, Nº 11, septiembre-noviembre de 2004.)
I. Sin el alta social: El hospital es comisaría
«He tenido el bebé el martes y el día jueves el doctor me revisa, lo vacuna al bebé y me dice: ‘Vos hoy tenés el alta, volvé el lunes al control’. Y me entrega la planilla para hacer los trámites. Al rato una enfermera me dice: ‘Me llevo esta planilla porque la asistenta social no te firmó el alta social. No te va a firmar hoy.’ Entonces viene la asistenta social y me toma nota. Me pregunta de dónde soy, le digo que de Santiago del Estero. Me pregunta que porqué me había venido, le digo que porque allá tenemos malos médicos, la situación está muy mal en Santiago y como yo tengo problemas para tener familia, he venido a tenerlo aquí. Me dice: ‘Vos sabés que si venís de Santiago tenés que traer una autorización de la gobernadora de que venís a tener tu bebé aquí en el Hospital Fernández.’ Y… yo no le contesté nada porque era la primera vez que escuchaba eso, como si fuera que venía de otro país. Y luego empieza a preguntar cuántos chicos tengo, le digo que son diez con este bebé chiquito. Y me pregunta: ‘¿Y cómo hacés para criarlos?’ Le digo que trabajamos en el campo, los criamos ahí. Y después me pregunta: ‘Y las chicas esas ¿qué son?’ Le digo que son mis amigas, las he conocido allá, en Santiago del Estero. Entonces me dice. ‘Yo no te voy a firmar el alta, que venga un familiar tuyo, se haga responsable y te lleve.’ Entonces me ha dejado un papel firmado y yo no sabía por qué, si soy mayor de edad y tengo el alta médico, no puedo firmar y salir. Cuando a la tarde vienen las chicas les cuento y me dicen que el alta social no existe y que si yo decidía ir a la casa, podíamos ir y volver para el control. Y yo quería, porque en la casa se puede tomar mate, está todo para la leche del bebé, más tranquilo. Preparo mis cosas y los de seguridad del hospital, empresa Search, no nos dejan salir. Me dicen: ‘Volvé a la cama, no te podés ir.’ Me empezaron a gritar, se paraban en la puerta para que no pase, a hacer un quilombo… y como se ha puesto todo tan mal, yo les he dicho: ‘Entonces el hospital no es hospital, es comisaría, porque te dejan acá adentro».
II. Sospechosamente pobre
Cristina Loaiza, de 39 años, sabía de qué hablaba. Dos años atrás, en Pinto, había estado en prisión con su otro bebé, de once meses, por impedir que las topadoras derriben los ranchos de su comunidad. Sin embargo, el 15 de abril, en el Hospital Fernández de Buenos Aires, esta integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), todavía conmovida por el parto, decidió quedarse. A la mañana siguiente, los agentes de Search la visitaron con un policía que volvió a hacer las preguntas que ya le había respondido a la asistente social el día anterior.
-Vas a tener que firmar como responsable para que se vaya -, decía en ese momento la trabajadora social Ana María Fleites a Ofelia Musacchio, una de las tres amigas de Cristina. Mientras, Daniela Dosso y Marina Delville, esperaban en la puerta. Fleites no había querido mantener la entrevista con las tres. «No, la mamá es Cristina, el único menor es Emiliano y la patria potestad la tiene ella, ella decide cuándo sale del hospital, cuándo vuelve a Santiago», respondía Ofelia. Y entonces Fleites dijo: -Sí, puede decidir darlo en adopción también.
Fue una frase extraña. A la que siguieron otras, como «las casas de las provincias pagan los pasajes, ellos debían haberse dirigido a la gobernación» o «por qué no está inscripto el bebé» (algo imposible con la mamá retenida; los nacimientos del Fernández se inscriben en el registro civil del Hospital Rivadavia). A estas irregularidades, se sumó otra: sin presentarse, una mujer hizo pasar a las tres acompañantes de Cristina a una oficina y, tras cerrar la puerta, pidió: -Nombre y fichas municipales.
«Absolutamente desconcertadas y percibiendo que era una amenaza, porque sólo quienes trabajan en dependencias del Estado tienen ficha municipal, le contestamos que podíamos darle nuestros nombres y documentos, pero no las fichas porque estábamos allí en calidad de amigas de Cristina», relata Delville. Ella y sus dos amigas son graduadas de la carrera de Trabajo Social de la UBA y por entonces eran residentes en salud en hospitales de la ciudad.
El MOCASE presentó una denuncia por discriminación a la Defensoría del Pueblo, la retención de la libertad y maltratos recibidos por Cristina fueron denunciados por Página 12 (Las 12, 23/04/04) en un artículo titulado «Sospechosamente pobre» y, a raíz de esta denuncia, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad envió un aviso a todos los hospitales recordando que el «alta social» era un instrumento utilizado especialmente para retener a menores, derogado en el año 2000. Sólo el Hospital Ramos Mejía reorganizó toda el área de servicio social para no seguir haciendo uso de una medida represiva e ilegal.
III.-La persecución laboral
Desde abril, las tres trabajadoras sociales padecen una persecución laboral con final abierto. Por un lado, en los hospitales se extendió el rumor de que están en el tráfico de bebés («que tu nombre quede asociado a algo así entre colegas genera una angustia muy grande y opera como castigo informal», dice Daniela Dosso); por otro, si se abre un concurso en un hospital, donde los jurados son del servicio social «aunque hagamos un examen tan bueno como el del resto, es probable que, con lo que nos difamaron, no tengamos las mismas posibilidades», reflexiona Delville.
Además, existe un expediente abierto por iniciativa del Fernández en la Dirección de Hospitales y el Consejo Profesional de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires dio curso a una denuncia de Ana María Fleites, quien las acusa de haber violado el Código de Etica, a pesar de haber actuado defendiendo a Cristina como amigas y no como profesionales. La sanción puede ir desde el «llamamiento de atención» hasta la «suspensión de la matrícula», pero ya lo primero queda en el legajo, lo que dificulta conseguir empleo, pues suelen pedirse los antecedentes de buena disciplina al Consejo Profesional. La presidenta del Tribunal de Disciplina es Marta Benchimol, aquella mujer que pidió «nombres y fichas municipales» y advirtió que iba a tomar medidas.
«Se busca un efecto disciplinador, por el control que implica sobre el resto de nuestros colegas que a tres profesionales que osaron -en este caso, en su vida privada- cuestionar una práctica que vulneraba los derechos de una persona, se les responda con una posible sanción -reflexiona Dosso-. Es instalar que la defensa de derechos puede traer consecuencias graves». El MOCASE y las tres compañeras consideran que una sanción efectiva garantiza a quienes aplican «altas sociales» una gran tranquilidad de no ser cuestionados por unos cuantos años.
«En el hospital de Pinto, a los de la organización no nos quieren. Y en la cara nos han dicho ‘póngale una inyección así se muere, nomás’ -describe Silveriano Aguirre, «Pocholo», el compañero de Cristina y papá de Emiliano-. Por eso, al quedar ella embarazada, he pensado que podía venir a tener a Buenos Aires, ya que tenemos aquí las chicas que son amigas. Mejor. Pero ahora estoy viendo que está siendo casi lo mismo, allá en Santiago del Estero y en Buenos Aires».
Nota realizada por la Revista Proyectos 19/20, Nº 11, septiembre-noviembre de 2004.
La discriminación padecida por Cristina Loaiza del MOCASE, a quien se retuvo contra su voluntad en el Hospital Fernández apelando a la figura del «alta social»; y la persecución laboral que se desató sobre quienes intentaron defenderla será el eje de una clase abierta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el próximo jueves 30 de septiembre, a las 18 horas, en el aula 506 de Marcelo T. de Alvear 2230.