20/09/2004

Boletín La Plata/Berisso/Ensenada – Septiembre 2004: MIGUEL BRU, LA LUCHA CONTINÚA

Contiene las siguientes notas:

 EDITORIAL – ¿Crecimiento para quién?

 NUEVO PLAN DE SEGURIDAD EN LA PLATA

 MIGUEL BRU, LA LUCHA CONTINÚA

 COORDINADORA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS

 ¿QUÉ ES EL ESCRACHE?

 EX – TRABAJADORES DE YPF Y PETRO. GRAL. MOSCONI

 AUTOCONVOCADOS – No a la prohibición de la protesta

 ESTUDIANTES SECUNDARIOS – Lucha a pesar de los aprietes

 EL CONFLICTO POR EL TRASLADO DEL ISER AL VERGARA

 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – Amenazas y atentado

 GABRIEL ROSER, preso por luchar

 CTD ANÍBAL VERÓN – Represión y causas

 ORGANISMOS DE DDHH

redaccionlp@argentina.com


Editorial

Cooptar y golpear, las dos caras ya conocidas del gobierno nacional para con los diferentes sectores del campo popular. Mientras que por un lado, dirigentes como Jorge Ceballos (Barrios de Pie) y Luis D’Elia (Federación de Tierra y Vivienda) llaman a construir el aparato territorial de Kirchner y a «apuntalar el gobierno», por otro lado, a nivel nacional se impulsa una estrategia represiva que tiene como blanco los sectores en lucha y las conquistas del campo popular en los últimos años. Esta política se desarrolla en múltiples formas: desde la judicialización de la protesta social y la criminalización de la pobreza, pasando por la saturación de las calles con fuerzas de seguridad y garitas, la represión y el encarcelamiento. Desmovilizar es el objetivo, transformando cualquier protesta en delito y a todo pobre en delincuente.

De la mano del «Código Penal» y las nuevas legislaciones (Código de Convivencia, las Leyes Blumberg, etc. ), el armado de causas a militantes políticos, el aumento presupuestario para la SIDE, la centralización en el Ministerio del Interior de la política de «seguridad», se trata de dar a diferentes problemas soluciones similares; es decir, para el gobierno nacional la única solución al hambre y la desocupación, parece ser la policía en la calle. Este es el caso de las ocupaciones de villas enteras (10 en total) por Gendarmería y Prefectura Naval, con sus consecuentes abusos de autoridad, aprietes, robos y coimas; haciendo del estado de sitio una moneda corriente para los sectores más pobres del Conourbano Bonaerense.

La política represiva oficial, paralelamente, es acompañada con aprietes policiales, amenazas y provocaciones, atentados, allanamientos arbitrarios a viviendas de militantes populares y gatillo fácil; dejando al descubierto las herramientas que entran en juego cuando «consenso» y «transversalidad» no alcanzan.

Acompañando todo este proceso, aparecen los medios masivos de comunicación tomado la posta en lo que refiere al discurso de la mano dura, propiamente dicho. La noticia tiende a tratar en una misma línea los problemas de «seguridad» con la protesta social, como parte de un mismo fenómeno que «asora a la sociedad», por lo tanto sensible de ser solucionado por la misma vía: el accionar de las fuerzas de seguridad. En la calle está suelta entonces la policía del gatillo fácil, la que de una manera u otra está implicada en los secuetros extorcivos, la policía que mató a Ezequiel Demonti, etc.

A su vez, el conflicto social, aparece en los medios y en boca de funcionarios nacionales, como si se tratara de un indicador que se profundiza y se desarrolla independientemente de las políticas económicas; entonces la pobreza y la desocupación, los piquetes y las movilizaciones, los salarios bajos y la sobreexplotación, la lucha por la recomposición laboral y la jornada de 6 hs., no guardan relación alguna con la devaluación, la reforma laboral, el pago de la deuda externa con el superavit o el aumento de las tarifas.

Se habla del conflicto social como del «riesgo país», y por lo tanto se transforma en presa de especulaciones. Entre una de las más escuchadas aparece la que señala que a mayor grado de conflictividad social (movilización y lucha) menores serán las inversiones del exterior en territorio nacional; así el conflicto social es causa y consecuencia al mismo tiempo.

Los asesinatos de Diego Lucena y Martín «Oso» Cisnero, aparecen como casos paradigmáticos en los cuales los grandes multimedios se preocuparon en destacar los incidentes en las comisarías, restándole importancia a la participación directa de la policía en los asesinatos.

La represión y posterior cacería desatada en Plaza de Mayo durante la movilización que exigía la liberación de Castell y el desprocesamiento de los más de 4000 luchadores sociales, al igual que los 119 obreros gráficos reprimidos y despedidos por Clarín, los obreros desalojados de la Firestone, la cacería a los piqueteros de Caleta Olivia como en los mejores tiempos de la dictadura, es una muestra clara de la política del gobierno para aquellos que no acuerdan con el «capitalismo serio» de Lavagna, de Monsanto, Techint y el FMI, de las privatizadas y los multimedios.

El único camino para el campo popular, sigue siendo la unidad ante la represión, para defender lo construido y avanzar; entendiendo que los embates producidos contra cualquier organización es un golpe al conjunto. El derecho a protestar no puede ponerse en duda, porque se estaría poniendo en tela de juicio garantías constitucionales, haciendo del silencio un aliado permanente del hambre. Todo juicio contra un militante popular implica un precedente para casos posteriores, es así como las causas abiertas a los manifestantes que cortan rutas para pedir trabajo, se traduciran en cientos si no se logra una respuesta articulada entre todos los sectores.

¿Crecimiento para quién?

Los medios repiten la hazaña de Lavagna: la economía creció en un 11,2 %, y la desocupación bajó un 0,1% o tal vez más!!!. Estos datos, presentados como mera estadística, son utilizados para construir consensos de «K».

En primer lugar, el crecimiento estadístico, es logrado sólo en comparación con los últimos tres críticos años. Así, con respecto al 2001, el país produjo «un 5% más», y la economía «creció un 11,2%» comparado al primer trimestre de 2003″¦

Este crecimiento relativo, fue logrado por la precarización del mercado laboral. Si por un lado, la inversión en maquinarias y equipamiento tecnológico creció considerablemente, como lógicas consecuencias, lo que también crecieron fueron los despidos y la consecuente pauperización de las condiciones laborales de los que por milagro aún están ocupados. Entre la población económicamente activa (PEA) encontramos alrededor de 4 millones de laburantes en negro, subempleados y desocupados. La necesidad plantea trabajar bajo cualquier condición y a cualquier precio. Así, la flexibilización laboral se acentúa día a día, y con ella los riesgos de accidentes en el lugar de trabajo con el caso emblemático de los 14 mineros de Río Turbio»¦ el salario del 65% de la PEA no alcanza para cubrir el costo mínimo de la canasta familiar básica ($750 mensuales para flia. tipo: 4 personas). Para intentar calmar los ánimos, además de datos estadísticos, el Estado «ofrece» una parodia de «subsidio de desempleo» (plan trabajar) de $150 mensuales que abarca solo a 1.750.000 de los 4 millones que deberían percibirlo»¦

Para finalizar la lista de datos: la pobreza afecta al 47,8% de la población, nada menos que 17,7 millones de personas, y, siempre según el INDEC, en los dos últimos años, el salario habría mejorado un 20,42%, pero el valor de la canasta básica creció un 55%. Es decir, el salario real sigue bajando.

A más despidos, menos paga de salario. A menos salario, más plata en limpio para invertir en nueva maquinaria. A más maquinaria, más despidos, peores salarios y peores condiciones de trabajo para los ocupados. A más crecimiento económico, más crisis social. Crecimiento para quién?.


 Nuevo Plan de seguridad en La Plata

El nuevo plan de seguridad para la ciudad, entre otras cosas, garantiza un sistema de 300 equipos de filmación que se instalarían en los caminos de acceso al distrito, parques, plazas y zonas comerciales. Las cámaras estarían ocultas para la gente y funcionarían las 24 horas, conectadas a una central donde sus operadores se «encargarían de avisar a la Policía de situaciones sospechosas», según matutinos platenses.

El proyecto tiene un costo del orden de los 2 millones de dólares y la decisión es que el sector privado -interesado en que se le brinde mayor seguridad- se haga cargo de ese gasto. Por eso, el gobierno municipal abrió la propuesta a empresarios de la Ciudad en el intento de encontrarle financiamiento a la iniciativa. El llamado a inversiones, pone en evidencia que se propone «proteger» a aquellos que puedan pagar. Además, deja al decubierto la semi privatización de fuerzas estatales de seguridad y la prestación de servicios a particulares.

En otro orden, el proyecto contempla la instalación de 70 garitas -que con personal policial cumplirán el rol básico de vigilancia. Este plan de seguridad se suma al implementado sobre fines del 2003, en el cual se destacaba el plan de coordinación de la policía con los taxistas a través de un sistema de radio llamada.


 A 11 años del asesinato de Miguel Bru

La Lucha Continúa

Como todos los años, se realizó el 17 de agosto, la vigilia en la puerta de la macabra comisaría 9ª de La Plata, donde se probó que hace 11 años, torturaron hasta la muerte y desaparecieron a Miguel Bru. A pesar de las desfavorables condiciones climáticas, que provocaron que la concurrencia no fuera la misma de otros años, unas cincuenta personas se concentraron desde la tarde y hasta entrada la madrugada, con un pedido de justicia que parece no tener fin. El frío y la llovizna no evitó la solidaridad de familiares de víctimas de gatillo fácil como Andrés Núñez y Brian Gómez, que se sumaron al reclamo, además de varias organizaciones políticas y de derechos humanos.

A pesar de que el caso de Miguel llegó a juicio en 1999, sentenciando a dos policías, Justo López y Walter Abrigo a la condena de reclusión perpetua, nunca se cumplió con las exigencias de la familia ni se logró aún dar con el cuerpo de Bru. Como dice Rosa Schonfeld, madre de Miguel, «lamentablemente Walter Abrigo murió» sin cumplir la condena. Juan Domingo Ojeda, a cargo de la comisaría en el momento de la muerte del estudiante, sólo fue condenado a 2 años junto con Ramón Cereceto, de los que cumplieron únicamente 8 meses. Esa misma noche había una guardia completa al mando del Subcomisario Carmelo Forte. Sin embargo, ninguno de los oficiales que estaban en el lugar de los hechos fueron imputados, ni investigados por faltade deberes de funcionario público y encubrimiento. Tampoco hubo, como recalca Rosa, ningún tipo de responsabilidades a nivel institucional, «ya que todos están cobrando sueldo y ascendidos».

Después de veintisiete búsquedas infructuosas del cuerpo de Miguel, su madre con mucha entereza, manifiesta que no ha perdido las expectativas de encontrar a su hijo y que «no vamos a bajar los brazos, la lucha sigue».

Desde la Asociación Miguel Bru, apadrinada por León Gieco, brindan apoyo jurídico a víctimas de gatillo fácil y maltrato policial, además de realizar trabajo social en Isla Maciel.

Asociasión Miguel Bru

Recibe denuncias sobre gatillo fácil, apremios ilegales en comisarias, etc y brinda asistencia legal gratuita. Funciona en la calle 46 N° 697, depto 5°C y 13. tel: 4272404/ 05, asociacionmiguelbru@hotmail.com


 Presos Políticos

Coordinadora por la Libertad

Desde «La Coordinadora por la libertad de los presos políticos» se viene trabajando con la problemática de los luchadores detenidos en las cárceles del sistema. «Como militantes políticos y sociales nos sentimos responsables de tomar en nuestras manos esta problemática para que todos estos compañeros no pasen ni un día mas en las cárceles y para que cesen las persecuciones internacionales y nacionales a los luchadores de todo el mundo».

La Coordinadora convoca a participar de sus reuniones, todos los jueves a las 19:00 hs en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Capital Federal y los miercoles a las 19 hs. en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez, calle 60 e/ 10 y 11. La Plata.


 En la lucha por el No – Olvido

¿Qué es el escrache?

Es la forma que seguimos eligiendo hoy para construir la condena social para los autores intelectuales y materiales de plan sistemático de secustro, desaparición y tortura que se implementóen nuestro país desde unos años antes al Golpe de Estado del ’76 y se mantuvo, bajo el control de los militares, hasta 1983. Sin embargo, y más alládel retorno de la «democracia», el aparato represivo sigue intacto y el genocidio económico sigue dejando cada vez más familias bajo la línea de pobreza, a más niños desnutridos.

Aquellos que luchan por sus derechos, por el derecho a la vida, son reprimidos, perseguidos y procesados. Este es el ejemplo más claro de la continuidad del aparato represivo, que se manifiesta con la misma metodología de persecusión y criminalización de la protesta social y de la pobreza.

Los genocidas y sus cómplices fueron beneficiados en su momento por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dicatadas durante el gobierno de Alfonsín, y por los Indultos de Menem.

Más alláde que se hayan sido declaradosinconstitucionales, los resposables del genocidio siguieron impunes y, en muchos casos, ocupando cargos públicos en los distintos gobiernos «democráticos». Es por eso que apelamos a que sea el pueblo el que haga justicia mediante la condena social. Que sea el pueblo, que sean los vecinos de cada uno de estos asesinos y responsables políticos, los que los desenmascaren y denuncien. Queremos repudiar colectivamente la impunidad, señalar sus casas y sus lugares de trabajo para que no puedan vivir tranquilos en ningún barrio, en ninguna ciudad del país.

Todos podemos construir una verdadera condena social haciendo que el país sea su cárcel y no su refugio.

Y si luego de escracharlos el kiosquero decide no venderles, el taxista decide no llevarlos, el panadero elige no atenderlos, el diariero les niega el diario, los vecinos lo repudian, volverán a ser ante los ojos del barrio los represores que nunca dejaron de ser y al día siguiente se multiplicará la lucha.

¿Qué es la mesa de Escrache Popular?

Es un colectivo de trabajo que se formó hace ya más de un año en La Plata, que tiene como objetivo laburar juntos el no olvido, teniendo en cuenta que los genocidas de ayer y sus cómplices son los que siguen cumpliendo funciones hoy, en la policía de gatillo fácil y en la política de miseria y exclusión. Conformar una Mesa de Escrache Popular es hacer que el Escrache no tenga dueño, y que sea el trabajo y la acción concreta lo que nos reúna.

Las puertas están abiertasa todos aquellos que tengan ganas de construir el espacio: movimientos, asambleas barriales, gremios, paridos, ámbitos culturales o personas sueltas.

Reuniones: Martes 19 hs. en Galpón Sur 57 e/ 21 y 22 – casa amarilla.-

hijoslaplata@hotmail.com


 «La lucha que nos parió» (Programa radial)

-HIJOS que hacen memoria-

Jueves de 22 a 24 hs. – Radio Futura 90.5

Sábados de 13 a 14 hs. – Radio Universidad 107.5

laluchaquenospario@hotmail.com


 Criminalización de la protesta social

Ex – Trabajadores de YPF y Petro. Gral. Moscón

Siete integrantes de la Mesa Nacional de Ex trabajadores de YPF y Gas del Estado están procesados desde noviembre del 2003 con causas de 3 a 10 años por realizar cortes en los accesos a Repsol en reclamo de las acciones que les pertenecen por ley.

Crónica de una estafa

La ley de reforma del estado (23.026) contiene la claúsula de Propiedad Participativa, por la cual el 10% de las acciones de la empresa son de los trabajadores. Cuando se privatiza YPF, Repsol compra las acciones en litigio fraudulentamente. Entonces los trabajadores demandan al Estado.

Los ex trabajadores y el gobierno acordaron el pago de $60.000 por la deuda y que Petroquímica Mosconi (PM) se incorpore al acuerdo. A pesar de las esto, el 05/05/03, el decreto 1077 del Ministerio de Economía deja afuera a PM y fija la suma en $39.000. Aunque el monto real descendía a $17.000. Los Ex trabajadores repudian el decreto y lo impugnan a nivel legal.

En noviembre del 2003 hacen nuevo corte en Ensenada. En ese momento, el Ministro del Interior en conferencia de prensa, ofrece $39.300 por las acciones y la incorporación al acuerdo de P. Mosconi. El 1° de diciembre, el entonces Secretario Gral. de la Presidencia, Parrilli, convoca a los ex-trabajadores de YPF y Gas del estado y ratifica el anuncio. Estos deliberan y aceptan la propuesta. Luego de la asamblea, cuando iban llegando a sus casas, siete de ellos son detenidos: Reinaldo Oscar Giles, Jorge Germán, Roberto Carlos Burgos, Carlos Alfredo Gonzalez, Daniel Seoane, Tránsito Osorio y Juan Carlos Bertoluccio. Los fiscales Gómez y Viviana Ramos ordenaron la detención debido a la denuncia de Repsol por el desvío de sus camiones. A su vez, el Ministerio de Economía anula lo anunciado por la Presidencia, a través de Fernandez y Parrilli. Se sigue adelante con el decreto 1077. Ante esto la CTA realiza una movilización y conferencia de prensa, con el apoyo activo de varias organizaciones populares, donde exigen y consiguen la libertad de los detenidos.

Los fiscales piden el juicio oral y público para los procesados. El juez Guillermio Atencio cambia la carátula de la causa, a la que corresponden las penas de entre 3 y 10 años, señalando que los manifestantes, en el corte en cuestión, llevaban explosivos, elementos químicos y atemorizaron a al población con provocar caos o un incendio.

Acusaciones de las que no existe evidencia. Dentro de la causa, hay informes policiales que señalan un «comportamiento ejemplar» de los manifestantes y que no hubo ninguna situación fuera de lo normal. Los bomberos coinciden en que no hubo ningún tipo de problema.

Además, existe el precedente judicial donde los fiscales Violini y Aspro consideraron el corte a los accesos a Repsol del 21/01/03 como una falta en el tránsito y determinaron que no hubo delito.

En cuanto a las causas, el artículo 211 exige el juicio oral y público, aunque existe la posibilidad que la cámara no de lugar y se absuelva a los procesados.

Los integrantes de la Mesa Nacional, en diálogo con Redacción, señalaron: «En vez de sentar en el banco de los acusados a los verdaderos culpables, Lavagna y Duhalde, que estafan a los de YPF y nos roban a los de Mosconi, estamos en peligro de ser encarcelados. Siemrpe estuvimos en lucha, nos despidieron, no nos pagaron lo que nos corresponde, nos estafaron, nos robaron y por reclamar lo que dice la ley estamos siendo procesados.»

Cada vez más, aparecen casos en que la justicia cataloga como delitos a hechos que son parte de protestas sociales por causas justas. Sin embargo parece que nadie recuerda que la Constitución Nacional contempla en sus artículos 14 y 14 bis el derecho a la protesta, al librepensamiento y a la libre asociación; así tampoco ningún fiscal actúa de oficio cuando en el país no se cumplen derechos tan básicos como al trabajo.

El deber de los magistrados es actuar conforme al espíritu de la constitución; y no, el de escudriñar el código penal para encontrar figuras que transformen la protesta en delito, con el fin de ponerse a tono del momento político.

El caso de los ex trabajadores es un nefasto precedente en que se intenta procesar a luchadores, es un paso más en la criminalización de la protesta, que sólo retrocederá con la movilización popular.


 No a la prohibición de la protesta

Autoconvocados

Se conformó en la región de La Plata, Berisso y Ensenada el espacio «Autoconvocados contra la criminalización de la protesta y por la amnistía». Es un espacio de coordinación entre distintas organizaciones gremiales, populares, políticas, estudiantiles, de derechos humanos, organismos varios y también adhesiones de diputados, concejales, etc.

Se propone luchar contra la criminalización de la protesta y el procesamiento por causas políticas; aprobar el petitorio nacional elaborado por los autoconvocados de Capital Federal; conformar comisiones para el relevamiento de los procesados de la región y para realizar actividades

En la conferencia de prensa realizada en el Café de Las Artes el pasado 10 de agosto, lanzaron la Campaña Nacional de Autoconvocados contra la criminalización de la protesta social y por la Amnistía o desprocesamento de los luchadores populares. Llaman a todas las organizaciones populares a sumarse.

Las reuniones se realizan en la sede del Sindicato de Judiciales, en calle 50 N° 712 e/ 9 y 10, todos los jueves a las 18 hs.


 Lucha a pesar de los aprietes

ESTUDIANTES SECUNDARIOS

Una estudiante de segundo año de polimodal del Colegio Vergara de La Plata recibió en los últimos dos meses varias amenazas relacionadas con su participación en el centro de estudiantes y en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CES) la cual viene llevando adelante movilizaciones por la reducción de la tarifa en el boleto estudiantil y por las becas. «Después de cada marcha de la CES se le hicieron amenazas; le dicen que la van a matar, que le van a mandar la policía (…) que se deje de joder», sostuvo el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) que asesora legalmente a la familia de la estudiante.

Los intentos de atemorización coinciden con la fuerza creciente que viene teniendo la CES y el incremento de sus miembros, así como la continuidad en los reclamos por un educación pública laica y gratuita. La última amenaza fue el 20 de agosto, un día antes de que se realizara el plenario de la CES, el cual fue muy concurrido. Como respuesta ante las amenazas, la CES realizó el pasado viernes 27 de agosto a las 13: 30 hs. una conferencia de prensa con corte de calle enfrente al Colegio Vergara ubicado en 4 y 35 de la ciudad de La Plata.

Además de la intensa actividad que viene desarrollando la CES en lo que va del año, en este momento está organizando la marcha del 16 de Septiembre, en la que se cumplen 28 años de la desaparición de dirigentes estudiantiles, hecho conocido como «La noche de los lápices». También tienen planeado realizar una fiesta, un ciclo de cine y seguir incrementando la participación.

«Este no es un hecho aislado, sino que es una política que se vienen dando desde el gobierno, como se ve en el incendio de la casa de los militantes de MILES, en los 2000 casos de gatillo fácil, en los 4000 luchadores populares procesados. Por eso, más allá de quién halla hecho las amenazas, nosotros responsabilizamos al gobierno y a la policía por la integridad física de nuestra compañera» señaló Franco, estudiante del Colegio Manuel Belgrano de La Plata y miembro de la CES.


 %7ta recibió en los últimos dos meses varias amenazas relacionadas con su participación en el centro de estudiantes y en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CES) la cual viene llevando adelante movilizaciones por la reducción de la tarifa en el boleto estudiantil y por las becas. «Después de cada marcha de la CES se le hicieron amenazas; le dicen que la van a matar, que le van a mandar la policía (…) que se deje de joder», sostuvo el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) que asesora legalmente a la familia de la estudiante.

Los intentos de atemorización coinciden con la fuerza creciente que viene teniendo la CES y el incremento de sus miembros, así como la continuidad en los reclamos por un educación pública laica y gratuita. La última amenaza fue el 20 de agosto, un día antes de que se realizara el plenario de la CES, el cual fue muy concurrido. Como respuesta ante las amenazas, la CES realizó el pasado viernes 27 de agosto a las 13: 30 hs. una conferencia de prensa con corte de calle enfrente al Colegio Vergara ubicado en 4 y 35 de la ciudad de La Plata.

Además de la intensa actividad que viene desarrollando la CES en lo que va del año, en este momento está organizando la marcha del 16 de Septiembre, en la que se cumplen 28 años de la desaparición de dirigentes estudiantiles, he del establecimiento, bajo la excusa de ser un «documento público» y para investigar «si estaba todo en orden». De esta manera era violado el espacio único espacio democrático de representación estudiantil. La jueza de menores Blanca Lasca estuvo al frente del desalojo, obligando con las fuerzas policiales a que los estudiantes se «identifiquen», mostrando sus DNI.

Hasta que no finalice la investigación, el problema con el ISER no puede volver a ser tratado. Sin embargo, el centro de estudiantes, continúa con la lucha, para demostrar que «no se van a quedar tranquilos y que no se conforman con eso», buscando también, junto con los estudiantes del ISER, un edificio único para ellos. La lucha actual del centro de estudiantes de la media 14, se enmarca en impedir que la directora no pueda volver a ejercer en ningún otro establecimiento educativo.


 Amenazas y atentado

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

En el marco del hostigamiento que vienen sufriendo las organizaciones populares, Gabriel Merino y Catalina Caminos, alumnos de sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y militantes de la agrupación estudiantil Utopía, han sido objeto en los últimos días de un atentado contra su domicilio, así como una amenaza de muerte vinculada explícitamente con su actividad política.

En la madrugada del 22 de julio el departamento ubicado en diagonal 74 y….. en el que vivían apareció incendiado y reducido a cenizas, luego de haberse realizado allí una reunión de la Mesa Nacional del Movimiento Independiente Latinoamericanista Estudiantil (MILES) del cual Utopía forma parte. El hecho se produjo en el lapso de dos horas en que sus habitantes habían salido.

Existen evidentes indicios de que el incendio haya sido provocado intencionalmente: por un lado, la pericia del Cuartel de Bomberos de la ciudad de La Plata descartó que el causal del mismo fuera resultante del un accidente o cortocircuito. Por el otro, las víctimas del hecho señalaron que al entrar en el lugar había un fuerte olor a combustible y que la ventana de la habitación donde se iniciaron las llamas estaba rota desde afuera por el impacto del objeto que causo el fuego. Además, se encontraron restos de un colchón con combustible que desaparecieron del departamento al día siguiente.

Los ataques continuaron días después: el jueves 29 de julio, la cartelera que utiliza Utopía en la faculta recireció destrozada, la mesa de la agrupación desapareció y Gabriel fue amenazado de a través de un llamado anónimo recibido por su madre en el que le advertían «decíle a tu hijo que se deje de joder o lo vamos a cagar a cuchillazos» Respecto de estos hechos, se radicó una denuncia en la Oficina de Denuncias de la Fiscalía General Departamental donde consta la amenaza de muerte y la relación que mantiene con los atentados.

Como consecuencia del incendio, Merino y Caminos perdieron un 80 por ciento de sus pertenencias, además, el departamento donde vivían quedó inhabitable. Para poder contrarrestar estas pérdidas y recaudar fondos, realizaron una fiesta en la Facultad de Humanidades el sábado 27 de agosto y realizarán un Festival del cual participarán importantes bandas en el mes de septiembre.

Una gran cantidad de agrupaciones universitarias se solidarizaron con los militantes de Utopía en repudio a estos hechos que atentan en contra de los sectores organizados. A esta lista, se sumaron el Departamento de Sociología, el Decanato y el Consejo Académico de la Facultad de Humanidades de la UNLP.

Por su parte, MILES en un comunicado de prensa señalo: «hoy nos tocó a nosotros, ayer a otros y la respuesta más acertada ante las amenazas es seguir fortaleciendo la construcción de las distintas organizaciones y avanzar hacia la unidad del campo popular».


 Preso por luchar

Gabriel Roser

El día 24 de abril, Marcelo Rodolfo Toni, ex comisario de la comisaría 6°, se presenta en la Comisaría 6° de Ringuelet y denuncia que le han robado el supermercado de su propiedad a mano armada. Presentará un testigo: Regueira, puntero del PJ en un comedor de Ringuelet, ubicado a unas 10 cuadras del comedor del MUP en el que colaboraba Gabriel Roser.

Es el mismo ex-comisario Toni el que, por medio de una carpeta de archivo de la policía bonaerense, reconoce por foto a Gabriel como al principal autor del robo a su supermercado»¦ Roser no tenía hasta ese momento causa penal alguna, ni ningún tipo de antecedente. Las carpetas con fotografías se arman en las comisarías poniendo como excusa el «doble A», averiguación de antecendentes. Así en muchos barrios fotografían a los pibes y les arman carpetas como sumarios, en una especie de «plan preventivo» del delito.

El fiscal Oscar Martini ordena el allanamientodelacasa de Gabriel, que conlinda al comedor del MUP. Como ahorrando tiempo, la bonaerense allana su casa sin encontrar arma alguna, para retirarse destrozando el comedor de las familias de los y las trabajadoras desocupadas de Ringuelet. No importa. Toni, en rueda de reconocimiento, al ver a Gabriel comenta: «es ese piquetero de mierda», y hace alusión al padre de Roser, militante sindical detenido-desaparecido en la última dictadura. El 29 de abril Roser queda detenido.

A dies días de la detensión, el juez De Aspo dicta la prisión preventiva para Gabriel Roser; es así que de la 6° de Ringuelet fue trasladado a Brandsen, y de Brandsen a la Unidad n°30 del Servicio Penintenciario de Magdalena.

La causa por la cual se le imputa el delito de robo a mano armada, contiene un sin fin de irregularidades. La preventiva se dicta con las pruebas aportadas por el fiscal, que constan en el testimonio del policía comerciante y del puntero del PJ, aunque está en duda inclusive la utilización por parte de los asaltantes, de armas de fuego, ya que no se encontró ningún casquillo de bala en las inmediaciones del supermercado. Los testigos por la defensa no fueron llamados a declarar, las cedulas de notificación no llegan a donde viven los testigos sino a casas de vecinos, por lo que el fiscal plantea que no hay testigos en la causa por la defensa, siendo que en su momento se habían presentado vota reciamente.

Entre los acusado de cometer el robo junto a Gabriel, se encuentra un menor que al momento del ilícito se encontraba detenido en otra dependencia policíal, lo que pone en evidencia que las culpas estaban repartidas de ante mano.

La propuesta de la defensa es oponerse a la elevación de la causa a juicio porque no ha sido completada la investigación preparatoria. La defensa alega que «la policía bonaerense tenía sindicadas como autores del hecho prácticamente antes que este se hubiera producido». Recien dos días despues de la primera denuncia, Marcelo Rodolfo Toni se presenta como empleado policial de la Policía Bonaerense. Además indica que es policía del comisaría 6ta y que por tal carácter conoce a los autores del hecho.

En el marco del reconocimiento de los detenidos, Marcelo Toni identifica a «Timoteo» como de unos «22 o 23 años», a un tal «Rossi» de unos «25 años» y un tal «EL Chino»; llamativo y curioso es el conocimiento de los detenidos. La fiscalía otorga credito absoluto a semejante desparpajo y de esta manera los imputados entran inmediatamente en la causa.

En paralelo, la tarde del 28 de julio, se produce un allanamiento dictado por Martini, fiscal de la causa de Roser, a la pensión en la que vive la encargada del área de Derechos Humanos del MUP. La causa por la cual se lleva adelante el allanamiento no guarda ningún tipo de relación formal con la causa de Roser; sino que fue motivado por una causa del dueño de la pensión por uso de armas que tiene 4 años de antiguedad. Además de allanarse la pieza del dueño de la pensión, se allana la pieza de la compañera del MUP. De allí se llevan material del MUP, fotos, comuncados de prensa y todo tipo de materiales.

«Nosotros no queremos dejar de vincular una cosa con la otra, más teniendo en cuenta que es el mismo fiscal, Martini, quien ordena la detención de Gabriel y el allanamiento en la pensión de calle 11», señalaron integrantes del MUP a RedAcción. La compañera de DDHH es la que participaba de las reuniones por Roser, la cara pública, la que mantenía reuniones con los abogados, hacía las vicitas en la comisaría, etc. «Es un ataque directo, sin duda. El dueño de la pensión había corrido a un inquilino, que no pagaba, a los tiros; pero la habitación en la que estaba la compañera, ni siquiera era la que había ocupado ese inquilino. El fiscal, evidentemente, aprobechando que la compañera vivía en amente.

Entre los acusado de cometer el robo junto a Gabriel, se encuentra un menor que al momento del ilícito se encontraba detenido en otra dependencia policíal, lo que pone en evidencia que las culpas estaban repartidas de ante mano.

La propuesta de la defensa es oponerse a la elevación de la causa a juicio porque no ha sido completada la investigación preparatoria. La defensa alega que «la policía bonaerense tenía sindicadas como autores del hecho prácticamente antes que este se hubiera producido». Recien dos días despues de la primera denuncia, Marcelo Rodolfo Toni se presenta como empleado policial de la Policía Bonaerense. Además indica que es policía del comisaría 6ta y que por tal carácter conoce a los autores del hecho.

En el marco del reconocimiento de los detenidos, Marcelo Toni identifica a «Timoteo» como de unos «22 o 23 años», a un tal «Rossi» de unos «25 años» y un tal «EL Chino»; llamativo y curioso es el conocimiento de los detenidos. La fiscalía otorga credito absoluto a semejante desparpajo y de esta manera los imputados entran inmediatamente en la causa.

En paralelo, la tarde del 28 de julio, se produce un allanamiento dictado por Martini, fiscal de la causa de Roser, a la pensión en la que vive la encargada del área de Derechos Humanos del MUP. La causa por la cual se ll la Municipalidad, fue una mínima partida de pequeños juguetes fallados de la empresa Mc Donald’s.

Mientras la columna de no más de cincuenta manifestantes se apostaba a un costado del Camino Centenario, dos integrantes mujeres ingresaron al hipermercado para mantener una negociación con los directivos del local, instancia que había sido pactada de antemano. Al mismo tiempo, se montaba un importante operativo de seguridad.

Desde la llegada del grupo al hipermercado, hubo provocaciones constantes por parte de la policía. Pasado el mediodía, mientras los manifestantes se encontraban sobre una de las entradas Carrefour a la espera de una respuesta, la policía embistió con un patrullero a uno de los manifestantes de tan sólo quince años, que logró salvar su vida «por apenas unos pocos centímetros», según señalaron integrantes de la CTD. A gran velocidad una camioneta de la policía quizo ingresar al hipermercado por la única entrada que la CTD mantenía bloqueada.

«Los gestos de provocación de la policía, formaban parte de una estrategia para incitar a los manifestantes a tener alguna reacción y, de este modo, justificar la represión», declararon integrantes de la CTD.

Efectivos policiales que se encontraban en el interior del hipermercado salieron a acompañar el ataque. La medida de los manifestantes fue el repliegue hacia Camino Centenario y la defensa, queriendo evitar una confrontación aún más violenta. De igual manera, el ataque derivó en una persecución personalizada contra el encargado de seguridad de la Coordinadora, y responsable de la copa de leche «Artigas» Los Hornos -, quien fue brutalmente golpeado por varios oficiales de manera simultánea; provocandole heridas graves en la cabeza, piernas y boca. Fue trasladado al Hospital Gutierres y posteriomente detenido junto a otros dos manifestantes, uno de ellos menores. Luego fueron derivados a la Comisaría 6º de Tolosa, quedando a disposición del fiscal Oscar Martini, que también está encargado de la causa de Gabriel Roser.

El saldo de esta jornada fue de varios heridos, 3 detenidos y dos causas penales para los que habían ido a pedir juguetes en el día del niño a las puertas de una de las cadenas de supermercados más grande en el país. La represión sufrida «forma parte de un proceso de hostigamiento a los luchadores sociales que está llevando a cabo este gobierno», señalaron desde la CTD.

«Nosotros no tenemos nada y le damos la leche a los pibes, ellos tienen todo y no hace nada», afirmó Ricardo, detenido durante la medida en Carrefour, para quien en sus declaraciones, el camino sigue siendo la movilización y el trabajo en los barrios.


 Organismos de DDHH

>> Comité contra la tortura

El Comité Contra la Tortura recibe denuncias sobre torturas y apremios ilegales producidas en cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Funciona en la Comisión Provincial por la Memoria (54 N° 487 entre 4 y 5, tel: (0221) 483 1737

>> APDH

La Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre recibe todo tipo de denuncias y brinda asesoramiento legal gratuito de lunes a viernes entre las 13. Funciona en la calle 48 N°632, piso 6 oficinas 79-80, Tel (0221) 482 0595, e-mail asamblea@lpsat.com.ar y www.apdhlaplata.com.ar

>> CeProDH

Centro de profesionales por los derechos humanos está trabajando como parte querellante en la causa contra los milicos junto con la asociación ex detenidos, en la defensa de 9 de los presos en la legislatura. Son parte de la defensa de Zanón. Participan de autoconvocados. Reciben todo tipo de denuncias relacionadas con violaciones de los DDHH.
www.ceprodh.org / correo: ceprodh@hotmail.com




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