«Las intimidaciones no son sólo contra testigos en causas contra los genocidas»
Movilización del Frente Popular Darío Santillán y organismos de Derechos Humanos al Ministerio del Interior para presentar un informe de hechos de persecución y agresiones a militantes populares en los últimos meses. Entre ellos figuran los casos de Carlos Leiva, miembro del MTD Lanús, Ramiro González de HIJOS y Rubén Sobrero, sindicalista ferroviario, que según denunciaron los manifestantes «dejan en evidencia la realización de tareas de inteligencia sobre dichas organizaciones o dirigentes populares».
Ayer, jueves 22 de marzo, el Frente Popular Darío Santillán junto a otras organizaciones del Espacio Memoria Verdad y Justicia, se movilizaron al Ministerio del Interior para presentar un informe con casos documentados de amenazas e intimidaciones a militantes populares, entre ellos la denuncia de lo sucedido a Carlos Leiva del MTD Lanús, quien el pasado viernes 2 de marzo fue secuestrado por siete horas, interrogado y se le realizó un simulacro de fusilamiento.
A las 16 estaba prevista la marcha desde el Cabildo hacia el Ministerio, pero el vallado policial impidió que los manifestantes llegaran a las puertas del mismo. De todas formas, Carlos Leiva pudo acceder, pero fue recibido por funcionarios que tomaron las denuncias, ya que el ministro Aníbal Fernández «estaba reunido en Casa de Gobierno».
Al salir del Ministerio, Leiva relató esa situación, y luego Pablo Solana, del Frente Popular Darío Santillán hizo referencia a los casos señalados en ese informe, como el de Ramiro González, militante de la agrupación HIJOS, quien en octubre de 2006 fue secuestrado por dos horas, y Rubén Sobrero, dirigente sindical ferroviario del Movimiento Intersindical Clasista, golpeado en diciembre pasado.
Solana destacó que ni Leiva, ni González, ni Sobrero son testigos en causas contra represores, para dejar en claro que «la metodología del secuestro, golpizas y amenazas a militantes populares no se limita a la vinculación directa que pudiera establecerse con juicios a represores del pasado».
Próximo a conmemorarse otro aniversario del golpe de Estado, el Gobierno hace oídos sordos a los reclamos de Derechos Humanos.
