17/03/2007

Presos políticos paraguayos: el Estado argentino sigue la línea de Aníbal Fernández

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En una semana en la que los derechos humanos se imponen como centro de la agenda pública por acercarse otro 24 de marzo, un caso resuena y mete presión a la política oficial: los presos políticos paraguayos. Los seis militantes del partido paraguayo Patria Libre fueron detenidos en mayo de 2006 en Argentina. En diciembre el juez Ariel Lijo dictó la extradición. Actualmente la Corte Suprema de la Nación tiene el caso en sus manos. Reproducimos un artículo de Claudia Korol en el que se analiza el caso y se describe la militarización que está sufriendo el pueblo de Paraguay.


El motivo de la detención: se los acusó de haber intervenido del secuestro de Cecilia Cubas. Pero detrás de la causa judicial montada está la promesa del presidente Nicanor Duarte Frutos de «aniquilar los últimos residuos del Partido Patria Libre» y su alianza militar con los EE.UU. El «ajuste de cuentas entre la oligarquía mafiosa paraguaya» que provocó la muerte de Cecilia Cubas es la excusa para el pedido de extradición de los seis militantes populares. Aquí, en Argentina, el poder político de Paraguay presiona mediante reuniones con Juan Carlos Blumberg, el juez Ariel Lijo y con el ministro Aníbal Fernández.

Los militantes detenidos aguardan que la Corte Suprema falle en contra de la extradición. Aun así el refugio político estaría casi denegado, pues el ministro del Interior Aníbal Fernández (de quien depende el Comité de Elegibilidad para los Refugiados) ya se ha manifestado en contra. El siguiente artículo de Claudia Korol explica lo que sucede con este caso y por qué hay graves violaciones a los derechos humanos por el actual trato de estos luchadores sociales.

Por Claudia Korol

El siguiente fragmento lo escribió hace pocos meses el militante de derechos humanos de Paraguay Martín Almada, víctima del Operativo Cóndor y quien descubre los Archivos del Terror que testimonian los hechos delictivos cometidos por las dictaduras de los Estados Terroristas del Cono Sur de América Latina, bajo la dirección del gobierno de EE.UU.

«El terrorismo de Estado paraguayo lleva hasta hoy impresa las huellas digitales de la dictadura militar de Stroessner. Estos compatriotas cometieron la osadía de reclamar el cambio. El gobierno de Nicanor Duarte Frutos no sabe interpretar los signos de los tiempos; por eso arremete con furia contra estos valientes compañeros. Ellos reclamaron con justicia transparencia, participación y mejor distribución de la riqueza. La respuesta fue la persecución política a pesar de haber sido declarados inocentes por el Juez Penal más respetado del Paraguay, por su solvencia moral e intelectual, Dr. Pedro Mayor Martínez. En el Paraguay tenemos hoy un gobierno fascista que no ofrece ninguna garantía a los extraditables líderes campesinos porque saca a las calles tanto al Ejército o como a la Policía, le gusta bañarse de sangre y revolverse en el discurso democrático. Penaliza las protestas sociales y legitima la violencia. Usted al conceder la extradición por lo visto no tuvo en cuenta nuestros argumentos sino una vez más las razones de los poderosos».

Esta carta, dirigida al juez argentino Ariel Lijo, tenía como objetivo denunciar el significado de su decisión de extraditar a los seis militantes populares paraguayos, que están presos en Argentina. Ellos son Agustín Acosta González, Roque Rodríguez Torales, Basiliano Cardozo Jiménez, Arístides Vera Silguero, Simeon Bordon Salinas y Gustavo Lezcano Espinola. Están acusados del secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas Grau. Un secuestro que, como tantos otros crímenes que sacuden a ese país, es producto de los ajustes de cuentas entre las distintas fracciones del poder local. Sólo que en esta ocasión, ha servido como excusa para desatar una intensa campaña de persecución contra el Partido Patria Libre de Paraguay, y contra todo el movimiento campesino.

Los seis militantes populares paraguayos llegaron a la Argentina confiados en el discurso de un presidente que intenta presentarse ante el mundo como defensor de los derechos humanos. En la misma oficina del CEPARE (Comité de Elegibilidad para los Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior) fueron detenidos la mayoría de ellos, a donde fueron a solicitar el refugio. Según informa FIDELA (Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina), organismo de derechos humanos a cargo de su defensa, cuando recurrieron al CEPARE éste les expidió un certificado provisorio de reclamantes de refugio: «Cuando el gobierno paraguayo se anoticia de este pedido se apresura y, a través de un tribunal incompetente, en franca violación a garantías constitucionales esenciales, dicta la prisión preventiva de todos ellos, en el marco de una causa judicial absolutamente irregular, presionando inmediatamente al gobierno argentino para que sean expulsados».

El CEPARE cita para el día 2 de mayo a dos solicitantes de asilo, que fueron acompañados por un tercer compañero. Allí ingresa la policía con la orden de INTERPOL y arrestan a los 3 dentro del CEPARE. A otros dos los detienen en una modesta casa de Florencio Varela, teniéndolos más de dos horas en el piso sometidos a insultos, golpes y patadas. Y al último, cerca de su lugar de trabajo, a cientos de kilómetros, con helicópteros y sobreactuación en la detención, con Crónica T.V. incluida. Ya detenidos en el penal de «Devoto», les notifican que el 2 de mayo el CEPARE (en tiempo récord) había resuelto denegar la solicitud de refugio político para todos ellos. El argumento principal utilizado es que Paraguay es un país democrático, donde rige el Estado de derecho, lo que permite pensar en la legitimidad de los actos de Gobierno, incluido el Poder Judicial. Posteriormente, el juez Ariel Lijo ha resuelto su extradición al Paraguay.

La abogada paraguaya Raquel Talavera, escribió en una carta abierta: «No conocieron, no secuestraron y menos mataron a Cecilia Cubas. Su pecado fue participar el 13 de enero del 2005 en una reunión política del Partido Patria Libre. Un testigo falso pagado, Dionisio Olazar, hizo que la Fiscalía los incluyera primero por omisión de aviso, y con la misma declaración los acusaron posteriormente de homicidio y secuestro. Excusa perfecta para la militarización del campo. Más persecuciones a organizaciones campesinas y sociales, ¡ah! y con ayuda de militares norteamericanos por supuesto para colaborar con la represión, digo, con la investigación».

Raquel Talavera llama así la atención sobre dos elementos que son parte de la política opresiva y represiva del régimen de Duarte Frutos: la militarización del campo, y la persecución a las organizaciones populares, que se desarrolla como parte de los esfuerzos que intentan colocar al Paraguay como base de las acciones norteamericanas de control militar directo de nuestro continente. Vale recordar que el decreto 167 del presidente Nicanor Duarte Frutos legalizó la presencia militar y paramilitar en las áreas rurales, ante las dificultades de la policía para contener las luchas campesinas. El militarismo tiene varias caras, con agentes estatales, agencias privadas, y paramilitares. Cada cual responde a distintas fracciones del poder, lo que hace que el país avance en una acelerada espiral de violencia, en la que es difícil identificar los autores de cada hecho particular.

La militarización en Paraguay: una amenaza a todo el continente

Entre los días 15 y 20 de julio del 2006, participé de la Misión de Observación de la CADA (Campaña por la Desmilitarización de las Américas), que se desarrolló en Paraguay, integrada por distintos organismos de derechos humanos de América Latina, intelectuales y periodistas. El informe producido por la CADA señala entre sus conclusiones: «La militarización en el campo parece estarse agravando rápidamente desde el año 2003, en que fue emitido el Decreto 167 que autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con la Policía nacional. Recibimos denuncias sobre ocupación militar de tierras y locales de las organizaciones campesinas»¦ Las denuncias competen a la actuación de los cuerpos de seguridad constitucionales (ejército y policía) y a los Consejos de Seguridad Ciudadana, creados recientemente por el Ministerio del Interior, que son cuerpos combinados policíaco-militares. Son estos cuerpos los señalados como autores de las represiones, desalojos, violaciones e incluso asesinatos de dirigentes y miembros de las organizaciones campesinas»¦ La extensión del latifundio y de la frontera sojera se señala como motivo del desalojo de los campesinos».

En este contexto es que el secuestro de Cecilia Cubas fue la excusa para desatar una sistemática persecución dirigida contra el movimiento campesino y contra el partido Patria Libre. El presidente paraguayo, hizo explícito este objetivo, cuando en febrero de este año expresó que no pararía «hasta aniquilar los últimos residuos del Partido Patria Libre».

La Misión de la CADA se entrevistó, entre otros, con el Obispo de la Diócesis de Concepción, Pablo Cáceres, quien aseguró que la mayoría de los detenidos en distintos lugares del país, acusados de «guerrilleros» o «terroristas» son campesinos honestos que él conoce bien, y que en realidad no existe ninguna guerrilla, pero sí la persecución al movimiento campesino montada tras esta excusa.

Es parte de esta situación la acción militar norteamericana, tendiente a colocar a Paraguay, como base para sus políticas territoriales de control del continente. En el llamado Informe Craddock, realizado por el General Bantz J. Craddock, Comandante del Comando Sur del Ejército de los EE.UU el 14 de marzo del 2006 ante el Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU., al referirse al Paraguay señala: «El gobierno de Paraguay reconoce las amenazas existentes en estos espacios de región fronteriza sin presencia gubernamental, y está trabajando para asegurar esos espacios. Para apoyar estos esfuerzos, las unidades de operaciones especiales americanas han dirigido entrenamiento conjunto con las unidades contra-terroristas paraguayas, que también aumentaron la interoperabilidad con las unidades contra-terroristas americanas. También hemos dirigido numerosos ejercicios «Medical Readiness Training Exercises» (MEDRETEs) en Paraguay, para ayudar al entrenamiento de nuestras tropas médicas y apoyar las necesidades médicas paraguayas».

Con un Mercosur convulsionado a partir de la incorporación de Venezuela, Paraguay es una pieza fundamental para desactivar las propuestas de integración regional que cuestionan la subordinación incondicional a la hegemonía norteamericana. Al mismo tiempo, la reactivación del movimiento popular (especialmente el campesino) en Paraguay, y su articulación alrededor de la candidatura del ex obispo Fernando Lugo, genera la oportunidad de desactivar o hacer retroceder la política continuista del Partido Colorado, y la corrupción del poder, llegándose hasta un abierto cuestionamiento al capitalismo neoliberal. No es casual por ello que las gestiones realizadas por la familia de Cecilia Cubas en Argentina, tendientes a presionar al poder judicial y al poder ejecutivo para lograr la extradición de los seis militantes populares, ha tenido el apoyo y sostén de Juan Carlos Blumberg, que acompañó a la madre de Cecilia Cubas, en sus entrevistas con el juez Ariel Lijo, y con el ministro Aníbal Fernández.

Evitar la extradición

En una carta escrita por los presos paraguayos en Argentina dirigida a las organizaciones de derechos humanos y movimientos populares de Argentina, en la que demandan la solidaridad frente a la decisión del extraditarlos, ellos señalan que «tenemos que dejar claro que el secuestro respondió a un ajuste de cuentas entre la oligarquía mafiosa paraguaya, donde Patria Libre fue el chivo expiatorio, pero al parecer esto no fue suficiente. Necesitaban aparentar la presencia de un grupo guerrillero, que se atribuyó también a miembros de Patria Libre, con algunas organizaciones campesinas, que fueron acusadas en su momento de crear zonas liberadas, excusa que sirvió para atropellar los asentamientos campesinos en todo el país en el 2005″.

Analizando su resolución, cerraba la carta al juez Ariel Lijo, el Premio Nobel Alternativo Martín Almada: «Usted con su resolución hizo mucho daño a la democracia paraguaya, también a la República Argentina, TIERRA DE ASILO. Su resolución, insanablemente nula, se encuadra perfectamente en la misma tónica del pacto criminal OPERATIVO CONDOR de la década del 70, con el beneplácito de Washington, en donde los militares del Cono Sur de América Latina pretendían amurallar conciencias, torturar y encarcelar a los civiles que reclamaban JUSTICIA Y LIBERTAD».

Efectivamente, la decisión de la extradición, no sólo será un fuerte golpe para el movimiento popular paraguayo. También en la medida que no logremos una importante movilización en Argentina significará un retroceso en relación a las políticas históricas de asilo y de solidaridad con los perseguidos políticos.

La responsabilidad del gobierno nacional es evidente, dado que es el que podría haber resuelto el refugio, en el momento en que fue solicitado (como lo hizo el gobierno de Lula en Brasil para los máximos dirigentes de Patria Libre), y quien todavía está a tiempo de revertir la extradición concediendo el pedido de asilo.

La solidaridad, significa no sólo contribuir a la defensa de los derechos humanos. Es también seguir desanudando la trama de la impunidad, impidiendo que se consolide la situación represiva en Paraguay, y que se utilice a los presos como chantaje en los procesos de movilización popular. En tal sentido, es necesario redoblar los esfuerzos para evitar la extradición de los militantes campesinos paraguayos, y para ayudar a remover la espina de la integración latinoamericana, que hoy está clavada en el corazón del Paraguay.



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