Desalojo a trabajadores de la planta textil recuperada Gatic-Pigué.
A mediados de agosto, luego de una fuerte represión con desalojo, los trabajadores aceptaron la mediación del Intendente local, Rubén Grenada (UCR) y los concejales del partido acordando que Grenada sea el depositario de las llaves de la planta. Sin embargo ahora está en manos de su dueño y los trabajadores en la calle, a la espera de algún tipo de solución.
El 12 de agosto pasado, 180 trabajadores de la planta Gatic Pigué, ubicada en la ruta provincial 33, en el Parque Industrial de Pigué, en la provincia de Buenos Aires, fueron desalojados violentamente por 200 efectivos de Infantería y de Caballería de la Policía Bonaerense tras la orden emitida por el juzgado de garantías N° 2, de Bahía Blanca a cargo de Pía Falbo de Solanas. El mandato judicial fue formulado en base a un reclamo que realizó la familia Bakchellian -original propietaria de la compañía- pero que lo extendió el supuesto inversionista, Guillermo Gotelli, cuyo mejor antecedente fue endeudar Alpargatas en u$s 600.000.000.
En principio los trabajadores se negaron a abandonar la planta y resistieron durante varias horas, exigiendo la presencia de la magistrada. Sin embargo optaron por que el Intendente mediara con la Policía a condición de que él mismo, conserve la llave de la fábrica.
«El 70 por ciento de los trabajadores son mujeres. Eso fue lo que nos hizo decidir por que el Intendente guarde la llave», manifestó Francisco Martínez, vocal.
Cinco días antes de la represión, el Movimiento de Empresas Recuperadas junto a los trabajadores tuvieron una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá y parte de su gabinete. En ella, los trabajadores manifestaron que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo para mantener los puestos de trabajo ante la situación comercial que atravesaba la empresa, y propusieron el funcionamiento en cooperativa para explotar las tres plantas que se encuentran en Pigué. La respuesta fue, el envío de la policía y el desalojo de los trabajadores de las instalaciones. Es la primera represión con desalojo a trabajadores ocupados que nunca habían recibido un telegrama de despido o suspensión.
Sin ir mas lejos, la denuncia de usurpación fue presentada el 23 de abril de 2004, en el juzgado de Pía Falbo de Solanas en Bahía Blanca, cuyo delito es caratularizado de carácter penal, sin embargo se esperó cinco meses para efectuar el desalojo, producido finalmente, el 12 de agosto pasado. La operación estaba planificada con anterioridad a la orden de desalojo.
Los 200 efectivos que salvajemente reprimieron a los trabajadores (pertenecientes a seccionales de Bahía Blanca, Azul y Saladillo), habían llegado dos días antes (a Pigué) de que la magistrada firmara la orden. «La decisión política estaba tomada. Esto es el avance de la derecha económica y política. EL mensaje es «NO», a la autogestión. Las empresas son para los empresarios a cualquier costo» manifestó un referente. Detrás de Gatic están las grandes corporaciones.
En Gatic Pigué están tres, de las nueve plantas que pertenece a la familia Bakchelián. La compañia es una de las textiles más grandes de Argentina. La misma se inauguró en la década del 60. Reconocida al momento en que se le otorgó la licencia de Adidas, Fila, Le Coq, La Gear y Open Start (cadena con 120 locales), entre otras, Gatic llegó a tener un plantel, a mediados del 80, de 6.500 trabajadores. Cuenta con nueve plantas distribuidas en distintas provincias, entre ellas, en la provincia de Buenos Aires: San Martín, Las Flores, León Suárez Pilar, Azul y Pigué, como también en Córdoba, La Rioja y Corrientes.
Feliz deuda
La familia Bakchellián, contrajo, durante el período de convertibilidad, una deuda de 900 millones de dólares con el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, la AFIP y los trabajadores, quienes estuvieron más de un año sin cobrar sueldo. Sin embargo cinco años atrás Backellián (padre) fue nombrado el empresario del año, cuya facturación ascendía a 300 millones de dólares-pesos al año. Pese a ello, sin resguardos, el Estado pesificó la deuda y mediante el concurso hizo una quita del 30 por ciento, por lo que la familia Bakchellián, debe pagar solamente 535 millones de pesos en un plazo de 10 años. Pese a lo adeudado con reducción del monto y los beneficios en la forma de pago, bajo el gobierno de Duhalde, Gatic recibió 14 millones de pesos en concepto de seguro de desempleo para los trabajadores. (Pero ello no correspondía, porque los trabajadores no eran desempleados). Tácitamente ese monto serviría para cancelar parte de la deuda que los Bakchelián contrajeron con los trabajadores, en un monto total de 70 millones de pesos. Sin contar que el año anterior, la AFIP, le había otorgado un crédito, a los Bakchellián, para conformar salarios por un monto de 12 millones de pesos. Sin embargo la empresa volvió a endeudarse en 140 millones más, que se acreditan como deuda post-concursal. Sin dudas, ello con el consentimiento de la justicia, dado que la ley no permite el endeudamiento post-concurso. A esa altura, los Bakchelián intentaron encubiertamente cerrar plantas, sin previa notificación a los trabajadores de la situación laboral. Gatic hace un año que está sin administración.
Para diciembre de 2003 apareció en escena Guillermo Gotelli como posible inversor en Gatic con un plan de alquiler de cuatro plantas: Pigué, Pilar, Las Flores y Coronel Suárez, así como de la cadena comercial Show Sport, perteneciente también a la familia. En medio de esa negociación los trabajadores de la planta San Martin 1, acordaron con los empresarios la conformidad para mantener la planta. Simultáneamente en conversaciones con el presidente de la Nación, Nestor Kirchner, se habría comprometido a «no entregar la empresa a los que los que fundieron el país» y que:»su único compromiso es con la clase trabajadora».
Sin embargo, un supuesto salvataje cerraría un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires con Indular Manufacturas SA, gerenciada por Guillermo Gotelli, por el cual el Estado le otorga, a través de un fideicomiso, las garantías para explotar la empresa Gatic. Lo que no se menciona es que el Guillermo Gotelli es un socio minoritario de la aseguradora estadounidense, Leucadia National Corporation, conocido fondo buitre, que se dedica a la adquisición de empresas a precios irrisorios. Bajo el gobierno menemista, Leucadia compró la Caja de Ahorro y Seguro, y vendió su parte al actual presidente de la bolsa de comercio, Julio Werthein, quien además, tiene acciones en Telefónica.
Asimismo Guillermo Gotelli es una figura que integra la Unión Industrial Argentina-UIA. Preside el Grupo Industriales (liderado por Techint), que dentro de la UIA es minoritario, pero tiene muy buena llegada al Gobierno, principalmente con los ministros Roberto Lavagna, Carlos Tomada y Julio De Vido. Además Gotelli, fue presidente del directorio de Alpargatas y es hoy uno de los representantes en la reunión de la mesa de salario. Su familia era dueña del desaparecido Banco de Italia.
En su plan, Gotelli tendría con Gatic el trato que tiene un inquilino: se haría cargo de los costos operativos de las plantas y no tendría que hacerse cargo de los 535 millones de deudas. Indular Manufacturas S.A, compraría los activos de hipotecas y prendas de un valor de 54 millones de dólares, en poder del fideicomiso del Banco Provincia, por sólo 8 millones de pesos. A causa de la denuncia de Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el empresario anunció que pagaría 25 millones de pesos.
Según el MNER, Indular desconoce la Ley de Contrato de Trabajo, que establece expresamente que una empresa al hacerse cargo de otra debe respetar la antigüedad y la categoría de los trabajadores de la empresa anterior. Además, tras la manifestación pública de Guillermo Gotelli, de: «tener el acuerdo con los trabajadores de las demás plantas», el MNER replicó que «hasta el momento no ha contratado ni a un solo trabajador de GATIC».
Sir ir más lejos, los mismos acreedores, el Banco Nación, el Banco Ciudad y la AFIP colocaron sus créditos en ese fideicomiso de Recuperación Crediticia para que el fondo buitre controle la mayor empresa textil argentina. Más increíble resulta que el fideicomiso del Banco Provincia les prestara una deuda de 54 millones que será cancelada con bonos de la deuda pública que cotizan a un 20 por ciento del valor nominal.
Gatic tiene un valor comercial, sin la cartera de clientes y la marca, de 80 millones de pesos. En principio el arreglo con Gotelli, sería un leasing de 120 millones de pesos a diez años, según manifestaron los empresarios, para «seguir operando, mantener el personal y pagar la deuda. Pero la deuda originaria era de 900 millones de dólares, reducida a casi 600 millones de pesos por los beneficios otorgados. Sobre ello, el MNER y los trabajadores denunciaron que bajo esa modalidad, Gotelli estaría exento de pagar los 415 millones de pesos restantes que Gatic debe a los acreedores. El canon anual no alcanza siquiera a cubrir el 75 por ciento de la deuda.
Según el MNER, el 80 por ciento de la deuda de Gatic es con el Estado y los trabajadores, porque los Bakchellian le deben 280 millones a la AFIP, 180 a los bancos oficiales y 70 millones» a sus ex empleados.
Pigué, corazón de Gatic
La mayoría de las plantas están paralizadas desde septiembre de 2003, a causa de la falta de pago a empleados y proveedores. En este proceso dejó a 6500 personas en la calle. La empresa adeuda entre salarios, indemnizaciones, vacaciones y aguinaldos un total de 70 millones de pesos.
En lo formal los Bakchellian siguen siendo los dueños de la empresa, pero cerraron la última de las fábricas en octubre de 2003. Tras su cierre, algunas plantas formaron cooperativas para autogestionar la producción con el respaldo del MNER.
Los trabajadores de la planta de Pigué, en julio de 2003, dejaron de percibir sueldos, pero ninguno fue removido de su cargo. En septiembre de 2003 Oscar Laurel delegado del Sindicato de Obreros de Caucho y Afines (Socaya) les informó: «muchachos vamos una semana a casa, porque vamos a tener un inversor». Pasaron tres semanas y los obreros no obtuvieron ningún aviso de su situación. Misteriosamente Laurel había abandonado la fábrica y había formado un micro-emprendimiento con maquinarias retiradas de la empresa sin ninguna autorización legal. Ante la incertidumbre de la situación, en enero de 2004, los trabajadores, se reunieron en asamblea y decidieron formar una cooperativa con asesoramiento del Movimiento de Empresas Recuperadas (MNER), imitando la experiencia de sus compañeros de la planta San Martin 1. Para ese entonces, los empresarios ya habían comenzado el proceso de vaciamiento, retirando maquinarias y computadoras. La planta de Pigüé es estratégica porque produce los insumos de telas para el resto de las plantas de la compañía. José Abelli, vicepresidente del MNER reveló que «de Pigüé sale el 80 por ciento de la materia prima que abastece al resto de las fábricas». La importancia de Pigué radica en que «tiene un valor agregado porque ésa es el núcleo de la firma, por eso el juez no avanzó en la rúbrica de la quiebra», expresó Daniel Moro, presidente de la Cooperativa de Trabajadores Textiles de Pigüé. En abril de este año, los trabajadores reiniciaron el trabajo presentando una nueva línea de zapatos, diseñada por ellos.
Asimismo, los trabajadores estaban en tratativas con la empresa Camuzzi Gas Pampeano para lograr la reconexión al servicio de gas, a fin de reactivar la producción en las plantas locales. A principios de abril, el magistrado los autorizó a gestionar la reconexión del servicio de gas natural, para que puedan poner en marcha las maquinarias, debido a que el servicio se encuentra cortado por falta de pago. Si bien los trabajadores reanudaron la producción en una de las plantas -la que se dedica a coser capelladas-, las otras dos necesitan del gas natural para poder funcionar, ya que allí se fabrica la materia prima con que se ponía en marcha el proceso productivo en Gatic. Por esa razón, las plantas pigüenses son consideradas vitales
Cuando la cooperativa comenzaba a cobrar impulso, los dueños hicieron la denuncia por usurpación. Sin embargo nunca fueron despedidos. La policía, comandada por el comisario Julio Ducid entró salvajemente, por una puerta trasera, a fuerza de gases, palos y balas de goma comenzando con la represión, sin que la orden de desalojo pudiera ser leída por los trabajadores. Una decena de personas sufrieron golpes y una persona tuvo que ser atendida en un hospital local. A causa de la dimensión represiva, Ducid, fue removido de su cargo.
Ante ello, los trabajadores presentaron una denuncia para revocar la medida. Sin embargo la llave fue entregada a su dueño. Hoy los obreros están en la calle y los empresarios adentro. «Es muy duro. Pero tenemos que seguir luchando. El apoyo de nuestras familias es lo que nos sostiene»… «Nosotros tenemos una frase: cultivar la firmeza del espíritu para que nos proteja de la adversidades repentinas», expresó Pedro Sánchez, vocal de Pigué.
Tal hecho se produjo al momento de que la planta de San Martin iba a transferir trabajo, dada la cantidad de producción, a la de Pigué. Mientras el conflicto se agrava, las otras plantas están aisladas por la burocracia sindical.
Refiriéndose a los medios y a la política del gobierno actual, Andrés Ruggieri, prosecretario de la Secretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras, que trabaja con un programa de investigación y asistencia a empresas recuperadas expresó: «cuando el gobierno dijo que no reprimiría la protesta social, eso sería siempre y cuando los medios no la difundan» y Francisco Martínez, lo ratificó enfatizando «es el primer paso de una decisión».
El conflicto nace en la planta de San Martin 1
La experiencia de la planta San Martin 1, sirvió de ejemplo para los trabajadores de Pigué.
Para el 2001, la debacle en la que se subsumía la empresa era total. Los obreros recibían un pago semanal de 100 pesos. Para ese entonces, muchos comenzaron además a recibir telegramas de despidos y se anunció a los trabajadores de la planta San Martin y Pilar que, que los números no cerraban, la empresa estaba endeudada y que se daría a la planta como forma de pago al gobierno. La mano derecha de la familia, anunció que la compañía se había presentado en convocatoria de acreedores, en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14, a cargo del juez Juan Manuel Gutiérrez Cabello
De la noche a la mañana la planta 1 de San Martin, se vació y trasladó a la de Pilar. «Nos cagaron. Lo único que sabíamos hacer era el calzado», pensaron los trabajadores. Nunca habían cortado una ruta, nunca organizado una manifestación, pero la necesidad los llevó a salir a la calle. Para ese entonces el Movimiento de Empresas Recuperadas (MNER), se acercó y les brindó asesoramiento. Armaron la cooperativa y presentaron un plan al Directorio de la empresa, manifestando que querían recuperar las maquinarias y funcionar bajo esa modalidad. Los empresarios aceptaron creyendo que los obreros no lo podrían llevar a cabo. Los trabajadores hicieron cursos de calzado y sacaron su primer diseño. A raíz de ese impulso y la gestión de los trabajadores, Bakchellian recibió un beneficio del gobierno de Duhalde de nueve millones de pesos en reintegro del Anses y se selló un acuerdo en el que debía retomar a 120 trabajadores despedidos, además de pagar el 25 por ciento adeudado. La promesa esgrimida por los empresarios fue pagar los sueldos adeudados a los trabajadores que aún no indemnizaron y a los que tienen en supuesta suspensión en un plazo de cinco años. Hace 20 años que gran proporción de los trabajadores no reciben jubilación, ni cobertura médica según relataron ellos mismos. Hasta el momento, los salarios nunca fueron pagados. En Abril de 2003, tras la debacle económica y la abultada deuda, hizo que la familia denunciara a los trabajadores por usurpación, pese a permitir la puesta en marcha de la producción por parte de los obreros. A partir de ese hecho, los trabajadores estuvieron cerca de diez meses en conflicto. «De acá no nos vamos. Ya lo hicieron en el 2001», recordaron los mismos.
Para ese entonces, los trabajadores de San Martin se habían conformado en la cooperativa Unidos por el Calzado, lo que les sirvió para defender la planta y mantener la fábrica en funcionamiento tras haber conseguido que el juez decretara, en ese entonces, la tenencia transitoria de la misma. Hoy son 240 trabajadores, que producen sin crédito alguno. Formaron una escuela de aprendizaje de calzado, una enfermería y un centro cultural. Abrieron 90 puestos de trabajo para jóvenes de entre 18 y 25 años. Y lograron vender 20.000 pares de calzados por mes y entre las marcas a las que trabajan esta Lewis y Alpargatas.
Ante tal situación, desde que se desató el conflicto, los trabajadores realizaron movilizaciones y gestiones intensas ante el juez del concurso, Juan Manuel Gutiérrez Cabello; ante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá; ante el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada; ante el presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Además, los trabajadores le presentaron al juez del concurso Gutiérrez Cabello un programa de Viabilidad para que las plantas sean rentables y cuya producción se ponga al servicio de la comunidad. Hasta el momento no obtuvieron respuesta.
Asimismo exigen que el empresario decrete la quiebra y la planta sea cedida a los trabajadores. Frente a ello, el sector empresarial ofreció una caución de 60.000 pesos para impedir la quiebra y permitir así el desalojo de los trabajadores de las plantas tomadas. «Sin acuerdo con todos los trabajadores, Gatic no se reabre», expresó José Abelli.
La propuesta presentada por el MNER, a las autoridades correspondientes, describen dos planes que se podría adoptar para que la empresa siga funcionando pero bajo la gestión obrera y las deudas sean saldadas. A su vez, los trabajadores de las cooperativas de Pigué y San Martín 1, elaboraron uno propio.
Aquí los reproducimos:
Propuesta I
Una vez rota la estafa que prepararon Gotelli, Bakchellian y Leucadia, inmediatamente se produciría la quiebra de Gatic.
Los trabajadores organizados en cooperativas autónomas en las nueve plantas de Gatic, dentro del marco de la Ley de Quiebras art.190, obtendrían la continuidad laboral, propuesta ya acordada con el Juez Gutiérrez Cabello.
Con la capitalización de los créditos privilegiados de los trabajadores y el acuerdo con el Estado, quien es poseedor de las hipotecas sobre los inmuebles y prendas sobre las maquinarias, se conformaría una cooperativa en cada una de las plantas.
Cada una de las plantas serían gestionadas por cooperativas de trabajo autónomas, sin perder la posibilidad de la integración vertical de la producción cuando el mercado lo exigiera, en complementación de producción entre cooperativas.
Cada una de las cooperativas de trabajo se obligaría a destinar el 10% de su rentabilidad al pago de las hipotecas y prendas que posee el Estado y el10% de su rentabilidad destinado al resto de la masa concursal.
El Estado recuperaría 5.000 puestos de trabajo. Hoy el valor de constitución de un puesto de trabajo de esta característica ronda en 400.000 pesos. El país se capitalizaría en 2.000 millones de pesos.
Además el Estado se ahorraría los planes sociales de 5.000 desocupados.
El Estado no tendría que aportar Capital ni recursos humanos y seguiría manteniendo su capital en hipotecas y prendas.
Ecuación económica de GATIC en manos de los trabajadores.
Toda la rentabilidad en los pueblos.
a- Salarios = En las empresas recuperadas se destina el 25% del costo a salarios, en caso de ser operada por un capitalista, lo único que quedaría en el pueblo sería el 6% , que es el pago de los salarios.
b- Todo el excedente de la cooperativa se invertirá en los pueblos, ayudando al desarrollo local.
c- El cobro de la deuda que tenía GATIC con los trabajadores dinamizará el consumo interno de los pueblos.
d- Con la apertura de GATIC se crearán por lo menos 1.000 empleos indirectos.
e- Esta empresa recuperada se convertirá en una verdadera empresa social, donde el pueblo tiene espacio para la producción de cultura, para la formación educativa, para la atención de salud.
Propuesta II
1) En caso de quiebra
El Estado cedería las hipotecas y prendas del fideicomiso del Banco Provincia y de los Bancos oficiales a las Cooperativas de trabajadores Textiles Pigüé y Unidos por el Calzado de San Martín, con 5 años de gracia y 20 años para cancelar la deuda.
2) En caso de seguir concursada
La Legislatura provincial tendría que expropiar los bienes inmuebles y maquinarias, para entregarla en comodato a las cooperativas de trabajo.
El Estado provincial no tendría que disponer de recursos ya que la totalidad de los bienes a expropiar están hipotecados y prendados por los Bancos oficiales.
Propuesta de la Cooperativa Textiles Pigüé y la Cooperativa Unidos por el Calzado
La propuesta de las tres plantas por parte de la Cooperativa Textiles Pigüé y la planta Uno de San Martín por parte de la Cooperativa Unidos por el Calzado, significaría:
1) La incorporación inmediata de los 600 trabajadores.
Uds. han comprobado que a pesar de no contar con ninguna resolución judicial, lo que nos impide hoy cerrar los preacuerdos comerciales con grandes firmas del país, que quieren trabajar en forma inmediata poniéndonos las materias primas para su elaboración. A pesar de esto hemos logrado incorporar al trabajo a 400 compañeros. Esto es producto de la injusta decisión política de un juez que hace caso omiso a la letra de la ley y a una clase política y empresarial que intentan despojar a los trabajadores de lo único que les queda, que son las máquinas y su voluntad de trabajo. Todos los abogados consultados coinciden que GATIC debería estar quebrada.
2) Recuperación de la deuda con los trabajadores y el Estado. Estamos convencidos que a partir de la recuperación y puesta en marcha de las cuatro plantas en manos de las Cooperativas no solo se asegurará el salario de los trabajadores, parte de la renta se utilizará para el pago de la deuda que tenía GATIC con todos los trabajadores, ya sean trabajadores que integran las Cooperativas, como los ex empleados de GATIC Pigüé y GATIC San Martín.
3) Ecuación económica de GATIC en manos de los trabajadores. Toda la rentabilidad en el pueblo.
a- Salarios = En las empresas recuperadas se destina el 25% del costo a salarios, en caso de ser operada por un capitalista, lo único que quedaría en el pueblo sería el 6% que es el pago de los salarios.
b- Todo el excedente de la cooperativa se invertirá en el pueblo, ayudando al desarrollo local.
c- El cobro de la deuda que tenía GATIC con los trabajadores dinamizará el consumo interno del pueblo
d- Con la apertura de GATIC se crearán por lo menos 150 empleos indirectos.
e- Esta empresa recuperada se convertirá en una verdadera empresa social, donde el pueblo tiene espacio para la producción de cultura, para la formación educativa, para la atención de salud.
Hasta el momento, el MNER junto a los trabajadores están en tratativas para llegar a un acuerdo, sin embargo aún la situación no está resuelta y los trabajadores están a la espera de algún tipo de solución.
Para más información:
Cooperativa Unidos por el Calzado (planta San Martin 1): 4755-7564
Francisco Martínez, planta Pigué 02923-15-643979
Eduardo Murúa (presidente MNER) 02923-15-486827