La política de in-seguridad del gobierno de Kirchner

Juan Carlos Blumberg puede estar contento. A un día de la tercera marcha que convocó, el ministro del Interior Aníbal Fernández anunció la asignación de 200 millones de pesos para la secretaría de Seguridad, de un total de los 600 disponibles en el presupuesto nacional. Sin embargo, las miles de velas que marcharán en reclamo de mayor seguridad no hacen otra cosa que alumbrar las contradicciones del discurso «progresista» del gobierno, y su estrategia de seguridad.

Si bien el gobierno intenta desligar el incremento del presupuesto de la cartera de seguridad de la represión de la protesta social, la sanción del código de convivencia en la Ciudad de Buenos Aires, la militarización de la calles en el conurbano bonaerense, el fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional, y el número creciente de militantes procesados no parecen tomar ese camino.

«No debemos considerar la protesta social como un delito», advirtió el secretario de Seguridad de la Nación, Alberto Iribarne durante el día de ayer. Y efectivamente no hubo despliegue de las fuerzas policiales durante la movilización realizada hoy por la Asamblea Nacional de Trabajadores, la Unión de Trabajadores Piqueteros, el MTD Aníbal Verón, la FTC y otros agrupamientos piqueteros. La estrategia es penalizar las marchas, silenciosamente. De eso hablan las pilas de expedientes que se suman contra militantes y luchadores sociales y las advertencias del gobierno sobre los métodos de «los grupos duros». De eso hablan los aprietes y amenazas que viven militantes en los barrios, y los gendarmes que «vigilan» las villas de emergencias.

El mismo Iribarne amenazó en penalizar «aquello que bajo pretexto de la protesta se cometa». No se permitirá ocupar edificios públicos, ni bloquear empresas. Esto no hace más que reafirmar una política efectiva de criminalizar la protesta social ya implementada por el anterior secretario de Seguridad, Norberto Quantín. En este sentido Jerónimo de la UTP, declaró a Anred durante la movilización que realizaron a Plaza de Mayo que «el gobierno amenaza reprimir cuando tomemos edificios de las empresas, además hay un avance de la judicialización de la protesta que se materializa en que las causas son cada vez más pesadas porque los delitos por los cuales se nos acusan son cada vez más graves, y se suman unas a otras». En la actualidad son cuatro mil los luchadores populares que están procesados. El último de ellos Raúl Castells, dirigente del MIJD fue detenido hoy en la provincia de Santa Fe.

Otra contradicción se observa en el crecimiento de presencia de las fuerzas de seguridad en las calles frente a la comprobada connivencia entre la policía, las bandas vinculadas a los secuestros extorsivos y las zonas liberadas reconocidas por el mismo ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián.

Tras el secuestro de Antonio Echarri, la Cámara de La Plata dejó entrever la relación que hubo entre los policías que hicieron el allanamiento de la casa en la que estaba Antonio y los secuestradores. En el caso de Diego Peralta, un oficial terminó preso, y la gente quedó convencida de que en la comisaría de El Jagüel estuvo la clave de todo. En el secuestro de Axel Blumberg intervino una banda de ladrones de autos, también conectada a policías.

Públicamente, el camarista Fernando Maroto, de San Isidro, habló de la connivencia policial con las bandas vinculadas a los secuestros extorsivos en la zona norte y el viceministro de Seguridad de la provincia, Martín Arias Duval, hizo una denuncia ante la fiscalía federal para que convocara a Maroto a aportar los elementos que tenga.

El mayor índice de secuestros en la provincia de Buenos Aires se registro entre el 2001 y el 2003. Las mismas declaraciones del gobernador bonaerense, Felipe Solá, indicaron que estos habían disminuido en el 2004, aunque este año igualmente los secuestros extorsivos se concentraron en la zona norte de la provincia.

«La seguridad es trabajo para todos» se leía en las banderas de los grupos piqueteros. La pregunta es hasta cuando el gobierno de Kirchner podrá seguir ocultando el problema estructural de la desocupación, con policías patrullando las calles del país.