«Muchos critican ‘no es revolucionario y no es socialista’, otros defienden cerradamente la posición del gobierno, pero lo cierto es que no hay debate»

Entrevista a Silvio Paez, de Indymedia La Paz. En diálogo con ANRed el comunicador y activista social abordó temas fundamentales para comprender la realidad de un país que viene siendo epicentro del cambio social en América Latina junto a Venezuela. Minería, hidrocarburos, pueblos originarios, reforma agraria, inundaciones, la salida electoral, la izquierda boliviana, son los temas que se despuntan en la charla. Por María Silvia Biancardi y Marcelo Maggio.

Lo que sigue son las opiniones de Silvio Paez sobre los ejes que se le plantearon acerca de la realidad boliviana:

Minería

En términos de empleo, el sector minero cuenta con 60 mil obreros cooperativistas y 8 mil empleados de la minería estatal. Hasta hace poco eran 3 mil estatales, pero se incorporaron 5 mil operarios después del conflicto de Huanuni, en donde se produce un enfrentamiento entre cooperativistas y los mineros estatales por el control de una mina.

Cuando hablamos de mineros cooperativistas lo hacemos en términos sumamente complejos. En realidad se trata de una pirámide que tiene en su base a peones que no tienen la propiedad y ganan unos seiscientos bolivianos al mes, es decir, unos 75 dólares. La pirámide se va achicando hacia arriba y hay gente que gana un poco más, que tiene posibilidades de trabajar una mina propia o parte de una mina cooperativizada; y hay un vértice en el que hay personas que ganan muchísimo en nombre de la minería cooperativizada, con ingresos prácticamente de empresarios. Por eso cuando se habla de cooperativas mineras se habla de diversidad de ingresos y condiciones laborales. A su vez es un sector ambiguo, hay un vínculo de los sectores que están más arriba en la pirámide cooperativista con la gente de la minería privada, o sea con las transnacionales, a través de concesiones.

En general las cooperativas han pagado impuestos bajos en relación a otras áreas productivas y el gobierno ahora quiere aumentarlos. Los cooperativistas están enfrentando este tema, dicen que sí han tributado y olvidan la diferencia que hay con los ingresos de la minería estatal.

El fondo del problema es la necesidad de reactivar la minería estatal, porque las bases de mineros que trabajan en las cooperativas reciben ingresos muy bajos y no cuentan con seguridad en el trabajo. La minería estatal tenía seguridad en los ingenios, en los socavones, invertían en poner palos para evitar la caída del cerro, sistematizaban la producción detonando la dinamita en horarios determinados, etc. En cambio en la minería cooperativizada no es así, no le ponen seguridad a los socavones, se derrumban, mucha gente muere. Incluso ha muerto gente por no llevar casco.

La mayoría de los mineros cooperativistas se incorpora hace poco tiempo, son personas de las comunidades, pero el hecho de formar parte del sector los tiñe de una tradición combativa, organizativa, sindical e ideológica.

La ambigüedad del sector puede verse durante la caída del gobierno de Sánchez de Lozada. El Alto, una ciudad casi fundamentalmente aymara se había levantado, luego se sumaron los mineros de la estatal, y los cooperativistas hicieron un pacto con el gobierno. Pero ese pacto lo hace la dirigencia. Mientras tanto la base social de las cooperativas se moviliza y llega a Atacamaya, entre Oruro y La Paz, y ahí los detiene el Ejército. Se les suman estudiantes, gremialistas [tenderos], comerciantes de Oruro, en total 40 mil personas. El Ejército reprime la marcha por orden del gobierno, pero después de dos horas se retira, se repliega en sus cuarteles y deja pasar la marcha. Ahí es donde Goni tiene que renunciar, porque pierde el control del Ejército. Son los cooperativistas los que entran triunfantes y Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia.

La ambigüedad del sector aparece y se percibe en la dirigencia negociando por un lado y a las bases presionando y derribando al gobierno. Con Carlos Mesa pasa lo mismo. Por eso, cualquier gobierno corre peligro teniendo en contra a los cooperativistas [mineros].

El paso que ha dado el gobierno de Morales en Huanuni para abrir una nueva política de reactivar la minería estatal y convertir a los cooperativistas mineros en asalariados parece positivo. Es un paso pequeño que se ha dado pero que apunta a un cambio en la política. Es bien interesante ver el modelo que plantean los obreros. En 1952 se nacionalizan las minas pero el MNR hace una burocracia obrera. Eso lo identifica bien la gente, por eso ahora piden una gestión social: «los mineros tenemos que controlar y beneficiar a todos, y el Estado tiene que garantizar la propiedad de esa fábrica».

Este va a ser un año fuerte para la política estatista en minería. Pero es muy importante la orientación que tome el sector cooperativista. A veces son las dirigencias o sectores privilegiados los que movilizan a todo el sector, pero a veces son las bases las que imponen su visión y entereza.

Hidrocarburos

En Bolivia el sector de hidrocarburos ha sido regalado todo a las transnacionales, ni siquiera lo han privatizado, porque en una privatización uno vende y le pagan. Los neoliberales argumentaban que la empresa estatal estaba en crisis, en quiebra, mal administrada y por eso impulsan la «capitalización» [privatización]. Pero antes recibía 400 millones de dólares. Con la capitalización se supone que esto debía mejorar, pero ha bajado a 200 millones de dólares. Los otros 200 millones de dólares que el Estado ya no recibía los ha obtenido mediante la creación de impuestos y eso resulta en un empobrecimiento terrible para el pueblo.

Este es el principal recurso natural por el que se ha luchado. La gente se levantó en Warisata el 20 de septiembre de 2003 por la defensa del gas. Se había avanzado en negociaciones para exportar a Chile, y por Chile a Estados Unidos y México. Hay una huelga de las comunidades indígenas aymaras en El Alto y empiezan a movilizarse, a bajar en marchas gigantescas. Antes de eso, en febrero, se había desatado un conflicto terrible por los impuestos a los salarios donde se enfrentaron la policía y el ejército. A partir de ahí comienza un debate muy fuerte, porque justamente se cobraban los impuestos porque habíamos perdido los ingresos de los hidrocarburos.

Cuando yo estaba cubriendo las manifestaciones en El Alto preguntaba a las personas, «¿usted por qué está marchando?», y decían, «porque no se venda el gas». Esa demanda general está bien, pero en concreto, «¿es por el impuesto a los comerciantes?», y me respondían, «no, el impuesto se puede arreglar después, esto es para recuperar nuestro gas». Era impresionante.

En los medios de comunicación, entre los intelectuales y grupos políticos la discusión pasaba por si «se exporta por Chile o por Perú». Indymedia va a las comunidades y la respuesta era «ni por Chile ni por Perú, nada». Pero eso no estaba en los medios de comunicación. Las marchas gigantescas tenían una visión muy clara, que ni los medios, ni los intelectuales ni los políticos veían.

La ciudad de El Alto tiene dos lógicas, la indígena comunitaria del pueblo aymara y la lógica de los relocalizados mineros. Cuando reprimen en Warisata, El Alto se levanta porque veía que estaban matando a sus padres. Y se levanta con esa posición bien clara de recuperar los hidrocarburos. Cuando el gobierno reprime se ve con claridad la reacción de las dos lógicas, la comunitaria y la sindical minera. Los barrios se organizan por cuadras, haciendo barricadas y organizando comités de defensa.

Cuando se lo expulsa a Sánchez de Lozada empieza a madurar la idea de nacionalización. Preguntábamos a la gente, «¿qué vamos a hacer, vamos a volver al sistema estatalista del 52?». No, la gente empieza a defender un sistema de estatización con control social, ese es el modelo que va tomando fuerza, que la gente va discutiendo en las plazas, en las esquinas, en los sindicatos, en un proceso político de formación muy intensa y colectiva.

En varios ámbitos políticos y sociales veíamos y discutíamos cuál sería la mejor forma de nacionalizar. La única forma que se veía era la de expropiar. Pero el gobierno ve otras alternativas. Hasta aquí, los hidrocarburos no nos pertenecían, están bajo la tierra y son tuyos, pero apenas lo usa la transnacional ya le pertenece. Ahora se recuperó la soberanía de los recursos, gracias a esto se puede, por ejemplo, negociar los precios con Argentina. Se plantean formas bien flexibles de tener el control de la industria. Los sectores de ultraizquierda criticaban el decreto diciendo que no se había recuperado nada. Pero el gobierno recupera instalaciones y devuelve inversión, las trasnacionales se vuelven prestadoras de servicios: yo tengo petróleo, vos lo sacas y yo te pago.

Desde un punto de vista económico no se expropia, pero se sientan las bases para tener control sobre la industria de los hidrocarburos. A mi modo de ver, si bien es una nacionalización muy flexible, está dentro de la situación política que se vive. Pero no ha sido el gobierno el que la genera, porque el gobierno ha hecho lo que la gente le ha dicho.

Hace unos días hubo un conflicto en Camiri, donde se plantea la necesidad de tener una parte de la empresa estatal, tener la gerencia en esa región. Eso de descuartizar la empresa ha sido otro problema de la capitalización, todas las regiones se han repartido el control, pero si se quiere potenciar una empresa estatal, entonces debería funcionar como empresa y no estar delegada. Las capitanías guaraníes se han sumado a este movimiento de Camiri y su demanda también es gestionar la empresa mediante la consulta que se debe hacer a los pueblos indígenas para que una empresa explote en su territorio.

El pueblo aymara

El sector aymara tiene una capacidad de movilización conciente, una demanda histórica y un sentido comunitario muy fuerte. Este sector ahora no está con el gobierno. Le ha dado su confianza para ver qué hace un hermano indígena, pero no es un apoyo militante. El proceso que estamos viviendo ha sido marcado por este sector, por su lucha, por la recuperación de los recursos y su política comunitaria de decisión. Felipe Quispe, el «mallku», es el dirigente de estos sectores.

Quispe ha tenido un intento de unidad con Evo en el 2002, que no ha funcionado más por el caudillismo de ambos que por una visión histórica. Y Quispe se presenta a las elecciones, pero incluso en su misma región va a ganar el MAS. Yo creo que es porque la gente tomó la decisión de derrotar a los partidos que nos han golpeado durante todos estos años. ¿Y quién podía derrotarlos? Felipe Quispe era de un partido muy pequeño que no había construido una inclusión con otros sectores sociales. Por eso es que se elige dar un apoyo electoral al MAS.

Pero más allá de eso, el pueblo aymara tiene su propio horizonte. Un ejemplo es el desfile de los ponchos rojos con sus fusiles en el acto de aniversario de Achakachi. Eso le creó problemas al gobierno con la derecha, pero fue un acto simbólico muy fuerte. En ese acto simbólico decían, «esto es una guerra centenaria contra la colonia y aquí seguimos, luchando y resistiendo, no es un problema del gobierno, es problema nuestro».

Para mí los aymaras y El Alto son el sustento social de este proceso que se está viviendo. Esto se ve clarísimo en el resultado de las elecciones, pero además se percibe en esta política propia que va más allá de cualquier gobierno, es una guerra por recuperar el territorio.

El partido de Felipe Quispe ha puesto fin a la vergüenza de ser indio y ha dicho «nosotros, los aymaras, somos indios y este es nuestro territorio, ¿y qué?». Este planteo es bien importante, pero se ha cerrado en sí mismo. No podía ser de otra forma, por el racismo que existía, pero debería haber propuesto lazos con otros movimientos sociales.

Desde mi punto de vista, en las «acciones» del pueblo aymara aparece la única propuesta de construcción de nación para toda Bolivia. Y ahí está la contradicción: un pueblo que habla tan desde lo suyo, es el único que propone hacia el país. Al mismo tiempo que pelea por la recuperación del territorio para el aymara, hace una movilización y un bloqueo por defensa del gas. En Achakachi no hay gas, pero se defiende un recurso que es de todo el país. Es la única vez que Bolivia se une en varios sectores para decir «este país es nuestro». Ese es el aymara, que es muy autónomo pero a su vez plantea una construcción nacional.

Reforma agraria

La tierra ha sido un problema fundamental en Bolivia. El 75% de las tierras cultivables durante la colonia eran propiedad de las comunidades. No fue necesario que la colonia se apropie de las tierras, lo que hizo fue adaptarse a la organización comunitaria de la producción y refuncionalizarla para obtener excedente.

La República, a raíz de la crisis en la minería, empieza a vivir del impuesto comunal regional. El 40% del ingreso del Estado en 1846, poco después de que se funda la república, era del impuesto a la tierra. Allí empiezan a ver las posibilidades de generar más excedente, y expropian las tierras comunitarias. Hasta 1952 queda sólo un 15% de tierra comunitaria. Ya la República se ha repartido la tierra y las personas que vivían en ella. En el 52 viene la revolución del MNR y la reforma agraria la hace la gente: toma las haciendas, quema las casas de los hacendados, mata hacendados. El MNR, frente a esa realidad, no le queda otra que dictar un decreto de reforma agraria.

El problema es que el MNR ha devuelto las tierras a los campesinos sin tomar en cuenta la identidad indígena. Esto es importante, porque las devuelve en términos individuales y no comunitarios. Entrega 3 millones de hectáreas en títulos individuales, y otros 24 millones de hectáreas los vuelve haciendas y latifundios en el Oriente: Beni, Pando, Santa Cruz y norte de La Paz, Tarija, grandes extensiones de tierras para una sola familia.

El actual gobierno, con la ley agraria, no hace una revolución, no expropia las tierras y las reparte. Igual que con otras medidas, la reforma agraria es el resultado de lo que la realidad permite. Las decisiones están teñidas por ese aspecto inicial, ese momento en que las masas deciden no tomar el poder. Y hay respuestas muy fuertes de la derecha, que está ahí con su poder económico.

Lo que hace esta reforma es que las tierras que no son utilizadas tengan que ser revertidas. Si no las usas te las quitan y se reparten comunitariamente. Antes, cualquier tierra que era expropiada tenía que estar en subasta y obviamente la compraba quien tenía dinero.

En el tema de la tierra hay tres sectores: hacendados (latifundistas), colonizadores (cocaleros) y el sector indígena. Los colonizadores son personas del altiplano que en 1952 tenían una hectárea, y al repartirse esa hectárea luego con sus hijos ya no tienen nada. Entonces empiezan a irse al Oriente y a entrar a las Tierras Comunitarias de Origen, que son campos extensos de los pueblos indígenas con muy poca población que corresponden por derecho a los pueblos indígenas.

A partir de esta ley ha habido algo bien interesante, porque se ha empezado a tejer una especie de unidad entre colonizadores y pueblos indígenas, ya que se empieza a identificar cuál es verdadero problema de la tierra: los latifundios.

Los pueblos indígenas, con una perspectiva histórica siempre muy sabia, planteaban: «esta ley a nosotros no nos beneficia en nada, no hay puntos que digan que se amplían las facultades de la comunidad indígena, pero sí nos ayuda a que los compañeros colonizadores ya no entren a nuestra tierra y puedan hacerlo en los latifundios».

Las Tierras Comunitarias de Origen se aprueban en el 96. Una comunidad, un pueblo indígena, tiene que presentar una serie de requisitos para demostrar que históricamente esos territorios les pertenecen. Pero este reconocimiento implica manejo político porque favorece a los pueblos indígenas pero consolida los latifundios.

Las inundaciones

Hay una fuerte producción de soja, incluso muchos argentinos, muchos brasileros, vienen a producir aquí porque la tierra es más barata. Pero como son tierras productivas esta reforma no los afecta. Este tipo de producción ha dejado campos totalmente agotados, incluso muchos desbordes de ríos son por este tipo de deforestación. En muchas regiones nos han mostrado cómo la gente exigía a los latifundistas «no tires el árbol». Pero lo sacaban, luego inundación. «Ahora planten árboles» y no plantaban. Peor la inundación.

Claro, el río crece y es un desastre natural, pero estas cosas lo empeoran. El problema de las inundaciones no es solamente la corriente del Niño. La ironía de este sistema es que esos tipos que deforestan pueden conseguir financiamientos gigantescos para que no se inunden sus lugares. Desde el año pasado han puesto muros de contención.

La salida electoral

En febrero de 2003, al día siguiente de los enfrentamientos entre militares y policías, la plaza San Francisco de La Paz estaba rodeada por tanques y francotiradores. Los jóvenes trataban de lanzar piedras, se acercaban una cuadra y los alejaban. Habría 5 mil personas de las cuales 100 estarían al frente. En cambio en mayo de 2005, cuando se lo bota a Mesa, había unas 500 mil personas del altiplano, El Alto, cooperativistas, etc. Estuvimos ahí, y la gente del altiplano que es realmente combativa decía «no vamos a entrar al palacio, qué vamos a hacer tomando el cargo de estos burócratas, no tenemos un objetivo político claro, tenemos que construir esa propuesta para el poder». Entonces se retira, y la gente de las veinte provincias del altiplano y de La Paz se retiraron con la idea de construir esa propuesta.

Era posible una revolución, tomar el poder, pero la gente decide no hacerlo, se repliega. La salida entonces es electoral. El MAS no había tenido, a través de sus movimientos sociales, una participación fundamental en todo este proceso de la guerra del gas, pero había empezado a organizarse políticamente para el ámbito electoral, y esa es la salida que la gente define, como respuesta a la limitación de lo que venía haciendo. El MAS define las tareas que han planteado los movimientos sociales: fundamentalmente la asamblea constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. Se avanza en estos planos pero en el marco de la democracia formal representativa.

El proceso actual y la izquierda boliviana

El actual proceso boliviano tiene condiciones muy particulares, no es una revolución, es un desenlace de las movilizaciones que tiene dos causas: la política del gobierno, que toma la orientación que han planteado las organizaciones, y las organizaciones de izquierda, que siguen con una política tradicional o convencional.

El tema de lo indígena, con una identidad fuertemente comunitaria es bien interesante. La clave está en articularlo con el tema de la lucha de clases. Aquí hablan de socialismo y nadie escucha, porque dicen «ese modelo es occidental, hay que construir algo propio».

Si uno mira el mapa de Bolivia se da cuenta que si los pueblos indígenas tienen autonomía, los criollos se quedan sin territorio. Eso es un derecho histórico, es una deuda que se tiene con nuestros pueblos. Yo creo en su sabiduría y en el diálogo, cada uno en su lugar, respetando lo que nunca se ha respetado.

Por estas particularidades es que creo que es muy importante discutir el proceso boliviano a nivel latinoamericano, porque las reformas que el gobierno va impulsando es algo que aquí se va dilucidando en los hechos, en la práctica, en la vida cotidiana. Muchos critican: no es revolucionario y no es socialista; otros defienden cerradamente la posición del gobierno; pero lo cierto es que no hay debate.

La gente se plantea la necesidad de mayor organización, no en términos de partido, pero sí en términos de coordinación de sectores y regiones. El tema de los partidos lo ha manejado siempre la izquierda, los troskistas, maoístas, guevaristas. Pero nunca han podido estar en la gente, son grupos de universitarios que se plantean el tema del partido desde sus cabezas y no desde las formas de organización de la gente. Creo que es necesario partir de la construcción y de la experiencia.