Paraguay: confirman sentencia contra los campesinos presos del caso Curuguaty

El pasado lunes 29 de mayo la Cámara de Apelaciones de Canindeyú confirmó la sentencia contra 11 campesinos condenados el año pasado por la llamada «Masacre de Curuguaty”. La Masacre -perpetrada el 15 de junio de 2012 por la Policía Nacional paraguaya- se dirigió contra unos 40 campesinos que ocupaban un campo llamado Marina Kue, de propiedad del Estado paraguayo pero que se encontraba ocupado ilegítimamente por la empresa Campos Morombí S. A., de propiedad del eminente político colorado Blas N. Riquelme. Por redacción Superficie

El fallo, del cual aún no se dieron a conocer los argumentos, confirma «en todas sus partes” la sentencia dictada en agosto pasado.
El juicio por la llamada «Masacre de Curuguaty” es duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos paraguayas y extranjeras, y por un amplio arco político que denunció el caso como un montaje siniestro contra los sobrevivientes de la matanza.

La familia Riquelme, una de las más acaudaladas del Paraguay, posee numerosos empresas y solamente en la región donde ocurrió la masacre detenta la propiedad de unas 70 mil hectáreas de campos. A través de maniobras judiciales fraudulentas habían intentado escriturar el campo de Marina Kue, pero al momento del desalojo que terminó en masacre no tenían el título de propiedad. A pesar de ello, el juez de Curuguaty José Benítez acogió el reclamo de los Riquelme y ordenó un allanamiento para identificar a los ocupantes. En lugar de ello, la Fiscalía actuante y las fuerzas policiales procedieron a un violento desalojo que incluyó el uso de armas de guerra contra los campesinos.

El mismo juez Benítez y la fiscal Ninfa Aguilar, a cargo del procedimiento, iniciaron las actuaciones judiciales contra los campesinos que sobrevivieron a la masacre.
El caso pasó luego a manos del fiscal Jalil Rachid, cuyo padre fuera amigo personal de Blas N. Riquelme. Ambos fueron a su turno presidentes del Partido Colorado.
La Fiscalía se dedicó a culpabilizar a los campesinos, no investigó lo sucedido en Marina Kue y ocultó deliberadamente pruebas que le fueron arrimadas por terceros, como los casquillos servidos de munición de plomo que un dirigente político de Curuguaty le entregó en el lugar de los hechos frente a las cámaras de televisión.
Entre muchas irregularidades, la acusación realizada por la fiscalía atribuye responsabilidades a los campesinos por la muerte de seis policías, sin determinar quién mató a quién ni molestarse en probar con qué armas lo hicieron. A la vez no menciona que en el hecho fueron asesinados once campesinos. Dos de ellos llegaron a llamar a sus familiares pidiendo ayuda y contando que habían sido heridos, sin embargo fueron encontrados ejecutados al día siguiente por una comisión vecinal que ingresó al campo en busca de posibles sobrevivientes.

El resultado de la masacre fue utilizado políticamente en contra del entonces presidente Fernando Lugo. Una semana después de los hechos, el 22 de junio de 2012, cuando aún no podía establecerse lo ocurrido en el lugar, Lugo fue destituido por el Congreso con la excusa de que había permitido la radicalización de los campesinos.

Condena en primera instancia

En agosto de 2016 los campesinos llevados a juicio fueron condenados a diversas penas: Rubén Villaba fue condenado a 30 años de prisión y Luis Olmedo a 20 años, bajo idéntica acusación de haber asesinado al comisario Erven Lovera.
En tanto, Arnaldo Quintana y Néstor Castro fueron sentenciados a 18 años de prisión, Fanny Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López, a 6 años, y Alcides Ramírez, Felipe Benítez, Alberto Castro y Juan Carlos Tillería fueron condenados a 4 años de prisión, saliendo en libertad dado el tiempo que ya habían estado encarcelados antes del juicio.

Maniobra política

La Masacre de Curuguaty constituye un verdadero «punto de inflexión” en la historia reciente paraguaya, ya que a través de ella se configuró el golpe institucional y el reordenamiento político de la oligarquía mafiosa paraguaya que con ella regresó plenamente al poder político formal.
En esa clave hay que leer esta confirmación de la sentencia dada por la Cámara de Apelaciones, que era previsible leyendo las señales políticas anteriores que ya había dado el gobierno de Cartes respecto a este tema.
La primera señal de que el gobierno de Cartes venía a continuar el ensañamiento contra los campesinos fue el hecho de que aceptara la propuesta de la familia Riquelme de donar al Estado paraguayo el predio de Marina Kue. Tal situación, contradictoria jurídicamente ya que el predio pertenece al Estado y no a los Riquelme, vino a zanjar la primera gran dificultad jurídica del caso: si los campesinos habían invadido un inmueble ajeno o por el contrario se hallaban en tierras fiscales.
La base de la acusación fiscal contra los campesinos es que invadieron inmueble ajeno, a lo que la defensa le contraponía el argumento de que «sin título no hay invasión”.
De paso, con esta medida Cartes protege a una casta de terratenientes ligados al poder político que históricamente se han apropiado de tierras públicas acrecentando así su patrimonio.

La segunda señal preocupante fue el ascenso del cuestionado fiscal Jalil Rachid, que dejó su puesto para asumir el cargo de Viceministro de Seguridad de la Nación. Recientemente el ex fiscal, que ha demostrado una absoluta ignorancia de cuestiones básicas de derecho, ha sido propuesto oficialmente al cargo de Fiscal General de la República del Paraguay.