Esquel: Imputan a médica por practicar una Interrupción Legal de un Embarazo
Profesionales de la salud denuncian a través de un comunicado que una médica que práctico una interrupción legal del embarazo en la ciudad de Esquel, en Chubut, ha sido denunciada e imputada, por este motivo desde ayer convocaron a una audiencia pública que revea esta situación. Por ANRed/Comunicado.
Se trata de una audiencia pública y abierta a quien quiera asistir; y fue convocada por la Red de profesionales por el derecho a decidir, Socorristas en red del país y de la comarca andina, multisectorial de mujeres de Esquel, residencia de medicina general de la Patagonia.
Según denuncian en su comunicado, a las 12.30 horas del día viernes 5 del corriente mes se convocó a una audiencia pública en la localidad de Esquel, Provincia de Chubut, con motivos de determinar «la situación de una compañera residente de medicina general, quien está imputada por haber ejercido una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en el contexto del sistema público de salud, en el hospital de El Maitén”.
En la misma misiva, explican que «la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es entendida como un derecho humano enmarcado en la ley nacional de salud sexual y procreación responsable 25.673 (2003), de esta manera la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es una prestación como cualquier otra que se pueda brindar en un efector del sistema público de salud. Esta ley está avalada por el artículo 86 del Código Penal”.
Además, en otro comunicado, los trabajadores y trabajadoras de la salud en solidaridad con la médica imputada, reflejaron su apoyo a esta profesional de medicina y repudiaron las maniobras legales para procesarla por la práctica de una Interrupción Legal del Embarazo.
A continuación reproducimos el comunicado:
5 de mayo de 2017
El Bolsón, Rio Negro
Como Regional Patagónica de Residentes de Medicina General, queremos expresar el apoyo a nuestra compañera, quien se encuentra imputada bajo la caratula de «Aborto practicado por un médico abusando de su ciencia o arte con el consentimiento de la mujer seguido de muerte”.
Entendemos a la interrupción legal del embarazo, como una práctica que garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y principalmente su derecho a una maternidad electiva. Siendo esta situación un atentado a los avances en derechos reproductivos de las mujeres.
La creación de la ley 25.673 «Salud Sexual y Procreación Responsable” y la protocolización de la práctica se dan en el marco de la necesidad de que el Estado responda frente a la alta tasa de morbimortalidad materna por abortos realizados de manera insegura en la clandestinidad, con el objetivo de brindar herramientas a los equipos de salud para dar respuesta a esta problemática y reconocer a las mujeres como sujetos de derecho.
Entendemos que esta es una medida disciplinatoria que vulnera los derechos conquistados de las mujeres a decidir y a realizarse la practica en condiciones seguras.
Consideramos que este es un hecho de gravedad ya que el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna en nuestro país, y es una responsabilidad del estado responder a esta problemática que compete a Salud Pública.
En nuestro país faltan datos oficiales que denoten la gravedad de los abortos clandestinos, debido a la ilegalidad de la práctica. Estamos convencidos que lograremos subsanar esta falta gracias a la implementación de la ley antes mencionada, y lograr contar con estudio estadísticos que permitan un análisis objetivo y centrado en prevenir complicaciones y mejorar la atención.
Apoyamos a nuestra compañera que obro de forma idónea, realizando la práctica siguiendo el protocolo de ILE del Ministerio de Salud de la Nación, para dar respuesta a una solicitud puntual de una paciente que opto bajo su propia voluntad y haciendo uso de sus facultades.
Sentimos profunda indignación y tristeza al ver como se atenta contra la integridad física, social y psicológica de una compañera, quien dando respuesta a la necesidad de interrumpir un embarazo solicitado por la paciente, se encuentra imputada en una causa penal, por la desidia de un Estado ausente, representado en este caso por el Hospital Subzonal de El Maitén, quien debería haber acompañado a la médica residente actuante, desconociendo así la responsabilidad que le compete de garantizar el acceso a las prácticas de salud y desprotegiendo a los trabajadores residentes, quienes nos encontramos en una etapa de formación y requerimos de permanente supervisión y acompañamiento.
El Estado es responsable de velar por los derechos de los pacientes, el acceso a la salud, pública y de calidad. Debe garantizar la educación sexual, el acceso a la planificación familiar y el aborto legal, seguro y gratuito.
Seguimos luchando por el derecho a decidir.
Esperamos una favorable resolución para el proceso que está atravesando nuestra compañera y esclarecimiento de la causa.
Regional Patagónica de Médicos Residentes
Residencia de Medicina General Hospital de Área El Bolsón
Residencia de Medicina General Hospital López Lima de Roca
Residencia de Medicina General Hospital Ramón Carrillo de Bariloche
Residencia de Medicina General Hospital Zonal de Esquel
Residencia de Medicina General Hospital de Chos Malal
Residencia de Medicina General Hospital Zonal Aldo Maulu Cutral Co y Plaza Huincul
Residencia de Medicina General Hospital Zonal Zapala
Residencia de Medicina General Hospital Ramón Carrillo de San Martin de los Andes
Residencia de Medicina General Hospital Horacio Heller de Neuquén