El país delolvido
Del país de la memoria y la verdad se plantea ahora el olvido y el perdón. La iglesia quiere generar una reconciliación, mientras que la Corte Suprema permite aplicar el 2 por 1 a genocida. Empieza a ser sistémico, desde que llegó la Alianza Cambiemos al poder, este accionar de deslegitimación de las víctimas del terrorismo de estado y menguar la culpa de los victimarios. Por Juan Alberto Perez en ANCAP
Después del horror perpetrado desde el estado por parte de delincuentes que representaban a las fuerzas armadas, parte la sociedad civil y eclesiástica, en Argentina se vivieron tiempos de reconstrucción de la memoria por la verdad y la justicia. Con vaivenes, y gracias a la constancia de la militancia de organismos de derechos humanos, en su mayoría integrados por víctimas y familiares del horror, se pudo iniciar un camino de enjuiciamiento y esclarecimiento de los días más oscuros. Sin embargo, desde el día uno de la llegada de la Alianza Cambiemos al poder parece que las defensas de los genocidas y los cómplices del terrorismo de estado volvieron a asomar la cabeza.
Basta recordad la editorial del diario colaboracionista La Nación, luego del triunfo de Macri en el balotage, y su llamado a revalorizar la teoría de los dos demonios. Allí, se hacía especial énfasis en la necesidad de acabar con la «mentira” de los años ´70 y se alarmaban por supuestas «violaciones a los derechos humanos de los genocidas condenados. Llamaban «vergüenza nacional” al hecho de qué los presos por delito de lesa humanidad mueran en cumplimiento de sus condenas.
http://www.lanacion.com.ar/1847930-no-mas-venganza
Este no es el único caso. Desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha se desató una feroz campaña que busca deslegitimar las consecuencias de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Primero, el antecedente del Presidente Macri hablando de «los curros de los ddhh”. Luego, la puesta en debate público el número de desaparecidos, en un ataque a ultranza por parte de funcionarios contra los 30 mil detenidos desaparecidos.
Pero esta semana, dos nuevos hechos vienen a traernos a las claras que hay un sector social, que en este momento maneja los espacios de poder estatal, pero que siempre ha estado en el establishment económico, político y comunicacional, que desea hacer un nuevo «punto final”. En primer término, el mensaje publicado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quién expresa que en su 113° Asamblea Plenaria harán una «reflexión” acerca de lo sucedido en dictadura. A la vez que agrega que se realizará una escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad. Otra vez abonando a la teoría de los dos bandos, como si hubiese existido una guerra en el país y no un proceso de opresión, asesinato y saqueo desde las esferas del Estado. Desde la CEA se expresó que el objetivo de la misma es crea «un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro”. Lo cuál generó un gran rechazo por parte de los organismos de DDHH. Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado oficial marcó que «manifiesta su profunda preocupación por la idea de «reconciliación” entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado que está impulsando la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), encabezada por su presidente, Monseñor José María Arancedo” al tiempo que agrega que «no hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa”. Desde el organismo que preside Estela de Carlotto se hace especial mención al rol que parte de la iglesia católica tuvo en la última dictadura: «parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones; con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro de nuestros hijos”.
Por otro lado, la Corte Suprema de justicia dictó un falló alarmante al declarar aplicable el beneficio de 2X1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. El represor Luis Muiña, culpable por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas. Mediante este artículo, que fue derogado en 2001, el condenado podría reducir un tercio de su pena por buena conducta. Al haber estado encarcelado Muiña mientras regía dicho artículo la Corte permite aplicar el beneficio. Esto asienta un peligroso antecedente ya que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de cumplimiento efectivo, pero esto podría dejar libres varios genocidas. Cabe recordar que Muiñas fue condenado como coautor de los delitos de privación ilegal agravada en concurso con imposición de tormentos en perjuicio de cinco víctimas: Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.
Se realizó una conferencia de prensa en Abuelas de Plaza de Mayo en donde se reprochó la aplicación del 2X1 por «permitir drásticas reducciones de las penas o mismo dejar libres a quienes hayan cumplido la mitad se sus condenas” afirmó Estela de Carlotto, a lo que agregó que «varias de las condenas se dieron en forma tardía por las dilaciones de la misma justicia”. Por parte de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida expresó su dolor y el repudio»Tratar de dejar en libertad a los genocidas que mataron a nuestros hijos y se apropiaron de bebés es inaudito” y agregó «le están faltando el respeto a nuestros hijos nuevamente, no quieren tener memoria”.
Se trata de una serie de hechos contendientes a intentar borrar una parte muy importante de la historia Argentina. Una página llena de terror pero que con el tiempo nos interpeló para generar conciencia y memoria. Hoy los dirigentes políticos y judiciales de turno nos pretenden invitar a vivir en el país del olvido.