02/04/2017

Reclusión perpetua para el ex policía que asesinó a Andrés Núñez

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El ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Luís Raúl Ponce, fue condenado el viernes a la pena máxima por ser coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tortura seguida de muerte del albañil, ocurrida en la madrugada del 28 de septiembre de 1990. Se trata del primer caso de desaparición en democracia. La tenaz e incansable lucha de su compañera, Mirna Gómez, junto a los organismos de derechos humanos, logró justicia a 27 años del crimen. Por ANRed


Varios minutos después del desahogo, el festejo y los aplausos generados tras la histórica sentencia, en la vereda del Tribunal sobre calle 8, Mirna Gómez recordaba como si fuera ayer la sensación de incertidumbre de aquella noche fría del 27 de septiembre de 1990. «Nadie me va a devolver al papá de mi hija, pero se hizo Justicia”, dijo, y volvió a sonreír.

Veintisiete años peleó para lograr que se condene por reclusión perpetua al ex policía que ordenó detener arbitrariamente y torturar hasta la muerte a su compañero Andrés Núñez. «Cómo a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”, cantaban afuera. Veintidós años estuvo prófugo Luis Raúl Ponce, ahora tiene 65. Tal vez en algún momento creyó que había escapado»¦ hasta que en el 2012 lo fueron a buscar. Estaba utilizando un nombre apócrifo, vivía en Junín de los Andes, Neuquén.

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El pasado viernes el Tribunal Oral Criminal Nº 2 conformado por Eduardo Raúl Delbés, María Silvia Oyhamburu y Claudio Bernard, lo condenó por haber sido el responsable directo de la detención arbitraria del albañil, que llevó a cabo un grupo operativo de la Brigada de Investigaciones por el supuesto robo de una bicicleta.

Cabe recordar, que el sujeto tiene una historia oscura: fue señalado por Jorge Julio López en el 2006, en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, como uno de los participantes de su secuestro en octubre de 1976. «La sola invocación de la Brigada daba terror en la ciudadanía local”, dijeron los jueces en la sentencia, mostrando la continuidad entre ese grupo y el accionar represivo de la dictadura.

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«Vamos a seguir por más, faltan cuatro policías más y un prófugo. Espero que el destino me dé vida para que estos no anden en la calle matando gente inocente”, remarcó Mirna Gómez, ni bien los magistrados terminaron de leer la sentencia.

En cuanto al tribunal, fue conformado especialmente porque la causa llevaba abierta 26 años y se instruyó bajo el viejo código procesal penal. El hecho ocurrió en 1990 pero el cuerpo de Andrés encontrado cinco años después enterrado y calcinado en un campo de la localidad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires.

Por ese motivo, se realizó el primer juicio por el crimen en el 2010 y los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados «“con sentencia confirmada en agosto de 2012- a perpetua por torturas seguidas de muerte. Sin embargo, en la ocasión el coautor Luís Raúl Ponce, no había sido sindicado como responsable y, por otro lado, uno de los máximos responsables de la muerte Núñez, el policía Pablo Martín Gerez, permanece prófugo.

A su vez el ex juez Amilcar Vara, testigos lo mencionaron en ese entonces como cómplice de las torturas, murió impune en marzo de 2014. El mismo fue destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en la causa Miguel Bru y en más de 27 casos de crímenes policiales.

En mayo de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, resolvió que no está prescripta la acción sobre otros cuatro policías responsables del hecho. Se basó en la doctrina surgida de los casos «Bulacio” y «Bueno Alves”, entonces sostuvo que el caso de Nuñez es una «grave vulneración a los DD.HH.”, y que se imponía «extremar la diligencia judicial” para procesar y juzgar a los responsables. Por esta razón, fue en vano la estrategia de la defensa de Ponce durante los alegatos de insistir la prescripción del delito.

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En el proceso, que comenzó el 23 de marzo, se logró demostrar que Ponce dirigía el grupo operativo N°5 que detuvo al albañil, y que además fue él quien ordenó y presenció las sesiones de tortura, y quien luego dio la orden de hacer desaparecer todas las pruebas: incineración del cuerpo, desaparición del auto en que se lo llevaron (un fiat 147), adulteración de los libros de guardia, entre otras.

También quedó desterrado el argumento de la defensa de que Ponce no se encontraba en el lugar, aduciendo imprecisiones horarias de los testigos que ahí lo ubican. Es que quienes allí lo vieron fueron personas que estaban detenidas en la Brigada, en particular Jorge Guevara, jóven que también fue torturado esa noche y que lo conocía a Núñez. Los jueces remarcaron que quien está privado de la libertad, sobre todo en esas condiciones, no tiene el mismo registro del tiempo preciso que el resto de las personas, y que las posibles imprecisiones se debían exclusivamente a eso, y al paso del tiempo.

Veintisiete años después del asesinato, familiares y amigos de Andrés Núñez mostraron su tenacidad para la búsqueda de justicia y, no conformes con el paso avanzando, expresaron que ahora es el turno de encarcelar al resto de los responsables.

El proceso judicial que finalizó este viernes además contó con el apoyo y participación activa del Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones políticas y sociales.



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