«Las palabras son muy importantes para llamar las cosas por su nombre»
En respuesta al periodista Lucas Guagnini de Clarín, Claudia Hasanbegovic, integrante de la Red No a la Trata, escribió este artículo, donde pone en evidencia como los medios masivos de comunicación deforman el mensaje cuando se habla de prostitución, la explotación sexual y la trata de mujeres.
En el artículo «Esclavas Sexuales» del 14 de noviembre de 2006 del diario Clarín el periodista Lucas Guagnini brindó una completa información estadística, y su interés en hacer visible este tema.
Pero tengo una observación que hacer en relación al vocabulario empleado. Si bien se habla de «esclavas sexuales» (término que me parece el más adecuado y ajustado a la realidad de la trata de personas para explotación sexual), más abajo dice y copio aquí textualmente: «El domingo pasado Clarín publicó la historia de dos jóvenes santafesinas- Romina Gamarra y maría Ojeda- que en septiembre fueron rescatadas de un prostíbulo de Santiago del Estero, donde «las obligaban a trabajar».
Estoy en desacuerdo con que se utilice la palabra «trabajar», ni aún agregándole «obligaban a trabajar», relacionada con la trata de personas puesto que el concepto de trabajo incluye el consentimiento para hacerlo, la retribución por el trabajo realizado, la libertad de contratación, normas de seguridad e higiene que tienden a proteger la salud del o la trabajadora, etc.
La explotación sexual a la que son sometidas las mujeres y niñas secuestradas, desaparecidas, torturadas, vendidas y/o alquiladas no es un trabajo, sino VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES que consiste en: desaparición forzada de personas, tortura, explotación sexual, sometimiento a la esclavitud, violaciones sexuales, embarazos y abortos forzados. Es decir, toda una serie de delitos que nuestro Estado argentino viene «tolerando» ( al no tomar medidas eficaces ni para investigar, castigar ni prevenir la continuidad de estas desapariciones), y por ello constituye una violación sistemática de los derechos humanos de mujeres y niñas en territorio argentino, y una falta de voluntad política de aplicación de la legislación nacional (Código Penal) y de utilización del aparato del Estado para frenar estos crímenes.
Los impactos en la salud que tiene esta tortura sexual y este cautiverio que usted – seguramente sin haberlo hecho a propósito – llama «obligar a trabajar» son comparables a los de prisioneros de campos de concentración, y combatientes de guerra.
Aquí me permito recordar que durante la guerra en la ex Yugoslavia las mujeres bosnias eran sometidas a situaciones similares a las de las mujeres que en Argentina son «desaparecidas, torturadas, embarazadas a la fuerza, vendidas, y obligadas a ser continuamente violadas para explotación sexual», pero en aquella oportunidad eran explotadas por soldados serbios en burdeles, que hasta altos comandantes de las fuerzas de paz de la ONU frecuentaban. La comunidad internacional no denominó esa situación como «obligar a trabajar», sino que claramente la identificó como tortura, y la Corte Internacional para la Ex Yugoslavia la juzgó como «crimen de lesa humanidad» en su fallo del 14 de febrero del año 2002.
La palabra «trabajo» para hablar de «tortura sexual, violación obligada, cautiverio, etc.» puede ser solamente funcional al sistema que perpetúa la degradación del género «mujer» en la sociedad, y que hace posible que los cuerpos y la vida de mujeres y niñas, por el solo hecho de ser mujeres valga sea una mercancía .
Las palabras son muy importantes para llamar las cosas por su nombre y darles la envergadura que se merecen, y en nuestro país Argentina, «la desaparición forzada de mujeres, su tortura y muerte» sigue estando «invisibilizada», y confundida para mucha gente cuando desde distintas tarimas se esgrimen argumentos a favor de ver la explotación de la prostitución ajena como un trabajo.
El 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la mujer. No puedo dejar de recordar con indignación que en la provincia de Buenos Aires cada dos días es asesinada una mujer por su compañero íntimo, que el 65 por ciento de todos los asesinatos de mujeres los cometen sus compañeros o ex compañeros íntimos, que ya van más de 120 las chicas tucumanas «desaparecidas forzadamente dentro del mercado siniestro de la explotación sexual y la prostitución ajena», que los violadores siguen violando impunemente en nuestro territorio y la prensa centra su atención solamente en el embarazo producto de esa violación, y poco se habla del agresor.
Pero sobre todo, es indignante que esté tan invisibilizada la responsabilidad del Estado por la violencia de género. Poco se dice de la violencia política e institucional que el Estado argentino comete hacia el 50 por ciento de sus ciudadanos: las mujeres, al permitir que toda esta violencia de género siga ocurriendo sin tomar las debidas medidas para prevenirlo, investigarlo y castigarlo.(1)
Claudia Hasanbegovic
claudiahasanbegovic@gmail.com
Abogada, activista, e investigadora feminista.
Participante de la Red No a la Trata.
Nota
(1) Información tomada de :
Femicidios, Silvia Chejter, Susana Cisneros y Otras, publicado en 2005.
Madres Tucumanas, artículo publicado en la Red Informativa de Mujeres RIMA.