Multitudinaria marcha en contra del Código de Convivencia
Más de 20 mil integrantes de diferentes organizaciones se movilizaron pacíficamente para repudiar la sanción de los primeros 51 artículos de los 122 del proyecto del nuevo Código que incluye la figura del acecho y merodeo, una mayor sanción a las movilizaciones callejeras y al trabajo en la vía pública. Además repudiaron la detención de los manifestantes del 16 de julio, cuando se produjeron incidentes en la Legislatura.
Movimientos de trabajadores desocupados, agrupaciones estudiantiles, asambleas barriales, vendedores ambulantes y trabajadores sexuales y de diferentes empresas recuperadas marcharon desde Tribunales -donde estaba previsto el inicio del juicio a los consejeros universitarios, Martín Ogando y Sergio Salgado- para pasar luego por el Congreso y concluir en los alrededores de la Legislatura porteña que permaneció custodiada por un fuerte operativo policial.
Cerca de las 14, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete, junto al Movimiento de Desocupados Aníbal Verón realizaron un acto frente al Congreso Nacional en el que el dirigente de la CCC afirmó que se movilizan en contra del Código porque es «anticonstitucional», ya que «los legisladores quieren tener poderes para que el resto de la población no pueda movilizarse». En su discurso también hizo referencia al retroceso de la bancada macrista sobre la edad de inimputablidad que fue ratificada en los 18 años.
Con respecto a los incidentes del 16 de julio, Alderete adhirió a la hipótesis de que existieron infiltrados que provocaron desmanes en el ataque al Palacio de la Legislatura, quienes pertenecerían a un sector de la barra brava de Boca Juniors.
Ezequiel, integrante del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini manifestó a Anred que aprobar este Código que legitima la figura del acecho y del merodeo es darle más libertad a la policía para que nos reprima. «Es una aberración que a cualquiera de nosotros nos puedan llevar por estar parados en una esquina, una aberración jurídica que pasa por encima del Código Penal», expresó Ezequiel; quien concluyó: «lo más importante para impedir que impongan el Código es la movilización, y tratar de mantener informados a todos los compañeros de los colegios secundarios sobre el tema».
Una integrante de la Asamblea de Córdoba y Anchorena advirtió que van a pedir la revocatoria del mandato de todos aquellos legisladores que voten a favor de la reforma porque consideran que si fueron elegidos para estar en esa función, fue justamente «para que protejan al pueblo y no para que lo apaleen». Además agregó que las movilizaciones son un derecho, que es el derecho a peticionar y ese derecho no puede tener límites. «El único modo de resolver el problema es dar trabajo al pueblo, no hay que hacer mas leyes represivas sino una política de trabajo para todos y fomentar la solidaridad con los compañeros desocupados». Para culminar manifestó que «la calle, el espacio público, es el espacio del pueblo; nosotros hacemos reuniones en una plaza y debemos defender ese lugar, además de ejercitar la solidaridad con los trabajadores desocupados».
Fernando, ex consejero directivo del Centro de Estudiantes y actual docente de la Facultad de Psicología, aseguró: «los `incidentes’ del 16 de julio fue claramente un operativo montado por los servicios de inteligencia con la complicidad del gobierno», y continuó con el pedido de liberación de Ogando y Salgado y el desprocesamiento de los 4000 luchadores populares y la anulación de este Código que, según Fernando, «se logra con la movilización y la organización».