Vaca Muerta es un nuevo avance patronal respecto de la flexibilización laboral que se implementó en los ‘90
Entrevista a Clara Marticorena, joven investigadora que escribió un libro que se llama «Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores en la industria argentina, de los noventa a la posconvertibilidad”. Es socióloga, magister en Ciencias del Trabajo y doctora en Ciencias Sociales por la UBA y se dedica a la investigación como becaria post doctoral del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) donde integra el Programa de Estudios Críticos sobre el Movimiento Obrero. También trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Por Mario Hernandez
Mario Hernandez: Hace un tiempo teníamos la idea de entrevistarla fundamentalmente por lo que fue la negociación colectiva en 2016 y las novedades para este año que se inicia, novedades que hoy precisamente han comenzado con lo que ha sido el Convenio colectivo de Vaca Muerta, un convenio flexibilizador.
Antes de esto, vos sos investigadora del CONICET que a fines de año enfrentó un conflicto importante con la ocupación del Ministerio de Ciencia y Técnica. No está claro cómo va a continuar, en febrero tienen previsto volver a reunirse con las autoridades. En una nota de Tiempo Argentino a Dora Barrancos, una de los miembros del Directorio, socióloga también, tiene una visión bastante negativa del futuro del CONICET. ¿Cuál es tu apreciación al respecto?
Clara Marticorena: Efectivamente, el tema en CONICET se venía perfilando durante todo el año como un posible recorte en los ingresos de los investigadores que ya habían sido resueltos en la última convocatoria, donde hubo un importante retraso en la efectivización de esos trabajadores que habían sido seleccionados para ingresar a carrera.
Lo que sucedió a fin de año, que fue el detonante principal de la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, fue que de un total de casi 900 doctores de distintas disciplinas que fueron seleccionados por los mecanismos de evaluación de CONICET para ingresar a la carrera de investigación, ingresarían solamente 350/400. Es decir que quedaban afuera de la carrera 508 doctores, la gran mayoría formados por el CONICET a través de becas doctorales y post doctorales en los años previos, habiendo sido recomendados por la Comisión asesora de cada disciplina y la Junta de calificación y promoción. Esto generó una gran disconformidad entre todos los trabajadores y postulantes y detonó que se haya podido tomar una medida de fuerza tan importante como la toma, a la que por otro lado las autoridades del Ministerio no dieron respuesta durante los primeros días, desconociendo el reclamo y finalmente se logró una solución parcial que abre toda una serie de conflictos y negociaciones que tienen que ver con dar continuidad salarial a través de becas post doctorales a estos postulantes, incluyendo a postulantes que no estaban en el CONICET en el momento inmediatamente previo a su postulación a carrera, con el compromiso que a través de una mesa de negociación donde están distintos sectores gremiales y representaciones del sector y autoridades del Ministerio, se logre su inserción en tareas para las que fueron seleccionados, en condiciones permanentes, como son las de investigador. Esto va a ser una lucha.
Está contemplada esta mesa de negociación en el acta por la cual finalizó la toma, aunque el conflicto continúa, pero la posibilidad efectiva de que estos 508 compañeros puedan ingresar a la carrera de investigador y puedan tener un trabajo de investigación con condiciones de permanencia laboral y no precarias como las que se tiene siendo becario, va a depender de la movilización y de la capacidad de lucha y la fuerza que se pueda lograr desde la organización de los trabajadores de Ciencia y Técnica.
M.H.: O sea que es un conflicto que no está cerrado.
C.M.: No. Para nada.
M.H.: Tengo entendido que en varias provincias fue rechazado, o por lo menos cuestionado, este acuerdo. En la provincia de Santa Fe, Córdoba, La Plata, Rosario.
C.M.: La Plata acordó levantar la toma si se incorporaban una serie de condiciones que fueron resueltas en la asamblea de Buenos Aires. El tema con el interior es que efectivamente hubo distintas posiciones, pero también la situación del conflicto no era la misma, en algunos centros del interior las tomas habían sido por algunas horas, el conflicto no tenía la misma intensidad que en Buenos Aires y acá se resolvieron todas las decisiones por asamblea.
Efectivamente, fue un problema pero tampoco hubo una organización previa que pudiera reflejar aceitadamente y en los tiempos que impone un conflicto con una patronal, porque en definitiva el Ministerio es eso, respecto de los trabajadores de Ciencia y Técnica. Eso complicó la solución planteando todas las situaciones de distintos compañeros del interior, pero la idea es aceitar un mecanismo de cara a las negociaciones que empiezan en febrero.
M.H.: Vimos al Presidente de la Nación anunciando este convenio petrolero de Vaca Muerta que muchos han calificado como una punta de lanza de la reforma laboral. Me gustaría que desarrolles un poco más esta idea, ¿en qué consiste este convenio y por qué es calificado así?
C.M.: En primer lugar más que hablar de punta de lanza hablaría de un nuevo avance patronal respecto de la flexibilización laboral, porque en general hay mucho desconocimiento de las condiciones de flexibilización laboral que permanecieron, se incorporaron y firmaron en los convenios durante los gobiernos kirchneristas. Es importante marcar este matiz, porque en realidad hay muchas de las condiciones en materia de flexibilización laboral que se implementaron durante la década del ´90 que permanecieron en la letra de los convenios durante la post convertibilidad. Eso por un lado. Y también en lo que hace a la actividad petrolera, después de la privatización de YPF en los ´90 los cambios que se introdujeron en materia de negociación colectiva en el sector: polifuncionalidad, cambios en los tiempos de trabajo o la posibilidad de disponer por parte de la empresa de la distribución de ese tiempo de trabajo, la tercerización de actividades, porque cuando se privatiza YPF hay un proceso de expulsión de trabajadores de la empresa y de recontratación a través de contratistas.
Hay entonces muchas condiciones que se implementaron durante los ´90, que permanecieron durante la post convertibilidad y que ahora tienen una nueva vuelta de tuerca en un ajuste y en un avance sobre las condiciones de trabajo establecidas hasta el momento. Si uno mira los convenios más recientes del sector, efectivamente las condiciones de polivalencia existían, ciertas condiciones vinculadas a los turnos rotativos o el «turno americano” también existían.
Muchas veces en esta actividad el soporte material de estas condiciones de flexibilización está dado por las condiciones de producción, al tratarse de un proceso continuo muchas veces se establecen un montón de excepciones a la Ley de Contrato de Trabajo que tienen que ver con estas características del proceso específico de extracción que se fundamenta en esa condición productiva.
En este caso en particular a mediados de 2016 se firma una resolución entre todos los sindicatos del sector petrolero y las Cámaras patronales, donde se establece una mesa de análisis técnico para mejorar la productividad sectorial. Es decir que estos cambios en el convenio en particular de Vaca Muerta, que es el caso particular que Macri anunció hoy, se enmarcan en este proceso de reconfiguración más amplio del sector. Por lo que se plantea en este caso que no es un convenio, sino que algunos hablan de una adenda, una modificación de algunos puntos del convenio, lo fundamentan en que se trata de la explotación de recursos de forma no convencional y, por lo tanto, en principio esto no estaría contemplado en el convenio existente y a través de este mecanismo lo que quieren plantear en realidad es una reducción del tiempo de trabajo pago, aumentar el tiempo de trabajo impago, aumentar la explotación. Por ejemplo, uno de los ejes tiene que ver con el tiempo de traslado a los yacimientos, lo que se llama las «horas taxi”, también los descansos en relación al tiempo de trabajo y otro de los ejes planteados tiene que ver con el tiempo de pernocte, porque muchas veces los trabajadores se instalan porque tienen 15 días de trabajo en el yacimiento. Hay una serie de condiciones que van directamente a buscar cambiar las condiciones de trabajo para lograr aumentar la productividad y achicar la cantidad de trabajadores. Ese es el perfil que tiene esta adenda.
M.H.: También es sustancial la rebaja salarial, algunos hablan de una reducción de hasta el 50%. ¿Afecta al salario también esta medida?
C.M.: Sí. Porque si no se paga el tiempo de traslado y ciertos descansos en relación al tiempo de trabajo, eso va directamente a una reducción del salario.
La Ley de primer empleo apunta a bajar los costos laborales, precarizando los contratos
M.H.: Otro tema que está en agenda y del que se habla mucho, es esta suerte de Ley de primer empleo o como algunos la han denominado «Ley McDonalds”. Cajoneada coyunturalmente en la Cámara de Diputados, pero con intención de parte del gobierno de volver a presentarla en el transcurso del corriente año. ¿En qué consiste ese Proyecto de ley?
C.M.: En ese sentido hay una similitud con la lógica de contratos por tiempo determinado que se introdujeron a principios de la década del ´90 que tienen que ver con reducir o eliminar en algunos casos los aportes patronales, la posibilidad de despedir sin causa y sin derecho a indemnización.
Con esto de la Ley de primer empleo que efectivamente quedó stand by, y lo mismo con distintos discursos en contra de convenios, o que tratan de promover la negociación por empresas, me parece que en realidad lo que está detrás es el diagnóstico de los sectores patronales, de los principales representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), que lo sucedido durante los gobiernos kirchneristas era que solamente se negociaba salario, no se negociaba productividad, que no les permitían introducir elementos de flexibilización, etc.
Entonces, de alguna manera, lo que se puede ver que está sucediendo este año es una avanzada en todos esos flancos que los sectores patronales vieron con cierta limitación en el período previo y que apunta efectivamente a implementar las medidas que ya se implementaron en la década del ´90, la diferencia es que no se implementan sobre la situación en la que se hizo en esa época, sino que se hace en un mercado de trabajo donde la precarización y la flexibilización ha avanzado mucho más. Apuntan a reducir y flexibilizar la entrada y salida de la relación laboral, reducir los costos laborales, con la excusa de que eso va a generar mayor, y este es un término que le gusta mucho al gobierno actual, «empleabilidad”, o sea, generar las condiciones para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral y la concepción es que la forma de lograr eso es bajando los costos, precarizando los contratos, permitiendo contratos a término, sin aportes y sin cobertura.
A eso apunta la Ley de primer empleo. Lo mismo están planteando ahora respecto de las pasantías educativas, estas ideas vuelven a aparecer en distintos momentos como para ir marcando la cancha del modo en que quieren plantear los derechos laborales en la actualidad. Lo de las pasantías, por ejemplo, es interesante observar, se introdujo durante la década del ´90 y en 2008 hubo una modificación, pero no se eliminó esa forma que fue usada para abaratar costos laborales y flexibilizar el ingreso al mercado de trabajo, utilizado tanto por empresas privadas como por el Estado.
Me parece que apunta a generar ese marco, lo mismo que los discursos que quieren instalar la idea de que hay altos costos laborales y que hay muchas rigideces en el mercado de trabajo, es parte de este discurso neoliberal que quieren instalar, sobre todo, de cara a las paritarias de este año. Eso es clave.
Este avance o este intento flexibilizador del gobierno actual, choca con varios problemas
M.H.: Está claro que en los ´90 se produce una ofensiva sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Pero siempre la idea que uno tiene es que durante el período kirchnerista de alguna manera se revirtió esta situación y que con el gobierno de Macri se retoma esta ofensiva. ¿Cuál es tu visión al respecto?
C.M.: Me parece que habría que pensar en qué aspectos se modificaron durante los gobiernos kirchneristas, incluso el punto de inflexión habría que ubicarlo en la crisis del 2001, en el sentido que esta crisis significó una impugnación a las políticas de ajuste neoliberal o, al menos, una fuerte crisis de ese consenso neoliberal. Y que en el marco de las condiciones de crecimiento económico y del empleo en el período post convertibilidad obviamente los trabajadores pudieron recuperar una serie de condiciones laborales que habían perdido durante los ´90.
Pero hay varias cuestiones a apuntar, por un lado, hace poco en una entrevista que me hicieron yo planteaba dos aspectos que creo que hay que diferenciar y que necesariamente están articulados. Creo que en ese período hay un avance en la organización de los trabajadores, desde el punto de vista de las características que asume la conflictividad, la dinámica inflacionaria impuso otras formas de resolver la relación capital-trabajo y en un contexto de caída del desempleo la negociación colectiva ocupó un lugar central, pero no solo desde la cuestión de la recomposición salarial, sino también como forma de encauzar esa conflictividad laboral y de plantear los términos de la disputa capital-trabajo en una forma institucionalizada. De hecho hay distintos estudios sobre la evolución salarial en términos reales durante la post convertibilidad que muestran una recuperación de los niveles previos a la devaluación en los primeros años, y después sí una recuperación donde hay ciertos sectores que repuntan y otros que permanecen por detrás de la inflación.
Esto tuvo mucho que ver creo, con los cambios a nivel de las organizaciones sindicales que se dieron, la organización antiburocrática que se dio en algunos sectores, enfrentados a las propias dirigencias, logró mayores conquistas para esos sectores de la clase trabajadora.
También es cierto que tenemos un 35% de trabajadores no registrados, ahora el dato de esta semana es que el 50% de los trabajadores tiene un ingreso menor a los 8.000 pesos y eso, si bien la situación empeoró en el último año, no es exclusivamente achacable a lo que sucedió durante el 2016. Entonces, me parece que hay un aspecto de la correlación de fuerzas que se instala durante los ´90 que sí permanece durante la post convertibilidad como forma de debilidad de la clase trabajadora.
Respecto del tema de los retrocesos uno puede pensar qué pasó desde la política de acción del Estado, ahí yo creo que efectivamente el Estado dejó de promover la flexibilización aunque la mantuvo desde el punto de vista de la organización del trabajo, de convalidar y homologar convenios que incluían formas flexibles en los lugares de trabajo en términos de distribución de tareas, de organización del tiempo de trabajo. Pero si uno mira lo que sucede a nivel de la legislación se pueden ver retrocesos sobre la base del avance previo. No lo terminan de desarticular. Un ejemplo de esto es que uno de los artículos que habilita el cálculo de la disponibilidad de la jornada de trabajo en función de las necesidades de la demanda de la empresa que se implementa por una de las leyes del empleo del año ´91, permanece vigente. Ese establecimiento de jornadas que se llama «jornadas promedio”, que es una especie de banco de horas, se utiliza fundamentalmente en las automotrices, los trabajadores tienen una jornada de 2.000 horas anuales que se distribuyen de manera diferencial a lo largo del año según las necesidades de la empresa y eso le permite reducir el pago de horas extraordinarias.
Dentro de este marco hubo diversos aspectos que lograron modificarse y revertirse. Con la lectura que no acuerdo, porque además me parece que no permite analizar los procesos sociales, es con esta idea de modelo flexibilizador en los ´90, modelo de inclusión durante el kirchnerismo, como si el kirchnerismo hubiera partido de cero. Si se analiza todo el período yendo más atrás, desde la última dictadura a la actualidad, también las formas en las que se recompuso el capitalismo en Argentina, el proceso de reestructuración que significó la década del ´90 y cómo esos pilares y esa correlación de fuerzas en un sentido permanecieron durante la post convertibilidad.
Claramente desde el punto de vista ideológico y de la política estatal más abierta, durante el gobierno de Macri estamos viendo una especie de revival de las herramientas de políticas económicas, herramientas de políticas laborales, la idea de que si reducimos los costos laborales va a caer el empleo no registrado o la informalidad, mientras esto está más que probado que no es así.
Pero me parece importante señalar estos aspectos de continuidad que se pueden ver sobre todo en la relación capital-trabajo, pero hay una clase obrera más organizada durante los últimos 12/15 años, con diferencias sectoriales, pero que en las formas que asume esa organización, en los reclamos, en los niveles de conciencia está plasmada también esa reestructuración capitalista, esa ofensiva que se impuso en la década del ´90.
Igualmente me parece importante señalar que como ese es el punto en el que nos encontramos en la actualidad, este avance o este intento flexibilizador del gobierno actual, tiene una respuesta, choca con varios problemas, más allá de que tenemos la tregua de la CGT que es clave, pero también tenemos varios gremios que le han torcido la mano al gobierno. Es importante tener eso en cuenta al analizar la configuración más general.
M.H.: Una de las cuestiones que durante el período kirchnerista y en la actualidad tiene un peso importante es el denominado trabajo en negro. Se habla de que aproximadamente 1/3 de la fuerza laboral revista en esa condición. ¿Qué papel juega el trabajo en negro en el mercado de trabajo?
C.M.: Así como el desempleo es una forma de presionar a los trabajadores ocupados para aceptar peores condiciones de trabajo, rebajas salariales y una intensificación de los tiempos laborales, el empleo no registrado de algún modo también tiene ese efecto. Más que nada desde el punto de vista de la fragmentación de la clase trabajadora.
Nosotros hablamos de empleo no registrado y existen muchas situaciones heterogéneas, desde el trabajador que está completamente en negro, el que está en «gris”, el que esta tercerizado, el que esta subcontratado. El salario de estos trabajadores es un 30/40% menor al de los trabajadores en blanco del mismo sector. Sin dudas puede operar como una forma de disciplinamiento a los trabajadores en blanco.
Desde el punto de vista de la ganancia patronal, muchos sectores se benefician no solo directamente sino en forma más mediada, del empleo en negro. Recuerdo que en una entrevista a la gente del Ministerio de Trabajo que está encargada de las negociaciones del sector textil, me comentaban que uno de los principales argumentos de las patronales era que ellos están enfrentados a la «competencia desleal” de quienes tienen trabajadores en negro y eso les permitía pelear un techo salarial mucho más bajo para los trabajadores textiles en blanco. Es otra forma de reducir los costos laborales, de fragmentar y lograr un disciplinamiento de la clase trabajadora. No tiene el mismo efecto que el alto desempleo, no es lo mismo tener 25% de desempleo y trabajo en negro del 30%, pero opera aun con una tasa de desempleo más baja, como un factor de disciplinamiento más general. Los trabajadores no registrados pueden ser despedidos en cualquier momento, es muy difícil que ese trabajador logre una indemnización, sólo a través de un juicio. Un montón de condiciones que hacen que la relación laboral en la que está ese trabajador lo discipline objetivamente.
M.H.: ¿Qué podemos esperar desde el punto de vista de la discusión de los Convenios colectivos en este 2017?
C.M.: Me parece que por un lado está planteado este objetivo del gobierno de avanzar estableciendo cláusulas de productividad que permitan abaratar los costos laborales. Por otro lado, un ejemplo de un modelo que se plantea de lo que se viene se observa en la negociación con los estatales bonaerenses. María Eugenia Vidal firmó una paritaria por 15 meses donde incluye un adicional para los últimos meses de 2016 y establece ya el aumento salarial para el 2017, en cuatro tramos de 4,5% trimestral hasta llegar a un 18% en el último trimestre de 2017. Ya está planteando esta idea del gobierno de pensar o discutir la inflación de 2017 no en función de la recomposición de la caída salarial del 2016 sino de lo que el gobierno quiere instalar que va a ser la inflación de 2017. Están planteando una pauta del 17%, aunque este convenio incluya una revisión de la inflación en forma trimestral, antes de cada nuevo tramo de aumento.
Me parece que en este sentido la apuesta fuerte es a negociaciones muy bajas en términos de porcentaje salarial pero, y esto está relacionado con lo que planteaba anteriormente, hay sectores más fortalecidos, combativos, que van a dar batalla. Por ejemplo, los aceiteros que este año lograron un 38% de aumento para todo el año en un solo tramo, mientras hay otros gremios que negociaron en 3 o 4 tramos de aumento, que también lograron un bono salarial de fin de año de 21.500 pesos, muy superior a los 2.000 que acordó el gobierno en la Mesa de diálogo. Y, por otro lado, los bancarios que ya parte del acuerdo por el cual estuvieron en conflicto el último mes, anticipa parte de los montos a negociar en 2017. Este es uno de los puntos que el Ministerio de Trabajo no quiere convalidar porque ya sentaría un piso más elevado del que el gobierno plantea para la negociación del 2017.
Está claro a dónde va a apuntar el gobierno, a porcentajes bajos y a introducir cambios en las condiciones de trabajo, pero lo determinante va a ser la capacidad de organización de los trabajadores y hay sectores más combativos que creo que van a dar batalla en esto. Por otro lado, será determinante el rol de la CGT convalidando este avance de la flexibilización laboral que es lo que viene haciendo durante este año y lo que está haciendo en el sector petrolero. Me parece que está claro a dónde apunta el gobierno, también hay sectores con mayor capacidad de organización que van a tirar la pauta más arriba de lo que el gobierno está dispuesto a negociar en principio.