El Juez Ariel Lijo falló

No por previsible el fallo del Juez dejó de provocar dolor entre los integrantes de las organizaciones sociales que acompañan a los detenidos paraguayos. Lijo decidió enviar a la justicia paraguaya a los peticionantes de asilo político. Una justicia sin venda y con muchas varas. Ahora, la Corte tendrá la palabra.

Por Daniel Giovannini – La Colectiva.

Fue el jueves 14 de diciembre, por la mañana. Algo más de una hora y media y dos jarras de agua le llevó al Juez Ariel Lijo la lectura de la sentencia por la cual aceptó la extradición requerida por las autoridades paraguayas de los seis detenidos en la cárcel de Marcos Paz.

Ante una sala colmada por militantes por los derechos humanos y residentes paraguayos en Argentina, Lijo eligió la velocidad para leer tanto como para hacer su mutis en menos de siete segundos, justo antes que estallará entre la concurrencia la angustia y la bronca.

Con su voz entrecortada por ambos sentimientos, Ramona Álvarez Fleitas, de la Comisión de Derechos Humanos de paraguayos residentes en Buenos Aires, dijo: «Me apena mucho esta traición a estos luchadores que solamente han tenido su lucha por la tierra, como la hemos tenido todos los que nos hemos venido del Paraguay, y le han imputado este crimen porque son los chivos expiatorios del poder central, que no admite otro tipo de partido que no sea el que gobernó y gobierna hasta ahora».

En el fallo, considerado unánimemente por los abogados defensores como contradictorio, el Juez justificó su postura en la formalidad de que en Paraguay rige un Estado de Derecho, desestimando las múltiples pruebas de persecución política presentadas por la defensa.

Para Guillermo López, abogado de la CTA de Flores, «la lectura del fallo pasó de un lado a otro con contradicciones evidentes en cuanto a que no era lo jurídico lo que en este caso interesaba, sino una decisión política en relación a eliminar el derecho de asilo. Esta es una orden del Departamento de Estado para toda Latinoamérica, que hay países como el nuestro, que la están cumpliendo».

Como corolario de las contradicciones, el Juez, que no puede intervenir en asuntos de otro Estado soberano, recomendó a las autoridades realizar un seguimiento a fin de garantizar en Paraguay para Agustín González Acosta, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Arístides Luciano Vera Silguero, Basiliano Cardozo Giménez y Gustavo Lescano Espinol un juicio justo.

Sensible el hombre, puede que haya estado pensando en un juicio tan justo como el que condenó, hace alrededor de quince días, a doce procesados por la misma causa.

Doce del patíbulo

Recordemos que Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004. Su cuerpo fue encontrado en una vivienda en la localidad de Ñemby, a unos treinta kilómetros de la capital, 148 días después.

Algunos medios sugirieron que el general Lino Oviedo -antiguo aliado y en ese momento enemigo de Cubas- podría ser el autor intelectual del secuestro. Pero la policía reforzó la línea investigativa hacia la conexión del grupo Patria Libre.

Esta actitud es posterior a que el presidente paraguayo Duarte Frutos dijera públicamente que los asesinos de la joven «son criminales que actuaban disfrazados de políticos», en directa alusión a esa agrupación política, y prometió castigo para los responsables.

Liliana Mazea es abogada de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), que lleva adelante la defensa de los paraguayos peticionantes del derecho de asilo. Ella explica cómo se involucró a los miembros del partido político en la causa.
«El trámite se inició con la compra de un testigo, Olazar, ex integrante de Patria Libre, que en la medida que lo citaban a comparecer e incriminaba a más gente, crecía el lujo de su casa».

Alberto Kudrit, colaborador de FIDELA, viajó a Paraguay para estar presente en la lectura del fallo en el que un tribunal condenó a diversas penas a doce de los quince imputados. Conversamos con él. Testigo de algo increíble o insólito, Alberto se alisa el pelo con ambas manos y ordena sus ideas. «Había cosas que te revolvían las tripas, no lo podías creer.
De los quince detenidos tres fueron absueltos. La lectura que hicimos es que querían sacarse de encima a la abogada patrocinante, Raquel Talavera, una persona muy mediática y con muchos contactos. Los otros doce estaban representados por dos defensores de oficio. De todas maneras, por todas las referencias que tuve allí, hicieron un trabajo impecable a pesar de las presiones. Cuatro defensores anteriores habían tenido que renunciar. Allí no es cuestión de que es tu carrera y ese tipo de presiones, hay amenazas», dice y agrega, «Lo de Talavera les salió mal, porque para la apelación otro de los condenados la nombró como representante, así que está de nuevo en la causa».

Uno de los elementos de prueba con los que contaba el tribunal era un acta de una reunión de Patria Libre en la que, supuestamente, se decidía la suerte de Cecilia Cubas. Si bien en esa acta no se decía nada de Cubas, lo escrito fue interpretado elípticamente de manera tal que cerrara con la necesidad del tribunal. No obstante no correspondían las fechas.

Alberto explica: «Como no cerraban, las fechas las corrigieron después. La reunión había sido el 20 de enero. La muerte, a partir de las pericias, daba mediados de diciembre. Entonces se modificó la fecha y pusieron que había sido el 14 de noviembre. Este cambio se produjo durante el juicio. El acta no fue modificada, no se trata de una falsificación, simplemente el tribunal consideró que había sido en otra fecha».

Los ejemplos de la «rigurosidad» del Estado de derecho en Paraguay, y en particular en esta causa, continúan en el relato de Alberto. «A uno de los muchachos que le ponen 18 años y nueve meses, es un policía que recibió una llamada equivocada, treinta segundos, y que no atendió. En cuanto al tema de los atenuantes y los agravantes, fue insólito. Cuando van leyendo la sentencia, como atenuantes aparece el hecho que ninguno de los acusados tiene antecedentes. Ahora bien, en el caso de Osmar Martínez, por ejemplo, estudiante de derecho, tiene el agravante de que conocía. Una suerte de «premio» por su conocimiento. Lo mismo con una chica que era docente y otro que era estudiante carpintero. Todos así, los que tenían alguna profesión o se destacaban de alguna manera. Llegan a uno que es campesino, teniendo en cuenta que en una familia campesina se le inculcan las buenas costumbres y la moral, eso es un agravante».

Palo y a la bolsa, las penas van desde los cinco años para las concubinas, por el sólo hecho de serlo, de dos procesados, hasta los treinta y cinco para quien fue considerado ideólogo. Trabajadores, dirigentes o luchadores sociales, pobres. Todos muy malos.

La edad de la inocencia

La celeridad y severidad de estas condenas se diluye cuando en el banquillo de los acusados se encuentran empresarios responsables de la «prosperidad» del Paraguay de hoy.

Más allá del caso del shopping, que todos pudimos ver en los medios con su desenlace de pueblada, muchos otros hechos no son investigados o cuando las movilizaciones populares obligan, son resueltos dentro de una mínima formalidad.

El asesinato de Silvino Talavera llevó al banquillo de los acusados a dos sojeros, los brasileños-alemanes Alfredo Lauro Laustenlager y Hernán Schlender Thiebaud.

La presencia en Buenos Aires, el 2 de diciembre, de Julia Franco, secretaria de relaciones institucionales de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), nos permitió actualizarnos sobre este hecho. «Silvino Talavera es un niño de once años que fue alcanzado por agrotóxicos el 2 de enero de 2003. La madre lo mandó al almacén por un camino vecinal y cuando volvía a su casa trayendo carne, él y la carne fueron alcanzados por el fumigador de un campo vecino, un brasilero-alemán. La carne se cocinó en la casa y se intoxicó toda la familia. Él llevó la peor parte porque inhaló, le alcanzó por la piel y además comió de la carne», recordó.

«El 6 de enero, otro brasilero-alemán que tenía arrendado a quince metros, a solo quince metros de donde vivía Silvino, vino Alfredo Lauro Laustenlager a pulverizar nuevamente. Ellos estaban reponiéndose de a poquito de la intoxicación sufrida. A las doce del mediodía, recayeron nuevamente con fuerte dolor de estómago y para Silvino fue la muerte al día siguiente», completó.

A partir de allí, CONAMURI emprendió un camino de lucha que terminó el 1de diciembre.
En abril de 2004 se llegó al primer juicio oral y público donde fueron condenados a 2 años de cárcel más una indemnización de 25 millones de guaraníes. Esta sentencia fue apelada por los sojeros y el juicio fue anulado.

«Nuevamente hicimos una fuerte campaña nacional e internacional con organizaciones y movimientos sociales de otros países. Este juicio se desarrolló en 2005. La condena ahora es por los dos años de cárcel», agrega Franco.

Por supuesto que no será de cumplimiento efectivo y nada de indemnización. No vaya a ser cosa que no cuenten con el capital necesario para continuar con los emprendimientos salvadores de la patria.

Julia sintetiza: «sabemos que la condena es muy leve; pero sí creemos que el logro es haber marcado un precedente. Las muertes por intoxicación con agrotóxicos ni siquiera son registradas en los centros de salud. ¿Cuantos Silvinos Talavera se nos están muriendo día a día y ni siquiera son registradas esas muertes?»

Los uno y los otros

No se trata de minimizar la lucha de las organizaciones comprometidas en esta y otras denuncias. Desde luego que es un precedente importante, al parecer, muy a pesar de la justicia paraguaya.

Cientos de casos de feroces agresiones a campesinos que luchan por sus tierras, decenas de asesinatos, todos sin siquiera ser investigados. Judicialización de los dirigentes campesinos o sociales, con celeridad y efectividad.

Los que ostentan los roles de responsabilidad a la hora de impartir justicia se convierten en actores de pésimos guiones y cumplen al pie de la letra su papel.
No sólo dentro del Paraguay.

Los seis paraguayos solicitantes de asilo político van ahora a la Suprema Corte argentina y esperan, con la moral en alto, que. en alguna instancia, sea justicia.

Daniel Giovannini – La Colectiva