«Me matan si no trabajo y si trabajo me matan»

Emotiva marcha exige justicia por obreros muertos en accidentes laborales. Con la iniciativa de la Mesa Nacional de ATE INTA, el Cuerpo de Delegados de la Línea 60 y los familiares de los obreros fallecidos, más de doscientas personas concentraron frente a la sede central del INTA y movilizaron hasta Corrientes y Uruguay, ante los tribunales en los que están presentados -y congelados- los juicios por accidentes laborales. Por Leandro Rodríguez para ANRed

Se hizo un acto al comenzar la actividad y otra al terminar la movilización, donde familiares y compañeros, así como diversos dirigentes sindicales, denunciaron que los accidentes laborales eran evitables, en caso de que la empresa cumpliera con las normas de seguridad laboral. La actividad -fimada en vivo por Antena negra TV- atronó en el centro de la ciudad, desplegando una alta emotividad desde el relato de familiares y compañeros, además de contar con numerosas delegaciones obreras de diversos gremios, entre las que se destacó la de los colectiveros de la Línea Este de La Plata.
A su vez fue notable la solidez de la argumentación y pruebas documentales esgrimidas por lxs trabajadorxs. Estos enmarcaron su lucha por justicia en la advertencia de que ese es un problema de toda la clase trabajadora, muriendo por accidentes laborales 449 trabajadorxs en blanco en 2015 (que se potencian en el sector en negro). Y en la ofensiva del gobierno nacional para reformar la ley de Riesgos de Trabajo, con el objetivo declarado de «acabar con a industria del juicio”. No obstante especialistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea muestran que sólo el 16% de los accidentes laborales terminan hoy en juicio y que el interés de esta reforma «está puesto en bajar aún más la tasa de juicios y no en reducir los siniestros (accidentes)”.

Si bien el reclamo se hizo -en palabra de una de las madres- «para que a ningún trabajador más le pase lo que les pasó a nuestros hijos”, de todos modos también se dio la exigencia concreta a los jueces de que descongelen las causas que no las han querido mover en estos dos meses en los que venimos acumulando pruebas. Incluso en ATE-INTA han conformado una comisión investigadora independiente.

En el caso de Diego Soraire, obrero del INTA de 37 años y padre de familia, contratado en forma precaria y obligado a trabajar en áreas de alto riesgo sin capacitación previa, murió quemado por la explosión de un biodigestor. El delegado de ATE-INTA Capital Luiggi nos informó que viene funcionando una Comisión Investigadora Independiente que denuncia en su primer informe de Noviembre 2016 que (los trabajadores) se vieron «obligados a crear esta comisión frente a los innumerables obstáculos interpuestos por las autoridades del INTA a la hora de obtener la información que tanto los trabajadores como la familia de Diego reclamamos”.

En base a la documentación de los hechos e incluso al informe de la SRT (superintendencia de riesgos de trabajo) detallan las siguientes irregularidades: 1) inexistencia de INTA con las normas de seguridad establecidas para el uso del biodigestor, que deben manipular los operarios para potenciar la vacuna contra la aftosa en propiedad de Biogénesis Bagó (Bagó le paga al INTA y al SENASA por estos servicios prestados). 2) incumplimiento de INTA con el protocolo de atención al accidentado, seguimiento e investigación del siniestro. La conclusión de la Comisión investigadora es que «no se trató de un mero accidente sino de la consecuencia directa de la negligencia de las autoridades de INTA”. Ver el informe de la Comisión y también el informe de la SRT del 14 de septiembre 2016 en:
https://www.facebook.com/notes/mesa-nacional-ate-inta/1er-informe-de-la-comisi%C3%B3n-investigadora-independiente-por-el-esclarecimiento-de/917973154971074

En el caso de David Ramallo, operario de la Línea 60, las deficiencias de las normas de seguridad fueron verificadas por el Cuerpo de delegados y denunciadas ante la patronal, la cual hizo caso omiso, protegida en la falsificación de actas junto a los supervisores estatales, donde ambos truchaban las firmas de los responsables del Cuerpo de delegados. En cambio el obrero de la construcción, Ricardo Alcaraz murió desprotegido ante el pacto entre la empresa y su sindicato -la UOCRA- para ocultar el incumplimiento de las normas de seguridad.

Al finalizar las palabras de quienes participaron en la marcha, se realizó una obra de teatro callejero, temática sobre la complicidad entre la patronal, el estado y la burocracia sindical.