Tres pibes rosarinos y los dichos oficiales
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se reunieron hace algunos días para elogiar el desarrollo del convenio que generó la intervención de la Gendarmería en once ciudades de la enorme geografía del segundo estado argentino. Por Carlos del Frade para APe
«Fuentes de la provincia revelaron que el encuentro fue positivo, que se hizo un balance de las tareas desarrolladas en el primer mes de trabajo conjunto y se hizo especial hincapié en el primer operativo integral que se llevó adelante ayer en las diez ciudades donde está Gendarmería en Santa Fe. Asimismo, se establecieron las pautas de cara a las tareas que se van a llevar adelante de aquí en más. «Hubo muy buena sintonía», aseguraron desde la administración santafesina”, repitieron los grandes medios de comunicación.
Una semana antes, los integrantes de la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Adolescencia de Rosario en su pelea por lograr un cachito de justicia, se manifestaron por el esclarecimiento del asesinato de tres pibes cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad.
Dice la redacción de «Rosario Plus”, a propósito, que «las muertes de Franco Casco, Jonatan Herrera y Gerardo Escobar se convirtieron en los tres casos de violencia institucional más emblemáticos de Rosario, pero no son los únicos. Sus historias no ganaron la agenda mediática”; por eso el jueves 20 de octubre, frente a la sede de Fiscalía, sus allegados hicieron escuchar el pedido de justicia.
Familiares y amigos de Brandon Cardozo, Jonatan Ojeda y Maximiliano Zamudio, acompañados de otros familiares de víctimas de violencia y organizaciones sociales”, se reunieron ese día para reclamar justicia ante los tribunales rosarinos.
Esas historias apuntan al lado oscuro de los discursos políticos, judiciales y policiales.
Están allí para destacar que hay negocios mafiosos muy firmes que se nutren con los silencios permanentes, transversales y funcionales a la idea de construir una sensación de paz social que, en realidad, significa la tranquilidad de muy pocos.
Brandon Cardozo, por ejemplo, tenía 16 años cuando fue asesinado. El joven se encontraba festejando con amigos la llegada del año nuevo en una fiesta al aire libre, en Centenario y Entre Ríos, pero en el medio de la celebración se desató una pelea entre bandas que terminó con disparos. Uno de ellos dio en el mentón de Brandon, que perdió la vida camino al Hospital Roque Sáenz Peña.
Días después, un policía declaró en Fiscalía que el autor del disparo había sido un compañero suyo y entonces se detuvo a Emiliano Gómez, agente de la Brigada Motorizada. El efectivo fue imputado por homicidio agravado y se encuentra con prisión preventiva, pero la familia de la víctima reclama que la carátula cambie a homicidio calificado. Gómez, en tanto, asegura ser inocente y señala a quien lo delató como el autor del disparo mortal.
Jonatan Ojeda, en tanto, el 18 de octubre de 2015 fue víctima de una persecución por parte de un policía que desde hacía tiempo lo hostigaba. La víctima tenía 17 años y regresaba de bailar rumbo a su casa de barrio Itatí cuando el agente Martín Robledo comenzó a seguirlo en su automóvil mientras le disparaba.
El joven resultó gravemente herido y finalmente murió producto de los disparos recibidos (uno de ellos en el pómulo izquierdo). Mientras Jonatan se encontraba inconsciente, según declaró su madre, el policía intentó poner a su lado un monedero de color negro y un arma. Sin embargo, familiares y conocidos se lo impidieron. Cuando llegó el Comando Radioeléctrico (CRE) al lugar del hecho, los efectivos decidieron proteger a Robledo, quien permanece en libertad a pesar tener ocho causas abiertas por otros delitos.
Por otro lado, Maximiliano Zamudio, a los 16 años recibió tres impactos de bala que provinieron de un arma no reglamentaria. Quien disparó fue un policía, que en su declaración intentó defenderse al argumentar que Maximiliano le quiso robar junto con otro joven y que disparó cuando los adolescentes lo amenazaron.
«Pero nunca se encontró ningún arma a Zamudio y los testigos aseguraron que el chico estaba solo. La mamá de la víctima y los testigos dicen que el prefecto lo remató en el suelo. Como el fiscal de la causa considera que no hay peligro de entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga, el agente se encuentra libre y en ejercicio de sus funciones”, dice la precisa descripción de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Rosario y la crónica de «Rosario Plus”.
Crónicas de tres pibes rosarinos que fueron arrasados por ese lado oscuro de la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
Historias que gracias a sus familiares y la militancia de numerosas organizaciones sociales y políticas cuestionan los avances en seguridad que logran funcionarios nacionales y provinciales.