«La gobernadora Vidal tomó posición con la derecha eclesiástica»
La ministra de Salud Zulma Ortiz firmó la resolución 2095 a través del cual la provincia de Buenos Aires adhería al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Este protocolo sigue los lineamientos del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012 que interpreta, sin que quede lugar a dudas, el artículo 86 de nuestro Código Penal que describe los casos en los que se puede interrumpir un embarazo de manera legal. Sin embargo, esta situación se ha vuelto atrás porque la gobernadora Vidal dejó sin efecto la resolución de la ministra. Carolina Azcola, integrante de la Asociación Metropolitana de Generalistas y Equipos de Salud y de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, dialogó con Fernando Tebele y María Eugenia Otero, durante el programa radial La Retaguardia, sobre las herramientas de que disponen los profesionales para respetar los procedimientos de ILE. Por La Retaguardia
Quien debería firmar hoy este protocolo es Julio Conte Grand, un abogado católico ligado al Opus Dei. Fue durante mucho tiempo procurador de la Ciudad. Algunos rumores sostienen que asumió primero en legal y técnica en la Provincia para hacerse cargo de la Procuración en la Provincia y quien actúe como fiscal ante la Corte Suprema, cargo que hoy tiene María del Carmen Falbo que estaría cerca de irse jubilada pero también presionada por el nuevo poder macrista.
«Este protocolo era una forma de sentar precedente sabiendo cómo es el escenario político en la Provincia. Era importante que fuera éste el escenario en el que se implementara esta adhesión que plantea justamente la aplicación obligatoria, y eso no es menor entendiendo que se trata de un procedimiento a nivel nacional. A nivel provincial había un protocolo de aborto no punible que era bastante rústico, lo había decretado Scioli en su momento, pero era algo escrito que, justamente, estaba en proceso de revisión, por lo que esto significaba un paso bastante adelante», aseguró Azcola. «Nosotros y nosotras somos parte de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir que existe a nivel nacional de profesionales que estamos en primer y segundo nivel de atención garantizando derechos sexuales y reproductivos a las mujeres. Justamente en este sentido había significado un paso adelante. Al enterarnos de esto nos sorprendimos», reconoció.
Antecedentes
Para la profesional, esto podía pasar: «Entraba en sintonía con lo que había pasado en Municipio de Morón, donde apareció en un centro de salud de primer nivel de atención un cartel que decía que se tenía que denunciar ante la policía a toda mujer que venía a consultar a la guardia por una situación de aborto. Rápidamente en conjunto con la Red y con todas las organizaciones sociales que son el motor principal que nosotros acompañamos desde nuestro rol profesional pero estas luchas surgen de las organizaciones sociales y las organizaciones de mujeres», destacó. «Se logró dar marcha atrás con esta iniciativa y que el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia sacó el decreto de qué hacer frente a una situación de aborto y eso se repartió a todos los efectores de salud de la Provincia tanto en hospitales como en centros de salud. Hay una situación particular con la ministra de Salud que entra en sintonía con su renuncia y ahora juega un posicionamiento oficial de miradas encontradas», analizó Azcona.
Concepción
El protocolo que lanzó en abril de 2015 el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva tiene una cantidad de planteos de avanzada: «Reafirmó las interpretaciones que se venías dando con respecto al artículo 86 del Código Penal y el fallo F.A.L que sienta precedente. Era un protocolo más amplio, con conceptos elaborados de forma integral, incluía la salud mental, consideraba riesgo a todo riesgo potencial que la mujer consierara como tal. Lo entiende como derecho sexual y reproductivo como un derecho humano», definió Azcola y contextualizó: «Eso implica un acceso a una atención integral de calidad que respete la intimidad y la autonomía de las mujeres, la garantía desde el Estado de que la mujer que solicite la práctica se la pueda realizar en condiciones médicas e higiénicas necesarias, en forma rápida. Además propone prácticas seguras que tienen aval mundial en los países que son legales y por organismos como la OMS o la Sociedad de Científicos a Nivel Latinoamericano».
Hacia adelante
«Seguiremos trabajando en las situaciones arbitrarias en las que trabajamos día a día y en las Consejerías que brindamos información que cada vez somos menos. Es la gobernadora la que tiene una postura contraria y Jorge Bergoglio con toda la derecha eclesiástica. Hay que dejar en claro que no se suprimió ningún derecho sino que no se adhirió a un protocolo de aplicación. Dentro del ámbito legal de la nación el artículo 86 del Código Penal sigue teniendo esta interpretación, el protocolo a nivel nacional sigue vigente y hay que reforzarlo en cada una de las consultas y espacios donde estemos», aseguró. «Es un derecho que plantea la ley nacional que creó al Programa de Salud Sexual de 2003 y garantiza el acceso a la información en las situaciones de embarazo no deseado, lo cual también tiene que ser un derecho que las mujeres tenemos que exigir. Nosotros como profesionales tenemos que garantizarlo y podemos contar innumerables situaciones que vivimos día a día y tenemos una obligación y las mujeres el derecho a exigirlo», planteó Azcola. Además, reforzó su mirada sobre el rol de los profesionales: «Tenemos muchas herramientas para saber qué hacer y siempre desde la postura de la despenalización y la legalización, pero la interrupción legal no es porque si se entiende desde un causal amplio, todas las interrupciones son legales. En general desde nuestro lugar entendemos que todas las interrupciones son legales y que todas las mujeres tienen el derecho a acceder a una atención gratuita y de calidad», concluyó.