Córdoba: Los trabajadores de prensa denuncian hostigamiento del poder de turno.
Casos sobre ataques a la libertad de prensa en la provincia de Córdoba, de parte del gobernador José Manuel de la Sota, el intendente Luis Juez, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba y funcionarios judiciales.
Informe de Prensa Red (www.prensared.com.ar)
CASOS EN CÓRDOBA – CAPITAL
DE LA SOTA-BARONETTO
El gobernador José Manuel de la Sota querelló por calumnias e injurias, el 4 de julio del 2001, al dirigente bancario (actual director de Derechos Humanos de la Municipalidad) Luis Miguel Baronetto, por un artículo publicado el 20 de febrero de ese año en el matutino Hoy Día Córdoba, en el que prevenía que privatizar el Banco de Córdoba lo convertiría en un escenario ideal para el lavado de dinero del narcotráfico. Además de la acción penal, el Gobernador reclamó un resarcimiento de cien mil pesos. Posteriormente, la historia fortaleció la prevención de Baronetto cuando los hermanos Carlos y José Rohm, preadjudicatarios del banco, fueron acusados de lavar narcodólares en su Banco General de Negocios. Luego de que Baronetto ratificara las afirmaciones de su nota y de dos audiencias de conciliación frustradas, De la Sota retiró la querella.
JORGE MÁRTINEZ
A mediados de marzo del 2003, el Gobierno provincial intentó silenciar al periodista Jorge Martínez, de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC, presionando al multimedio con la pauta publicitaria. El conflicto se inició luego de una reunión, en la que habría estado presente el propio gobernador José Manuel de la Sota, quien exigió al directorio del multimedio el desplazamiento de Martínez de la conducción del noticiero matutino de Canal 10. Según manifestaron los empleados de los SRT, el pago de la deuda por publicidad oficial y el otorgamiento de futuras pautas fue utilizado extorsivamente para que Martínez «bajara los decibeles» e inducir un tratamiento noticioso complaciente para con la gestión delasotista en el multimedio universitario. En un primer momento, las autoridades de los SRT acataron el mandato gubernamental y retiraron a Martínez del noticiero. Pero luego de un paro de actividades, de la solidaria respuesta de sus compañeros de trabajo y el público y la rápida intervención del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (Cispren), el periodista fue restituido a la conducción de «Crónica 10 – 1ª Edición».
RIUTORT-CARRERAS
En febrero de 2003, la esposa del gobernador, Olga Riutort, inició una querella por supuestas calumnias contra el periodista Sergio Carreras, de La Voz del Interior. El enojo de la ex secretaria general de la Gobernación se remontaba a julio de 2002, cuando Carreras publicó en el diario dos notas sobre el subrepticio viaje de la entonces funcionaria a Santiago de Chile, para efectuar los trámites de impresión y traslado de los primeros 50 millones en bonos Lecor. Fue así que la primera dama provincial, representada por el ex fiscal general de la provincia, Marcelo Brito, exigió por la vía judicial la retractación y reclamó a La Voz del Interior una indemnización de 500 mil pesos por daño moral. La causa, aunque demorada, todavía se encuentra abierta.
GENERACIÓN X (1)
En marzo de 2003, se registraron amenazas a los productores del programa Generación X, de Canal 2 – CBA, Gastón Gracia y Lucas Balián, luego de un informe crítico sobre la licitación del juego. «Déjense de decir boludeces en ese programa, porque les va a ir así…», les gritó desde un auto un desconocido que acto seguido exhibió un arma y se la apoyó en su cabeza.
CENSURA A UN AVISO PUBLICITARIO
Marcelo Sincovich (conocido como Marcelo Balac), titular de la agencia que manejaba la campaña de José Manuel de la Sota y ex secretario de Difusión de la Gobernación, intentó censurar, a fines de mayo de 2003, una propaganda televisiva del partido Córdoba en Acción. El video mostraba un corto publicitario en el que De la Sota manifestaba en 1999 su respaldo a Germán Kammerath, en campaña por la Intendencia, y luego se reclamaba que el gobernador «se haga cargo». Sincovich se presentó en tres canales de aire exigiendo que cesen con la emisión del aviso, acompañado por un escribano que labró actas donde se hacen reservas legales, con el argumento de que la propiedad de los derechos de autor del corto pertenecía a su agencia.
GENERACIÓN X (2)
El programa Generación X finalmente fue levantado, el martes 16 de septiembre de 2003, por decisión del director Alejandro Blaess, sin siquiera esperar a que termine otro programa que se estaba emitiendo sobre la explotación de las máquinas tragamonedas en Córdoba.
ALBERTO BELTRÁN
En el mismo canal y también en septiembre de 2003, el periodista Alberto Beltrán, conductor del noticiero durante nueve años, fue despedido por el nuevo directorio con la explicación de que su perfil crítico ponía en peligro un acuerdo publicitario con el delasotismo.
CANAL 10 – SOCIEDAD ANÓNIMA
Ese mismo mes, las autoridades de Canal 10 sacaron del aire al programa Sociedad Anónima, conducido por Tomás Méndez y Carlos Hairabedián. En ese ciclo se había denunciado la conexión eléctrica ilegal de la quinta del entonces gobernador interino Herman Olivero y la situación impositiva de la casa de De la Sota en Villa Carlos Paz.
AGRESIONES A PERIODISTAS DE CANAL 8
El viernes 19 de diciembre de 2003, los periodistas de Canal 8, Damián Carreras (cronista) y David Barud (camarógrafo), fueron atacados a golpes de puño por dos funcionarios de la Universidad Nacional de Córdoba, mientras realizaban una nota sobre estudiantes «crónicos» que ocupaban cargos políticos en la Casa de Trejo. Las reiteradas agresiones -de las que quedó un registro fílmico- ocurrieron ante la pasividad del propio Rector Jorge González, presente en el incidente. El Cispren denunció esa «actitud patoteril que cubre de vergüenza la trayectoria de la universidad más antigua y prestigiosa del país».
JUEZ – LA MAñANA
El matutino La Mañana de Córdoba denunció el miércoles 14 de abril de 2004 un supuesto intento de censura por parte del intendente Luis Juez, a quien acusó de «pedir a sus funcionarios no dar información a este medio». La Mañana consignó que «los intentos de discriminación por parte de Juez y la imposición a las autoridades municipales» vulneran «principios básicos de la libertad de prensa instituidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional». La denuncia motivó la presentación de un proyecto de repudio por parte del legislador Gustavo Santos (UCR), iniciativa acompañada por Unión por Córdoba.
AGRESIONES A HOY DÃA CÓRDOBA
Entre abril y mayo de 2004, se registraron varios ataques perpetrados por desconocidos contra los distribuidores del matutino Hoy Día Córdoba. El diario se comercializa por suscripción y los encargados de su distribución sufrieron diversos actos de violencia física y amenazas con armas, lo que motivó sucesivas denuncias penales por parte de los responsables del matutino. Estos incidentes propiciaron también un proyecto de pedido de informes al poder Ejecutivo de los legisladores del Frente Nuevo, que fue rechazado por el oficialismo.
DECLARACIONES DE DE LA SOTA
En una declaración realizada el 19 de junio de 2004, el gobernador José Manuel de la Sota trató de «fascistas» y «absolutistas» a los periodistas que formulan críticas sobre su gestión. En el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista, el mandatario cordobés manifestó: «Hay muchos que se sienten dueños de la verdad. Creo que quienes se sienten dueños de la verdad son ideológicamente fascistas. Y hay muchos que están, inclusive en medios de comunicación social, que desde allí dicen qué es lo bueno y qué es lo malo, sin que nadie tenga derecho a decir su media verdad. Este absolutismo de que algunos juzgan y otros son siempre juzgados, también deteriora las instituciones».
CASOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL
LA CUMBRE
Junio 2003: La periodista Claudia Cepeda, conductora del noticiero de canal 11 de esa localidad, sufrió frecuentes amenazas por sus críticas a la gestión del intendente de Unión por Córdoba, Pedro El Gáname. El jefe comunal llegó hasta la agresión física contra Cepeda, quien lo denunció ante la Fiscalía de Cosquín por lesiones leves. Además, se le impedía el acceso a eventos y actividades organizadas por la Municipalidad local.
BELL VILLE
Septiembre 2003: El ex fiscal de Estado de la Provincia, Domingo Carbonetti, inició acciones judiciales contra el periodista de Radio Caos, Francisco Sierra. El ex funcionario argumentaba que las críticas que el comunicador formulara a su gestión tenían carácter injurioso.
CANALS
Octubre de 2003: Los periodistas sufrieron presiones por parte del abogado Oscar Tirimaco, albacea de la sucesión de un acaudalado vecino cuya última voluntad fue donar su fortuna para que se realice una obra filantrópica con familias carecientes de la ciudad. Como esto no se cumplió, los periodistas criticaron el accionar del profesional, quien a través de un medio local anunció represalias por la vía judicial. Además, varios periodistas fueron amenazados telefónicamente.
LAS VARILLAS
Noviembre 2003: La periodista de FM Regional, Adriana Rivero, fue amenazada de muerte y sufrió la quema intencional de su automóvil. En su programa «Primer contacto» denunció que el reelecto intendente Fernando Coiset (UCR) no podía reasumir por haberse declarado en quiebra, situación que contempla la Carta Orgánica Municipal.
CRUZ DEL EJE
Diciembre de 2003: La Justicia Penal confiscó a un camarógrafo contratado por el periodista Juan Eduardo Alí, corresponsal de Canal 10, un video en el que había registrado el accidente en el que una pala mecánica mató al obrero Carmelo Carranza, titular de un plan para Jefas y Jefes de Hogar, justamente en la construcción de la nueva sede del Poder Judicial. La cinta aún no ha sido restituida al comunicador.
LA CARLOTA
Febrero de 2004: La Justicia provincial de La Carlota intimidó a la periodista de la radio Vital FM, Mara Audisio, en el marco de la investigación judicial y las repercusiones públicas relacionadas con la muerte de un joven en un accidente de tránsito caratulado como «homicidio culposo». En presencia de la fiscal Ana Venturuzzi, el abogado defensor del acusado presionó a la periodista acusándola de «intervenir en las marchas» y de estar «detrás de las manifestaciones». Además, la conminó a que revelase sus fuentes de información. El incidente motivó una denuncia pública del Cispren y un pedido de la legisladora María Eugenia Taquela para que intervenga el Superior Tribunal de Justicia. Luego de esta solicitud, el Alto Cuerpo formuló un llamado de atención a la funcionaria judicial.
ARROYITO
Mayo 2004: El ex diputado radical Alberto Ambrosio trató a los trabajadores de prensa de «mediocres y pelotudos, de bajo nivel e incompetentes», durante una conferencia de prensa citada por el intendente Gustavo Ariel Benedetti (UCR). Después se dirigió al Cispren a pedir disculpas, pero reivindicó su «derecho a la libre expresión para calificar a alguien de mediocre» si se lo ataca gratuitamente.
LA FALDA
Mayo 2004: El intendente Marcos Sestopal (Unión por Córdoba) les ha prohibido a sus funcionarios que hablen con el director del semanario «Ecos de Punilla», Nicolás Heredia. Según denunció este medio, el que diera una entrevista o una simple información al periodista, sería inmediatamente relevado del cargo.
VILLA MARÃA
Junio 2004: Dos comunicadores denunciaron que los funcionarios municipales de esa ciudad ejercen sobre ellos «censura, exclusión y discriminación». Omar Fulgenzi, director de la Radio Líder, y Gabriel Correa, conductor del programa «Primera Línea», aseguraron ante el auditor general José Carignano, que se les oculta información sobre los actos de gobierno y que se les retiró la publicidad oficial en represalia por su labor informativa. A esto se sumó un grave incidente del que fue víctima Fulgenzi, quien el día de su cumpleaños recibió una corona fúnebre con la inscripción QEPD (Que en paz descanse), por lo que realizó una denuncia penal.
ALCIRA GIGENA
Junio 2004: El viernes 11, los periodistas de «Punto Doc» Daniel Tognetti y Miriam Lewin fueron agredidos en un prostíbulo de Alcira Gigena, mientras realizaban una investigación sobre tráfico de menores y proxenetismo. Luego fueron perseguidos en dos camionetas y amenazados. La policía local no receptó la denuncia ni actuó para preservar la seguridad de los periodistas. Las escenas fueron filmadas y exhibidas en el programa emitido el miércoles 16, en el que Tognetti manifestó que en Córdoba existe una «zona liberada» para el delito. Los funcionarios provinciales responsables de las áreas de Seguridad y Justicia atribuyeron la denuncia periodística a «una campaña de desprestigio» contra el Gobierno provincial.
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