Suspenden en La Plata el comienzo del juicio contra integrantes de la CNU
La resolución se conoció ayer luego de que el juez César Álvarez requiriera una licencia en su cargo como juez subrogante en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata que el 12 de agosto debía dar comienzo al juicio por algunos de los crímenes cometidos en La Plata por dos integrantes de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU): Carlos Ernesto «el Indio» Castillo y Juan José «Pipi» Pomares. Indymedia
El próximo viernes 12 de agosto debía comenzar el debate oral y público por algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) de La Plata. En marzo de 2015 la causa había sido elevada a juicio acusando a Carlos Ernesto «el Indio» Castillo por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los tres hechos principales, y a Juan José «Pipi» Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos.
Sin embargo, en el día de ayer se dio a conocer la suspensión del proceso luego de que uno de los jueces solicitara, por prescripción médica, una licencia en su cargo en el Tribunal. Se trata de César Álvarez, integrante de la Cámara Federal de La Plata desde el año 2008, quien ya se había desempeñado como subrogante durante el juicio a la Fuerza de Tareas 5. En octubre pasado, Álvarez había sido nombrado por el Consejo de la Magistratura como juez subrogante en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que debe llevar adelante el juicio contra Castillo y Pomares, así como otras causas por crímenes de la dictadura. Entre ellas, la causa por el Pozo de Banfield (6 imputados por 247 víctimas), Pozo de Quilmes (18 imputados por 175 víctimas) y Brigada de San Justo (24 imputados por 81 víctimas); según informe del Ministerio Público Fiscal.
Ahora será el Consejo de la Magistratura el que deberá definir su reemplazo. En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley 27145 de Procedimiento para la designación de subrogantes y dispuso un régimen transitorio de designación estableciendo que para los juzgados de primera instancia se deberá nombrar ”un juez de igual competencia de la misma jurisdicción, teniendo prelación el juez de la nominación inmediata siguiente en aquellos lugares donde tengan asiento más de un juzgado de igual competencia”.
En este marco, podrían estar en condiciones de hacerse cargo de la subrogancia en este juicio Alejandro Daniel Esmoris y Nelson Javier Jarazo, jueces del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata. Se trata de los dos jueces que en abril pasado resolvieron liberar al represor Alejandro Guillermo Duret, que había sido condenado por torturas y desapariciones, justificando la decisión en la aplicación de la «ley del 2×1» que no se encontraba vigente durante la comisión del delito, el proceso o el tiempo que estuvo preso. Ya en el 2009 los mismos dos jueces habían absuelto a Duret, quien finalmente fue condenado a 15 años de prisión por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal por las torturas y posterior desaparición de Carlos «Chiche” Labolita, en el marco de la última dictadura militar.
Reproducimos Comunicado de HIJOS:
«Lo que hace falta en Argentina es un Somatén».
Juan Domingo Perón.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata informó que fijó fecha de inicio del debate oral y público en la causa N° 34000009/2005, donde se estipuló para el 12 de agosto «citación de las partes y asistencia personal de los procesados Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares”. Pasados más de 40 años de los crímenes, la causa contra la CNU de La Plata llega a juicio de manera fragmentada y juzgará solo los casos de 7 víctimas en 3 hechos, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra cuidad entre 1974 y 1976.
LA CAUSA
El expediente se inició como Causa Nº9, con la carátula del apellido de una de las víctimas. Existen por lo menos otros tres tramos que investigan delitos cometidos por estas bandas tanto en el periodo previo al golpe como su actuación durante la dictadura.
A los primeros procesamientos dictados por el juez Arnaldo Corazza en 2011, y tras su retiro de la función, el juez Manuel Blanco como subrogante acumuló parte de la investigación en un cuerpo principal y dejó otra parte en instrucción. Ante el surgimiento de amenazas a uno de los sobrevivientes, en junio de 2012 la Sala I de La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió que todos los testigos que tuvieron intervención en las actuaciones tuvieran identidad reservada y se les asignara un número para individualizarlos.
En marzo de 2015 el fugaz juez Jorge Di Lorenzo elevó la causa a juicio acusando a Castillo por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los tres hechos principales, y a Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos.
En febrero del 76 los trabajadores del Hipódromo platense se hallaban en conflicto por salarios, habían acordado huelga y sus dirigentes habían sido amenazados por los pesados de la gobernación. El 12 de febrero de ese año fueron secuestrados en sus domicilios de zona norte de la ciudad Carlos Domínguez (presidente de la Agremiación de Empleados del Hipódromo) y el testigo-victima N 6 de este juicio, empleado del Hipódromo. El testigo 6 se escapó del baúl del auto en que lo llevaban en la ruta 11 a Magdalena, mientras el cadáver de Domínguez fue hallado el mismo día con 37 disparos al costado de la ruta 20 entre Vieytes y Magdalena. Un hecho posterior confirma el ensañamiento de la CNU con los trabajadores del Turf: los secuestros y asesinatos de Eduardo Julio Giaccio, Ernesto David Rojas y los hermanos Oscar Gerardo y Raúl Alberto Arabel, estudiantes universitarios y activistas gremiales en el Hipódromo, cometidos una semana después del crimen de Domínguez y que no forman parte de este juicio.
El segundo hecho se refiere a los asesinatos de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, quienes fueron secuestrados mientras circulaban en auto por Villa Elisa el 3 de abril del ’76, junto a una pareja sobreviviente del hecho. Los sobrevivientes, testigos N 1 y 2 en este debate, relataron en el Juicio por la Verdad que la patota disparó a las ruedas del vehículo que ocupaban, y tras cargarlos en otro auto les hicieron un simulacro de fusilamiento en Camino Centenario, los llevaron a un descampado en donde torturaron a Dinotto y Martini. La pareja fue liberada en calle 2 y 32 de La Plata. Las víctimas aparecieron acribilladas al día siguiente en el barrio Los Porteños de City Bell, con las manos atadas en la espalda y los rostros tapados con sus ropas.
El tercer hecho a juzgar en el debate será el referido al secuestro y asesinato del militante de Montoneros Leonardo Miceli ocurrido el 19 de abril del 76 y realizado por un grupo de 20 mercenarios con armas largas y a cara descubierta. Miceli fue detenido en su casa del sur de la ciudad, el mismo día que Carlos Sathicq y Horacio Urrera. Los tres cuerpos fueron encontrados flotando en el arroyo Santo Domingo en Sarandí y entregados a los familiares desde la comisaría 4ta de Avellaneda.
Miceli y Sathicq eran empleados y delegados en la empresa Limpiolux, contratista de la entonces Propulsora Siderúrgica del grupo Techint para la limpieza de las instalaciones de su planta de Ensenada. Urrera era militante peronista, estudiante de derecho y delegado en Rentas, donde estaba enemistado con grupos de la CNU. Como dijimos, tanto el juez Blanco como Di Lorenzo fragmentaron la instrucción del caso pese a tratarse de un mismo operativo y con el mismo destino final, y elevaron a juicio solo el caso de Miceli.
REPRESORES CON BANCA
Tras un largo período de andanzas con las patotas de la CNU Castillo y Pomares fueron detenidos durante la dictadura. El 30 de abril de 1976 el Ejército, con el debido apoyo de la Unidad Regional La Plata de la policía, allanó la casa en que vivía el Indio con su madre. Hallaron un arsenal. Pomares fue detenido en mayo del mismo año cuando los grupos fueron desactivados por orden del jefe del Área de Operaciones 113 del Ejército, coronel Roque Carlos Presti. La caída en desgracia de la patota iba en consonancia con la voluntad de las Fuerzas Armadas de ejercer el monopolio represivo, y se cristalizó en la declaración como organización ilegal y posterior disolución de la CNU que determino la Ley 21.325 de julio del ’76.
Sin embargo que estuvieran fuera de circulación no les impidió seguir actuando. En el testimonio del sobreviviente de los CCD de la Armada y Prefectura Luis Ricardo Córdoba, tanto en Juicios por la Verdad como en el juicio a la FT5, se afirma que aún presos en la Unidad 9 los grupos seguían accionando: «existía un grupo de detenidos, que después nos enteramos, era un grupo del CNU, y conversaba con nosotros y contaban un montón de atrocidades que hacían. En la Unidad 9 existía un grupo, que correspondía según ellos al C.N.U., entre ellos un tal Castillo, Pomares y otros. Para nosotros no estaban ni detenidos”. El dato fue corroborado por uno de los represores de la U9, el penitenciario Raúl Aníbal Rebaynera (alias el Nazi), quien en su indagatoria del juicio realizado en La Plata en 2010 ubicó a las patotas de la CNU como alojadas en el pabellón 11 del penal.
Salido de prisión con cobertura policial y militar, el Indio pasó a integrar los grupos de tareas de la dictadura en varios CCD del Circuito Camps. Con varias entradas y salidas de prisión en causas por robo y tenencia de armas, en los ’80 se vinculó a los mandos carapintadas y trabajó para el Modín de Aldo Rico. Desde HIJOS La Plata lo escrachamos en su guarida impune en la ciudad en 1998. Detenido en la ciudad cordobesa de Villa General Belgrano en 2011 y defendido hoy por Gastón Ezequiel Barreiro y Fernando Buján, que ya han defendido a otros genocidas en juicios de La Plata, los letrados pidieron sobre Castillo un completo informe socio-ambiental por el SPF y examen mental por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.
Al ser detenido en esta causa Pomares en julio de 2011 ocupaba el cargo de asesor en el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Siempre vivió de cargos en el Estado: entró al municipio en la gestión de Julio Alak y se sostuvo hasta la de Pablo Bruera. Es defendido por Oscar Salas y Christian Romano, abogados que en total muestra de coherencia representan al comisario Luis Raúl Ponce en la causa por la desaparición de Andrés Núñez, y que pretenderán blanquear la imagen del «Pipi” con constancias de su pasado en el Servicio Penitenciario, el Hipódromo, la Lotería, la Legislatura, la Municipalidad y hasta un diploma de «militante ilustre del Partido Justicialista de La Plata”.
No es casual entonces que se supiera en noviembre de 2014 que un sobreviviente recibió durante dos años amenazas de un teléfono que, según determinó la Justicia, se hallaba en la Contaduría General de la Municipalidad de La Plata, en donde tenía un cargo alto la ex esposa de Pomares, Susana Gordillo, esposa del concejal por el FPV Fabián Lugli.
Ante este panorama, de los cerca de 80 testigos ofrecidos 17 tienen identidad reservada, principalmente quienes son sobrevivientes de los hechos y han reconocido a los verdugos. Según informó el TOF 1 «su efectiva participación en el proceso quedará supeditada al informe de riesgo respecto de la situación de los testigos” vía intervención al Centro de Asistencia a Víctimas «Fernando Ulloa” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la tarea del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CO.DE.S.E.D.H.).
EL JUICIO COMIENZA EL VIERNES 12/8 A LAS 10HS
EN LA SEDE DEL TOF 1 DE LA PLATA «“ 4 ENTRE 51 Y 53.
En la próxima nota: Los crímenes de las bandas armadas del peronismo de ultra derecha como crímenes de Lesa Humanidad, y el siempre pendiente debate sobre el rol del peronismo en el Terrorismo de Estado previo al golpe de 1976.
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