Desalojos administrativos: un modus operandi novedoso en Ciudad

En Suárez 1900 vivían 8 familias, entre ellas 11 niños de 2 a 16 años, quienes al regresar de la escuela encontraron todas sus cosas en la calle. Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone, dialogó por La Retaguardia con el programa Tengo Una Idea, y conversó sobre esta nueva estrategia de Ciudad. Por La Retaguardia

Los «desalojos administrativos» son parte de un nuevo método que «no pasa por procesos judiciales en lo civil, sino que se realiza una demanda penal a partir de una clausura previa del inmueble, hecha por posibles problemas estructurales que pudieran traer perjuicios a quienes habitan allí o a terceros. Ante estos supuestos riesgos para las familias, la Ciudad dispone -con aval de un juez del fuero penal- del «desalojo administrativo»», explicó Natalia Quinto.

El jueves 14 de julio a la mañana se llevó a cabo un operativo cargado de ilegalidades: «Nos comunicaron que estaban realizando un desalojo en calle Suárez al 1900, con apoyo de la Policía Metropolitana, a 70 metros de la subsede comunal de Barracas. Ninguno de los compañeros pudo dar cuenta de alguna orden de desalojo o acta aclaratoria. Cuando nos acercamos, pudimos tomar cuenta de que en realidad se trataba de un desalojo administrativo.

De esta manera, aclaró Quinto, la Justicia vela «por la integridad física de las personas, pero no vela por el resto de los derechos como por ejemplo acceso a la vivienda digna, o todos los derechos que avalan a niños y niñas».

En Suárez vivían 8 familias entre ellas 11 niños de 16 a 2 años, quienes al regresar de la escuela no tuvieron a dónde volver: «El operativo se llevó a cabo en horario escolar, por lo general los desalojos administrativos no tienen previo aviso por lo que resulta sorpresivo para las familias», dijo Quinto. Al volver de la escuela, los niños encontraron sus cosas en la calle.

Golpes e ilegalidades

Además de golpear a dos personas durante este procedimiento, no se encontraban presentes organismos que -según acta- deben garantizar el cumplimiento de derechos: «La defensora de Menores se hizo presente ante nuestra demanda, porque en estos operativos juez y Fiscalía disponen de la presencia del BAP; la Defensoría del menor; la Defensoría de Ciudad, y SAME, como para que garanticen los derechos de las familias, ninguno de estos dispositivos estuvo presente hasta el momento en que llegamos, y una vez que manifestamos a los efectivos policiales que debían cumplimentar toda el acta, no sólo la parte en que refería sacar a las familias a la calle, empezaron a llegar», dijo.

Cuando la Metropolitana golpeó a una piba, «a la defensora de menores no le pareció intervenir porque al tener 21 años, no era parte de su tarea, nos refirió. Media hora después de que se retirara, golpearon a otra chica menor de 16, a quien arrojaron escaleras hacia abajo como si fuera un mueble más de la casa».
Este proceso se llevó a cabo arrojando muebles por la escalera, o directamente desde la terraza, hacia la vereda.

Nuevos métodos e intereses particulares

«A modo de ejemplo -explicó Quinto-, nosotros venimos acompañando procesos organizativos donde la guardia de auxilio ya ha hecho clausuras preventivas. Con vecinos organizándose de manera autogestiva, somos quienes tratamos de poder contar con los recursos necesarios para hacer los arreglos estucturales de las viviendas. En los casos en que llegamos a tiempo, hemos descubierto que los peritajes que hacen los arquitectos no se condicen después con los peritos de parte que llevamos nosotros, es decir: en realidad no hay peligro estructural de derrumbe. Por lo tanto, esto se lleva adelante cuando pesa sobre el inmueble algún interés particular para la Ciudad. Porque, de esta manera, además, la Ciudad se ahorra tener que hacer el proceso de desalojo formal.

Surgen interrogantes en un marco de negocios inmobiliarios, por un lado, y ausencia de facilidades o créditos para poder restaurar las viviendas declaradas en riesgo: «Se ponen plazos de los que la Ciudad se desentiende por completo -dijo Quinto. La Boca puntualmente está declarada en emergencia ambiental y urbanística por la Ley 22.240. Los recursos previstos en esta Ley tendrían que posibilitar la refacción de los inmuebles en estos casos. Porque la Ley no se acaba solamente en la declaración de emergencia. En La Boca, la Ley fue incumplida sistemáticamente durante los 8 años de gestión del PRO. Éste sería el noveno año de incumplimiento de la Ley».
El responsable por la Brigada, de la Comuna, presente en el lugar, dijo que el inmueble de Suárez al 1900 habría sido comprado por alguien cercano a la Dirección de Espacio Público, lo cual Quinto afirmó no haber podido constatarlo.

Qué hacer

«Ante cualquier primer cédula de desalojo o de acta de constatación que llegue a una casa -especificó Quinto-, lo principal es contactarse con un abogado o grupo que trabaje esta problemática, como para poder dar respuesta inmediata y evitar que la cosa empeore. En el caso de las clausuras que hace la guardia de auxilio, lo mismo. No se debe confiar en que van a dar los tiempos para arreglarlo. Esto no ocurre así, son mecanismos que utilizan para otros intereses como hacerse de inmuebles de los que ya se ha perdido el rastro de sus propietarios por ser herencias vacantes con dudosa situación dominial en la actualidad», afirmó la entrevistada.