Economía popular y conyuntura nacional: «la respuesta tiene que ser de conjunto, en la calle»
En el Enredando las Mañanas del martes 26 de julio abordamos la manera en que la actual coyuntura económica y las políticas del gobierno nacional están afectando de manera específica al sector de la economía social y popular, movimiento cooperativista y empresas recuperadas. Por RNMA/imagen:Radio La Bocona
Partiendo de la caracterización de una ofensiva que combina varios ingredientes -como la ausencia de políticas públicas concretas y específicas hacia el sector, el tarifazo, la baja de consumo interno y la apertura de las importaciones, entre otras-, abrimos la conversación con Maximiliano Gianinni, presidente de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas de La Rioja, también miembros de la CTEP ( Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) en el estudio y, vía telefónica, con Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.
En primer lugar, Murúa se refirió al plan de lucha que vienen sosteniendo desde las empresas recuperadas y que tuvo hace pocos días su expresión en la ocupación del salón de ingreso del ministerio de Energía en la ciudad de Buenos Aires. Al respecto, afirmó que «ya por abril, habíamos tomado el ministerio y habíamos conseguido un acuerdo donde se iba a pagar el 50% de la factura de electricidad, que es lo que se está terminando de negociar hoy dentro de los ministerios. Lo que pasa es que supuestamente ningún ministerio se quiere hacer cargo el resto del pago de la factura, así que esto no está solucionado, no tenemos una respuesta concreta (…) creo que eso seguramente en un plazo determinado se va a solucionar». Sin embargo, el dirigente del MNER plantea que esa conquista sería insuficiente: «con eso no hacemos nada, no es que vamos a solucionar el problema del conjunto de las empresas recuperadas con bajar el 50% de la factura eléctrica. Acá hay un problema más general, que es el problema del plan económico que ha desatado el gobierno que lleva a un circuito vicioso que cada vez va a ser peor. Si a la clase trabajadora que está organizada y bajo convenio le han sacado el 30% de su capacidad, al conjunto de la economía popular le han sacado el 60 y el 70».
La lectura de la realidad que sostiene Maximiliano Gianinni no se aleja de la descripta por Murúa al afirmar que «este contexto macroeconómico nacional es totalmente desfavorable para el sector de los trabajadores autogestionados y que se está poniendo cada vez más cuesta arriba». Y matiza la lectura con las particularidades de la realidad local: «aquí en la provincia, desde hace mucho tiempo que el sector cooperativo viene organizado para tratar de dar una respuesta que el gobierno no viene dando. Aquí en la provincia hay una gran cantidad de gente dependiendo del estado, y el estado solamente reconoce a ese actor como el movilizador de la economía local y deja de lado a los trabajadores autogestionados, con un movimiento cooperativo que tiene la misma cantidad que los empleados de la construcción en la provincia, y que carece totalmente de política pública para desarrollarse (…) Nosotros vivimos en un marco de liberalismo en la provincia desde hace muchos años, tenemos leyes provinciales de fomento cooperativo que no se presupuestan, que no se reglamentan, tenemos la ley de economía social, que tampoco se bajó presupuesto y tampoco se aplicó al sector, no tenemos ni siquiera una sola herramienta provincial de política pública hacia el sector cooperativo».
El desafío ante la falta de respuestas -o el ataque directo- desde el estado, explica Murúa , implica la responsabilidad de «coordinar con todos los sectores del movimiento popular, con todos los sectores sindicales. Me parece que la respuesta tiene que ser de conjunto, en la calle, hay que frenar este proyecto que ha lanzado este gobierno, que viene a consolidar las políticas del poder internacional en la región (…) Yo creo que independientemente de algunas reivindicaciones que podemos sacar, como haber logrado que los trabajadores autogestionados de las empresas recuperadas puedan empezar a cobrar un subsidio de $3120 que es la línea 1 dentro del ministerio de trabajo, y de todas las negociaciones que podamos hacer, si no frenamos este ajuste que viene a provocar un caos no solamente en Argentina, en toda la región, va a ser muy difícil pararlo». Desafío que implica «un sacrificio mayor no solamente sostener nuestra empresa y pelear por nuestras reivindicaciones, sino salir a la calle junto a nuestro pueblo y exigirle a los dirigentes que se pongan los pantalones largos, que no se asusten como se asustó la dirigencia sindical cuando pusieron 300mil personas en la calle y se fue abajo de la cama, sino que salgan realmente a pelear con un plan de lucha conjunto y un programa común».
En relación al escenario riojano, la demanda de la unidad se expresó,explica Gianinni, en el nucleamiento del sector cooperativo «en una organización de tercer grado con todas las federaciones, juntó las no federadas también inclusive, en un consejo provincial y se apoderó de una herramienta muy valiosa como es la CTEP, que carecía de representatividad aquí en La Rioja (…) y después de armar ese espacio con legitimidad, nos sentamos a hacer una propuesta local, que es un programa de desarrollo cooperativo de la provincia a través del cooperativismo, ya sobre distintos ejes. Uno de los ejes en el que estamos trabajando nosotros y ya está listo es el eje de producción, pero también además de eso tiene servicios, tiene comunicación, tiene educación, tiene salud también, son distintas ramas y propuestas de desarrollo a través de las cooperativas». El objetivo es «hacer una propuesta no solamente hacia la sociedad, hacia nuestras cooperativas, sino hacia el estado provincial, hacia el estado nacional, para ver qué tipo de herramientas públicas ponen a disposición de ese programa».
La situación actual y la capacidad de respuesta del sector de la economía popular no puede analizarse independientemente de los procesos de los últimos años en el país, y al respecto, el referente del MNER plantea: «Hace dieciocho años que nosotros empezamos con esto, con este nuevo método de lucha de la clase trabajadora que es ocupar las fábricas y ponerlas a producir. Esto lo hicimos bien, hemos logrado sostener nuestras fábricas, todos los puestos de trabajo, algunos con mejor suerte, con mejor salario, algunos superando los salarios de la actividad conveniada, otros abajo de ese salario, pero el problema que tuvimos, lo que no pudimos romper el brazo del estado capitalista nunca en estos dieciocho años. Esto que nos sucede ahora a la economía popular tiene que ver con que la lucha que hicimos no la hicimos tan bien, no hemos logrado reivindicaciones muy claras. Si bien teníamos propuestas, como una ley nacional de expropiación de unidades productivas, nunca pudimos lograr que los diputados la discutan, no tenemos un fondo para capital de trabajo para que las empresas que se recuperan puedan hacerlo rápidamente, tampoco logramos tener un fondo para la reconversion tecnológica de las empresas (…) No logramos ninguna política pública seria en los dieciocho años de lucha hacia el sector y hoy nos encontramos con un gobierno que aparte es hostil a este tipo de actividades, no solamente nuestras de las empresas recuperadas, sino de toda la economía popular (…) porque es un gobierno que representa los intereses de los poderosos y eso significa que necesita sacarle el salario a los trabajadores conveniados y para eso necesita más desocupación y la destrucción de los puestos de trabajo de la economía popular».
Para el cooperativista riojano «lo que faltó fue porque también tuvimos una carencia de poder traducir en política la representatividad que teníamos con los trabajadores autogestionados. Muchos dirigentes suscribimos a otros proyectos políticos, que a la hora de devolvernos nuestros derechos no tuvieron tanta lucidez y que con este contexto nacional actual hoy se nos abre de vuelta un panorama mucho más favorable para realmente (…) hacer una propuesta política hacia el sector y tratar de lograr la representatividad parlamentaria o de cualquier forma posible que garantice que tengamos una política pública que reconozca los derechos y que no tengamos que estar sacando a los trabajadores a la calle cada vez que tengamos un problema particular».