Tierra del Fuego, el laboratorio del ajuste nacional
El 8 de enero de este año, en pleno receso estudiantil y con empleados públicos de vacaciones, los legisladores aprobaban un plan en sintonía con el modelo nacional: un paquete de medidas que implicarían ajustes y quita de derechos a trabajadores, discapacitados y jubilados. Luego del violento desalojo del 31 de mayo al acampe en Ushuaia, nos vamos hacia atrás, unos meses, cuando el frío en territorio fueguino aún no escarchaba las lágrimas. Por Corresponsal popular para ANRed
Los puntos conflictivos de las leyes de ajuste
El paquete de medidas en cuestión, establecía la quita del 82% móvil y aumento en edad jubilatoria, que es reemplazado por el 60% del sueldo en actividad,pautando de manera fija dos aumentos anuales (indistintos a los aumentos logrados en paritarias por el sector activo) tomando como parámetro para el cálculo, los últimos 120 meses en vez de los últimos 24. De esta manera el jubilado verá decrecer su jubilación de manera progresiva. Por si fuera mezquino el ajuste, las leyes 1070 y 1076, estipulan que la edad para la jubilación sube 5 años para los hombres y entre 10 y 15 para las mujeres.
La modificación en la obra social de los estatales y descuento a discapacitados; el paquete de medidas conduce a la desregulación de la actual IPAUSS que se declara en emergencia, permitiendo la creación de prepagas a las que los empleados públicos podrán irse, llevando a un desmembramiento de la obra social estatal en la que solo quedarán los que no puedan pagar una prepaga y los enfermos crónicos. A su vez el estado acumuló deuda con el IPAUSS por la atención de discapacitados, por lo que para cubrir dicha deuda, en el paquete de medidas se establece el descuento del 5% de la pensión por discapacidad de dichos discapacitados RUPE.
Dentro del IPAUSS también se modifica la representatividad de los trabajadores. El organismo estaba conformado por un directorio autárquico, que en su mayoría representaba a los trabajadores (3 representantes de trabajadores activos, 2 de jubilados y 3 del poder ejecutivo). A partir de las nuevas leyes se designa un presidente con facultades superlativas y un directorio consultivo con mayoría designada por el poder ejecutivo.
La rebaja salarial por la creación de un fondo solidario que se conforma por el aporte de distintas escalas de porcentaje aplicadas en sueldos de estatales y jubilados (a los jubilados se les descuenta un porcentaje que va destinado a cubrir jubilaciones) a aplicarse por 4 años con posibilidad de renovación, lo cual implica una rebaja salarial. Es decir, el fondo solidario se arma con aporte de estatales, discapacitados y jubilados.
El salario también se ve disminuido por el aumento de los aportes personales, entre un 1% y un 3% para la caja jubilatoria y la obra social, pero los aportes patronales no se modifican.
A su vez, aley provincial 1074Â crea la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), organismo con total libertad para modificar leyes sin intervención de la legislatura, realizar allanamientos, manejar policías y jueces según disponga.
La deuda del gobierno con la caja previsional estatal fue recalculada. Dicha deuda había sido contraída por gobiernos anteriores durante el 1 a 1. Es decir que el monto de ese momento en dólares es muy distinto al que el gobierno de Bertone pretende establecer hoy, para empezar a pagar.
La ausencia del gobierno fueguino
Las palabras de la gobernadora Rosana Bertone y de su vice Juan Carlos Arcando, daban cuenta de un déficit que rondaba los $40 millones de pesos de gobiernos anteriores. Nuevamente la pesada herencia de la que todos los fueguinos debían hacerse cargo, aportando su granito de arena, tal fue la expresión de Arcando.
Con la puesta en marcha de un proyecto en el que los jubilados, discapacitados y trabajadores estatales debían cubrir las grietas de un sistema previsional que crujía desde el 2006, comienza esta historia.Los actores se fueron sumando, en principio solo marchaban los docentes y empleados estatales, pero pronto los jubilados y discapacitados se fueron acoplando hasta conformar la gran Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego (en ella los jubilados y a los gremios La Bancaria, Sade, CTA, ATE, APOC, ATSA, SUTEF, ASEOM, EPU, ATM, SUEF, AFEP, CGT, Centro de Jubilados ATE TDF CTA, APEL, Comisión por los derechos de las personas con discapacidad, Trabajadores de la salud, SEJUP, SOEM, Sindicato Austral de Luz y Fuerza, Sindicato Regional de Luz y fuerza).La primer medida de fuerza que se decidió fueel 1 de marzo, paro general y un acampe frente a la Casa de Gobierno de Ushuaia, que pronto tomaría dimensiones molestas y se replicaría en Rio Grande y Tolhuin. Con una vigilia constante por parte de los trabajadores, el acampe de convirtió en el símbolo de esta lucha que intentó e intenta resistir la violencia institucional. Esta violencia, pronto se reflejó no solo en la falta de dialogo que las autoridades demostraban suspendiendo las reuniones de la Mesa Técnica (tal así el nombre que se designó a la comisión conformada por representantes del gobierno y representantes de jubilados y gremios en las distintas mesas de dialogo que intentaron llevarse a cabo) con distintos artilugios improvisados sobre la hora, sino más visiblemente cuando en la madrugada del 4 de mayo se llevaron adelante allanamientos en las casas de los ditigentes Horacio Gallegos y Juan Manuel Stefoni; José Gómez y Alejandro Gómez, del gremio de empleados públicos, y Roberto Camacho, de ATE, quienes quedaron detenidos y acusados de robo, lesiones, y atentado y resistencia a la autoridad. El secuestro de estos sindicalistas de sus hogares, fue justificado por las autoridades que relacionaron estas detenciones con la supuesta agresión y atentado hacia el vicegobernador, en lo que en realidad había sido un intento de acercamiento en pedido de una reunión por parte de otros trabajadores.
Desde la detención de los dirigentes, arrebatándolos de sus familias, hasta los actuales 90 días del Acampe, en el medio se sucedieron reuniones de la Mesa Técnica que concluían en charlas superficiales o en represión a determinados sectores que no tenían permitido el ingreso por estar llevando adelante su derecho a huelga, es decir a la Unión de Gremios y Jubilados. Así ocurrió el 9 de mayo, por ejemplo, en que se impidiera el paso a los trabajadores; o unas semanas después en que directamente, a horas de comenzar, el gobierno informara que se suspendía dicho diálogo. Los trabajadores siempre dejaban en claro su necesidad de dialogar para repensar la reforma del sistema previsional y el resto de las leyes sancionadas en enero. Pero Bertone insistía en ningunear un descontento que abarcaba varios sectores, como quedara demostrado en el petitorio con 22000 firmas que rechazaba el paquete de medidas, en los sucesivos cortes de ruta, en el acampe de Ushuaia y en las masivas marchas de antorchas que protagonizaran 15000 personas.
Pero la ausencia del gobierno a la hora de resolver el conflicto social que él mismo había desatado, se contraponía a la presencia policial en escuelas primarias. A modo de control y vigilancia, este hostigamiento institucional con uniformados armados tuvo lugar en instituciones púbicas con el fin de presionar a los trabajadores y evitar reuniones y asambleas gremiales. ( article12010 ). Otra de las funciones de la presencia policial en escuelas fue la de permitir el ingreso de los docentes «ilegales” que fueron designados para cubrir los cargos de aquellos maestros en huelga. Los directivos de las escuelas eran presionados por llamados del Ministerio de Educación y por los uniformados en los mismos establecimientos, para asegurar el ingreso de estas docentes «rompehuelga”. Al Respecto SUTEF labró un comunicado en que además de repudiar lo sucedido, dejaba al descubierto el vinculo político de algunos de los docentes que buscaban reemplazar a los huelguistas, y el mismo Ministerio de Educación. ( article12121 ).
Este mismo sistema antiprotesta pudo verse en otros hechos como ser en huelgas o cortes de ruta en que no intervenía la policía, sino fuerzas de choque que contaban con el camino liberado para golpear y amedrentar a trabajadores. Este fue el caso de la participación de unos 200 integrantes del sindicato de camioneros que irrumpió en el corte de ruta que la Unión de trabajadores y Jubilados estaba llevando adelante el 12 de abril. ( article11791 ).
De la falta de dialogo a la destrucción del acampe
Algunos intentos de derretir las bases de este frente de lucha, tuvieron lugar en incendios provocados por individuos en algunos de los acampes. Eran el prólogo de lo que ocurriría semanas después, con el desalojo seguido de incendio del acampe en Ushuaia.
Como la única forma de desarmar los reclamos era mediante la violencia institucional, justo luego de cumplidos los 90 días de dicha medida de fuerza, el desalojo fue un hecho. El 31 de mayo, personal de la Policía fueguina, personal antimotín y civiles (aparentemente punteros políticos) . destruyeron todo a su paso, mientras marchaban entonando el himno nacional La represión tuvo lugar en la madrugada y hasta el momento lo que el gobierno de la kirchnerista Rosana Bertone ha manifestado es que la policía «actuó con total profesionalismo”. Por parte del gobierno nacional, Rogelio Frigerio nuevamente no recibió al «Encuentro Memoria, verdad y Justicia” quienes intentaban denunciar el desalojo.
Desde el desalojo del acampe hasta hoy, el gobierno se movió aplicando descuentos en el sueldo de los docentes en paro, y sanciones sin justificación, tal el caso de las 6 docentes suspendidas y con investigación y sumario en curso, en cuyo comunicado no constan los motivos. Pero el paro no se levantó, eso dejó en claro desde la Unión de Gremios. De hecho, se está buscando generar nuevas estrategias de reclamo, como ser la unión en un gran Bloque Patagónico con Santa Cruz, ya que los reclamos referidos a obras sociales y a salarios, son similares.
Mientras tanto, la Legislatura Provincial seguía sin sesionar, hasta este jueves 16 de junio en que la inactividad legislativa de 6 meses concluyó. Entre todos los proyectos acumulados para ser tratados, se encontraba el pedido de tratamiento de las layes votadas aquel 8 de enero que, entre otras cosas, reforman el sistema previsional. La Unión de Gremios ya había manifestado su pedido de revisión de algunos puntos, dando marcha atrás al primer reclamo de derogación de las leyes en cuestión. Pero aún así, dicho pedido fue rechazado por el bloque del FTV y la UCR, dejando en claro que no piensan abrir un canal de dialogo con los gremios, antes con la excusa de no dialogar mientras el acampe estuviera en pié, hoy ya sin el acampe, la excusa es que para tal fin fue creada la Mesa Técnica. Como sea, el sur argentino continúa siendo el escenario de experimentación con los trabajadores y los sectores menos favorecidos.