Alameda: expropiación postergada

«No al desalojo, sí a la expropiación». Bajo esta consigna los integrantes de La Alameda difunden su situación y solicitan al poder legislativo porteño. Ayer se debía tratar el proyecto de ley de expropiación de La Alameda en la Legislatura de la Cuidad de Buenos Aires pero se suspendió la sesión porque no hubo el número suficiente de legisladores. Sólo estuvieron presentes 17 de los 26 diputados que iban a votar a favor de la expropiación. Pero sí se hicieron presentes en pleno los diputados del PRO, que votarán en contra. El tratamiento se reservó para la próxima semana.

El miércoles a las 13 hs. los integrantes de la Alameda realizaron una marcha frente a la legislatura con la consigna «no al desalojo, si a la expropiación» para reclamar que no se vuelva a postergar el tratamiento de la ley ya que anteriormente esto había sucedido con el argumento de que había «falta de consenso» y además presentaron una «carta abierta a los legisladores» donde exigen que se le de prioridad al tema.

Según Néstor Escudero de la Cooperativa 20 de diciembre, que funciona en La Alameda, «si esta ley no sale a fin de año es probable que en el verano haya un intento de desalojo. La lucha por la expropiación lleva ya 4 años pero seguimos luchando por la dignidad, por el trabajo genuino y por la erradicación del trabajo esclavo».

En junio del 2004 ya sufrieron las consecuencias de no tener una ley que los ampare: «El 16 de junio de 2004 pese a que había preferencia parlamentaria para tratar en el recinto la expropiación, cayeron a las seis de la madrugada 10 patrulleros, un micro de infantería, tres carros de brigada, dos carros de bomberos y una ambulancia. El desalojo fue promovido por la liga de rematadores, una mafia que compra propiedades a precio vil y luego las revende a precios astronómicos», relató Gustavo Vera.

El juez que tuvo a su cargo el procedimiento, Domingo Montanaro, fue denunciado y terminó apartado de su cargo ya que el desalojo estaba sostenido con coimas a la policía y a funcionarios de parte de la liga de los rematadores. Estos mismos policías cobraban coimas en los talleres clandestinos de la zona.

Además la Organización Internacional De Migraciones, órgano dependiente de la ONU, envió una carta pidiendo a los legisladores que se declaren a favor de la expropiación.

En el año 2004 se consiguió la expropiación de La Alameda, pero Aníbal Ibarra (Jefe de Gobierno en ese momento) vetó la ley de expropiación y prometió buscar un lugar alternativo para que se desarrollen las actividades, cosa que nunca ocurrió y según afirman los integrantes de La Alameda «no votar la expropiación con el cuento de un lugar alternativo es lo mismo que llamar a la infantería a que nos desaloje y que La Alameda desaparezca».

Tanto Gustavo Vera como Tamara Rosenberg están procesados «por usurpación a la propiedad privada». «Los miembros de la UTC y La Alameda iniciaron acciones legales contra 108 talleres esclavos, contra más de 70 grandes marcas y contra el Cónsul de Bolivia por ser uno de los que permite el tráfico de personas y su reducción a servidumbre, y el 31 de octubre iniciamos una denuncia contra el ministro del Interior por sacarle la custodia a los testigos que declararon por el trabajo esclavo», relató Escudero y que «las marcas de indumentaria están presionando no sólo para que no se expropie la Alameda si no para que nosotros dejemos de existir como organización».

El proceso de expropiación de La Alameda tiene la particularidad de que hay muchos intereses en juego: los de las grandes marcas como Kosuiko, Lacar o Montagne que presionan para que no se siga denunciando el tráfico de personas y el trabajo esclavo, de los dueños de los talleres, de la liga de rematadores, de funcionarios y la policía que recibe coimas por parte de los talleristas. Por eso los integrantes de La Alameda sospechan que algunos de estos sectores están trabando el proceso de expropiación y a esto se debería la ausencia de diputados que ayer iban a votar a favor en la Legislatura.

El edificio donde funcionó el bar La Alameda fue ocupado en junio de 2002 por un grupo de vecinos de la Asamblea de Parque Avellaneda, quienes restauraron el lugar para lograr que funcione un comedor al que actualmente asisten más de 100 personas por día, funciona la cooperativa de trabajo 20 de diciembre que cuenta con seis emprendimientos productivos donde trabajan 40 vecinos que antes habían sufrido la explotación en talleres textiles clandestinos. También funciona una Institución Social Colaboradora de la Dirección Nacional de Migraciones en la que gratuitamente obtuvieron su residencia precaria más de 4500 migrantes del barrio; también es la sede de la UTC (Unión de Trabajadores Costureros) que nuclea a más de 200 trabajadores textiles en la lucha contra el trabajo esclavo y el tráfico de personas; hay un centro de documentación y se reúne allí la asamblea popular de Parque Avellaneda surgida con los cacerolazos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

«La Alameda es un lugar donde nosotros trabajamos y comemos, donde estamos casi todo el día. Queremos que sea expropiado y que el lugar sea para nosotros, para poder trabajar, que nuestros hijos puedan comer. Pero hasta ahora los legisladores no se han podido reunir en la Legislatura. Sea como sea vamos a seguir en La Alameda, así nos tengan que matar vamos a seguir de pie», relató Mónica, que trabajó en talleres esclavos y fue traída desde Bolivia con la promesa de un buen porvenir. Ésta es una de las razones por la que es importante que los legisladores estén presentes en el momento de votar la expropiación.