El marco de la desaparición de Jorge Julio López
«El secuestro de Jorge Julio López es una acción política para amedrentar no solo a
los testigos sino al pueblo todo y dirigida a garantizar la impunidad de los
genocidas (…) Si el tiempo transcurrido no deja lugar a dudas de que fue un secuestro, ¿por qué desde el Estado se sigue hablando de la posibilidad de que Julio esté perdido o
escondido? (…) El estado garantizó la impunidad de los genocidas durante 20 años de gobiernos constitucionales, aún hoy el 95% de ellos sigue impune. Hoy, a treinta años de su primer secuestro, es el Estado el responsable de garantizar su vida». Por Justicia Ya en La Plata.
Reproducimos a continuación el siguiente documento leído y entregado a los medios en la conferencia de prensa que se realizó hoy en La Plata, convocada por el espacio Justicia YA en La Plata:
El marco de la desaparición de Jorge Julio López
Hace 30 años, en plena dictadura militar, familiares de desaparecidos cantaban
«Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables»
para reclamar por la vida de los 30.000 detenidos desaparecidos. Parece mentira
pero hoy, a 30 años del sangriento golpe de Estado y en plena democracia, tenemos
que seguir levantando la misma consigna para reclamar por la vida de nuestro
compañero Jorge Julio López, querellante y testigo en el juicio contra el genocida
Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Muchos años de impunidad, provocados entre otras cosas por las leyes de obediencia
debida y punto final y los indultos, hicieron que la gran mayoría de las pruebas
que servirían para testimoniar el genocidio se perdieran. Justamente, son los
testimonios de los sobrevivientes de los CCD (Centros Clandestinos de Detención), las principales pruebas contra los
asesinos de la dictadura. Los ex detenidos desaparecidos.
El secuestro de Jorge Julio López es una acción política para amedrentar no solo a
los testigos sino al pueblo todo y dirigida a garantizar la impunidad de los
genocidas.
Con la lucha incansable de todo el pueblo logramos la nulidad de las leyes de
impunidad y comenzaron los juicios. En 30 años, la condena a Miguel Osvaldo
Etchecolatz es el primer castigo ejemplar: reclusión perpetua y efectiva en una
cárcel común, por los crímenes cometidos en el marco de un genocidio. Esta condena
es un paso muy grande en la lucha contra la impunidad y abre un nuevo marco
jurídico que permite ir a fondo contra todos los genocidas de la última dictadura
militar.
El juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz se desarrolló bajo amenazas constantes y
hechos inquietantes:
Militantes de la Asociación Anahí y de la Asociación de Ex
Detenidos-Desaparecidos fueron reiteradamente amenazados a través de llamadas
telefónicas en las que se reproducían conversaciones mantenidas en ámbitos
privados.
La señora Chicha Mariani, querellante en la causa contra Etchecolatz y
Presidenta de la Asociación Anahí, recibió insistentemente amenazas por carta
desde el inicio del juicio. Una de ellas fue particularmente elocuente: «Si
Etchecolatz es condenado, volamos la cueva montonera», en referencia a la casa en
la que en 1976 fue asesinada su nuera Diana Teruggi y secuestrada su nieta Clara
Anahí.
Uno de los testigos, sobreviviente de un Centro Clandestino de Detención,
fue intimidado en la propia sala de testigos momentos antes de su declaración por
un joven oficial de la Policía Federal que mencionó la supuesta existencia de una
guerra contra el terrorismo durante los años 1976-1983.
El 16 de septiembre, aniversario de la Noche de los Lápices y dos días
antes del secuestro de López, Nilda Eloy, testigo y querellante del juicio,
recibió en su contestador telefónico grabaciones con sonidos de sesiones de
torturas.
La desaparición de Jorge Julio López no se dio en cualquier momento:
López desapareció en la madrugada del lunes 18 de septiembre, día en que se
exponían los alegatos de la querella. Era imperioso que López estuviera ese día en
la Sala de Audiencias ya que como los abogados no actuaron con poder sino como
patrocinantes, la presencia del patrocinado en la Sala es obligatoria.
Al existir una limitación de dos letrados por cada querellante, la ausencia de
Julio impedía a dos de nuestros compañeros abogados alegar. Precisamente dos de
los abogados que solicitarían la condena por genocidio.
Esta circunstancia era conocida por el Tribunal. Pero también era conocida por la
defensa de Etchecolatz.
Solo fue posible que el alegato se hiciera en forma completa gracias a un recurso
legal de carácter extraordinario presentado por Justicia Ya!, y por una firme
decisión política de este espacio y del mismo Tribunal de seguir con el juicio.
Fue el mismo Etchecolatz con sus amenazas el que adelantó lo que podría pasar:
«Este juicio ha sido instalado como un rompecabezas para niños bobos o grandes
avivados», dijo el martes 19, en referencia a los HIJOS de los desaparecidos.
«No es este tribunal el que me condena, sino que son ustedes los que se condenan»,
dijo en referencia al tribunal que lo estaba juzgando, que fue amenazado días
después junto a varios magistrados y fiscales.
«Están condenando a un hombre anciano, enfermo, sin poder y sin dinero». ¿En
referencia a quién hablaba? ¿Lo decía por él o estaba hablando de nuestro
compañero López que ya estaba desaparecido desde el día anterior?
Fue sugestivo también el inusual pedido que realizó la defensa del genocida de
retrasar por 48 horas el veredicto. Nos preguntamos: ¿Etchecolatz quería ganar
tiempo para que se confirmara la desaparición de Julio e intentar así cambiar la
sentencia?
Llamados no investigados
En la tarde del miércoles 20, a dos días de la desaparición de Julio, Nilda Eloy
recibió una llamada telefónica en la que una persona que no se identifica le pide
el teléfono del presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, para informarle que iban
a encontrar el cuerpo de López en Quilmes y que «los Fernández» eran los
responsables.
Poco después fue recibida una llamada en el 911 diciendo que había un cuerpo
calcinado en Punta Lara. A un mes de la desaparición de Julio y a pesar de haberlo
solicitado ese mismo día al fiscal que lleva la causa, Marcelo Martini, no hemos
logrado que se hiciera escuchar a Nilda Eloy la grabación de esa llamada para
constatar si la voz se correspondía con la de la persona que habló con ella.
En la causa por la investigación de la desaparición de López, la Justicia solicitó
a Telefónica los registros de llamadas realizadas y recibidas en esos días a los
teléfonos de Jorge Julio López y Nilda Eloy. De ese listado surge que, en forma casi simultánea con el anuncio al 911, se
realizaron desde el Comando en Jefe del Ejército cinco intentos de comunicarse con
el teléfono de Nilda Eloy. En el Comando en Jefe del Ejército todavía no dieron
una respuesta concreta a la Justicia sobre quien realizó las llamadas.
Además, Jorge Julio López llamó a Nilda Eloy el domingo 17 para confirmarle que al
día siguiente su hijo lo llevaría al Tribunal, sin embargo, esa llamada no aparece
registrada en los listados telefónicos.
Desde la desaparición de Julio López estamos convencidos que fue un secuestro.
Ante la ausencia de Julio, el mismo lunes 18 de septiembre alrededor de las 11:30
de la mañana denunciamos a los medios de prensa que sospechábamos que se trataba
de un secuestro. Unas horas después presentamos un habeas corpus en el Juzgado
Federal Nº 3 de La Plata. Sin embargo, ni un solo funcionario se dio por enterado de estas denuncias. Recién
el viernes 22 fuimos recibidos por el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, a
pesar de haber solicitado insistentemente la entrevista desde el martes 19. El
resultado de esa reunión fue penoso.
La persona todavía no identificada cuyo cadáver apareció calcinado en Punta Lara
fue asesinada el 19 de septiembre -día en que se leyó el veredicto contra
Etchecolatz- por un disparo con una bala de 9 milímetros, calibre de las armas
reglamentarias de las fuerzas armadas y de seguridad. El miércoles 20 por la tarde
su cadáver fue encontrado calcinado, con las manos atadas y embolsado en el Camino
Negro, el mismo lugar donde la Triple A arrojaba los cadáveres de los luchadores
populares asesinados.
Ese asesinato aún no aclarado, la técnica empleada y el lugar elegido, fue sin
dudas un mensaje mafioso en sí mismo pero tomó toda su dimensión cuando trascendió
a la prensa que se trataba del cadáver de Julio López. Significativamente fue la
propia Policía Bonaerense la que dio la falsa noticia al diario Hoy de La Plata a
pocos minutos de encontrar el cadáver, sin ninguna pericia que lo acreditara y a
pesar de que las características físicas de la persona asesinada no coinciden en
absoluto con las de López.
Nuestra firme sospecha de que la desaparición de Julio se trataba de un secuestro
a manos de la Bonaerense se consolidó en la primer reunión que el viernes 22 de
septiembre Justicia Ya! mantuvo con el Gobernador Felipe Solá, el Ministro de
Seguridad León Arslanián y el Secretario de Derechos Humanos Edgardo Binstock. En
esa reunión reconocieron que la principal hipótesis que manejaban era la del
secuestro, donde estaría implicada la policía bonaerense.
En aquella reunión, exigimos:
Que se apartara preventivamente a todo el personal de la Comisaría de Punta
Lara, ya que el Gobernador y su Ministro afirmaron que desde esa comisaría había
surgido la información de que se trataba del cadáver de Julio, y se investigara y
castigara a los responsables.
Que exoneraran a los 60 policías que, según nos dijo el propio Ministro
Arslanián, actuaron en centros clandestinos de detención durante la dictadura y
continuaban en actividad, y que nos dieran sus nombres.
Que se impidiera el contacto entre los represores detenidos en el penal de
Marcos Paz.
A pesar de haber hecho público ese mismo día que instrumentarían las tres medidas,
la realidad fue que:
No apartaron al personal de la Comisaría de Punta Lara ni investigaron quien
hizo la llamada al diario Hoy. La explicación que dieron fue que quien llamó no
había dicho que el cadáver era de López sino que podía ser de López.
Los 60 efectivos de la policía «residuales» de la dictadura aumentaron a «un
centenar» el lunes 25 de septiembre según dijo el Gobernador Solá en una
conferencia de prensa. Sin embargo, no exoneraron a ninguno, solo jubilaron a los
36 que estaban en edad de retiro. La explicación fue que había temor a demandas
laborales contra el Estado. Recordamos que está en plena vigencia la ley que
permite al ejecutivo provincial echar a cualquier miembro de la policía sin mediar
motivo.
Se negaron a brindar los nombres de ese centenar de policías argumentando que no
tenían iniciado proceso alguno. Tampoco presentaron ese listado como prueba en la
causa en la que se investigan los ilícitos cometidos bajo la órbita de la Jefatura
de Policía durante la dictadura.
No impidieron el contacto entre los represores alojados en el Penal de Marcos
Paz porque, según explica el Ministerio del Interior de la Nación, falta espacio.
Ante planteos posteriores de Justicia Ya! sobre si están investigando a los
policías imputados en la causa Comisaría 5ta. y a los que viven en el mismo barrio
que López, la respuesta del Gobierno es que no lo pueden hacer público porque está
en juego la gobernabilidad de la fuerza.
El mensaje es claro: hay efectivos de la bonaerense involucrados en el secuestro
de Julio y el Gobierno teme insubordinaciones si toma medidas ejemplificadoras.
Por su parte, el fiscal Martini reconoció ante los abogados de Justicia Ya! que la
causa -que tramita ante la justicia provincial y con la carátula «Averiguación de
Paradero»- debe pasar al fuero federal, por la gravedad institucional del hecho,
ya que el testigo desapareció en el marco del juicio a Etchecolatz, y porque
reconoce que el cuerpo calcinado fue un mensaje mafioso relacionado con el tema.
Si el tiempo transcurrido no deja lugar a dudas de que fue un secuestro, ¿por qué
desde el Estado se sigue hablando de la posibilidad de que Julio esté perdido o
escondido? ¿Cuáles son hoy las bases de esa hipótesis? Tanto el gobierno nacional
como el provincial mantienen un mensaje ambiguo en torno al tema.
La duda que siembra esa ambigüedad se suma al miedo de reconocer que un hecho como éste sea posible e impide que sectores más amplios de la sociedad se involucren.
Las contradicciones en las declaraciones de los funcionarios y los mensajes
cruzados entre el gobierno nacional y el provincial aportan a esa confusión y
especulación que paraliza a la sociedad. En el mismo día se escuchó al Secretario
de Derechos Humanos de la Provincia diciendo que no descartaba que Julio estuviera
muerto y al Jefe de Gabinete de la Nación manifestando su optimismo y su confianza
en que un final feliz estaba cerca.
No solo hubo declaraciones que intentaron cargar las culpas en las víctimas.
También se dijo después de una marcha multitudinaria: «Esperamos que López ahora
se anime a salir». Y se llegó a insinuar la responsabilidad de los organismos de
Derechos Humanos involucrados en el juicio o del Tribunal por no haber pedido
custodia para los testigos.
Está claro que la seguridad de testigos y querellantes solo la garantiza el
contexto político adecuado, y en todo caso, lo que esta situación desnuda es que
el Estado no tomó en serio lo que significaba empezar los juicios contra los
genocidas. Muchos de ellos siguen en actividad en las fuerzas armadas, en las de
seguridad y en los servicios de inteligencia y aquellos que están con arresto
domiciliario lo violan sistemáticamente, por ejemplo el caso de Astiz.
Ahora ofrecen planes de seguridad y custodias, pero el juez federal de La Plata,
Arnaldo Corazza, solicitó una custodia para testigos y el Ministerio del Interior
la rechazó, sin dar una sola explicación del por qué de la negativa, como tampoco
explicó a quién tenía que dirigirse. Lo mismo ocurrió con el fiscal de la causa
Margarita Belén en Chaco.
Las Amenazas Posteriores a la Desaparición de López
La lista es extensa y no solo abarca las cartas enviadas a los jueces y fiscales
que intervienen en las causas contra los genocidas.
El 19 de septiembre, día en que se leyó el veredicto contra Etchecolatz, el juez
Rozansky recibió dos llamados telefónicos provenientes del Servicio Penitenciario
Federal: uno de la Unidad 2 de Devoto y otro de la Unidad 27 femenino, realizados
desde teléfonos que utiliza el personal a los que los internos no tienen acceso.
El 27 de septiembre, minutos después de salir Nilda Eloy de su casa -ya con
custodia- su hija recibió dos llamadas amenazantes, y en dos oportunidades, uno de
los custodios de la Policía Federal que le fueron asignados, se presentó en su
casa en un Falcon verde.
El 29 de septiembre, Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices,
recibió una carta con amenazas firmada por tres ex – comisarios de la Policía de
la provincia de Buenos Aires.
El domingo 2 de octubre, Pablo Giachiello, estudiantes de la Facultad de Bellas
Artes de la UNLP y militante del Partido Obrero, fue brutalmente golpeado por tres
hombres que le dijeron «te tenemos marcado», por su participación en las
actividades en reclamo por la desaparición de López.
El lunes 9 de octubre Ariel y María Montes, dos militantes del movimiento 26 de
junio, de José Mármol, fueron detenidos por policías de la comisaría 9na. cuando
participaban de una actividad por la aparición con vida de Jorge Julio López. En
la seccional los torturaron durante 4 horas y los amenazaron con «desaparecerlos»
igual que a López. En el Ministerio de Seguridad niegan el hecho y no apartaron al
personal policial aunque las lesiones fueron probadas.
El mismo lunes 9 de octubre, el yerno de la ex detenida-desaparecida Cristina
Saborido fue tajeado por dos hombres -uno de ellos armado con una pistola- cuando
volvía de acompañar a su novia. Su cuñada, Agustina Tula, hija de Cristina, había
recibido un mail el día anterior donde le advertían que «al zurdito del novio de
tu hermana lo tenemos enlistado también, ya vas a ver lo que le hacemos». Estas
amenazas se hicieron en el marco de la respuesta que María Cristina Saborido hizo
a las declaraciones de Bignone, quien incitaba a la juventud a «continuar con lo
que nosotros no pudimos y supimos terminar».
Y las amenazas se extendieron a todo el país, militantes, querellantes y testigos
fueron intimidados en Buenos Aires, Rosario, Santa Fé, Tucumán»¦
El responsable de las amenazas proferidas contra un periodista de América durante
el acto realizado en Plaza San Martín, el pasado 5 de Octubre por quienes claman
por una nueva amnistía para los genocidas, no fue aún identificado.
El estado garantizó la impunidad de los genocidas durante 20 años de gobiernos
constitucionales, aún hoy el 95% de ellos sigue impune. El valiente testimonio de
Jorge Julio López, ex detenido desaparecido, fue un paso importantísimo en la
lucha contra la impunidad. El estado terrorista secuestró a Jorge en 1976. Hoy, a
treinta años de su primer secuestro, es el estado el responsable de garantizar su
vida.
También es responsable de garantizar la seguridad de los testigos, los
querellantes y de todo el pueblo dando señales claras de que realmente quiere
terminar con la impunidad de los genocidas. Par eso es imprescindible que:
exonere a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se hayan
desempeñado en los campos de concentración
remueva a los fiscales y jueces cómplices de la dictadura
promueva la eficacia y rapidez de los juicios impulsando la sustanciación de una
sola causa por cada circuito represivo y asignando los recursos humanos y la
infraestructura necesarios.
La ciudad de La Plata sabe muy bien de desaparecidos en democracia: Andrés Nuñez,
Miguel Bru, hoy Jorge Julio López. No podemos a permitir que haya un solo
desaparecido más en nuestra ciudad.
Con vida lo llevaron, con vida lo queremos
Exigimos al gobierno de la provincia y al gobierno nacional la aparición con vida
Ya! de nuestro compañero Jorge Julio López.
La Plata, 18 de octubre de 2006
JUSTICIA YA EN LA PLATA está integrado por: Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos La Plata; Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
(AEDD); Central de Trabajadores Argentinos La Plata-Ensenada; Central de
Trabajadores Argentinos Prov. de Bs. As.; Centro de Profesionales por los Derechos
Humanos (CeProDH); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos
Humanos (CODESEDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Familiares de Desaparecidos (La Plata); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S.
Regional La Plata; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre
(LADH); Madres de Plaza de Mayo (La Plata).
URGENTE
Comunicado de prensa
Buenos Aires 18 de Octubre del 2006
SECUESTRAN Y GOLPEAN DURANTE MÁS DE 2 HORAS A MILITANTE DE HIJOS
Siendo las 23.45hs aproximadamente cuando un compañero de la agrupación estaba por
llegar a su casa en el barrio «Villa del Parque», Nazca al 1600, cuando es
interceptado por un vehículo polo color rojo con cuatro hombres civiles de
aproximadamente de 45 a 50 años, portando armas automáticas.
Luego de hacerlo ingresar auto ejerciendo la fuerza y a punta de pistola fue
secuestrado por el término de dos horas donde se le ejerció violencia física como
así también violencia verbal, le mostraron fotos de compañeros para que los
reconociera y le tomaron huellas digitales de ambas manos.
Durante todo el tiempo repetían que se dejara de joder él y sus compañero porque
los iban a matar.
Por último lo hicieron bajar en las proximidades de Linieres bajo amenaza y
apuntándole con un arma diciéndole que corriera y no mirara atrás.
Luego que los secuestradores se fueron del lugar, el compañero pudo llegar a un
remis y regresar a su casa.
Por todo lo expuesto en el día de la fecha la agrupación HIJOS hará la denuncia
judicial pertinente ante la Cámara Penal.
Desapariciones, secuestros y torturas de militantes populares: Es la política de
Estado del Gobierno k.
HIJOS
NO OLVIDAMOS – NO PERDONAMOS- NO NOS RECONCILIAMOS
REIVINDICAMOS LA LUCHA REVOLUCIANARIA DE NUESTROS PADRES Y SUS COMPAÑEROS.
Para mayor información: 15-53208081 (Julio Talavera)
Argentina: Agrupación HIJOS – Ni olvido / Ni Perdón / Ni Reconciliación / Castigo
Popular a los Asesinos de Ayer y de Hoy / Libertad a Todos Los Presos Politicos /
Fuera el Imperialismo de America Latina y el Mundo / Por Trabajo, Salud, Educación y
Vivienda para el Pueblo – Si No Te Lo Dan Tomalo / La Inseguridad del Pueblo son las
Fuerzas Represivas en las Calles / Ni Alca Ni Mercosur /
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