26/04/2016

«Costa Salguero funcionó como una ciudad paralela sin leyes»

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Estacionamientos, restaurantes, búnkers y boliches no permitidos. Luego de que murieran intoxicados 5 jóvenes en una fiesta electrónica desarrollada en el complejo, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, nos contó acerca de as irregularidades con que se desarrollan en el lugar toda clase de emprendimientos. Fue en Radio La Retaguardia durante el programa Otras Voces, Otras Propuestas. Por La Retaguardia


«Siempre advertimos que detrás de estas tragedias hay irregularidades tanto en las habilitaciones como en las concesiones. Hace muchos años que venimos denunciando una política de privatización en la Ciudad de Buenos Aires, privatización que se hace con varias irregularidades, incluso violando leyes de la ciudad. En este caso, también durante años hemos manifestado que el paradigma de las concesiones irregulares era la concesión del complejo Costa Salguero. Se podría decir que viola todas las normativas que uno podría considerar que deben respetarse al momento de concesionar», denunció Baldiviezo. El activista señaló que los terrenos de Costa Salguero, que se extienden por un total de 17 hectáreas, deberían tener actividades que concuerden con la idea de un polideportivo: «La concesionaria Telemetrix «”concesión de los años ’90″” se había comprometido a hacer un complejo deportivo en esa zona, y terminó haciendo locales comerciales, como hoteles, restoranes, confiterías, estacionamientos, centros de convenciones, violando lo que ella misma se había sujetado en el contrato de concesión. Por otra parte, también la Legislatura de la cuidad y los constituyentes de la ciudad, queriendo que la ciudad recupere su relación con el río, destinaron que todos los predios de la Costanera tendrían que ser Urbanización Parque, es decir, tenían que ser espacios verdes, grandes parques de acceso irrestricto al público, y no ser lugares de explotaciones económicas (el acceso a esos lugares está dada por el pago de una entrada)».

Baldiviezo destacó el precio que paga la empresa a la que el gobierno de la Ciudad le concesiona: $1,5 por metro cuadrado. «Esto quiere decir que Telemetrix le paga al Estado cien veces menos que lo que correspondería a un precio de mercado. Hay una acumulación de irregularidades y, por otra parte, un negocio entre los empresarios y los políticos que actualmente gestionan la ciudad. Estas denuncias que venimos haciendo y que sale a la luz, lamentablemente luego de esta tragedia, las venimos haciendo durante años. Nos preguntábamos por qué el Gran Buenos Aires no decide revocar la concesión, por qué no decide aumentar el canon para que el Estado tenga mayores ingresos; nos encontramos con que Costa Salguero tiene estrechas vinculaciones con el poder político». El activista recordó que allí funciona el Búnker del PRO y que «directivos de las empresas subconcesionarias son familiares (hay un directivo en particular que es el esposo de Carmen Polledo, diputada del PRO que mayor poder tiene en la Legislatura, exvicepresidenta primera de la Legislatura). Ahí empezamos a comprender que detrás de estas ilegalidades, omisiones del Estado existe connivencia política para favorecer a empresarios».

Baldiviezo denunció que existe una connivencia entre funcionarios y empresarios que permite ese grado de impunidad: «Hasta el año 2010 ninguno de sus locales tenía habilitación de la ciudad, cuando vemos que en la ciudad se clausuran centros culturales pequeños por no contar con habilitación o por estar mal habilitados. Costa Salguero funcionó como una ciudad paralela donde no se aplicaba, o el Gobierno no hacía aplicar, ninguna de sus leyes, ni leyes de edificación ni habilitación. Se tuvo que llegar al extremo de hacer una acción judicial, clausurar todos los locales, y el Gobierno en vez de reaccionar, de revocar la concesión diciendo ‘ustedes han cometido muchas ilegalidades, no respetaron siquiera ninguna normativa de la ciudad’, en 48 horas otorgó habilitaciones a todos los locales comerciales nuevamente». El trasfondo, para Baldiviezo, es político. «Están dadas todas las condiciones para que el Estado pueda revocar esta concesión y hacerse nuevamente de esos predios y destinarlos al uso público. Costa Salguero durante años estuvo ocupando un camino público, el camino de ribera, una calle ribereña. Si uno se imaginara en la ciudad que un boliche o un restorán podrían ocupar una calle, sería totalmente absurdo. En Costa Salguero ocurre eso. Hay locales que siguen ocupando el camino de ribera por más que exista una orden judicial que ordenó que se libere ese camino», denunció. El activista sostuvo que esta clase de irregularidades con el uso del espacio público y los negocios inmobiliarios se dan en toda la Ciudad, no sólo en Costa Salguero: «Actualmente se está discutiendo la creación de un distrito joven. Esto es legalizar todos los locales gastronómicos y boliches que existen en Costanera Norte, que se encuentran en la misma situación de ilegalidad que en Costa Salguero.

El boliche Pachá está en medio del Parque de las Américas -no podía estar habilitado ni funcionar nunca-; el restorán Rodizio -que también está dentro del parque, ocupando el camino de ribera-; Piza Banana, Siga la Vaca no deberían estar habilitados porque se encuentran, al igual que Costa Salguero, en una zonificación destinada a ser espacios verdes y parques». A pedido del poder ejecutivo, asegura Baldiviezo, la legislatura decidió amoldarse a las ilegalidades y no sancionarlas. «En vez de procurar que sea un parque, van a decir que tiene que ser un distrito joven que autoriza estas explotaciones comerciales. Están sacando una ley a medida de estos intereses económicos, intereses económicos que en este contexto no son menores. Al presidente de Dell Producciones, la organizadora de la fiesta electrónica, a quien la justicia ha pedido detener, el año pasado se lo favoreció con la concesión de Pachá», contó y denunció que, a pesar de lo sucedido en la fiesta electrónica, la legislatura no ha cambiado un ápice su posicionamiento.



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