Derecho a la educación

Chubut – El proyecto inicial cuenta con más de 30 años. Fue pensado primero por los padres de quienes lo impulsan actualmente. Hasta el momento en la comunidad y alrededores no hay establecimientos educativos, excepto un plan FInEs (enseñanza secundaria) al que asisten tres jóvenes de la comunidad.

En general, las familias con niños en edad escolar o se trasladan a las ciudades, o envían a sus chicos a escuelas con internado en las que reciben enseñanza formal lejos de su cultura. Sólo cuando regresan, si es que lo hacen, comienzan a conocer sus costumbres, tradiciones e idioma.

La búsqueda es la de evitar el desarraigo de la gente de su territorio, que es una de las principales estrategias de este sistema para desaparecer las culturas originarias y quedarse con sus territorios.

Por esta razón, en 2015 y con el aval de otras comunidades mapuches, presentaron nuevamente el proyecto del establecimiento educativo de gestión social en el que la comunidad eligió el perfil docente y un enfoque que ponga en valor sus conocimientos ancestrales, teniendo como uno de sus ejes la participación política y comunitaria. La propuesta implica enseñanza multinivel y con la lengua mapuche como herramienta fundamental de la enseñanza.

El año pasado, las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia manifestaron que acompañarían la iniciativa, y con ese aval comenzaron a reacondicionar el centro comunitario. Las obras están avanzadas en un 70 % pero tras las elecciones y el cambio de autoridades ni el Ministerio ni la Supervisión Zonal Región I autorizan la inspección ocular a la construcción edilicia, paso necesario para el reconocimiento y habilitación de la escuela.

En un comunicado hecho público, desde la comunidad destacan: «(si bien la comunidad) está reconocida a nivel provincial y nacional no ha sido fácil acceder a los proyectos, ya que, en todos los procesos de tramitación el conflicto territorial que mantenemos, desde hace muchos años, ha afectado la posibilidad de recibir financiamientos, cumplimentar trámites y otras exigencias burocráticas”.

Los conflictos territoriales se remontan a mitad del siglo pasado cuando desde el Gobierno se entregaron títulos de propiedad a particulares no indígenas. Desde entonces debieron enfrentar diferentes litigios legales, persecuciones judiciales y atropellos de la fuerza pública contra las familias que, de manera ancestral y colectiva, vienen conviviendo en el territorio comunitario.

Actualmente la Comunidad Vuelta del Río está formada por más de 25 familias, que sobreviven en 15 lotes de tierra de 625 hectáreas, en viviendas muy precarias; no cuentan con luz eléctrica, escuela, ni posibilidades de desarrollo. Apenas hay un pequeño Puesto Sanitario, donde un enfermero de campo atiende los problemas más urgentes de los pobladores. Las actividades de la comunidad consisten en pastoreo y agricultura de subsistencia, artesanías tradicionales en telar y soga, herboristería y medicina tradicional.

En el marco de la Ley Nacional N° 26.160 de Emergencia Territorial la comunidad obtuvo el reconocimiento de las tierras que actualmente ocupan las familias pero el territorio que les corresponde por historia es más extenso y está en posesión de latifundistas privados.

Los funcionarios que ponen en duda los fundamentos del proyecto, cuestionan también la posesión territorial de la comunidad y el centro comunitario donde se establecerá el proyecto educativo, que se encuentra en un terreno cuya posesión está en conflicto y por lo tanto el Estado no podría dar su aval. Mientras tanto la comunidad tiene una fuerte expectativa de que este Proyecto Educativo se concrete, para poder ejercer en debida forma su Derecho a la Educación, lo que contribuirá ciertamente al desarrollo humano de todas las familias.

Fuentes: Radio La Negra «“ Kalewche FM