«Esto en algún momento tenía que detonar y detonó con una huelga de hambre a nivel masivo»
Los internos de 28 penales bonaerenses mantienen una huelga de hambre desde el 21 de septiembre. La medida se inició en la Unidad 9 de La Plata, en reclamo de la agilización de los procesos judiciales. En las ultimas horas se han plegado a la protesta detenidos del penal de mujeres de Ezeiza, de la cárcel de Villa Devoto y de Batan. Para Pablo Casals, periodista de ‘Radio La Cantora’, «desde hace tiempo el sistema penitenciario está colapsado totalmente, en parte gracias a la aplicación de las ‘leyes Blumberg’. La legislación vigente es utilizada para que los policías acusados de asesinatos o apremios ilegales queden en libertad o pueden vivir los procesos judiciales en libertad. No ocurre lo mismo con los presos comunes que en casi su totalidad son pobres».
«La masiva adhesión a las huelgas de hambre dentro de las unidades bonaerenses ha empujado a la superficie una fotografía de la dinámica económico-social de nuestro país y del quehacer del Estado de derecho que la regula», señala Pablo Casals, periodista del Colectivo de Comunicación Popular Radio La Cantora.
Esta situación se traduce en que cerca de 35.000 personas estén detenidas dentro de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires y que al menos el 70 % de ellos se encuentra en situación de procesados sin sentencia firme, con un promedio de prisión preventiva de 8 a 12 años de detención. Estos plazos exceden ampliamente
los dos años de «tiempo razonable» que establece el Pacto San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país y de rango constitucional.
La desatención de la situación carcelaria se acentúa, a la vez que aumentan las medidas punitivas aplicadas a una población compuesta de forma homogénea en términos de clase social. De esta manera el Estado consolida su política hacia los excluidos del sistema.
En ese sentido, Casals considera que «el conflicto se inicia en la Unidad Nº 9 de La Plata, pero en realidad fue hace muchos años atrás. La justicia tiene causas anteriores al año 98 que todavía no tienen una sentencia firme, inclusive hay casos de internos que hace treinta años que están privados de su libertad sin que se los haya encontrado culpables del delito que se los acusa. Por lo tanto -continua el periodista- el conflicto tiene al menos treinta años. Esto en algún momento tenía que detonar y detonó pacíficamente. Los internos podrían haber elegido amotinarse pero decidieron autoagredirse con una huelga de hambre a nivel masivo».
«Tirar el rancho pa’ trás»
El periodista relata a ANRed cómo se inició la medida: «Esta seguidilla de huelgas comenzó el miércoles 20, a última hora. En ese momento, los presos del pabellón seis de la Unidad 9 de la Plata rechazaron la comida del día; en la jerga se dice ‘tirar el rancho pa’ trás’. A partir de ahí, se designaron delegados para difundir la problemática al resto de los pabellones. Al día siguiente, el jueves 21 por la mañana, ya estaban plegados a la huelga los 1.200 internos».
El petitorio elaborado por los detenidos exige a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia la declaración de inconstitucionalidad del Art. 24 del Código Penal; que regula el cómputo de la reclusión y la prisión a los efectos de otorgar la excarcelación. Además, de la plena y preferencial aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660 por sobre la Ley Provincial del mismo tenor 12.256.
Asimismo el petitorio insta a la derogación efectiva de la Ley 12.405 ‘Ley Ruckauf’, que dispone la prisión preventiva de manera automática. Con respecto a este punto Casals advierte que «con la aplicación discrecional de esta reforma sólo ha beneficiado hasta el momento a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, acusados de homicidio, torturas seguidas de muerte, apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad».
En suma, los detenidos entregaron un texto en el que reclaman la creación de una ley procesal de excarcelación acorde a las pautas establecidas por los organismos de derechos humanos, la conformación de una figura procesal que sancione a los jueces que incumplan sus funciones y que se fije un plazo razonable de prisión preventiva.
Costos políticos y migajas
Según el integrante de Radio La Cantora, «pareciera que nadie quisiera hacerse cargo del costo político que tendría la correcta aplicación de las leyes vigentes. De considerarse el reclamo de los internos en huelga de hambre, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, debería liberar casi automáticamente a esos 10.000 detenidos encarcelados en el último año».
En ese sentido, Casals considera que «la respuesta desde el Poder Judicial bonaerense a este razonamiento, se empara en la horizontalidad y amplitud de criterios que poseen los jueces de la provincia a la hora de tomar decisiones. Lo curioso de esta situación es que la amplitud de criterios, perjudica en el 98% de los casos al mismo sector social: el más pobre».
El promedio de edad de las personas privadas de la libertad en la provincia, es de 21 años. El 80% de ellos proviene de la clase social más baja.
Cada joven detenido le cuesta al Estado provincial una partida que ronda los mil pesos, de los cuales a los detenidos en condiciones infrahumanas llegan sólo migajas.
«Tirar la pelota afuera»
Pablo Casals reseña en qué condiciones el gobierno provincial asume la problemática mientras se agrava la salud de los presos que mantienen la huelga de hambre. «Todas las frases del gobierno vienen antecedidas con ‘vamos a ver que pasa’ o ‘veremos’. Los compromisos que se han asumido de palabra son todos: se van a empezar a cumplir las leyes, las comisiones judiciales se van a empezar a juntar para discutir cómo aplicarán las leyes, etc., pero en concreto nada».
La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires emitió, hace poco tiempo, un comunicado en el que básicamente «tiraba la pelota afuera». Según la misiva, comenta el periodista, «la justicia no estaba funcionando como corresponde por falta de presupuesto. Y uno que conoce los pasillos desde hace muchos años sabe que lo que están reclamando los internos ya existe, solo es necesario que se aplique. Sin embargo, creo que si se deberían redistribuir los recursos. Por ejemplo, ocho de cada diez presos tiene por abogado un defensor oficial. En toda la provincia trabajan sólo 162 defensores oficiales, que ni siquiera tienen secretaria o secretario, lo que significa que cada defensor debe atender un promedio de 150 personas».
Tanto para Pablo como para el resto de los integrantes del Colectivo de Comunicación Popular Radio La Cantora, «la justicia actual es una máquina de mantener presa a la gente pobre. No es casual que de los 35 mil detenidos que hay en la provincia de Buenos Aires más del 70 por ciento esté excedido en el plazo razonable de detención sin sentencia firme. Así se demuestra, una vez más, que el aparato represivo cívico militar continúa intacto. Es el mismo sector que secuestró a Julio López y el que financia a gente como Blumberg».
Mariana Collante
Fotos: Olmo para SUB Coop. de Fotógrafos
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