Carter y Obama: continuidades de la hegemonía norteamericana

La política de los EE. UU hacia América Latina ha sido una prolongación de estrategias en el tiempo donde se produce el juego antitético de asistencia directa y encubierta «“ estrategia pública y clandestina. Por Patricia Rodriguez para ANRed

El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 se produjo con el apoyo político, económico y militar de Estados Unidos, entonces gobernada por el republicano Gerald Ford, por el vicepresidente Nelson Rockefeller y el secretario de Estado, Henry Kissinger.

El gobierno de Ford otorgó ayuda financiera a la Junta Militar luego del anuncio del plan económico de Martínez de Hoz, funcional a los intereses norteamericanos, de tal manera que la política monetaria del Banco Central fue estipulada en mayor medida por Wall Street y el FMI, organismos cuyo accionista mayoritario es EEUU.

En los meses siguientes al golpe, fluyó también la asistencia militar en la supuesta lucha contra la subversión que dejó el triste saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos. Entonces, eliminada la resistencia popular a través de las torturas y desapariciones se inició la destrucción del país imponiendo un nuevo orden mundial de sometimiento. Consecuentemente, el golpe de estado no sólo fue militar, sino también civil, en tanto benefició a determinados sectores concentrados de la economía (co-responsables del golpe), a través de las políticas económicas y del endeudamiento externo, mecanismo por el cual los Estados Unidos ejercieron dominio y presión sobre nuestros países para mantenerlos en su esfera de influencia. En este marco socio-económico, los trabajadores y algunas empresas que no quedaron dentro del grupo industrial, financiero y agroexportador beneficiado terminaron perjudicados, excluidos del sistema productivo.

La deuda externa, durante la dictadura se multiplicó por seis en tan solo seis años, de 7000 millones de dólares en 1976 a 42 000 millones de dólares en 1982. Según Alejandro Olmos hijo, el Banco Mundial, estableció que de la deuda contraída en esos años se utilizó en un 40 por ciento para la fuga de capitales, un 30 por ciento en pago de intereses de la deuda y un 30 por ciento en compra de armamentos. Dicho 40 por ciento de la deuda tuvo un carácter fraudulento, ya que se fugó del país y apareció en cuentas en el exterior a nombre de argentinos, ligados a los centros financieros internacionales, como Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, que contrajeron la deuda privada que más tarde terminaríamos pagando todos.

Para 1976 y 1977, el FMI había solicitado una serie de medidas como la eliminación de aranceles de importación, la reorganización del sistema financiero, la unificación de la moneda y la liberación del control de movimiento de capitales, que trajo aparejado la desindustrialización, la declinación del consumo, reducción del nivel de ingresos del sector asalariado.

El reemplazo de Ford por Carter durante el año 1977 cambió la línea política, en cuanto a la promoción de los derechos humanos, respondiendo a la necesidad del imperio de recomponer su hegemonía luego de la derrota de Vietnam. Sin embargo, la oratoria pro derechos humanos era una cáscara vacía que evidenciaba el doble discurso norteamericano al alentar por lo bajo a las dictaduras latinoamericanas y la continuidad del Plan Cóndor, impulsado por la propia CIA.

En realidad, los objetivos de la política internacional norteamericana apuntan a garantizar su hegemonía política. A lo largo del tiempo utilizaron diferentes estrategias para mantener el orden de dominación, sometiendo a distintos enemigos que van cambiando con el tiempo. Si hasta la caída del muro, el enemigo universal era el comunismo, en la actualidad, la pluralización de los enemigos no ya universales, sino regionales, de distintas partes del mundo constituyen el objetivo.

Así, la nueva cruzada norteamericana apunta a combatir al Terrorismo, Populismo Radical y al Narcotráfico.

En ese nuevo marco, la llegada de Obama al país revela una multiplicidad de intenciones entre ellas:

1- Impulsar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, es decir un nuevo ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), con un claro sesgo neoliberal, priorizando el capital internacional en detrimento de la pequeña y mediana empresa.
2- El narcotráfico y el terrorismo como excusas para instalar nuevas bases militares a lo largo de todo el continente. Por otro lado, en un encuentro reciente de Patricia Bullrich con la DEA, el FBI y el Pentágono, en el país del norte, que ofició de punta de lanza ante los próximos anuncios de Obama en Argentina en relación a la lucha contra el narcotráfico en relación al intercambio de información y entrenamiento o capacitación de fuerzas de seguridad, y la adquisición de tecnología. Vale decir, la plena injerencia de las instituciones norteamericanas en la Argentina.
3- Posibilidad de ungir a Macri como un referente de la derecha regional en su intención de conformar un bloque único sudamericano ante el apoyo directo de Perú, Chile y Colombia que ya suscribieron a acuerdos de libre comercio con Washington desde la Alianza Pacífico.