Una tarde por los pibes y pibas

El sábado 20 de febrero por la tarde en la ciudad de La Plata se realizó en la Plaza San Martín una Jornada Cultural y de lucha contra el Gatillo Fácil y la Represión Policial, impulsada por el Colectivo Contra el Gatillo Fácil (CCGF). La actividad giró en torno a tres casos significativos que sucedieron en la ciudad: los asesinatos de Omar Cigarán, Mauricio Andrada e Ismael Perussatto, aunque también se visibilizaron otros casos, como el de Sebastián Nicora, Andrés Núñez y el de Emilia Uscamayta. Por Red Nacional de Medios Alternativos (Reg. La Plata, Berisso, Ensenada)

Intervenciones artísticas, radio abierta y bandas en vivo acompañaron durante toda la tarde. La fecha elegida para la actividad fue el día en que Omar hubiera cumplido 21 años, y buscó no sólo denunciar la violencia sino reivindicar la lucha y los derechos de los y las jóvenes de sectores populares. Asimismo se denunció la política sistemática de criminalización de la pobreza en democracia y el avance de la militarización en los barrios.

La radio abierta fue realizada por la Red Nacional de Medios Alternativos La Plata-Berisso-Ensenada (Colectivo cultural Otro Viento – Radionauta – La Charlatana – ANRed) y Radio Futura. Además de intervenciones artísticas, se proyectó un documental de Jóvenes del FOL, así como también se presentaron las bandas Laika Perra Rusa y Se viene la Maroma.

«Hace tres años que vengo gritando y pidiendo justicia”, afirmó Sandra Gómez, mamá de Omar, desde el micrófono de la plaza. «Formamos un espacio que se llama Colectivo Contra el Gatillo Fácil, en conjunto con varias organizaciones que hoy me acompañan. Yo como mamá quería recordar a mi hijo Omar que hoy no está acá para festejar su cumpleaños, este beso va para el cielo, para él”, relató, y agregó: «Esta jornada no es solamente por Omar y Mauri, sino por todos y todas, los pibes y las pibas victimas de gatillo fácil. Yo hace tres años perdí lo más hermoso, que era mi hijo, tengo mi familia; pero voy a ser la peor pesadilla para Diego Walter Flores y para todos los canas que se metan con nuestros pibes”.

Junto a Sandra, se hicieron oír las voces de Claudia, madre de Mauricio Andrada; Fernanda, la mamá de Sebastián Nicora; y también estuvieron los/as familiares de Emilia Uscamayta, estudiante de periodismo fallecida en una fiesta clandestina el 1ro de enero a la a madrugada.

Por su parte, Claudia remarcó: «A mí se me hace todo muy duro, muy chocante. Seguimos esperando que nos den la fecha del juicio, y que llegue el momento de preguntarle a este señor qué es lo que siente, llevando dos pibes a la muerte, destrozando dos familias”. Con un tono que conmovió a quienes acompañaban la jornada agregó: «yo estoy en plena agonía, porque mi hijo agonizo 40 días y la verdad me duele mucho y me va a doler toda la vida por más que al tipo le den 50 años de cárcel, a mí me va doler, porque a mi hijo nunca más me lo van a devolver”.

La represión como política de Estado

La jornada alternó los testimonios particulares en los relatos de familiares de víctimas de gatillo fácil, con la denuncia del CCGF sobre la sistematicidad de la violencia institucional. «Nosotros, que somos parte del CCGF, estamos organizados para denunciar y visibilizar que estos no son casos aislados, sino que es una política de Estado”, afirmó Julio, integrante de HIJOS La Plata.

En ese sentido, completó: «No son solo estos casos, el de Mauricio, el de Ismael y el de Omar; son muchos casos de gatillo fácil que se sucedieron acá en La Plata. Por lo menos por mencionar a algunos en un recorrido cronológico”. Julio recordó los casos de Cristian Pérez asesinado por el agente de la comisaría 6ta de City bell en 2002; Daniel Migone asesinado por agentes de la Comisaría 9na en 2005; Darián Barzabal, similar al caso del año pasado de Juan Martin Yalet, al que lo subieron a un patrullero del CPC y lo fusilaron; Maximiliano Del León, asesinado en Los Hornos en agosto de 2002; Franco Quintana en diciembre de 2002; Soledad Bowers, que fue fusilada por un agente que decía evitar un robo; Ezequiel Heredia en el 2009; y de Brian Mogica, asesinado por un custodio del ex gobernador Scioli en noviembre de 2013.

«Acá lo que estamos diciendo, es que hay una política de Estado, política sistemática en la cual, el gobierno de (Daniel) Scioli hizo lo que ningún gobierno de la provincia de Buenos Aires había logrado, que es duplicar la cantidad de efectivos de la policía bonaerense. A esto hay que sumarle, las policías comunales con 20.000 policías más y el resultado de eso es la posibilidad de que la policía actué con total discrecionalidad en la calle”, explicó Julio y afirmó que son más de 500 casos de entre gatillo fácil, jóvenes muertos por tortura en sede policial o penitenciaria; más de 500 personas asesinadas en la gestión que se acaba de retirar.

Luego fue el turno para la nueva gestión de la Gobernadora María Eugenia Vidal, que en términos represivos no tiene nada que envidiarle a su antecesor, más aun con la reciente ley anti piquetes, a cargo de la Ministra de Seguridad Patricia Burllrich, que no hace más que profundizar esta problemática y la línea represiva. Además, Julio recuerda que el actual director del área de seguridad municipal es Daniel Piqué, ex comisario de la Comisaría 1era, el cual fue denunciado por la represión a un grupo de pibes que hacían la olla popular en la glorieta de plaza San Martín. No hay que olvidar que «Piqué mando a una patota a cagarlos a palos a los pibes con palos, con cadenas, con todo; ahora está enfrente del área de seguridad del Municipio de La Plata”.

En esa línea, también denunció a Pablo Bressi, quien es el nuevo jefe de la policía Bonaerense, como uno de los responsables de la masacre de Ramallo en el año 1999. De la misma forma, se nombró desde el escenario a Fernando Díaz, responsable del servicio penitenciario, y culpable, entre otras, de los tantos crímenes que denuncia el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y que menciona en sus informes anuales. Entre ellos está la masacre del Penal de Magdalena, con más de 33 personas muertas.

En esa línea, destacó: «acá hay una política concreta de violación de los Derechos Humanos por parte de las agencias del Estado, y ningún Gobierno desde el `83 a la fecha, se animo a meterle mano ni a la policía bonaerense ni al servicio penitenciario, ni a las grandes mafias que gestionan todos los delitos que dicen combatir y que en realidad hacen al revés, los arman cada vez más, les dan cada vez más poder, y más discrecionalidad para actuar. Y contra eso, es contra lo que tenemos que seguir organizándonos, para seguir denunciando los crímenes que comenten”.

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Un plan sistemático, una lucha nacional

ECOS DE LA JORNADA POR LUCIANO ARRUGA EN LOMAS DEL MIRADOR

El sábado 30 de enero, se realizó en Lomas del Mirador, una Jornada Cultural al cumplirse 7 años del asesinato de Luciano Arruga a mano de la policía Bonaerense. Allí se realizaron una serie de paneles e intervenciones culturales denunciando la violencia policial e institucional como política de estado. En esta actividad confluyeron familiares y organizaciones de todo el país, dando cuenta de la sistematicidad de este mecanismo represivo que tiene en los jóvenes de barrios populares su principal foco de ataque.

Compartimos aquí, algunos testimonios de uno de los paneles realizados, cuya temática principal fue el Gatillo Fácil y contó con la presencia de decenas de familiares y amigxs de víctimas del aparato policial.

Como puntapié, desde la CORREPI se volcó un informe sobre más de una veintena de casos donde jóvenes de barrios populares cayeron víctimas de balas policiales o fueron asesinados por integrantes de la burocracia sindical y punteros políticos con complicidad policial, sólo algunos de los más de 4mil casos relevados en esta democracia. Luego, una a una se fueron sumando los testimonios y las voces de familiares que comenzaron a dibujar las caras, a gritar los nombres de aquellos jóvenes perseguidos y atacados por un estado capitalista que los usa de carne de cañón. Una de las notas más interesantes del encuentro fue su carácter federal, ya que se pudieron escuchar relatos de un amplio espectro de la geografía nacional.

Este espacio se extendió durante más de tres horas, en que un masivo auditorio no perdió la atención y la indignación frente a la impunidad sistemática y sistémica. Para los familiares, como varixs de ellxs afirmaron, la jornada constituyó una apuesta al intercambio y fortalecimiento entre los familiares para la lucha.

Julieta Minaya, la madre de Atahualpa, joven aymara-mapuche asesinado en Viedma hace 7 años, denunció al Poder Judicial, «que quiere desgastar a los familiares para que no sigamos”. Destaco igualmente la importancia de generar Comisiones investigadoras independientes, como instancias que puedan «investigar lo investigado” y combatir la impunidad de la policía «que tiene el mismo proceder en todas partes del país”. También afirmó que muchas veces los familiares sienten que su reclamo es «un grito en el desierto” y que es importante la unión y la organización.

Otra de las oradoras fue Celeste Lepratti, hermana de Pocho Lepratti, asesinado en Rosario durante las históricas jornadas de diciembre de 2001. Señaló las responsabilidades políticas impunes en la represión que dejó 40 muertos en todo el país, y específicamente apuntó a la figura de Carlos Reutemann, entonces gobernador de Santa Fe, y por lo tanto responsable político directo de los 4 asesinatos durante el 19 y 20. Este político, que subió a dicha provincia de la mano de Menem y cobijó en su gobierno a varios represores, actualmente, recuperó su banca en el senado en manos del PRO, por lo que en breve volverá a gozar de fueros que impiden que sea juzgado por el asesinato de Pocho y el resto de los caídos.

También estuvo presente el caso de Franco Zárate un joven migrante de Bolivia que fue asesinado hace un año en mataderos a manos de un «transa” del barrio, con respaldo de la Comisaría N°42, en un caso claro de racismo, que continuó con el encubrimiento de lo ocurrido. Desde sus familiares afirmaron que «Quienes migramos estamos acostumbrados a los maltratos, migrar es un derecho, no un delito, tener raíces indígenas tampoco es un delito, sin embargo, somos perseguidos, violentados y la policía es cómplice de esta situación”.

María de Madres por la vida y contra el Paco se refirió a las redes de complicidad entre el negocio del narcotráfico que daña a cientos de miles de jóvenes y la policía. Igualmente, rescató la importancia de la unidad entre las madres y familiares para exigir justicia.

Decenas de testimonios dieron cuenta de la sistematicidad de la violencia policial y de su relación con el poder político y las burocracias. También se resaltó el papel de los medios de comunicación y en muchos casos del poder judicial para garantizar la impunidad. El cierre del panel estuvo a cargo de Angélica, la mamá de Kiki Lezcano, joven asesinado y desaparecido durante meses en La Villa 20 de Lugano hace 6 años. Afirmó entre otras cosas que «las madres nos acostumbramos a acomodar el dolor y salir a la calle”, hizo hincapié en el papel de estas mujeres que al salir por sus hijos se fortalecen, «nos volvemos diferentes”. También llamó a todos los familiares a no tener miedo y organizarse, a no sentirse solxs, a luchar para demostrar que nuestro hijo no es un pibito más que no le importaba a nadie, y a hacerlo por ellos, pero también por nosotras y por los que vienen”.

De cerca, Nora Cortiñas escuchaba atentamente el panel y asentía. Seguramente, convencida de las palabras de Angélica en relación a que la lucha pare mujeres y varones nuevos, fortalece, a pesar de las pérdidas irreparables, y del poder de la unidad para la denuncia de tanta impunidad.