Histórica condena a Etchecolatz por genocidio

El ex Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, fue condenado ayer a reclusión perpetua, a cumplir en una cárcel común, por su responsabilidad en los «delitos de lesa humanidad cometidos en
el marco de un genocidio», durante la última dictadura militar. Es la primera vez que se reconoce jurídicamente
esta figura en el texto resolutivo de una sentencia. Así, se sentó un
precedente fundamental para todas las causas por los crímenes de la
dictadura.

Por Vanina Wiman para Justicia Ya en La Plata.

Por primera vez, la justicia reconoció jurídicamente
el genocidio implementado por la última dictadura en la Argentina, al condenar
por unanimidad al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua
por su responsabilidad en «delitos de lesa humanidad cometidos en el marco
de un genocidio». Tal como habían solicitado las querellas, el Tribunal Oral
Nº 1 reconoció que los secuestros, torturas y homicidios perpetrados por
Etchecolatz fueron cometidos como parte de un plan sistemático de exterminio
implementado por el Terrorismo de Estado. Este fallo sienta un precedente
que podría cambiar el rumbo de todas las causas sobre los crímenes de la
dictadura.

Con una sala colmada de público y cientos de personas que quedaron fuera del
recinto, el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, dio lectura al
veredicto del juicio oral. Además, el Tribunal
resolvió que Etchecolatz cumpla su condena en una cárcel común: el penal de
Marcos Paz, en donde está detenido desde que perdió el beneficio del arresto
domiciliario a comienzos de este juicio, en junio pasado.

Se trata de una condena histórica: es la primera vez que un Tribunal incluye
la figura del genocidio en la parte resolutiva de una sentencia. Es decir,
que es el primer reconocimiento jurídico concreto de que en la Argentina se
perpetró un genocidio durante la última dictadura cívico-militar. Esto
sienta un precedente que seguramente afectará la instrucción de todas las
causas abiertas -y por abrir- sobre los delitos cometidos durante el
terrorismo de Estado. A partir de ahora, existe un antecedente que podría
permitir que otros cientos de represores de toda jerarquía sean indagados,
procesados y condenados por este delito. Es el primer paso para superar los
procesos judiciales contra imputados aislados y por hechos fragmentarios, y
para avanzar en juicios unificados, que reconozcan el carácter coordinado y
sistemático de la represión ilegal.

La larga espera

Desde la mañana de ayer, la sala de audiencias -en el Palacio Municipal, en
12 entre 51 y 53- estuvo repleta. Poco antes de las 12, la defensa del
genocida Etchecolatz formuló su alegato, en una extensa exposición que duró
hasta cerca de las 16hs.

Fuera del edificio, comenzaban a llegar organizaciones
sociales, estudiantiles, gremiales y políticas que mantuvieron una vigilia
de varias horas a la espera del veredicto, que finalmente fue anunciado para
las 19.30.

A esa hora, las puertas de la Municipalidad todavía permanecían cerradas, y
el público se impacientó. Finalmente, se dio prioridad para entrar a las
víctimas, testigos y familiares -la prensa terminó ingresando por otro
sector-, y el resto de las personas que contaban con acreditación fue
entrando con cuentagotas. Gran parte de los presentes quedó fuera del
edificio, y tuvo que seguir el desenlace del juicio desde la explanada del
Palacio Municipal.

Dentro de la sala, la expectativa crecía. Cerca de las 20.30, el juez
Rozanski comenzó con la lectura del veredicto: «Este Tribunal resuelve
condenar a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua»¦». En
ese momento, estalló un aplauso cerrado, y para muchos fue imposible
contener la emoción.

Bajo el sonido del público cantando «Como a los nazis les va a pasar, a
donde vayan los iremos a buscar», volaron algunas bombas de pintura que
tiñeron una columna, un parlante, parte del piso e incluso la cabeza de uno
de los policías federales responsables del impresionante operativo de
seguridad que durante todo el día rodeó al represor.

A esa altura, Rozanski ya había interrumpido la lectura del fallo.
Etchecolatz y sus abogados defensores se escudaron detrás de los policías y
salieron de la sala, y hubo que esperar un momento para calmar los ánimos,
incontenibles después de 30 años de espera.

Luego, tras el regreso del represor, el presidente del Tribunal reanudó la
lectura del veredicto, y una segunda ola de aplausos se desató cuando,
después de enumerar los secuestros, torturas y homicidios cometidos por
Etchecolatz, se reconoció que estos fueron «delitos de lesa humanidad
cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República
Argentinaentre los años 1976 y 1983».

El veredicto se coronó con la respuesta a otro de los principales pedidos de
la querella: «Que el nombrado quede alojado en su actual lugar de detención,
el Complejo Penitenciario Nº 2 de Marcos Paz».

Al grito de «30.000 compañeros detenidos-desaparecidos: Presentes», las
víctimas, los familiares, los organismos y todos los presentes festejaron
este fallo histórico y se entregaron a los abrazos, las lágrimas y las
felicitaciones. Afuera, el resto del público cantaba: «Olé, olé, olé, olá,
vas a la cárcel, Etchecolatz; no es el Estado, es la lucha popular».

El veredicto

Vale la pena transcribir el breve veredicto, que constituye la parte
resolutiva de la sentencia (la lectura de los fundamentos, por una cuestión
de tiempo, se postergó hasta el próximo martes 26 de septiembre, a las 13
hs, en el Palacio Municipal).

El Tribunal, por unanimidad, resolvió: «Condenar a Miguel Osvaldo
Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta
perpetua con accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente
responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de Diana
Esmeralda Teruggi; autor mediato penalmente responsable de los delitos de
privación ilegal de la libertad calificada, aplicación de tormentos y
homicidio calificado de Patricia Graciela Dell’Orto, Ambrosio Francisco De
Marco, Elena Arce Sahores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado; autor
penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad
calificada y autor mediato penalmente responsable de la aplicación de
tormentos en perjuicio de Nilda Emma Eloy; autor mediato penalmente
responsable del delito de privación ilegal de la libertad calificada y autor
penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Jorge
Julio López; en todos los casos en concurso real; todos estos, delitos de
lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la
República Argentina entre los años 1976 y 1983. Y dispone que el nombrado
quede alojado en su actual lugar de detención, Complejo Penitenciario Nº 2
de Marcos Paz».

Defender lo indefendible

Más temprano, los abogados del represor Etchecolatz -Luis Boffi Carri Pérez
y Adolfo Casabal Elía- habían formulado sus alegatos, que tuvieron más de
provocación política que de contenido jurídico concreto.

El primero en alegar -y el que más se explayó, con una exposición que duró
cerca de tres horas- fue Boffi Carri Pérez. Como era previsible, el defensor
del represor esgrimió una vez más los ya anacrónicos argumentos según los
cuales la dictadura actuó «en un estado de guerra». Para el letrado,
Etchecolatz operó «en legítima defensa de la patria, y en legítimo
cumplimiento de su obligación y cargo en la lucha contra el terrorismo
subversivo».

Sostuvo que el ex comisario debía ser juzgado «por el Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas», y trató de amparar los delitos cometidos por su defendido
bajo los decretos de «aniquilamiento de la subversión» dictados en octubre
de 1975 y las ya anuladas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a las
que definió como «normas de pacificación, para poder mirar hacia delante» y
a las que reivindicó fervientemente: «reclamo la nulidad de la nulidad»,
llegó a decir.

Después, su alegato consistió en una serie de provocativas proclamas: «Es
muy triste todo lo que han contado, pero más horroroso es haberlo
provocado», espetó, en referencia a los crímenes de los que fueron víctimas
los que él calificó como «activistas», «subversivos» y «delincuentes
ideológicos».

Boffi Carri Pérez -autodenominado «experto» en derecho internacional- la
emprendió luego contra los tratados internacionales que contemplan los
crímenes de lesa humanidad y el delito de genocidio: afirmó que esas
convenciones «vulneran el principio de igualdad, independencia y soberanía
de los pueblos» e incluso reclamó «la inconstitucionalidad de la Reforma
Constitucional de 1994», mediante la cual se incorporó esas normas
internacionales al derecho interno argentino.

No obstante, su pedido más insólito fue respecto de la prueba reunida
durante esta investigación: «Voy a solicitar la nulidad de toda la prueba»,
lanzó, y lució todo su cinismo cuando se refirió a los testimonios brindados
por familiares y sobrevivientes: «Todos los testigos que tuvieron relación
con los hechos ocurridos en la década del ’70 tienen un interés en esta
causa. Además, si estaban vendados ¿cómo pudieron ver?».

Insistió en que las víctimas «eran activistas», y que «las fuerzas armadas
estaban frente a personas que eran del bando enemigo». Y finalmente solicitó
la absolución de Etchecolatz, porque «no tuvo nada que ver con ninguno de
los hechos que se le adjudican».

A su turno, Adolfo Casabal Elía adhirió a los dichos de su colega, y no
incorporó ningún argumento jurídico. Se limitó a remarcar que «aquí hay un
gran resentimiento de los testigos, porque son guerreros que pelearon contra
los que defendieron las instituciones», y que tanto las víctimas como los
familiares y los organismos querellantes «han armado todo esto para lograr
la condena de un luchador, que sólo quería defender a la patria».

El abogado -que inició su alegato aclarando que «no soy optimista» respecto
del resultado del juicio- argumentó en favor de la prisión domiciliaria:
dijo que Etchecolatz «llegó hasta aquí por ayuda divina», lo describió como
«anciano y enfermo» y remató con un blumbergiano «queremos derechos humanos
para todos».

«Conciliemos. Han pasado 30 años de la guerra contra la subversión marxista,
y nadie quiere seguir hurgando, salvo un pequeño grupo», concluyó.

Quien redondeó el planteo de la defensa fue el mismo Etchecolatz, cuando fue
su turno de decir sus últimas palabras antes de la sentencia: se definió
como «un prisionero de guerra», calificó al juicio en su contra como «un
rompecabezas para niños bobos», indicó que «el único juez es el juez
supremo, que nos juzga después de muertos» y terminó: «No es este Tribunal
el que me condena; son ustedes los que se condenan». Horas después, el
genocida, camuflado bajo un uniforme policial y tras insultar al juez
Rozanski en la sala de testigos, fue conducido nuevamente al penal de Marcos
Paz, de donde ya no podrá salir.

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