19/09/2006

Los querellantes pidieron que se condene a Etchecolatz por genocidio

etchecolaz2-3.jpgAyer, la querella solicitó la pena de reclusión perpetua con cárcel común y efectiva y
justificó el cambio de calificación para que Miguel Etchecolatz sea condenado
como genocida: «Estos no fueron hechos aislados, no estamos ante una simple
sumatoria de crímenes, sino que se trató de un plan sistemático de
exterminio»
del que fueron víctimas «todos aquellos que eran un obstáculo
para la estructura de país que la dictadura quiso imponer»
. La Fiscalía
coincidió en el pedido de reclusión perpetua. Se prevé que hoy a las 18hs se dará lectura a la sentencia.

Por Vanina Wiman (para Justicia Ya en La Plata).


Representantes de la querella en el juicio contra el
represor Miguel Osvaldo Etchecolatz pidieron que se cambie la calificación
de los crímenes juzgados, y que se condene al imputado a reclusión perpetua
por el delito de genocidio. Los abogados destacaron en sus alegatos la
«intencionalidad política» de los crímenes perpetrados por el ex Director de
Investigaciones, y remarcaron que los delitos individuales investigados en
esta causa «no fueron cometidos de manera aislada, sino que formaron parte
de un plan de exterminio que ha quedado plenamente acreditado»
.

«Señores jueces: tienen la responsabilidad histórica de poner fin a esta
prolongada impunidad»
, sostuvo Verónica Bogliano, abogada de HIJOS La Plata,
al cerrar los alegatos de la querella unificada que representa a los
sobrevivientes Nilda Eloy y Jorge Julio López, y a la Asociación de Ex
Detenidos-Desaparecidos (AEDD). «Es necesario empezar a llamar a las cosas
por su nombre, y a los genocidas, genocidas»
, remarcó.

Los alegatos habían comenzado dos horas antes, con la intervención de Myriam
Bregman
, abogada del CeProDH. «Venimos a solicitar un cambio de calificación
y que se condene a Etchecolatz por el delito de genocidio»
, comenzó la
letrada, y argumentó que los casos de privación ilegal de la libertad,
torturas y homicidio calificado juzgados en este proceso «no fueron hechos
aislados: no estamos ante una simple sumatoria de crímenes, sino ante un
plan sistemático de exterminio». «La dictadura
-describió- tuvo como
objetivo cambiar la estructura económica, social y política del país»
. E
ilustró su afirmación con datos concretos de aquellos años: el incremento en
los índices de desocupación, la multiplicación de la deuda externa, la
desindustrialización y la disminución de la participación de la clase
trabajadora en la distribución del ingreso.

Bregman definió que el genocidio implicó «aniquilar a un grupo nacional». En
este caso, explicó, «el sector a exterminar estaba constituido por todos
aquellos que eran un obstáculo para esta estructura de país que la dictadura
quería imponer».
Y citó el testimonio en este juicio de un ex detenido,
trabajador de Astilleros Río Santiago: «El objetivo de la represión no fue
desaparecer gente solamente; se necesitaba desaparecer gente para un
proyecto de país. Es inimaginable que sin esas desapariciones hubiese
avanzado como lo hicieron»
.

«Necesitaban demonizar al sector que sería reprimido, y por eso se construyó
la figura del «subversivo»»
, puntualizó. Y señaló que la selección de las
víctimas no fue indiscriminada ni casual: «Se trató de la destrucción
sistemática de aquellos que tenían ciertas formas de organización y de
participación. Pero no sólo se planeó la aniquilación de una fuerza social,
sino también la destrucción de relaciones sociales en el conjunto de la
sociedad»
. E hizo hincapié en que la represión ilegal no sólo alcanzó a las
organizaciones armadas, sino «al conjunto de quienes desarrollaban prácticas
de articulación social, de solidaridad, en barrios, centros de estudiantes o
sindicatos».

«Esta intencionalidad política confirma que el imputado Miguel Osvaldo
Etchecolatz no es autor de una serie de delitos comunes»
, remarcó, e
insistió en que el represor ejerció un dominio y tuvo una participación
directa en la comisión de estos delitos «como parte del aparato del Estado:
por eso constituye un genocidio»
.

Luego del alegato de Myriam Bregman, Fernando Molinas -abogado de
Liberpueblo- se abocó a enumerar con máximo detalle todos los elementos de
prueba plasmados durante estos tres meses de juicio oral, respecto de cada
uno de los casos juzgados, de los que fueron víctimas Diana Teruggi,
Ambrosio De Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Arce, Nora Formiga, Margarita
Delgado, Jorge Julio López y Nilda Eloy.

«La prueba reunida no deja lugar a dudas respecto de la materialidad de los
Hechos
-sostuvo- Quedaron probadas las privaciones ilegales de la libertad,
las torturas, el paso por los distintos centros clandestinos de detención,
los homicidios»
.

Y destacó que Etchecolatz debe ser condenado «como autor mediato e
inmediato»
de estos crímenes y remarcó que el represor «dirigía y a la vez
integraba los aparatos organizados de poder destinados a aniquilar personas;
estaba a cargo de los centros clandestinos, pero también los visitaba, y
participaba directamente en los secuestros y las torturas»
.

afb.jpg

«¿Cuál es el sentido de juzgar de forma aislada?»

A su turno, la abogada Guadalupe Godoy -de la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre- se internó en el funcionamiento del aparato represivo
del terrorismo de Estado: el circuito de centros clandestinos de detención,
las tareas de inteligencia que precedían a los secuestros, la metodología de
destrucción física y psíquica de los prisioneros, el silencio oficial ante
las gestiones de los familiares, la desinformación sobre el destino de los
secuestrados, la eliminación de todo rastro que pudiera configurar una
prueba de lo ocurrido.

Godoy puso el acento en el criterio político que tuvo la dictadura para
seleccionar a sus víctimas: «El sujeto pasivo fue un grupo nacional,
constituido por múltiples subgrupos, unificados todos ellos por la
calificación de «el enemigo a exterminar»»
.

Y rescató, para fundamentar esto, la declaración en este juicio del ex
policía de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial
(DIPPBA), César Miguel San Sebastián, quien llegó a admitir ante el Tribunal
que había agentes infiltrados en fábricas y universidades y que los legajos
de las personas sobre las que se hacían tareas de inteligencia estaban
clasificados en elocuentes categorías: «Político», «Estudiantil», «Gremial»,
«Comunismo».

La abogada enumeró a los grupos más golpeados por la represión: «Eran los
jóvenes, los obreros, los estudiantes, los extranjeros, la clase
trabajadora. En su inmensa mayoría, todos quienes declararon aquí fueron
secuestrados cuando tenían entre 17 y 25 años».

Asimismo, describió el funcionamiento coordinado de todas las dependencias
represivas que implementaron el plan genocida -e incluso la «división de
tareas» entre las distintas fuerzas armadas y de seguridad- y la
vinculación estrecha que existía entre los distintos campos de concentración
que integraron el aparato represivo.

«En el «circuito Camps» funcionaron al menos 29 centros clandestinos de
detención, todos bajo el mando del señor Etchecolatz»
, ilustró, y destacó
«el conocimiento cabal de todos los involucrados respecto de lo que estaba
pasando en cada dependencia». «Es imposible que el personal policial
estuviera en la dependencia ignorando lo que sucedía con los detenidos
desaparecidos
-añadió- Todos sabían lo que estaba pasando: el jefe mandaba,
pero todos obedecían».

Godoy también se ocupó de la estrategia de impunidad implementada por los
represores en aquel entonces y hasta hoy. «Hemos escuchado aquí de
fusilamientos, enterramientos como NN, cuerpos al mar, falsificación de
instrumentos públicos como actas de nacimiento o de defunción, falsos
enfrentamientos». «Pero también
-agregó- hubo una estrategia de impunidad en
tanto la «libertad» otorgada a los detenidos ilegales tenía
condicionamientos que impedían, por un lado, su reinserción en los ámbitos
sociales previos y, por otro, que pudieran denunciar masivamente lo que
estaba ocurriendo».

«La continuidad de esta estrategia de impunidad -completó Godoy- fue posible
gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y a que todos los
gobiernos constitucionales posteriores nunca dieron respuestas reales sobre
el destino de todos y cada uno de los detenidos-desaparecidos y sus hijos
apropiados»
.

Por otra parte, la abogada remarcó que comenzar a juzgar los delitos de la
dictadura bajo la figura del genocidio, contribuiría a evitar «la
re-victimización de los testigos». «Mayormente, quienes han testimoniado
aquí son sobrevivientes y familiares
-explicó Godoy- La impunidad ha
generado que durante 30 años no hubo desde el Estado quien quisiera
escucharlos y convirtiera esos relatos en justicia. Y en este juicio los
relatos exceden en demasía el grado de justicia que se puede alcanzar».

La letrada se preguntó entonces cuántas veces más tendrán que declarar los
sobrevivientes y los familiares de desaparecidos sobre el horror que
vivieron. «¿Es necesario en cada juicio oral reiterar declaraciones
prestadas en sede judicial, no una vez sino muchas? ¿Una y otra vez deberán
revivir las situaciones, los compañeros de detención, las torturas y los
vejámenes? ¿Recordar rostros que no vieron porque estaban encapuchados,
nombres que no conocieron porque se manejaban con apodos?».

Y coronó su alegato con una última pregunta: «¿Cuál es el sentido de juzgar
a los responsables de un circuito represivo dependiente de la misma cadena
de mandos, un plan sistemático de exterminio, en forma aislada, fraccionada,
donde el plan sistemático se diluye, empezando siempre desde cero, y
requiriendo cada vez que los sobrevivientes digan lo que vivieron y
sufrieron?».

«Cuando se toma un solo elemento aislado de un relato plagado de crímenes,
se está banalizando el relato»
, expresó. Y finalizó: «En este caso, la
víctima no es sólo el sobreviviente o el familiar, es toda una sociedad que
convive con la impunidad. Cuando los organismos decimos «Condena a todos los
genocidas, Justicia por todos los compañeros», no estamos haciendo
consignismo. Estamos reclamándole al Estado que de una vez por todas repare,
en la mínima medida en que lo puede hacer 30 años después, la impunidad del
genocidio que se llevó a cabo en nuestro país».

La aplicación de la figura de «genocidio»

A continuación, las abogadas Liliana Molinari y Liliana Mazea -del CODESEDH
y FIDELA, respectivamente- se encargaron de desarrollar los aspectos
técnicos del pedido de cambio de calificación.

Molinari explicó que si bien los delitos puntuales investigados en esta
causa -la privación ilegal de la libertad, las torturas, el homicidio- están
tipificados en el Código Penal de la Nación, «los ilícitos narrados, por el
modo especial de su comisión, por su escala, volumen y gravedad, cometidos
desde el aparato del Estado, constituyeron fundamentalmente crímenes de lesa
humanidad»
, reconocidos en el derecho interno argentino.

Y argumentó que, además, los delitos imputados a Etchecolatz «configuran
efectivamente el crimen de genocidio, en tanto formaron parte de la
ejecución de un plan criminal que tuvo por objeto perseguir y destruir a
grupos humanos».

La abogada se remitió a la Convención sobre la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio, y destacó que allí se consigna «que el castigo del
crimen de genocidio es asunto de interés internacional»
, y que por la
comisión de este delito «deben ser castigados tanto los principales
responsables como sus cómplices».

Por su parte, Liliana Mazea demostró la adecuación de la figura de genocidio
a los crímenes imputados hoy a Etchecolatz. Y agregó: «Surge con claridad
que los procedimientos utilizados formaban parte de un plan sistemático cuya
finalidad consistía en la eliminación total de una categoría de la
población, denominada por los represores como «subversivos»»
.

«El grupo perseguido fue definido por su oposición o incompatibilidad con el
ideal que la dictadura militar se había propuesto, dentro de los peculiares
parámetros con los que operó la represión ilegal»
, sostuvo y añadió:
«Teniendo en cuenta la colaboración que el acusado prestó para tales fines,
es razonable concluir que conocía y ejecutaba los ilícitos».

Mazea remarcó que investigar las violaciones a los derechos humanos, juzgar
a los responsables y terminar con la impunidad «no es una simple facultad
del Estado, sino una obligación cuyo incumplimiento conlleva una grave
violación a las obligaciones internacionales asumidas». «Este Tribunal tiene
también la obligación como parte del Estado de condenar como autor de
genocidio a Miguel Osvaldo Etchecolatz. Ya es hora y es oportuno para que
las convenciones internacionales dejen de estar en la vidriera de la
comunidad internacional y se apliquen en el territorio argentino»
, concluyó.

AF2b.jpg

«Hablo en nombre de ellos»

Para cerrar los alegatos de la querella unificada, intervino Verónica
Bogliano
, abogada de HIJOS La Plata. «En primer lugar, me quiero presentar
como hija de desaparecidos: mi mamá, María Susana Leiva, y mi papá, Adrián
Bogliano, fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura
militar, acá en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que no puedo dejar
de hablar también en nombre de ellos y de los 30 mil compañeros
detenidos-desaparecidos»
, comenzó, y arrancó un cerrado aplauso desde el
público.

Bogliano fue la encargada de solicitar la pena para el represor Etchecolatz.
«No puede caber otra pena para el imputado que la de reclusión perpetua»,
sostuvo la abogada, y subrayó que esa pena debe cumplirse «con cárcel común
y efectiva»
. Y fundamentó: «Ha quedado suficientemente acreditada la
responsabilidad penal de Miguel Osvaldo Etchecolatz en los casos aquí
enjuiciados, su rol preponderante y jerárquico en la brutal estructura
represiva, y su participación y autoría en los diversos hechos que hoy, más
de 30 años después, podemos ver juzgados»
.

Y explicó que este pedido de pena para el delito de genocidio, no agrava la
pena que recibiría el represor, de ser condenado sólo por los delitos
individuales incluidos en la causa.

«Señores jueces, ustedes tienen la responsabilidad histórica de poner fin a
la impunidad por tantos años prolongada
-sostuvo- Estamos convencidos de
que, luego de tantos años de búsqueda infructuosa, resulta imperioso
comenzar de una vez por todas a llamar a las cosas por su nombre y a juzgar
los hechos de acuerdo a su verdadera naturaleza: al genocida, genocida; y al
proceso judicial que lo investiga, integrado, unificado»
.

Además, Bogliano pidió al Tribunal que, ante la eventual negativa a condenar
a Etchecolatz por el delito de genocidio, el represor sea condenado por los
delitos particulares de los que está imputado, pero remarcando que estos
crímenes fueron cometidos en el marco de un genocidio. «Estimamos que no
basta una mera enunciación declamativa de esta circunstancia, sino que
exigimos un expreso reconocimiento jurídico de la existencia del genocidio»
.
Y pidió que, en consecuencia, el Tribunal ordene en la sentencia la
iniciación de nuevas causas y la reformulación de las existentes, para
juzgar a Etchecolatz y a todos los demás responsables del genocidio en
Argentina.

En tanto, ayer también alegaron los representantes de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos La Plata, los abogados Marta Vedio y Javier Percow,
y Alejo Ramos Padilla, abogado de María Isabel «Chicha» Chorobik de Mariani
y Genoveva Teruggi. Ambas partes solicitaron también la pena de reclusión
perpetua para el represor y, en el caso de la APDH La Plata, pidieron además
que Etchecolatz sea condenado por los delitos de privación ilegal de la
libertad, torturas y homicidio calificado en concurso ideal con el delito de
«traición a la patria», previsto en el artículo 29 de la Constitución
Nacional. Por su parte, el fiscal federal Carlos Dulau Dumm coincidió en el
pedido de reclusión perpetua para el ex Director de Investigaciones de la
Policía provincial.

El genocida Etchecolatz entró a la sala de audiencias custodiado por
varios policías federales, esposado y vistiendo un sorpresivo chaleco
anti-balas sobre su traje. A media hora de haber comenzado los alegatos,
cuando Guadalupe Godoy describía el aparato represivo del cual Etchecolatz
fue una de las grandes manos ejecutoras, el represor pidió mediante su
abogado retirarse de la sala. Una vez más, adujo un supuesto malestar
físico, y se evitó el tener que escuchar los planteos de la querella.

El veredicto

Se prevé que hoy por la tarde el Tribunal Oral Nº 1 -integrado por los
jueces Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo- dé lectura al
veredicto de este juicio oral.

Por la mañana, desde las 10, se espera el alegato de los abogados defensores
del represor, Luis Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elía. Luego de un
cuarto intermedio para deliberar, cuya duración el Tribunal establecerá
hoy, los jueces darán a conocer el veredicto y la pena. Luego, los
magistrados disponen de un plazo de cinco días para dar a conocer los
fundamentos de la sentencia.


VIGILIA Y FIESTA POPULAR

Desde el espacio Justicia Ya en La Plata, convocamos a todos y todas a
acompañarnos hoy, martes 19 de septiembre, a la Vigilia «Esperando la Perpetua».

Para esperar el veredicto del Tribunal, nos reuniremos frente al Palacio
Municipal (en donde se está desarrollando el juicio oral), en 12 entre 51 y
53, desde que finalice el alegato de la defensa, aproximadamente a las 14, y
hasta las 18, hora en que se prevé que se dará lectura a la sentencia.

Y
luego los invitamos a participar de la Fiesta Popular «Festejando la Perpetua»

Desde las 18.30, los esperamos en Plaza Moreno para festejar juntos el
resultado de nuestra lucha.

Para ambas actividades, hemos convocado también a artistas populares y
murgas platenses, junto a organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales,
políticas y culturales.


JUSTICIA YA EN LA PLATA está integrado por: Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos La Plata; Asociación Anahí; Asociación de Ex
Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos La
Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos Prov. de Bs. As.; Centro
de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité para la Defensa
de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comité de Acción
Jurídica (CAJ); Familiares de Desaparecidos (La Plata); Fundación
Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La
Plata; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH);
Madres de Plaza de Mayo (La Plata); Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos (MEDH).


Teléfonos de contacto:

 Nilda Eloy: (0221) 453-3136

 Luciano Sívori: (0221) (15) 561-0248

 Adriana Calvo: (011) (15) 4068-3608

 Guadalupe Godoy (abogada de la querella): (011) (15) 5113-1589

 Myriam Bregman (abogada de la querella): (011) (15) 4170-2398



0 comentarios

1000/1000
Los comentarios publicados y las posibles consecuencias derivadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Está prohibido la publicación de comentarios discriminatorios, difamatorios, calumniosos, injuriosos o amenazantes. Está prohibida la publicación de datos personales o de contacto propios o de terceros, con o sin autorización. Está prohibida la utilización de los comentarios con fines de promoción comercial o la realización de cualquier acto lucrativo a través de los mismos. Sin perjuicio de lo indicado ANRed se reserva el derecho a publicar o remover los comentarios más allá de lo establecido por estas condiciones sin que se pueda considerar un aval de lo publicado o un acto de censura. Enviar un comentario implica la aceptación de estas condiciones.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Ir arriba