Un modelo de ciudad con sello PRO
El PRO presentó un proyecto de ley para crear una Agencia de Administración de Bienes del Estado: una sociedad del Estado que administraría los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires. El 3 de diciembre de 2015 se aprobó en primera lectura, pasó por comisiones y aún tiene que ser tratado en el recinto. Mientras tanto, la ciudad sigue en venta. Por La Revancha
Las manzanas codiciadas esta vez son 18, donde hoy existen el Tiro Federal y el Dorrego. A través de la Agencia de Bienes del Estado, el PRO pretendía que las cosas se agilizaran. Con el texto aprobado en diciembre, avalado por los legisladores del PRO y del Frente Para la Victoria (FPV), se habilitaba la venta o concesión de cualquier inmueble de la ciudad, ubicado desde la Avenida San Juan al norte, sin la autorización de la Legislatura porteña o de las Comunas. Pero el PRO necesitaba 40 votos para aprobar el proyecto y, frente al poco apoyo que obtuvo de la oposición, realizó algunas modificaciones. En el nuevo texto, que espera a ser discutido, las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado deben elaborar un plan de acción anual para presentar a la Legislatura; en él deben informar qué venderán, o alquilarán, y para qué usarán el dinero. Además, el PRO modificó la composición y la cantidad de directores que tendrá la Agencia para poder establecer negociaciones con el FPV. En relación a estas negociaciones, Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, remarcaba que «el Frente para la Victoria se aseguró que el integrante opositor del directorio sea del bloque opositor mayoritario, que es el Frente para la Victoria. También se incremento la cantidad de síndicos que va a tener esta sociedad del estado, precisamente para crear los cargos necesarios para aquellos bloques opositores que decidan votarlo. Estos cambios en la estructura de la sociedad están muy relacionados con cómo el PRO está consiguiendo los votos: está negociando la aprobación de la ley por cargos en esta futura sociedad.”
Esta no es la primera vez que el PRO arma sociedades o corporaciones para rifar la ciudad. En el 2008, cuando Macri asume como Jefe de Gobierno, envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley denominado «Corporación Puerta Norte”. La intención era transferir todos los inmuebles de la ciudad a esta Sociedad del Estado que los administraría como una inmobiliaria. Como este proyecto no prosperó, el PRO elaboró leyes particulares para vender o concesionar ciertos espacios: terrenos de Casa Amarilla en la Boca; Catalinas Norte; las canchas de paddle y fútbol en el Parque Sarmiento. «Nosotros nos estamos oponiendo a que en este contexto social que vive la Ciudad de Buenos Aires sigan vendiéndose tierras públicas, que es lo que ha venido sucediendo todos estos años y no ha mitigado los problemas ambientales y habitacionales que tiene la ciudad. Entonces, no es solamente una cuestión principista en contra de las privatizaciones, sino que también, en los hechos reales, el gobierno no ha conseguido solucionar ninguno de los problemas de los porteños.”, sostiene Jonatan Baldiviezo. Una inmobiliaria del Estado, que actúe sin consultar a legisladores y ciudadanos, es un pase a la privatización de tierras públicas que son, y serán, explotadas por privados y bajo intereses económicos particulares.
Con las modificaciones realizadas al proyecto, se conviene que el Poder Ejecutivo debe determinar el destino del dinero que recaude de las ventas o concesiones que realice. El proyecto estipula que se destinarán, por ejemplo, a la urbanización de la villa 31, a un parque de innovación, al centro metropolitano audiovisual, a salud, a educación. Entonces, ¿cuál sería el problema de vender terrenos públicos si los destinos son tan nobles? Según Jonatan Baldiviezo, es una trampa justificar la venta de tierras públicas aduciendo que el fin es destinar el dinero a realizar obras o acciones que la ciudad necesita. En ese sentido, explica que la partida extra que implicaría una venta o concesión se sustrae previamente del presupuesto, no se suma al mismo. Por ejemplo, se disminuye el presupuesto de vivienda y luego se le incorpora el dinero de la venta de tierras; esta partida que se quito a vivienda se destina a usos discrecionales. En el período que va del 2013 al 2016 el presupuesto para vivienda en la Ciudad de Buenos Aires decreció año tras año; desde el 2013 es menos que el destinado, por ejemplo, a publicidad oficial. No sólo es escasa la asignación sino que el presupuesto nunca llega a ejecutarse completo. En un contexto paradojal donde el déficit en vivienda para los sectores populares convive con 120.000 viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno tiene el poder de reasignar las partidas aprobadas por la legislatura y desviar las ganancias de las ventas de tierras, achicando el presupuesto designado para invertir en viviendas sociales y urbanización, por ejemplo.
Pablo Vitale, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, advierte que estas políticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generan impactos en los modos de habitar la ciudad ya que «se orientan a promover el mercado inmobiliario, que no está orientado a satisfacer la demanda de viviendas sino más bien a la especulación con estos inmuebles. Esto agrava la dificultad para acceder a la vivienda por parte de los sectores populares. Esto explica lo que se conoce como gentrificación, que es el desplazamiento de sectores populares para que ese lugar pueda ser ocupado por sectores de mayores ingresos. Cuando uno observa las políticas que se van desarrollando en la ciudad, y que promueven esta renovación de usos de porciones de la ciudad, como Parque Patricios o Palermo, tienen como resultado generar desplazamientos de población.” La Agencia de Bienes del Estado es una política más del gobierno de la ciudad, entre otras, que busca construir una ciudad para pocos. «El crecimiento inmobiliario desatado a la lógica del mercado, que es una marca distintiva de los últimos años, es algo que, en principio, cercena derechos” afirma Pablo Vitale. De este modo, los sectores populares se desplazan al ritmo de la construcción y de un modelo de ciudad que, por definición, los excluye.
Buenos Aires: ciudad verde, atracción de turistas e inversores»¦ para pocos.
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