Brasil ultima la reforma para bajar la edad penal a los 16
El proyecto de reforma constitucional, archivado en 1995, está a día de hoy bajo estudio en el Senado. Por Rosa Jiménez, Sao Paulo (Brasil).
Tras las elecciones que, en 2014, volvieron a nombrar a Dilma Rousseff como presidenta de Brasil con un corto margen de votos, el Congreso brasileño se ha consolidado como el más conservador en el país desde la dictadura militar. Desde principios de año avanzan propuestas como la de cambiar la Constitución Nacional para reducir la mayoría penal a los 16 años. El proyecto data de 1993 y se archivó en 1995, pero en la actual coyuntura ha logrado la aprobación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Tras un movimiento caracterizado por muchos como un golpe del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, la reforma se tramita ahora en el Senado Federal, que decidirá si aprobarla y pasarla a una ronda definitiva de votación.
El texto que ahora se vota tiene como argumento central que, en razón de la libertad de prensa, la liberación sexual, la televisión y la «conciencia política que impregna la cabeza de los jóvenes”, a partir de los 16 años tendrían capacidad para decidir sobre su participación en delitos. El texto sigue adelante utilizando tres documentos para sustentar su idea: los códigos penales de 1890 y del imperio brasileño, así como la Biblia, de la cual cita textualmente: «El alma que comete pecado morirá”.
El argumento sobre la capacidad de comprensión de los jóvenes es utilizado insistentemente por la derecha para promover el cambio constitucional, que insiste en afirmar que los jóvenes que participan en actos tipificados como delitos no sufren consecuencias. Sin embargo, la ley actual ya prevé castigos a menores de edad, que incluso son sometidos a régimen semiabierto, aunque en condiciones distintas a las aplicadas a los adultos. Con este proyecto de enmienda constitucional se viene a promover una ampliación de la población que puede ser recluida en un complejo carcelario ya súperpoblado. El proyecto tampoco está respaldado por estudios que defiendan que supondrá una disminución de la violencia urbana.
La recuperación de esta propuesta no es casual. Coincide con el fortalecimiento de la derecha tras las últimas elecciones y con un momento en el que Brasil se establece como el tercer país del mundo con más población carcelaria y empieza a experimentar con la privatización de las prisiones, ya en boga en EE UU y Reino Unido. Bajo el Gobierno de Aécio Neves «“que concurrió frente a Rousseff en las pasadas elecciones»“ en el Estado de Minas Gerais, se inauguró en 2013 la primera prisión construida y gestionada exclusivamente por iniciativa privada. Otras 22 han sido privatizadas tras un período de gestión estatal. En el modelo de prisión privada de Minas Gerais se incluye que empresas de alarmas, calzados y chalecos de seguridad, así como de uniformes y otros artículos militares, empleen a los reclusos a cambio de un suelo inferior al mínimo nacional, actualmente establecido en 788 reales (185 euros).
La posibilidad de asociaciones público-privadas en el sistema carcelario brasileño se aprobó en 2004 con la ley 11.079, que regula las colaboraciones público-privadas (PPP) en general. Mientras que los defensores de la gestión privada de las prisiones lamentan que el sector sea muy pequeño en Brasil, tras la aprobación de la ley la población carcelaria se ha incrementado en un 74% entre 2005 y 2012. Con un beneficio declarado de 1.000 reales (250 euros) mensuales por detenido, la posibilidad de encarcelamiento de los jóvenes a partir de los 16 años abre perspectivas muy lucrativaspara dichas empresas.
La propuesta de reforma constitucional tiene, además, un marcado carácter racista. En 2012 los afrodescendientes componían cerca del 60% de la población carcelaria brasileña, siendo la mayoría jóvenes de menos de 30 años. De la totalidad de presos, la mitad (51%) fue ingresada en prisión por delitos no violentos, a menudo de forma preventiva mientras esperaban la celebración de su juicio, en el que, en muchos casos, se les castigó con medidas alternativas. Esta situación se repite en uno de cada cinco casos, según datos del Mapa del Encarcelamiento, estudio elaborado en 2012 por la Secretaría Gubernamental de Políticas de Igualdad y Naciones Unidas. La reforma en la edad penal tiene relación directa con la política de guerra contra las drogas, cuya aplicación supone condenas severas y abre un largo margen para la arbitrariedad de la acción policial.
Arbitrariedad policial
Aunque el consumo de drogas no está penalizado, la práctica policial permite a los agentes un gran margen a la hora de decidir quiénes son traficantes y quiénes usuarios, ya que los procedimientos son a menudo juzgados prácticamente sin evidencia material y el proceso se estructura alrededor del testimonio policial. Esto tiene como consecuencia que la mayoría de los supuestos traficantes en el sistema carcelario hayan sido detenidos con pequeñas cantidades, sin armas y sin que se haya probado conexión con organizaciones de venta ilegal de drogas.
Según un estudio de 2014 publicado por el Ministerio de Justicia, «en el contexto del sistema penal, la identificación entre criminalidad y negritud parece tener un sentido demasiado fuerte en nuestros modelos sociales”. Además, la violencia policial contra jóvenes negros en Brasil ha sido denunciada por movimientos sociales tales como el colectivo «˜Reacciona o estarás muerto, reacciona o estarás muerta»™, que cumple este año una década denunciando el racismo policial.
La reducción de la edad penal ha sido denunciada por la representación de Unicef en Brasil como una medida que, además de ineficiente, podrá desembocar en un aumento de la violencia en el país. En un contexto en que se amplían las concesiones privadas de cárceles, rebajar la edad penal significa entregar a muchos jóvenes, principalmente negros, como mano de obra barata a la industria de la seguridad y como fuente de beneficios para el sistema carcelario.
Más muertes a manos de la policía
El Anuario Brasileño de Seguridad Pública cifra en 2.212 las personas asesinadas por la policía en 2013, último año con datos publicados. La cifra supone un 5% menos que la registrada un año antes. Entre 2009 y 2013, la cifra total de muertos a manos de la policía ascendió a 11.000, lo que supone una media de seis asesinatos por día. Sólo en Río de Janeiro «“el Estado con peores datos de violencia policial»“ la policía mató, según este informe, a 416 personas en 2013. Entre enero y noviembre de 2014, el mismo Estado ya contó 544 asesinatos policiales.
Fuente: Periódico Diagonal
Foto portada: Un policía observa desde lo alto de la favela Rocinha, en Río de Janeiro. / Olmo Calvo