El futuro del Pozo de Banfield

Desde el espacio Justicia Ya La Plata vemos con preocupación la situación del predio del ex Centro Clandestino de Detención «Pozo de Banfield», ubicado en las calles Vernet y Siciliano del partido de Lomas de Zamora. A su vez rechazamos la pretensión de la justicia Federal de elevar incompleta y fragmentada la causa por los crímenes allí cometidos en la dictadura. Reproducimos comunicado de prensa de Justicia Ya La Plata

Entre la disputa oficial y el desguace judicial

En principio hacemos un llamado de atención frente a una serie de actividades y anuncios oficiales respecto a la inminente utilización del lugar como un «Espacio de Memoria”. Hace poco nos anoticiamos, a través de una cadena de mails que difunde sus actividades, que la Comisión Provincial por la Memoria anunció la «inauguración de la Muestra itinerante del MAM ‘Jóvenes en escena’ en Lomas de Zamora”. Resulta que los lugares de la muestra serían el «Centro Cultural Fiorito y en el ex Pozo de Banfield”.
Atentos a que en varias oportunidades tuvimos que movilizarnos para reclamar la preservación del ex predio del Pozo, Justicia Ya se dirigió al juzgado N°3, a cargo del Dr. Ernesto Kreplak, que instruye la causa por los crímenes de ese CCD, uno los 29 que integraron el denominado Circuito Camps, para pedir detalles de lo que se estaría haciendo en el predio. Allí fuimos recibidos por un asesor del secretario del juzgado, a quien se le solicitó ver la autorización que se le había dado a la CPM para hacer la muestra. Como el asesor no parecía tener idea de lo que se le estaba planteando se le pidió que revise los últimos cuerpos de la causa buscando el pedido de autorización de la CPM o de la Secretaría de DDHH de la Provincia. Cuando quedó claro que no había nada, se pidió hablar con el Secretario del juez, quien habilitó una reunión con el mismísimo Dr. Kreplak. Sin poder argumentar nada a favor del hecho concreto de enterarse del tema por el reclamo de Justicia Ya, el Dr. K realizó el insólito planteo de «¿Qué quieren que hagamos?”. Se le contestó que si él tenía claro que una muestra implica entre otras cosas el ingreso de un número indeterminado de personas sin supervisión, en un predio del cual él es responsable, que es prueba en una causa a su cargo y que tiene medidas de preservación y de no innovar vigentes, es él quien tiene que saber qué hacer. Ya un poco más encaminado, el Dr. K dijo, que si presentábamos un escrito acompañando la copia del mensaje que anunciaba la muestra, él podía darse por enterado y pedir explicaciones a la CPM.
Este incidente, lejos de ser un paso de comedia clásica, es una realidad del real interés que demuestra la justicia federal por su responsabilidad sobre los lugares que el Estado utilizó hace 40 años para desplegar el Genocidio.
Pero los hechos se hicieron más complejos al enterarnos desde la prensa de la Secretaría de DDHH de Nación que se «firmará un convenio para abrir el Espacio para la Memoria en el ex ‘Pozo de Banfield’”. Al parecer, el secretario Martín Fresneda, y su par provincial, Guido Carlotto, junto al intendente de Lomas, el fusible k Martín Insaurralde, firmarán el convenio el 10 de septiembre en el predio mismo junto a representantes de organismos de derechos humanos cooptados y agrupaciones políticas y sociales del kirchnerismo.
Hace 10 años desde Justicia Ya denunciábamos la pretensión de municipio de Lomas de Zamora de avanzar sobre el predio. Dijimos que había una disputa abierta sobre el lugar pese a que nuestra querella ha presentado hace años un recurso de no innovar sobre el predio, para evitar la posible destrucción de pruebas ante el estado de total abandono y deterioro de las instalaciones al momento del trasladado de las últimas dependencias policiales que funcionaron en el lugar. En aquel momento el sótano del edificio, del que ni la CONADEP ni la justicia habían realizado nunca una inspección ocular, se encontraba completamente inundado.
En junio de 2006, el juez Arnaldo Corazza contestó a nuestro pedido y ordenó «la realización de las operaciones técnicas y científicas convenientes a los fines de desagotar el subsuelo” y dictó «medida de NO INNOVAR respecto del inmueble”.
A nuestro entender, la medida de no innovar continúa vigente, porque continúa en curso la investigación sobre los crímenes aún impunes cometidos en ese lugar, y en todo caso nunca fuimos informados como querellantes de ninguna habilitación judicial para el uso del predio.
Sin embargo la política oficial siguió su curso: en abril de 2014 el Concejo Deliberante de Lomas giró una nota al Juez Manuel Blanco, pidiendo que determine qué áreas podían hacerse museo, y el intendente Santiago Carasatorre se auto-arrogó la autorización judicial para avanzar sobre el predio.
La disputa oficial por quedarse con el edificio no es nueva: en 2006 el gobernador Solá entregó por decreto el inmueble a su secretario de DD.HH. Edgardo Binstock, pese al sostenido reclamo de los vecinos organizados en la Multisectorial «Chau Pozo” para gestionar la preservación del lugar de manera independiente y colectiva. Cuatro años más tarde, el gobernador Scioli hizo su propia jugada declarando al lugar como «Centro para la Memoria, la Verdad y la Justicia”, y a través de su secretaria Derotier de Cobacho, inauguró una señalización con cartelería anaranjada y pilotes de cemento emplazados en el frente del edificio.
Lo cierto es que ninguno de los sectores kirchneristas que se disputan el predio realizaron aportes sustanciales para el avance de la causa N° 26 por lo crímenes en el Pozo de Banfield. Ese expediente tuvo un tortuoso derrotero. El primer tramo fue elevado a juicio oral en abril de 2012, con una pobre instrucción en la que Corazza sólo imputó a 7 represores por 134 casos. Mientras la causa se elevó a juicio estaba prófugo uno de los jefes del Pozo, el comisario Miguel Wolk, que aprovechó el beneficio de la domiciliaria para coordinar la fuga con su hija, también policía.
En un segundo tramo (N°263) el juez procesó a 15 represores más, pero les otorgó automáticamente la prisión domiciliaria. Jubilado Corazza en 2013, y subrogado por Blanco, el segundo tramo de la causa es el que pretende elevar a juicio el actual juez de la causa, Dr. Kreplak, con un total de 21 represores por 253 casos.
En estos días nuestra querella está contestando en rechazo a la pretensión de elevar la causa a juicio, porque entendemos que las investigaciones penales y los juicios a los genocidas deben ser efectuados en un marco conjunto, para evitar diluir el plan represivo y la cadena de responsabilidades en la incoherencia de innumerables causas seguidas como hechos independientes y sólo por unos pocos casos en cada oportunidad. En este caso, se han omitido imputaciones graves, como hacer pasar la sustracción de menores por privación de la libertad, no imputar los homicidios de compañeros cuyos restos han sido identificados hace 25 años. De hecho, de los al menos 15 asesinatos constatados en autos (12 víctimas cuyos restos fueron identificados por el EAAF) sólo un puñado de imputados fue procesado por el homicidio de sólo 3 víctimas.
Volvemos a afirmar que el desmembramiento de los procesos que deben ser investigados en conjunto abre la posibilidad de sentencias disímiles con distintos criterios en cuanto a autoría, participación, monto de la pena y efectividad de la condena, en causas con idénticos hechos, imputados, y víctimas. Y que esta forma de llevar adelante las causas es la que produce no solo retardo sino negación de justicia.

Ante esta nueva afrenta de un Estado más preocupado por gestionar inmuebles que por hacer avanzar la justicia en estos hechos, reafirmamos que el edificio completo del ex CCD Pozo de Banfield sigue siendo una prueba fundamental para determinar la verdad de lo allí ocurrido en dictadura, y que es obligación indelegable del Estado la preservación del predio hasta que la justicia concluya su trabajo.
La política de apropiación y banalización que el Estado Nacional y Provincial vienen realizando sobre los Sitios de Memoria, cuyos puntos cúlmines son el circo interactivo montado en la Escuela de Mecánica de la Armada o el desplome de parte del tinglado de «El Olimpo”, apunta ahora hacia el Pozo de Banfield. Por la memoria de lucha de las compañeras Adriana Calvo, Virginia Ogando, y de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, exigimos la preservación de la totalidad del predio del Pozo de Banfield hasta que se hayan concluido las investigaciones judiciales sobre ese lugar de exterminio.