La justicia cordobesa le guiñó el ojo a Monsanto

Una polémica resolución judicial le otorgó un beneficio a la multinacional para continuar con su guerra contra la Municipalidad de Río Cuarto. ¿Quiénes fueron las camaristas que la firmaron?. Por Lea Ross para Ecos Córdoba

Imagínate esta escena. Dos camaristas tienen que lidiar con una demanda de una multinacional «“pongámosle Monsanto- contra una comuna. Lo que resuelve esta cámara es que la demanda no estaba bien hecha. Por ende fue un error haberla aceptado de entrada. Pero en lugar de dar por cerrado el asunto, le ofrece a la multinacional la posibilidad de presentar una nueva demanda. Esta vez, evitando los errores de redacción hechos al comienzo.

Pues bien. Aunque no lo crean, esto pasó realmente. Hace muy poco, en Córdoba. La fecha: el 24 de agosto pasado.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera Nominación de Río Cuarto imprimió su resolución, en medio de la pelea judicial entre Monsanto y la Municipalidad de dicha ciudad. La multinacional asevera que la intendencia, liderada por Juan Jure, vulneró sus derechos constitucionales al haber rechazado la instalación de una fábrica experimental de semillas de soja y maíz de su autoría. Esto se había llevado a cabo el 27 de noviembre de 2013, cuando Jure firmó el decreto municipal número 1396, en el marco de la fuerte situación represiva vivida en el acampe de Malvinas Argentinas. Se trató de un hecho inédito a nivel mundial, en donde un jefe comunal decidió darle el No a Monsanto.

Luego de un frustrado intento para una reconsideración municipal, un ofuscado Monsanto decidió presentar una demanda contenciosa-administrativa contra el municipio. La presentación fue realizada el 16 de mayo. Ya en junio de ese año, el Tribunal resolvió dar lugar a la demanda, mediante un decreto de habilitación de instancia. Por ende, la Municipalidad se presentó ante los pasillos para su contestación.

«Cuando veíamos la demanda, detectamos que este juicio estaba mal iniciado”, señala el apoderado del municipio a ECOS Córdoba.

Empezar con el pié izquierdo

Dentro de la jurisdicción de la provincia de Córdoba, toda denuncia de carácter contenciosa-administrativa que se realice contra una administración pública, puede desencadenar un proceso de plena jurisdicción «“en caso de que se denuncie que la administración vulneró un derecho subjetivo- o un proceso de ilegitimidad «“no por vulnerar un derecho subjetivo, sino por afectar un interés legítimo-.

En la denuncia de Monsanto contra la Municipalidad de Río Cuarto, la empresa asevera que el municipio ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo y a la «industria lícita”. «Ellos habían iniciado una demanda de plena jurisdicción, cuando según todas las jurisprudencias de Córdoba correspondía iniciar un juicio de ilegitimidad”, señalan desde la Municipalidad.

Para la comuna, para que Monsanto denuncie la vulneración de un derecho subjetivo, con carácter administrativo, solo podría llevarse a cabo si se le hubiese dado la habilitación correspondiente para radicar su fábrica, por parte de la Municipalidad. Como eso no ocurrió, lo que se debió haber denunciado es que se habría perjudicado un interés legítimo. Con lo cual, se inició un proceso con una denuncia mal hecha. «Como el juicio está mal iniciado, tienen que desestimarlo de entrada”, señala la parte de la comuna.

Con este argumento, el primero de septiembre del 2014, la Municipalidad presentó un recurso de «excepción de incompetencia” en donde, amparados en el artículo 24 del Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo (Nro. 7182), se declara la incompetencia del tribunal «“la misma que aceptó de entrada la denuncia-, ya que no puede continuar el proceso con una demanda mal hecha.

Monsanto contestó esa excepción declarando su oposición a ese recurso: que no era verdad que el juicio estaba mal iniciado, que sí fueron vulnerados sus derechos, que el proceso debe apuntalar a la plena jurisdicción, etc., etc., etc»¦ Pero, al mismo tiempo, reconoció que si llegara estar mal redactada su propia denuncia, estaría dispuesta a cambiarla.

Efectivamente, luego de un año de debate, se resolvió darle la razón al municipio. Según la resolución, la invocación de Monsanto «no emana de su titularidad de un derecho subjetivo de carácter administrativo como lo requiere la normativa ritual específica para habilitar el proceso de plena jurisdicción, como lo pretende en la demanda”.

«Ello así, la acción de plena jurisdicción ejercida por la actora (Monsanto) con sustento en la postulación esgrimida como de derecho subjetivo no se corresponde con la afectación de un interés legítimo que emerge de la situación descripta, por lo que ha sido erróneamente admitida por el Tribunal en la oportunidad”, reconocen las vocales.

Terminar con el guiño derecho

Hasta allí, se reconoce el error por parte del tribunal al haber aceptado la denuncia. Sin embargo, lejos de poner fin a un proceso mal iniciado, la Cámara de Apelaciones otorgó un beneficio a Monsanto para que, en el plazo de un mes, vuelvan a redactar la denuncia contra el municipio para corregir los errores.

«El tema es que el Tribunal Superior de Justicia solo permite cambiar la demanda hasta el decreto de habilitación de instancia. Y esa etapa ya la había pasado”, sostienen desde el municipio.

El argumento que da el fallo es que al haber aceptado la excepción, «se posterga la etapa de habilitación de la instancia hasta la resolución” de la misma. Al concluir ese período, «recién con la resolución de la excepción aquí articulada en forma de artículo previo, resulta oportuno el pedido de reconducción y cambio de nominación que subsidiariamente postulara la accionante”.

Es decir: se reconoce el error de haber aceptado la demanda, se hace «lugar a excepción interpuesta por la demandada” y por ende se reconoce su incompetencia. Pero una incompetencia no tan incompetente. Porque sí tiene la competencia suficiente como para habilitar a Monsanto, un plazo de 30 días para redactar otra denuncia.

«Â¡Â¡Es una barbaridad!! El Tribunal tiene que decir que es un juicio que no se tiene que iniciar”, señala eufóricamente Ignacio Sardina desde su teléfono celular. Se trata del secretario legal y técnico de la Municipalidad de Río Cuarto.

Según le comentó a ECOS Córdoba, hubo un avance al reconocerle al municipio que la demanda de Monsanto estaba floja de papeles. Pero no oculta su sorpresa y rabia al otorgarle aquel beneficio para corregir la demanda: «Si a nosotros nos daban la razón, como correspondía, se terminaba el juicio acá, cerrábamos la puerta y listo, a otra cosa. Lo único que hace esto es permitirle a Monsanto seguir, avanzar con este juicio”.

«Es una irresponsabilidad de parte de las dos camaristas «“señala Sardina-. Pero bueno»¦ Cuando uno se enfrenta a estas corporaciones, son cosas que pasan”.

Todo indicaría que Monsanto presentaría la nueva denuncia, esta vez señalando que ha sido afectado su interés legítimo por radicar su planta. En el posible caso de que esto termine en una sentencia a favor de la multinacional, esto llevaría a que el decreto municipal 1396 se declare nulo. Eso, para la Municipalidad, no es impedimento para mantener su postura por la no radicación de Monsanto en la ciudad. Con lo cual, la empresa no se quedaría con los brazos cruzados y continuaría con sus pleitos legales y así seguir avanzando en esta calesita interminable por los pasillos.

¿Quiénes?

La polémica resolución lleva la firma de dos camaristas: María Adriana Godoy y Rosana de Souza.

Para el secretario Sardina, no logra entender porque estas dos juristas firmaron semejante fallo, aunque cree que sería muy «chicanero” polemizar con ellas por este caso particular: «A Godoy no la conozco. No voy a opinar de ella. De Souza es una persona de mucha trayectoria. Fue secretaria, hizo la carrera judicial, fue jueza y ahora es camarista. Pero no la considero como alguien polémica. Acá todos conocen lo seria que es. Yo quiero creer que no entendieron, no lo sé”.

Distinta mirada tiene el periodista riocuartense Hernán Vaca Narvaja, director de la revista El Sur. No es para menos. Ya que se trata de la mismas juristas que rectificaron, en agosto pasado, la sentencia contra él por sus investigaciones periodísticas sobre la muerte de Nora Dalmasso. Hecho que fue considerado como un ataque a la libertad de prensa en nuestro país, por parte de varias entidades de la comunicación, como por parte de la Legislatura.

«De Godoy solo sé que pasó de ser una ignota secretaria de un juzgado en Río Tercero a camarista de Río Cuarto. Y De Souza no puedo decir que ella es una persona seria. El fallo de Godoy que me condena a pagar a los Macarrón, fue fundada por De Souza y no agregó ninguna opinión al respecto”, señaló el propia Vaca Narvaja a ECOS Córdoba.

En agosto de este año, el último fallo contra el periodista fue rectificado por la Cámara de Civil de Río Cuarto que condenó al dueño de El Sur a pagar 75.000 pesos, por «daño moral” a familiares de la mujer asesinada en Río Cuarto en el año 2006, cuyo telón de fondo se cruza con los intereses del poder político y judicial.

Según señala el periodista: «El increíble fallo está fundado por la flamante camarista María Adriana Godoy. Los señores vocales Eduardo Cenzano y Rosana de Souza adhirieron al voto precedente y se pronunciaron en igual sentido, haciendo propios los argumentos de la novel camarista que, pese a haber asumido en diciembre último, salió «sorteada” para una de las causas más delicadas en torno al ejercicio de la libertad de prensa en el país. A pesar de su trayectoria y antigüedad en el cargo, Cenzano y De Souza ni siquiera agregaron una opinión técnico-jurídica que aportara algo más al fallo. Un gesto que traza por sí mismo el perfil intelectual de dos camaristas que posiblemente piensan más en la jubilación que en la jurisprudencia”.

Justicia cordobesista

Si bien es cierto que todo este procedimiento contencioso-adminsitrativo no garantiza que Monsanto se instale en Río Cuarto, sí es un punto a tener en cuenta dentro del panorama pos-electoral.

Hoy se ha estado comentando mucho sobre la pelea mediática entre un vocero de Monsanto con el rector de la Universidad de Córdoba, Francisco Tamarit. Resulta que el lunes pasado, el director de asuntos corporativos de la empresa, Fernando Giannoni, declaró a La Voz del Interior su preocupación por la salida de Syngenta de Villa María, como así también los pocos avances en la problemática de Malvinas Argentinas. De allí, mostró su despecho hacia la Academia.

Sin embargo, si uno revisa ese artículo del diario, se encontrará con que el empresario reconoció que el único que estaría por moverse a favor de ellos es el poder judicial. «La Justicia es la que más se ha movido; tenemos decisiones judiciales a nuestro favor, estamos esperando decisiones del Tribunal Superior”, señala Giannoni. Dos semanas atrás, Monsanto recibió un guiño de parte de la justicia de Río Cuarto.

Quizás sea el preámbulo de una vuelta de página de lo que se avecina después de las elecciones.