Tucumán, crisis política y oportunidad
Ante la represión del lunes a la noche , es necesario intentar analizar los orígenes de un malestar social donde la oscura jornada electoral del domingo pasado es una gota más en un vaso que viene derramándose hace rato. Por Sebastián Lorenzo Pisarello, periodista de APA!
Probablemente José Alperovich y José Cano compartan más que sus nombres de pila. Aunque aparezcan enfrentados por la gestión del Estado, seguramente estarán de acuerdo en bastantes cuestiones. Si la situación de crisis de legitimidad y crisis política que se está desarrollando en Tucumán llegase a profundizarse, se sentarán a tratar de buscar una salida acordada. La historia demuestra que en grandes momentos de convulsión social, quienes componen el bloque dominante de las democracias occidentales, cierran fila para evitar que las protestas sin dirección encuentren propuestas superadoras y realmente representativas.
Dicho esto, es necesario, en este momento de tanta confusión generalizada, poder aportar algunos elementos que expliquen el profundo malestar, no sólo de la clase media o pequeña burguesía urbana, sino de grandes capas de la provincia. La jornada electoral, con sus numerosas irregularidades,fueron el último hecho de una sucesión de actos de impunidad.
En un rápido racconto, sin tiempo de poder acceder a archivos, propondré un ejercicio que intentará traer a la memoria hechos de la política local que fueron generando una sensación de enojo, de desigualdad, de hartazgo. No se agotará esta lista, que podrá ser ampliada con los aportes de los lectores.
Ejercitemos la memoria
Tal vez el caso más emblemático de los últimos años sea el asesinato «impune y brutal” de Paulina Lebbos, la joven estudiante de Ciencias de la Comunicación, cuyo padre, Alberto, no descansó ni un segundo desde el 2006 para encontrar a los responsables. En ese tránsito, tuvo que luchar contra todo el aparato estatal. El primer fiscal de la causa, Alejandro Noguera, fue desplazado por haberse reunido con Alperovich en su casa. Allí quedó a cargo Carlos Albaca, quién dilató la investigación hasta que Bernardo Lobo Bugeau, en representación Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (Pronalci), solicitó el expediente en el 2013 y recién comenzó a moverse. Como consecuencia de su iniciativa y de la lucha incansable de Alberto Lebbos, fue apartado luego Albaca y quedó al descubierto la intencionalidad de proteger a policías e hijos del poder involucrados en el asesinato de Paulina.
Alberto Lebbos transformó su dolor en un espacio de lucha. Fundó, así, la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad que cada martes moviliza alrededor de casa de gobierno para exigir justicia. La Comisión ha llegado a aglutinar más de 300 casos. Muchos de ellos en manos de policías.
El 12 de octubre de 2009, Javier Chocobar, comunero de Chuschagasta, fue asesinado en su comunidad. Los responsables fueron el terrateniente Darío Amín junto con los ex policías Humberto Gómez y José Valdivieso. Casi seis años después, su gente, su comunidad, y la de otras comunidades continúan en plena lucha exigiendo justicia.
Uno de los casos de gatillo fácil que mayor trascendencia tomó es el de Ismael Lucena, un joven que tenía 25 años cuando fue asesinado, el 10 de noviembre de 2011. Aquella madrugada, él y su amigo Marcelo fueron perseguidos por dos hombres armados. Lo que para ellos era un intento de robo, terminó siendo una persecución de parte de policías de civil. Tras una golpiza, Ismael falleció y se convirtió en una víctima más de la violencia institucional. Hasta el momento, los responsables de su asesinato siguen impunes y su familia, amigos y organizaciones sociales, exigiendo justicia.
Cada miércoles, desde hace 11 años, jubilados transferidos del sistema provincial al nacional marchan exigiendo el 82% móvil. Cientos murieron en el camino de esa lucha. Una de ellas, Florinda Leguizamón, falleció recientemente, habiendo sido una de las grandes protagonistas de esa pelea. Alperovich jamás los recibió ni les dio respuesta. En cambio, fueron varias veces reprimidos. Incluso, les quemaron una carpa que intentaron instalar en Plaza Independencia.
La Justicia condenó en abril del 2014 a los 10 imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de «Marita” Verón. Las condenas más altas fueron de 22 años Debió pasar 1 año, 3 meses y 28 días para que Susana Trimarco se permita mostrarse vulnerable y llorar algunas lágrimas. Ése fue el tiempo que transcurrió entre el fallo absolutorio de los 13 imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de su hija, María de los Ángeles «Marita” Verón (el 11 de diciembre de 2012), y el nuevo fallo que condenó a 10 de los imputados con penas de entre 22 y 10 años. Su esperanza volvió a derrumbarse en el Tribunal: ella esperaba que los responsables del tormento de su hija dieran alguna pista, al menos, sobre el paradero de su hija. En el ínterin, debió pasar la rectificación de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que declaró culpables a 10 de los 13 imputados absueltos en diciembre de 2012. En esta jornada, ante el vergonzoso fallo, gran parte de la población se autoconvocó a Plaza Independencia para repudiarlo. Fue una movilización masiva y solidaria, en contra de la impunidad en Tucumán.
Dos grandes inundaciones azotaron a los tucumanos: una, en enero del 2007. Otra, en marzo del 2015. La última dejó 11 puentes caídos, miles de evacuados, la evidencia de la falta de obras públicas y del destrozo del medio ambiente. Pero, además, mostró la insensibilidad de los políticos oficialistas: la senadora BeatrízRojkés, esposa de José Alperovich, acusó a un evacuado de ser un «˜vago de miércoles»™ y lo increpó diciendole que tenía «no una, sino diez mansiones”. El video recorrió el mundo entero.
En diciembre del 2013, la policía tucumana se declaró en huelga y durante tres días la provincia fue zona liberada. Quedó clara la responsabilidad política de José Alperovich de lo que el fiscal provincial Diego López Ávila caracterizó como sedición policial. Aunque nunca hubo información oficial, se calculan en más de 20 los muertos en aquellos días. La reacción popular fue imprescindible para frenar los saqueos organizados y llevados adelante por sectores de la delincuencia organizada junto a policías. Hasta ahora, no se desarrolló el juicio y pocos policías fueron apartados de sus cargos.
Policía, cabe decirlo, que actúa bajo una carta orgánica que data de 1970, plena dictadura de Onganía y que opera cotidianamente con la Ley de Contravenciones, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012. La ley de Contravenciones es una herramienta de recaudación de las fuerzas represivas que la usan para engordar la caja en negro, pero sirve también como mecanismo de control social. La falta de decisión política de Alperovich para modificar la ley y la carta orgánica le ha permitido a la policía seguir operando impunemente.Es lo que innumerables organizaciones sociales vienen denunciando como el pacto político-policial.
Algunos punteos para ejercitar la memoria, que no se agotan ni pretenden agotar lo inabarcable.
La salida
El fraude, cabe decirlo, arranca con el sistema electoral vigente. En realidad, hay un acuerdo entre los partidos mayoritarios para que haya un tipo de elecciones donde no se puede realmente elegir porque está legitimada la compra de votos a través de elecciones y que los fiscales sean empleados. La sociedad acepta que durante las elecciones se puede vender la fuerza de trabajo para ese terreno, siendo fiscal, pegando carteles, etc. A partir de ahí, todo el proceso electoral se transforma en un mercado. Ninguna de esas fuerzas están exentas del bolsoneo, traslado de gente y compra de voluntades. El voto se convirtió en una mercancía más del sistema capitalista. La única oportunidad que tienen los sectores populares es trabajar en contra de esa lógica. Si quieren combatir en sus mismos términos, van a ser presos del sistema y no van a lograr transformarlo nunca.
Esa es la oportunidad que abre la crisis política y de legitimidad que se está desarrollando en Tucumán.