Afortunada de estar viva tras la violación y el embarazo infantil
La información de que una niña de 11 años que resultó embarazada tras ser violada en repetidas ocasiones, aparentemente por su padrastro, ha dado a luz, son un trágico recordatorio de la necesidad urgente de que Paraguay revoque su estricta ley anti-aborto, dijo Amnistía Internacional. Por Erika Guevara-Rosas
Era una situación tan desgarradora que casi era inconcebible. En abril de este año llegó desde Paraguay la noticia de que «Mainumby» (nombre ficticio), una niña que entonces tenía 10 años, se había quedado embarazada tras ser violada repetidas veces, supuestamente por su padrastro. La niña había sido llevada al hospital en varias ocasiones en un periodo de cuatro meses antes de que se descubriera el embarazo.
Tras conocer la terrible noticia, la madre de Mainumby, cuya denuncia contra el violador de su hija había sido ignorada, pidió a las autoridades que permitieran que su hija se sometiera a un aborto. Pero el gobierno se negó, y en su lugar trasladó a la niña a un hogar para madres jóvenes.
¿El motivo? Paraguay, como muchos otros países de Latinoamérica, tiene algunas de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo, y sólo permite interrumpir el embarazo en caso de que peligre la vida de la mujer. Las autoridades decidieron que este caso no estaba incluido en la excepción, pese al riesgo que representa un embarazo para la salud física y mental de una niña de tan corta edad.
A pesar de la indignación global y nacional, las autoridades mantuvieron su postura y anoche el caso llegó a su conclusión, pues Mainumby «”que ya tiene 11 años»” ha dado a luz mediante cesárea. Afortunadamente, el estado de salud de la niña y el del recién nacido parecen estables.
El último acto de esta trágica historia desencadenó los previsibles gritos triunfantes de quienes apoyan la cruel postura de Paraguay sobre el aborto y afirman que las niñas de esta edad pueden ser madres sin riesgos. Dicen que el caso de Mainumby demuestra que tienen razón.
No podrían estar más equivocados.
El hecho de que Mainumby no muriera no excusa la absoluta falta de cuidado por parte de las autoridades paraguayas, que decidieron sin más arriesgar su salud, su vida y su integridad.
Una larga lista de voces autorizadas ha señalado los peligros evidentes, y posiblemente a largo plazo, para su salud: el director del hospital que descubrió el embarazo, la Junta Médica que evaluó posteriormente el caso de Mainumby, varias agencias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor en las adolescentes menores de 16 años que en las mujeres de entre 20 y 30 años. Otros problemas de salud física y mental son también significativamente mayores entre las niñas de corta edad que se convierten en madres.
Durante meses, las autoridades paraguayas decidieron ignorar todos estos datos y toda la indignación internacional, y obligaron a Mainumby a seguir con el embarazo. Lo hicieron basándose en sus convicciones personales sobre el aborto y en su interpretación restrictiva del Código Penal del país, que permite un aborto legal sólo si peligra la vida de la mujer. Esto no tiene en cuenta el hecho de que la vida es mucho más que un mero «corazón que late» y que las consecuencias físicas y psicológicas de llevar a término un embarazo para una niña tan joven pueden hacer peligrar su vida a largo plazo.
El trato tremendamente cruel que han dado las autoridades a esta niña de 10 años víctima de violación equivale a tortura. Los daños físicos y mentales que sufren las mujeres y las niñas que se ven obligadas a continuar con un embarazo consecuencia de una violación están bien documentados y reconocidos como violación grave de los derechos humanos, entre otros, por el Comité de la ONU contra la Tortura Las normas de derechos humanos establecen claramente que los gobiernos deben garantizar el acceso al aborto en tales casos.
Las represivas leyes de Paraguay sobre el aborto se basan en una discriminación arraigada de las mujeres y niñas. El sistema jurídico del país «”y ciertos sectores de la sociedad»” consideran aparentemente a la mujer poco más que una portadora de hijos.
Además, las leyes en contra del aborto perjudican más a los más pobres de la sociedad. Si Mainumby hubiera pertenecido a una familia pudiente, habría tenido los medios para someterse silenciosamente a un aborto en una clínica privada o para hacerlo en el extranjero; es poco probable que las autoridades hubieran intervenido en ninguno de los dos casos.
Lamentablemente, esta cuestión no es un caso aislado en Paraguay: en toda Latinoamérica, muchos países más siguen imponiendo restricciones de gran alcance a la capacidad de las mujeres y niñas para ejercer sus derechos humanos.
El próximo 17 de agosto se cumplirán tres años de la muerte de «Esperancita», una niña de 16 años a la que diagnosticaron leucemia en la República Dominicana y a quien se le negó un tratamiento inmediato porque estaba embarazada. En 2014, a «Belén”, una niña de 11 años de Chile que se había quedado embarazada tras ser violada reiteradamente por su padrastro, también se le negó toda opción legal para interrumpir el embarazo.
Chile y la República Dominicana son dos de un puñado de países de todo el mundo donde el aborto está totalmente penalizado. Por fortuna, la República Dominicana cambió su Código Penal en diciembre de 2014 para incluir tres excepciones a la prohibición total del aborto. Esta reforma entrará en vigor en diciembre de este año. Mientras tanto, en las últimas semanas Chile ha dado pasos tímidos, pero importantes, hacia la despenalización del aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, la vida de la mujer esté en peligro o el feto sea inviable.
Mainumby tiene suerte de estar viva, aunque sólo el tiempo dirá el alcance real de las consecuencias psicológicas de su trágico calvario. Pero lo aterrador es que su historia seguirá siendo algo demasiado habitual a menos que Paraguay decida despenalizar el aborto y garantizar la disponibilidad de medios anticonceptivos modernos y el acceso a información sobre los derechos sexuales y reproductivos para las niñas.
Anteponer las convicciones personales a los derechos humanos básicos sólo pondrá más vidas en peligro.
De Erika Guevara-Rosas, Americas Director at Amnesty International
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