«Los falsos positivos judiciales han venido siendo procesos sistemáticos de persecución política a los movimientos populares»
En el Enredando las Mañanas del viernes 10 de Julio, conversamos con Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos (Colombia) sobre las detenciones de 13 compañeros y compañeras que hacen parte del movimiento social Congreso de los Pueblos. Este miércoles 8 de julio la policía los detuvo, en un operativo simultáneo en distintos puntos de la ciudad de Bogotá, acusándolos de tener relación con los atentados ocurridos en la semana anterior. Denuncian «falsos positivos judiciales”, proceso que de manera reiteriada utiliza el Estado colombiano para, sin prueba alguna, criminalizar a militantes del campo popular. Por RNMA
Enredando las Mañanas: Hola Alexandra, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Te convocamos para que nos cuentes cómo se dio la situación de lo que están denunciando como falsos positivos judiciales.
Alexandra Bermúdez: Buenos días a todos los oyentes. Bueno el miércoles 8 a la mañana nos encontramos con 15 allanamientos y órdenes de captura a diferentes personas en la ciudad de Bogotá. Hablo de un grupo diverso de dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales, periodistas, funcionarios públicos, que fueron detenidos supuestamente por los atentados de la sede Porvenir en Bogotá de la semana pasada. De estas personas, 10 son integrantes de las organizaciones del movimiento político y social Congreso de los Pueblos, destacados dirigentes con arraigo social y familiar en la ciudad de Bogotá.
Se hizo un show mediático por parte del presidente de la República y el vicefiscal de la nación, condenándolos anticipadamente de ser integrantes de la organización insurgente Ejercito de Liberación Nacional y de ser responsables de los atentados de la semana anterior. Fueron allanados los domicilios de las 15 personas, 2 fueron desvinculadas el mismo día, dejadas en libertad puesto que sólo habitaban la residencia de uno de los capturados. En este momento continúan 13 personas detenidas. Se dio la primera audiencia, la de legalización de allanamientos, audiencia que declaramos a su vez ilegal porque pasaron las 36 horas que la justicia colombiana da para hacer la legalización de allanamiento, de captura y de imputación de cargo. La jueza, por encima de la ley, impuso su criterio y mantiene a las personas privadas de su libertad.
Hoy (viernes 10) en la tarde continuará la audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos. En este momento ni siquiera se sabe cuál es jurídicamente la imputación de cargos que tienen cada una de las personas; y nosotros le estamos reclamando al Estado colombiano el debido proceso, puesto que fueron varias las irregularidades. En primer lugar, se violó el principio de presunción de inocencia, derecho de cualquier detenido, pues como ya lo dije se ha condenado públicamente por el vicefiscal y varios medios de comunicación. En segundo lugar, la independencia judicial, un principio de la separación de poderes públicos; en tanto que las opiniones de la fiscalía sobre todo han sido públicas, se han dado conceptos, también el comandante de la Policía Nacional dijo que «la sentencia para las personas capturadas eran mínimo 30 años”. Eso a su vez ha limitado el concepto de la jueza de garantías.
Además, nosotros tenemos que identificar que esto puede configurarse en falsos positivos judiciales, que han venido siendo procesos sistemáticos de persecución política a los movimientos sociales y populares. Tenemos más de 6000 casos configurados como falsos positivos judiciales, muchos de ellos sucedieron después de grandes y contundentes movilizaciones sociales, populares y campesinas.
ELM: Alexandra, estos hechos que estas relatando no son hechos aislados, si no que se enmarcan en una situación más general. Podrás contarnos y contarles a nuestros oyentes cuál es la situación de conflicto más general que se está viviendo en Colombia por un lado y cómo afecta esto al proceso de paz que se está desarrollando en La Habana.
A. B.: Como todos sabemos el país lleva más de 60 años de conflicto social y armado. Una confrontación armada entre el Estado colombiano, los grupos paramilitares y las organizaciones insurgentes FAR y ELN. A partir de ese contexto de conflicto armado, se ha venido configurando un imaginario colectivo nacional muy infundado por parte de las instituciones estatales, de vínculo entre el movimiento social y popular y la insurgencia colombiana. Eso a su vez ha permitido innumerables señalamientos, estigmatizaciones y criminalización del ejercicio legal, social y político que hacemos los movimientos sociales y populares. Ser de izquierda en este país, pensar distinto en este país es asimilado a la insurgencia, a las organizaciones insurgentes y por ende, se suceden muchos hechos como amenazas por parte de grupos paramilitares, asesinatos de personas, hostigamientos, seguimiento por parte de organismos de inteligencia y judicialización de la labor de los dirigentes. Entonces, es muy conocida en este país la detención de defensores de derechos humanos, la detención de dirigentes campesinos y dirigentes estudiantiles.
Tenemos casos como los de 2009 y 2012 donde se dieron más de 8000 privaciones de la libertad de personas indicadas de pertenecer a organizaciones insurgentes, de las cuales al 2014 había 2000 personas que continuaban privadas de la libertad porque tenían algún proceso jurídico abierto sobre esa acusación. Más de 6000 personas fueron dejadas en libertad porque no existió ninguna prueba que diera apertura a una investigación. Quiere decir que el 75 % de las personas que son vinculadas por estos hechos por lo general son inocentes donde no hay prueba contra ellas. Sin embargo, nunca después de que han sido públicamente señaladas como integrantes de esas organizaciones, nunca hay retractación ni de los medios de comunicación ni de las instituciones estatales, ni del gobierno.
A su vez, hay en nuestro país más de 13.000 demandas administrativas de personas que fueron privadas de su libertad y que se encuentran esperando reparación administrativa, reparaciones económicas. Eso representa en el país más de 27 billones de pesos. Es un detrimento patrimonial muy grande. Entonces, el gobierno nacional queriendo dar cuenta de una supuesta seguridad sobre el país, persigue y criminaliza a los movimientos sociales y populares como culpable de muchas acciones; viola los derechos humanos de muchas personas y sobre todo no da garantías políticas al ejercicio de la labor que hacemos los movimientos sociales, políticos y populares y los movimientos de izquierda en el país.
ELM: Clarísimo, Alexandra. Entonces recordamos que quedan 13 personas todavía privadas de su libertad y aún no se conocen los cargos.
A. B.: No, los cargos se van a dar hoy (viernes 10), a partir de las 4 de la tarde que ha sido anunciada la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. No conocemos hasta ahora los cargos que hay sobre las personas, pero ya hubo una condena pública por parte del alto gobierno y de algunos medios de comunicación y de la Fiscalía General de la Nación.
ELM: Te agradecemos muchos este contacto con Enredando las Mañanas y vamos a continuar alertas a lo que sucede ahí en Colombia y con las luchas de los movimientos populares.
A. B.: Muchísimas gracias por su solidaridad, por su atención y sobre todo quiero remarcar que hay que estar muy alertas también con la democracia en nuestro país y con la democracia también en el continente. No debemos seguir permitiendo que los pensamientos distintos, la posibilidad de construir otros referentes de vida y de sociedad, sean criminalizados y sean acallados. Necesitamos sus voces en el continente para poder seguir ejerciendo nuestra labor como defensores de los derechos humanos, de la paz y de la democracia. Mil gracias a ustedes y un abrazo muy solidario para todos.
ELM: Pasaba entonces Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos, contando la última situación en Colombia, continuidad de lo que venimos denunciando en este Enredando las Mañanas.
Convocamos a todos y a todas a la concentración que se va a realizar el próximo martes 14 de Julio a las 14 hs. en la Embajada de la República de Colombia (Carlos Pellegrini 1363) para repudiar esta detención arbitraria.