08/07/2015

Colombia. Elecciones. Relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales.

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El Investigador de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila Martínez, en un artículo para la prensa dio a conocer una investigación que han venido realizando en ocho departamentos de Colombia sobre las relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales, con el fin de establecer cuáles son los candidatos criminalizados que participarán en los comicios locales y regionales de octubre, en dichos comicios se elegirán alcaldes y gobernadores, igualmente se erigirán los cuerpos colegiados para ambas circunscripciones. Por Resumen Latinoamericano


La Fundación Paz y Reconciliación señala que hay 140 candidatos herederos de la ilegalidad. Los 8 departamentos estudiados son: la Fundación son Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander. En el marco de la investigación también, se han realizado visitas a otros departamentos donde se ha recopilado información estos departamentos son Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira.

La investigación logro establecer que en 19 departamentos hay un total de 140 candidatos criminalizados, estos candidatos fueron agrupados en una matriz de riesgos electorales. De ese total, el 78% tiene altas probabilidades de salir elegido.

Ávila Martínez señaló que a partir de los datos arrojados por la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación se pueden sacar seis grandes conclusiones. Por un lado, los candidatos criminalizados no son homogéneos en sus vínculos con la ilegalidad. Hay por lo menos cuatro tipologías:

a. Herederos de la parapolítica. Estos candidatos son «cuota” directa de un político involucrado con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenado o investigado. Tal es el caso del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico Chico Zúñiga, se está lanzando a la Gobernación, al parecer sin competencia alguna. Ella hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido como uno de los miembros del clan de los Conejos. Además, Cotes estaría siendo apoyada por un buen grupo de parapolíticos como Poncho Campos, Jorge Caballero o el famoso Trino Luna.

b. Candidatos vinculados a organizaciones criminales. Estos pertenecieron a organizaciones criminales y después de pagar cárcel están intentando participar en política o, a pesar de sus vínculos comprobados, aspiran a un cargo de elección popular. Por ejemplo, Jesús Ignacio Londoño, candidato a la Alcaldía de Cartago, quien es reconocido como el intermediario de narcos con la alta política y ha sido señalado como uno de los puentes entre el cartel de Cali y la campaña de Ernesto Samper. Igualmente se lo conoce como intermediario entre los capos del cartel de Los Comba o Rastrojos con diferentes agentes estatales.

c. Un tercer grupo de candidatos son aquellos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía. Estos son aspirantes que han ejercido cargos públicos y cuya ejecución ha estado permeada por escándalos relacionados con el mal manejo de recursos o porque han violado la ley durante su mandato. Tal es el caso de Carlos Guillermo Atehortúa, el candidato a la Alcaldía de Yarumal por el Centro Democrático, quien tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría Regional por la ejecución de proyectos durante su mandato como alcalde entre 2008 y 2011, al igual que es investigado por la Contraloría General de Antioquia por presunto detrimento al patrimonio por la construcción de un parque por $2.850 millones, el cual actualmente se encuentra en ruinas.

d. Por último encontramos candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario, como es el caso de Holger Díaz, quien es candidato a la Gobernación de Santander. Díaz fue investigado por el delito de concusión, por presuntamente haber recibido comisiones del Grupo Saludcoop para beneficiarlo con los trámites de reforma a la salud en el Congreso de la República.

Ávila Martínez sostuvo que la segunda conclusión es que los candidatos en cuestión están buscando los avales de los partidos tradicionales en contraposición a la tendencia que se presentó en las pasadas elecciones, en las que los candidatos que representaban mayor riesgo materializaron sus inscripciones por medio de nuevos movimientos, los partidos políticos tradicionales han sido hasta el momento los que han entregado avales.

Entre los casos que tipifican esta situación se destaca el caso de Luis Pérez, quien en 2011 buscó la Alcaldía de Medellín por medio del movimiento Firmes por el Rescate de Medellín. Luis Pérez hoy cuenta con el aval del Partido Liberal y ha enfrentado serios cuestionamientos por sus manejos contractuales como alcalde y por supuestos acuerdos con paramilitares en su candidatura a la Alcaldía de Medellín en 2011, se presume que recibió el apoyo de diferentes combos armados en las comunas de la capital antioqueña. Hubo zonas de la ciudad en las que sólo su campaña pudo hacer proselitismo.

Ariel Ávila Martínez sostiene que la tercera conclusión es que los candidatos en riesgo han consolidado su caudal electoral en los municipios que tuvieron los más altos índices de violencia durante la arremetida paramilitar. Lo que significa que estos candidatos se beneficiaron de la «pacificación paramilitar”. En este punto se destaca el caso de Milene Jaraba Díaz, candidata a la Gobernación de Sucre y esposa del excongresista Yahir Acuña, quien en las pasadas elecciones tuvo un control electoral en diferentes municipios de Sucre que fueron blanco de la violencia paramilitar. Milene se beneficiaría del caudal político de su esposo, que se consolidó acompañado de parapolíticos como Salvador Arana y el Gordo García, de quienes se conoce trabajaron con los paramilitares de Sucre y Bolívar. Acuña es investigado actualmente por múltiples relaciones con jefes paramilitares.

Según logró establecer la investigación, los casos más dramáticos se presentan en el Magdalena, en donde algunos de los firmantes del pacto de Chibolo, que fue liderado por Jorge 40, jefe del bloque Norte de las Auc, han regresado a la política tras haber pagado cárcel y en muchos casos haberse escondido de la escena pública por algunos años.

Tal es elcaso de José Ordóñez, el Cura, quien es candidato a la Alcaldía de Santa Marta. El jefe paramilitar Jorge 40 durante la reunión del pacto de Chibolo, propuso a dos personas como candidatos a la Gobernación, y en medio de la reunión decidió que sólo habría un candidato. Todos los políticos aliados de los paramilitares y quienes se encontraban en el pacto votaron. José Ordoñez compitió con José Domingo Chelo Dávila Armenta, quien finalmente fue el ganador con 266 votos, contra 138 de Ordoñez y seis votos nulos.

Otro de los ejemplos es el del candidato a la Alcaldía de Pivijay, Jorge Ternera Escalante, quien fue uno de los firmantes del pacto de Chibolo y ahora compite por la Alcaldía de uno de los municipios que servían como base a Jorge 40. Igualmente hay que reseñar el caso del también firmante del pacto de Chibolo, Julio Ramón Peñaloza, candidato a la Alcaldía de Plato, Magdalena.

Ariel Ávila Martínez señala que la cuarta conclusión es que la participación política ha empezado antes del período legal de campaña y mientras la competencia electoral se agudiza, los costos de campaña se elevan lo que representa una violación a las normas electorales dicha situación se presenta por la incapacidad de los entes de control electoral de hacer un seguimiento verídico de los gastos de campaña de los diferentes candidatos, Ávila Martínez también señala que la falta de mecanismos de sanción electoral cuando los candidatos incurren en faltas, da pie para que los actores armados ilegales o contratistas terminen financiando campañas, de igual manera los altos costos para competir electoralmente limita a los nuevos candidatos a participar en las elecciones. De cierta manera se está pasando de un proselitismo armado en las elecciones a un proselitismo económico de financiación de campañas.

La quinta conclusión es que, a raíz de los altos costos de campaña, los candidatos se ven forzados a hacer política por medio de clanes políticos, los cuales usan su maquinaria política e invierten grandes cantidades de dinero para financiar campañas. Lo que finalmente termina perpetuando, una estructura corporativa de política, en donde los clanes funcionan como empresas electorales. Este caso se refleja con Ovidio Mejía, candidato a la Gobernación de La Guajira que se alió con la casa Nueva Guajira de Jorge Pérez Bernier para competir contra Oneida Pinto, la candidata de la casa política Ballesteros y de Kiko Gómez.

Finalmente el Investigador de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila Martínez concluye es que los dineros de la mermelada o cupos indicativos entregados en 2014 a diferentes congresistas han cambiado el mapa político en varias regiones del país, lo que significa que varios Senadores que lograron importantes votaciones en el 2014 en municipios en donde nunca habían tenido caudal electoral intentan consolidarse en ellos mediante candidatos a las alcaldías.



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