Precedente histórico en el esclarecimiento de la complicidad civil durante la dictadura
Tras dos meses de debate, se dictó la sentencia contra el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. El Tribunal Oral Federal condenó al ex funcionario judicial a 16 años de prisión en un fallo ejemplificador. Desde andhes consideraron que «se trata de un precedente en la búsqueda de la verdad sobre graves omisiones por parte de las autoridades judiciales de aquel momento, en el sentido de no investigar la comisión de ilícitos propios de la represión dictatorial. Esto es un hito histórico al ser el primer juicio en Tucumán que reveló la complicidad del aparato judicial durante la última dictadura militar y el primer juez condenado en ejercicio de sus funciones».
A sala llena, se condenó a 16 años de prisión al ex funcionario acusado de encubrir el asesinato de cinco civiles en el marco de un allanamiento ilegal. Por andhes (Abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales)
Para la ONG, «el fallo demuestra que los crímenes de lesa humanidad en argentina no podrían haber ocurrido sin el apoyo civil, en este caso, de sectores del Poder Judicial. El proceso de Manlio Martínez, es un botón de muestra de cómo el Poder Judicial fue funcional, y hasta actor principal, en violaciones de derechos humanos. Esta condena representa un paso crucial en el camino de develar la real dimensión de la dictadura militar, en tanto fue un plan criminal, económico, y cultural que beneficiaba y era apoyado por diferentes sectores de nuestra sociedad».
Manlio Martínez estaba acusado por sus omisiones en la investigación de un allanamiento ilegal realizado por militares y policías el 20 de mayo de 1976, en el que fueron asesinadas cinco personas. Por este suceso, a Martínez se le imputaba el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia.
Asimismo, estaba acusado de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, privación ilegítima de la libertad y por haber sido miembro de una asociación ilícita. Esta condena es un grito de justicia a los miles de familiares cuyos habeas corpus fueron rechazados por Martínez.
La querella, que había pedido 25 años, afirmó que el ex magistrado contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que muchos delitos de lesa humanidad pudiesen cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus autores con la política del «no hacer», es decir, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables. Del análisis de la conducta total desplegada por el ex juez federal, se deriva que el mismo sujetaba su voluntad a la totalidad del conjunto.
Finalmente, desde andhes » felicitamos el trabajo realizado por las querellas y lel Ministerio Público Fiscal, en el esclarecimiento de la Verdad y la Justicia, celebramos la condena del ex funcionario y exigimos el avance y esclarecimiento de todas las causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar».
fuente: Fundación Andhes