Pasantes del Gobierno de la Ciudad en lucha por trabajo genuino y contra el fraude laboral
El martes 30 de marzo, pasantes cesanteados por la Secretaría de Descentralización del Gobierno de la Ciudad se reunieron para exigir su reincorporación. Los estudiantes reclaman ser reconocidos como trabajadores y denuncian que las pasantías se utilizan como forma de contratación encubierta con la complicidad de la Universidad.
El 20 de enero 35 pasantes de la Secretaría fueron cesanteados. Luego de casi cinco meses de continuar trabando en los Centros de Gestión y Participación de manera irregular, debido a que los convenios individuales habían caducado en agosto, se les comunicó el cese de tareas. Desde entonces mantuvieron una serie de audiencias con el secretario del área, Héctor Capaccioli, quien se comprometió a reincorporarlos. Pero después de muchas dilaciones, y ante el insistente pedido de explicaciones por parte de los estudiantes, la Secretaría informó que no renovaría los convenios.
Los afectados denuncian que estas cesantías responden a la reestructuración de la Secretaria por parte del sector kirchnerista del gobierno de Aníbal Ibarra que busca, de esta forma, poner «gente propia». A esta discrecionalidad y arbitrariedad se agrega el hecho de que esas pasantías funcionaban como formas de contratación encubierta. «Las tareas que realizábamos no tenían nada que se pudiera caracterizar de formativo. Eran tareas administrativas, contables, o de mantenimiento barrial» comentaba Alejandra Bernet, estudiante de Derecho de la UBA, y agregaba que «las pasantías son la forma legal que encontraron para precarizar y flexibilizar a los trabajadores».
«Extensión orgánica de la educación» o «pasantía» es el nombre que recibe esta modalidad de empleo que, con la excusa de contribuir a la formación académica, no reconoce a quienes trabajan ninguno de los derechos contenidos en la Ley de Contratos de Trabajo. En el caso de la Secretaría de Descentralización estos convenios de pasantías estaban bajo la órbita del CUE (Centro Universitario de Empleo de la UBA), la misma dependencia universitaria que convalidó convenios de pasantías fraudulentos con Telefónica y Telecom. Este organismo era a su vez el encargado de realizar tutorías de seguimiento de las pasantías que nunca se realizaron. «No existían tutores, ni por parte de la Facultad ni por parte del Gobierno de Buenos Aires» afirmaba Natalia Ponce que estudia Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales.
La falta de tutorías deja en evidencia que no se trataba de una instancia educativa sino de una relación laboral donde, lejos de aprender, los estudiantes ponían en juego sus competencias académicas para realizar tareas de gestión como cualquier trabajador de planta permanente. Vanesa Rodríguez, que estudia Planificación y Diseño del Paisaje en la Facultad de Arquitectura, cuenta que «en el CGP Nº 8 no había personal técnico, por lo que el control de obras lo hacían estudiantes de arquitectura». A su vez, muchos de estos trabajadores estudiantes realizaban jornadas de trabajo que superaban las cinco horas estipuladas en sus contratos por las cuales no percibían horas extras.
En la audiencia que se llevó a cabo el día de ayer en Bolívar 191 los pasantes no fueron atendidos por el secretario Capaccioli. En su lugar los recibió José Luis Salvatierra, un funcionario de menor rango que consideró que los convenios estaban extinguidos y, aunque reconoció la arbitrariedad y discrecionalidad con que se dan de baja y se asignan las pasantías, no aceptó que se pudiera hablar de fraude laboral. Para este funcionario, la falta de tutorías, las tareas no formativas, el exceso en la jornada estipulada y el período de trabajo en negro no permiten calificar la situación de fraudulenta. Por su parte los estudiantes no renunciarán en su reclamo por la reincorporación en sus puestos de trabajo. El plan de lucha, dicen, recién comienza.