Ayotzinapa, herida abierta
Se cumplieron ayer siete meses de los asesinatos de tres estudiantes normalistas, la desaparición forzada de 43 más y otros tres homicidios y lesiones graves, perpetrados, según la versión oficial, por la policía municipal de Iguala y por la banda criminal Guerreros unidos. Las atroces agresiones de Iguala constituyen el punto central del desencuentro entre la indignación popular y la visión de las cúpulas institucionales, las cuales parecen estar más preocupadas por pasar la página que por ir a fondo en las investigaciones. Por La Jornada.
El caso provocó la caída y luego el encarcelamiento del alcalde de esa localidad y de su esposa, así como la separación del cargo del ahora ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, en tanto que Jesús Murillo Karam, quien encabezó la investigación oficial, dejó la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) en febrero pasado, cuando pasó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Hay, además, cerca de un centenar de detenidos por su presunta participación en ese episodio de barbarie, pero hasta la fecha la herida sigue abierta y ayer se realizaron diversas movilizaciones y actos en esta capital, en Chilpancingo «“donde manifestantes incendiaron seis camiones repartidores»“ y otras ciudades del país y del extranjero, en demanda de justicia y esclarecimiento de los hechos.
Desde el 27 de septiembre del año pasado, cuando la opinión pública se enteró con horror de la barbarie policial y delictiva perpetrada en Iguala, se demandó una investigación creíble, procuración de justicia efectiva y la búsqueda de los muchachos desaparecidos. Sin embargo, desde los primeros días y hasta la fecha, el gobierno federal no ha sido capaz de convencer a la ciudadanía de la veracidad de lo que Murillo Karam llamó «la verdad histórica» del caso «“su versión de que los 43 normalistas desaparecidos fueron ejecutados y sus cuerpos, incinerados en una pira funeraria en el basurero municipal de Cocula»“, de formular un mensaje convincente de compromiso con el esclarecimiento de los hechos y ni siquiera de comunicar empatía con las víctimas, sus familiares y sus compañeros.
Por su parte, la sociedad ha encontrado en la barbarie de Iguala y en el agravio permanente de la ausencia de los 43 desaparecidos un emblema de los incontables abusos, atropellos y omisiones de la autoridad y un símbolo de la violencia delictiva, policial y militar que se ha abatido sobre diversos sectores de la población desde hace casi una década. Y es que los episodios de esa violencia incontrolable se han saldado, en casi todos los casos, con la impunidad, la opacidad y la apuesta oficial por el olvido y el desgaste social, y se incrementa la desconexión entre la percepción gubernamental «“violencia a la baja, excepcionalidad de las violaciones a los derechos humanos, fortalecimiento del estado de derecho»“ y las terribles realidades que padecen día a día miles de mexicanos. En tales circunstancias, las atroces agresiones de Iguala constituyen el punto central del desencuentro entre la indignación popular y la visión de las cúpulas institucionales, las cuales parecen estar más preocupadas por pasar la página que por ir a fondo en las investigaciones.
Si bien el movimiento gestado y articulado en torno a los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos ha dado señales de cansancio, entendibles después de siete meses de movilizaciones, parece ingenuo suponer que es posible restaurar la normalidad y la plena gobernabilidad si no se establece, de una vez por todas, por qué fueron asesinados y secuestrados en Iguala los normalistas de Ayotzinapa, si no se esclarecen las razones por las cuales la pesquisa ha quedado empantanada entre versiones contradictorias «“de la que atribuía al ex alcalde José Luis Abarca la orden de ataque contra los estudiantes a la que postuló la tesis de una confusión que hizo pensar a los narcos locales que se enfrentaban con la incursión de una organización delictiva rival»“ y si no se informa qué fue de los 43 desaparecidos, dónde están. En tanto el gobierno federal no cumpla con esos requerimientos «“fundados, por lo demás, en la legalidad»“ la herida seguirá abierta.
Ayotzinapa, el rayo que no cesa
Por Adolfo Gilly
Queridas madres, queridos padres de Ayotzinapa:
Guardo vivo el recuerdo de aquel 10 de octubre del año pasado cuando, a demanda de ustedes, obtuvieron por fin la primera entrevista con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general, Jesús Murillo Karam, en la Procuraduría General de la República, con la intermediación y la presencia de organismos y abogados defensores de derechos humanos. Iniciada la reunión hablaron ustedes todos, una tras otro, como padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Hablaron breve y claro, cinco minutos o menos cada una y cada uno.
Dijeron su dolor, su angustia, su reclamo por los hijos ausentes. Impasibles, los funcionarios escuchaban y a algunos de nosotros, simples testigos, mediadores o defensores de derechos, se nos anudaba la garganta y nos brillaba oscura la mirada. No sé cuál sombra pasaba entonces por el alma de esos funcionarios, pues también ellos tienen hijos y familias. Pero sus rostros permanecieron atentos e impasibles y sólo vi en sus ojos el secreto y la razón de Estado.
Guardo el recuerdo de una madre que, dirigiéndose al secretario de Gobernación, le dijo con calma y con mesura: «Señor, usted no sabe lo que estamos viviendo»¦ Durante el día a mi esposo y a mí nos ocupa el trabajo en la casa o en el campo. Pero llega la noche, señor, y a la hora de la merienda el hijo está ausente y no sabemos nada de él y es entonces un dolor muy grande, señor, mucho dolor cuando llega la noche»¦”. No dijo más y después habló el padre y después los demás, una por uno y uno por una.
Hubo otras reuniones, hasta con el presidente Enrique Peña Nieto, sin que hubiera investigación verdadera. Los funcionarios fueron ganando tiempo y un día, contra los dictámenes y las opiniones de los expertos forenses y de los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales y el reclamo masivo del pueblo mexicano, dieron por cerrado el caso, dijeron su excusa histórica, se lavaron las manos y el Presidente se fue a viajar por el mundo con cientos de invitados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales respondieron reiterando que se trata de un delito de desaparición forzada. Piden también que la investigación prosiga, se abran nuevas líneas y se den a conocer sus resultados.
No es posible ni creíble que al día de hoy, pasados siete meses, el gobierno federal y el gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, testigo privilegiado de aquellos días, no sepan la verdad completa sobre quiénes y por qué ordenaron y ejecutaron este crimen de Estado.
Indignado, el pueblo ha respondido con asambleas, marchas y manifestaciones que el pasado 20 de noviembre culminaron en innumerables plazas y calles del país y en el Zócalo de la ciudad de México. Esa movilización prosigue en estos días bajo múltiples formas y tamaños por todos los lugares. Está presente en cada una de las causas y motivos de lucha contra el agravio y el olvido: la tribu yaqui, los zapatistas, las feministas, los movimientos por los derechos humanos, los estudiantes, los trabajadores de todos los oficios, los migrantes, los pueblos y las colonias desprotegidos ante el despojo y el crimen, las autodefensas campesinas, una entera nación agraviada y en vilo. Por eso estamos hoy aquí, siete meses después, para exigir conforme a ley cumplimiento y respuesta del gobierno de la República.
Este pueblo no olvida ni olvidará el crimen de Ayotzinapa, así pasen los días y los años, vivan seguros de ello los jefes de este Estado. En el alma y la vida del pueblo mexicano esta tragedia seguirá presente, irreductible, dolorosa y viva. Y como rayo que no cesa proseguirá su grito: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
México, DF, 26 de abril de 2015.