Violencia de género: investigan circuito de prostitución infantil en Viedma

La noticia se conoció el último miércoles y desde entonces la comunidad rionegrina de Viedma permanece alerta. Fueron implicados altos funcionarios estatales y personalidades del poder local, en la causa por prostitución infantil. Las víctimas, un grupo de jóvenes que se alojaban en un instituto de menores. El caso, a cargo del juez Favio Igoldi y del fiscal Juan Pedro Puntel, comenzó el año pasado con la denuncia de la madre de una de las víctimas. Uno de los acusados se suicidó, luego de conocer que se lo implicaba en el hecho. Por ANRed.

La noticia sacudió la tranquilidad de la capital rionegrina de Viedma, ene l sur del país. Un grupo, ahora rebautizado como la «banda de los viejos”, de personalidades reconocidas y vinculadas a las cúpulas del poder político y económico local, fueron acusados de participar en una red de prostitución y corrupción de menores.
Las víctimas de este nuevo caso de violencia de género, un grupo de niñas y jóvenes en estado de vulnerabilidad, que se encontraban alojadas en un instituto de menores.

La causa está a cargo del juez Favio Igoldi y del fiscal Juan Pedro Puntel. Ambos vienen trabajado en el caso desde el año pasado, disparados por la denuncia de la madre de una de las víctimas. A ésta se sumaron otros casos recopilados por Desarrollo Social, a cargo de Ricardo Arroyo, quien aseguró a medios locales que «no solo hay testimonios sino también fotografías como pruebas” de la prostitución de las menores.

La violencia de género no atiende a límites etarios

Según declaró Arroyo, la causa por «corrupción de menores y facilitación de la prostitución infantil” involucra a tres chicas de 13, 14 y 15 años que estaban alojadas en un centro de atención de menores en Viedma, destinado a jóvenes en conflicto con la ley o en situación de vulnerabilidad.

Además, el funcionario dijo que en la denuncia judicial presentada contra un grupo de adultos, al que denominó «la banda de los viejos”, «hay funcionarios judiciales, empresarios y hasta funcionarios del propio Ministerio de Desarrollo Social, que iban a buscar favores sexuales”.

«Tres nenas denuncian que han prestado servicio sexual en una vivienda, que no se trató de una cuestión aislada, sino de un metodología”, precisó el ministro. Las declaraciones fueron hechas en cámaras Gesell.

Las ventajas del poder

Según publicó la agencia de noticias estatal Télam, luego de realizada la denuncia el Ministerio trasladó «con total sigilo a dos de las chiquitas afuera de Viedma”. «A pesar de todas las precauciones que tuvimos, algunos de los acusados sabían a los diez minutos a dónde las llevamos”, dijo el ministro al ser consultado sobre la marcha de la investigación.

Quien quedó más expuesto en la investigación, fue el camarista penal Juan Bernardi. Inmediatamente enterado de sus cargos de acusación, el funcionario difundió un comunicado negando los cargos. A partir de allí, pidió licencia en sus funciones, aunque estaba en medio de un juicio oral por un caso de homicidio. El magistrado planteó que la denuncia en su contra pueda ser una venganza por su labor como vocal de la Sala 2 de la Cámara del Crimen de Viedma.

«Yo a Bernardi lo conozco hace 22 años y creo absolutamente en lo que él me ha contado. Nuestro estudio no atiende delitos sexuales, solo en raras excepciones y esta es una de ellas porque creemos en la inocencia del juez”, declaró a los medios el abogado Manuel Mazza quien se hizo cargo de la defensa de Bernardi luego de que éste fuera formalmente imputado por el juez Igoldi, quien además le prohibió la salida del país.

«Los viejos”, la prostitución y un muerto en el placar

Según se supo, en el caso hay al menos otros cinco imputados.

Uno de ellos es el encargado de la finca del juez Bernardi, que fue allanada en busca de pruebas que corroboren la hipótesis que plantea que el lugar se habría usado para algún encuentro sexual.

Los otros acusados serían un comerciante local, un médico y un ganadero.

En la misma situación procesal se encontraba un empleado del Ministerio de Salud que, ni bien enterado de la acusación, se suicidó.

El cuerpo del hombre muerto fue identificado como Fabián Peralta, de 38 años. Fue encontrado con un disparo en la cabeza, en el interior de su casa, en la calle Santa Cruz, en el barrio Santa Clara de la capital rionegrina.

Peralta, había sido notificado este último miércoles de su calidad de imputado en el expediente por supuesto abuso y corrupción de menores.