Villa La Angostura: Comunidad Mapuche denuncia abuso de autoridad por orden ilegal de desalojo

A través de un comunicado de prensa, la comunidad mapuche Paichil Antreao, de la localidad neuquina de Villa La Angostura, denunciaron el abuso de autoridad del fiscal que ordenó, de manera ilegítima, el desalojo de terrenos que habrían sido ocupados por las familias del Lonko, Ernesto Antriao y Werken, Mario Railaf. Por ANRed.

En una carta dirigida al fiscal que resulte designado para el caso de desalojo de terrenos ocupados por las familias del Lonko, Ernesto Antriao y Werken, Mario Railaf, la comunidad mapuche, Paichil Antreao, de la localidad neuquina de Villa La Angostura, denunciaron el abuso de autoridad por parte de la fiscalía que ordenó la intervención ilegal.

«Ernesto Antriao y Mario Railaf, Lonko y Werken respectivamente de la Comunidad Paichil Antreao, venimos a presentar denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad (artículo 248 del código penal) por parte de funcionarios de este Ministerio Público Fiscal”, expusieron.

«Hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación de esta localidad (Villa La Angostura) acerca de la existencia de una «orden de desalojo” que habría sido emitida por algún alto funcionario de este Ministerio Público Fiscal, contra la Comunidad Paichil Antreao y sus miembros, la que explícita o implícitamente incluye los domicilios de éstos últimos”, dijeron en la misiva.

Y explicaron: «en caso de ser cierta la noticia y de existir dicha orden, la misma configuraría claramente el delito de abuso de autoridad previsto y reprimido por el artículo 248 del código penal, por cuanto ni el código procesal ni la ley del Ministerio Público Fiscal autorizan la realización de ese tipo de órdenes, puesto que en el actual sistema procesal (al igual que en el anterior) las decisiones de uso de la fuerza estatal sólo pueden ser autorizadas por un juez”. Y agregaron: «el fiscal, como claramente lo establecen el código y la ley 2893, no puede realizar medidas de coerción y mucho menos autorizar el ingreso a domicilios, máxime tratándose de territorios comunitarios indígenas protegidos por expresas normas de derechos humanos (artículos 13, 14 y 16 del Convenio 169 de la O.I.T. y Ley 26.160)”.

En relación a lo explicado anteriormente, la comunidad expresó que «en consecuencia, una orden de ese tipo dirigida a la Policía, sólo puede realizarse en abuso de las funciones y utilizando una prevalencia jerárquica que únicamente debe ejercerse dentro de los términos de la competencia dada por ley”.

«Es por ello que solicitamos que se inicie legajo de investigación por el delito de abuso de autoridad y se secuestre la «orden de desalojo” en caso de que ella exista como principal prueba de la existencia del delito”, concluyeron.

En el mes de enero de este año, el conflicto por estas mismas tierras de pertenencia ancestral, recuperadas por la comunidad mapuche, había recrudecido llegando al punto en que las familias apostadas en el lugar fueron atacadas violentamente por grupos policiales y para policiales, patotas enviadas por el empresario Carlos Furlong y el millonario William Fisher.

Estos últimos se retiraron del lugar, luego de las expresiones de resistencia que impuso la comunidad Antriao a los ataques con gases pimienta, palos y golpes.